“Los problemas en los últimos dos años y medio nos sobran, empezando por el pago o las condiciones de servicio y terminando por las reformas de pensiones o del servicio policial en sí. Por ejemplo, aquí en Warwick, antes de que el Gobierno actual asumiera el poder, teníamos 1.050 agentes. Ahora tenemos 700. Tenemos uno de los sistemas de autovías más grandes del país y no tenemos departamento de tráfico”, explica Simon Payne, el presidente de la Federación Policial de Warwickshire.
La acumulación de estos problemas no ha tardado en reflejarse en el ánimos de los agentes. Los datos obtenidos mediante una encuesta indican que sólo un 0,1% de los policías se sienten apoyados por parte del Gobierno del Reino Unido, es decir, 15 agentes de un total de 14.000 encuestados.
“Me gustaría ver quiénes son esos 15 policías. De hecho, en el departamento donde trabajo, en Lancashire, no conozco a ninguno que se sienta apoyado por el Gobierno y los ánimos ya están tocando fondo”, opina Rachel Baines, la presidenta de la Federación Policial de Lancashire.
Mientras tanto, el Estado ya ha recortado una quinta parte del presupuesto destinado a los cuerpos de Policía e incluso ha puesto en venta lo más sagrado del organismo: el famoso edificio de Scotland Yard, y los oficiales se han tenido que trasladar a una sede mucho más pequeña.
Para colmo, los cuerpos de seguridad no pueden expresar su opinión sobre las políticas de la administración abiertamente: tienen prohibido salir a las calles para manifestarse. A pesar de todo ello, los políticos no ven en sus acciones nada que perjudique los derechos de los agentes.
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