Los tribunales europeos dictaminaron que el canon digital era demasiado indiscriminado porque lo pagaban también quienes no empleaban los soportes digitales para hacer copias privadas de música o películas. La solución del Gobierno consiste en que lo paguemos todos, aunque no hayamos visto un CD o un disco duro ni de refilón. Al parecer eso no es indiscriminado.
Pero, con todo, eso no es lo más grave del nuevo régimen sancionador que han preparado el ministro Wert y el secretario de Cultura Lassalle. El borrador que se ha filtrado no intenta establecer un régimen justo en el que se intenten equilibrar los intereses de usuarios y autores, sino uno hecho a la medida del lobby cultural, hasta el extremo de que parece más elaborado por los abogados de la SGAE que por un Gobierno que se presenta a las elecciones de vez en cuando
Lo primero que cabe resaltar es que se mantiene el pago compensatorio por el derecho a la copia privada, que ahora pagaremos todos de nuestros impuestos, al mismo tiempo que se restringe enormemente ese derecho. Así, sólo las personas físicas podrán hacer copias y sólo para uso privado. Además, con la nueva redacción se prohíbe hacer copias de otras copias, o de fuentes de comunicación que permitan discriminar previamente qué se está copiando. Dicho de otro modo: las descargas directas o las que se hacen a través de redes P2P dejarán de estar amparadas por el derecho de copia privada. Sólo estarán permitidas las grabaciones de programas de radio o televisión.
Además, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil permitirá al lobby cultural sortear el grave problema que se estaban encontrando para perseguir a los usuarios de internet. Al no ser un delito, sino un ilícito civil, los tribunales no podían pedir a los proveedores la dirección IP del infractor, que es un dato protegido. De modo que no podían identificar al infractor y demandarle. A partir de ahora, podrán pedir esa diligencia preliminar en un proceso civil.
De este modo, los españoles sufriremos lo peor de ambos mundos: pagaremos a través de impuestos una compensación a los autores como otros países de la Europa continental a cambio de poder ser perseguidos judicialmente como sucede en países anglosajones como Reino Unido o Estados Unidos.
Lassalle podrá cerrar páginas de enlaces
Si a comienzos de siglo nos lo cuentan no nos lo hubiéramos creído. Entonces los activistas ponían el grito en el cielo ante la posibilidad de que con la excusa del terrorismo se pusieran límites a ese territorio libre que era internet. Nadie creía que terminaran haciéndolo con una excusa tan mala como la protección de los intereses económicos de una élite.
Así, uno de los cambios previstos en el borrador es el artículo 158 bis de la Ley de la Propiedad Intelectual, que prevé el cierre de las páginas "que tengan como principal actividad facilitar listados ordenados y clasificados de enlaces a tales contenidos, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral de mantenimiento y actualización de dichos listados". Los castigos incluyen el cierre de seis meses a un año de la web infractora y multas de hasta 150.000 euros, que impondrá "la persona titular de la Secretaría de Estado de Cultura", actualmente Jose María Lassalle.
La redacción del texto, no obstante, limita el alcance a buscadores como Google, ya que poner enlaces a contenidos protegidos no es su "principal actividad" ni hace una "labor activa y no neutral" para actualizar esos contenidos, sino que los indexan automáticamente. Tampoco otros sitios web que, por ejemplo, tengan fotografías sin dar el debido crédito a su autor, podrían verse afectadas si esa no es su principal actividad.
No obstante, esta redacción pone en manos del secretario de Cultura el poder de cerrar sitios web. Ni siquiera disimula como la Ley Sinde con una comisión "neutral", aunque estuviera controlada por el lobby cultural. El Gobierno del PP está llevando a cabo lo que la propia González-Sinde no se atrevió a hacer.
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