El organismo que preside José María Aznar habría recibido una comisión, al igual que CiU. Faes, por su parte, afirma que se archivó el caso por no encontrar referencias, pruebas o indicios.
La corrupción y el cobro de comisiones por obras han sido prácticas habituales en Cataluña durante las últimas décadas. O eso es, al menos, lo que se desprende del informe policial que supuestamente ha elaborado la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Udef, y que el SUP (Sindicato Unificado de Policía) hizo público ayer entregándoselo igualmente al juez instructor del caso Palau, Josep María Pijuan. En el mismo se acusa del cobro de comisiones a la Generalitat y a sus altos cargos, lo que habría permitido el enriquecimiento ilícito tanto de Jordi Pujol y Artur Mas, como de sus respectivas familias. Pero no habrían sido los únicos.
Entre la documentación entregada por los Mossos d'Esquadra a los peritos de la Agencia Tributaria, con fecha de matasellos de 22 de octubre de 2008, aparece una carta anónima en la que se pone de manifiesto también que la Fundación Faes, presidida por José María Aznar y vinculada al PP, obtuvo una comisión de más de 1,8 millones de euros por las obras en el Petit Palau, una instalación adjunta al Palau de la Música de Cataluña.
En el documento, la Policía, que sigue investigando el asunto, no hace ninguna mención acerca de quién pudo pagar esa comisión. Sí que se señala en cambio que "Ferrovial era uno de los principales financiadores de la trama", aunque no era la única. Entre las compañías que habrían contribuido también a la financiación ilegal, en este caso no del PP, pero si de CiU figuran ACS, FCC, Abertis, el grupo Ferrer, Cespa, Sorea o Searsa, además de empresas constructoras más pequeñas y con implantación sólo autonómica. Los pagos, en estos casos, iban desde los 48.000 hasta los 300.000 euros.
DocumentaciónEn el borrador atribuido a la Udef se señala que la Policía recibió documentación, procedente igualmente de los Mossos d'Esquadra, con fecha de 24 de noviembre de 2011, donde, según distintos testimonios, se acusa directamente a las familias Mas y Pujol. "Se había recibido junto con una carta explicativa, una muy detallada documentación que contenía una serie de entramados societarios, que decían corresponder a la familia Pujol, así como a las comisiones que el padre del actual presidente Mas recibía en Liechtenstein por llevar dichas sociedades, de las que, según se señalaba, una parte de ello se desviaba a su propio hijo.
En el informe, la Policía admite que está intentando verificar actualmente una serie de documentos entregados, así como datos facilitados voluntariamente por una serie de personas, "en algunos casos muy vinculados políticamente a CiU, y en otros, que colaboraron transportando dinero en efectivo a Andorra y Londres y que dicen sentirse engañados". La Brigada de Blanqueo de Capitales plantea la necesidad de que declaren en sede judicial, siempre y cuando se les garantizara su seguridad y, en todo caso, pudieran tener la consideración de testigos protegidos. La investigación que dio origen a la actual intervención judicial comenzó a raíz de una inspección realizada por la Agencia Tributaria para esclarecer las razones por las que una institución sin ánimo de lucro, como es el Palau de la Música, estaba moviendo cantidades exageradas de billetes de 500 euros.
Fue posteriormente, cuando dado que no se alcanzó una justificación suficiente al solicitar explicación a los administradores del mismo, se abrió la investigación judicial que actualmente sigue vigente.
IrregularidadesLa Udef señala en su informe que "en un principio, la investigación, así como todos los registros, se adjudicaron a los Mossos d'Esquadra, detectándose irregularidades en lo referido a la custodia de algunos documentos requisados" e incluso la sorprendente destrucción de algún soporte.
"La pérdida de dicha documentación, así como de la manipulación desafortunada, fue no obstante denunciada por algunos de los propios Mossos d'Esquadra intervinientes en los registros, aunque posteriormente sus mandos negaron tal eventualidad cuando fueron consultados al respecto".
Entre otras comisiones, la Policía destaca ahora las que recibía la Fundación (Orfeó-Palau), que correspondía al 4 por ciento sobre el presupuesto de adjudicación de toda obra que se adjudicaba en Cataluña. Dicho importe se repartía posteriormente, siempre según el informe de la Udef, en un 2,5 por ciento que revertía en los partidos políticos vinculados a la Generalitat y el 1,5 por ciento restante que servía para pagar gastos, comisiones y colaboraciones de Félix Millet, expresidente del Palau, que fue destituido en 2009; Jordi Montull, exdirector administrativo; y Gemma Montull, exdirectora financiera, además de ir a cuentas privadas de algunos dirigentes políticos o de sus familiares directos más allegados.
Pagos en metálicoLos pagos en metálico cobrados por ventanilla por Millet y Montull tenían bien diferenciada la proporción de cada uno. De las cantidades recibidas, Millet destinaba su 80 por ciento al pago de obras en sus propiedades, viajes de su familia, bodas de sus hijas y depósitos en cajas fuertes. Montull usaba su 20 por ciento en su patrimonio y justificaba las salidas con facturas de viajes. No obstante, en otras ocasiones lo empleaba para pagos en efectivo a dirigentes de CDC en persona o a través de familiares directos.
Nada comparable, en cualquier caso, al enriquecimiento logrado por la familia Pujol, que ostenta inversiones en Estados Unidos, Argentina y México a través de sociedades interpuestas, la mayoría de ellas residentes en paraísos fiscales. Parte del efectivo recibido procede de varias transferencias del banco privado Lombard Odier, en Ginebra (Suiza), donde "se ha detectado una fundación de la que penden a modo de racimo ocho sociedades, con un capital disponible de 165 millones de francos suizos (unos 137 millones de euros) entre diferentes monedas y cuyos beneficiarios finales son el matrimonio Pujol-Ferrusola y sus hijos Jordi y Oriol". Otras cuentas de las que también se tiene referencia se encuentran en el Bank of Scotland de Londres y el Lloyd Bank de Ginebra, usando como firma corresponsal al HSBC de la oficina de Madrid. Igualmente, se han detectado conexiones con las diferentes cuentas manejadas en Rhone Gestión, en Ginebra, que están regentadas por Arturo Fasana, pero cuyo beneficiario último, según la Policía, es el propio Pujol, su hijo Jordi y su esposa, Marta Ferrusola.
El padre de MasEn la misma línea, el padre de Artur Mas tenía depositados en la Unión de Bancos Suizos (UBS) la cifra de 2,3 millones de euros aproximadamente, sin poder justificar el origen de dicho efectivo ni declarar actividad lucrativa alguna, salvo la de realizar gestiones esporádicas a Jordi Pujol y a Lluís Prenafeta, exsecretario general de la presidencia de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 1990.
La Policía concluye en su informe que "dada la gravedad de los hechos señalados, así como el importe de las cantidades detectadas, una vez continuasen las gestiones de verificación de los hechos, con las oportunas patrimoniales necesarias, por el excesivo e injustificado enriquecimiento insólito y presuntamente ilícito, procedería la solicitud a la Autoridad Judicial a los efectos de que libre los oportunos mandamientos y solicitudes, así como las órdenes de extradición y comisiones rogatorias que permitirían a corto medio plazo para la comprobación fehaciente de los mismos".
La reacción desde el Gobierno al conocerse ayer el informe fue diversa. Mientras que el presidente, Mariano Rajoy, declinó pronunciarse -"no me lo tome como una descortesía, pero no voy a contribuir más a este espectáculo", contestó a una pregunta tras el Consejo de Europa en Bruselas-, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dio credibilidad al mismo. "Estamos en medio de un proceso de regularización fiscal y lo primero que corresponde a los que tengan cuentas no declaradas fuera es declararlas. La semana que viene acaba el proceso", insistió en referencia clara a la familia Pujol y al actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. CiU sigue, por su parte, asegurando que todo es obra "de las cloacas del Estado" y vinculando el informe con un ataque a Cataluña.
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