Pan y circo: al Madrid y al Barcelona se les perdona todo.

El Gobierno se niega a responder sobre la deuda global que arrastran los clubes de fútbol que no son sociedades anónimas deportivas –Real Madrid, F. C. Barcelona, Athletic Club y Osasuna– con la Agencia Tributaria. El diputado socialista Manuel Pezzi solicitó este año en el Parlamento una serie de informaciones acerca de la situación que arrastraban los clubes de fútbol con Hacienda y la Seguridad Social. El Gobierno contestó en junio al diputado y portavoz de la Comisión de Educación y Deporte con datos globales de las deudas, sin especificar la cuantía de cada equipo, pero obvió algunos datos.

La deuda de los clubes de primera división que son sociedades anónimas deportivas con la Seguridad Social hasta mayo era de 4.344.392,82 euros (Ver carta). En la misma carta el Gobierno responde al diputado que los clubes que no son S.A.D., es decir, Real Madrid, F.C. Barcelona, Athletic Club y Osasuna, están al corriente de pago hasta mayo con la Seguridad Social y no tienen ninguna deuda.

Contrasta la respuesta que ofrece el Gobierno acerca de la deuda con la Seguridad Social, en la que se ofrecen datos globales y sin especificar por equipos tanto de los clubes de fútbol que son S.A.D como de los que no lo son, con la respuesta que da el Gobierno sobre la deuda global de todos los clubes de fútbol con la Agencia Tributaria. En este caso el Ejecutivo oculta la deuda que tienen las entidades deportivas que no son S.A.D., entre las que se encuentran las dos megapotencias económicas y deportivas del fútbol español: Real Madrid y F.C. Barcelona.

Sólo existe respuesta del Ejecutivo sobre la deuda que arrastran los clubes que son S.A.D. Éstos deben a la Agencia Tributaria a 30 de Abril de 2013 663.876.441 euros, de los cuales 506.504.230 pertenecen a clubes de Primera división (Ver carta). El Gobierno justifica la falta de respuesta acerca de la deuda con la Agencia Tributaria de los clubes deportivos que no son S.A.D. diciendo que dar este dato podría vulnerar la confidencialidad que impone el ordenamiento jurídico. Un motivo que no ha contemplado para dar el dato de deuda con la Seguridad Social.

El diputado Manuel Pezzi señala que “supone una falta de transparencia enorme”. “No es normal que no conozcamos las deudas que tienen estos clubes con entidades públicas, además muchos disponen de aplazamientos de deuda que no se les concede a otras muchas empresas de este país y que les obligan a cerrar”, matiza.

Otra de las respuestas del Gobierno a Pezzi en sede parlamentaria y por escrito es acerca de los aplazamientos de deuda de los clubes de fútbol españoles con la Agencia Tributaria. En este caso el Gobierno responde cuántos clubes tienen acordados aplazamientos con Hacienda pero no especifica cuáles (Ver carta). En Primera y Segunda División consiguieron en 2012 aplazamientos de deuda con la Agencia Tributaria hasta 15 clubes y los aplazamientos van desde un año hasta 6 de demora del pago. El Gobierno no especifica cuáles. Los aplazamientos son acuerdos que realiza la Agencia Tributaria con aquellas entidades que estima oportuno. Estas demoras en los pagos han sido aceptadas a pesar de que desde 2004, 19 de 42 clubes han pasado por el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

Aquí podéis consultar las respuestas del gobierno en el parlamento. Leer nota.

¿Competencia desleal?

Manuel Pezzi también se queja de las ayudas indirectas que podría estar recibiendo el fútbol por parte de la Administración. “Qué sucede con los alquileres por los estadios de fútbol que son municipales y de propiedad pública”. “Muchos equipos no están pagando nada por la explotación de esas instalaciones”, subraya.

La Comisión Europea ha recibido quejas y denuncias de competencia desleal por las posibles ayudas públicas que recibiría el fútbol español. La oficina de Almunia, encargada de la competencia, señala que ahora mismo se está estudiando esta situación y se encuentra en una fase preliminar. Entre las denuncias que han llegado hasta Bruselas de posible competencia desleal en el fútbol está la situación de los clubes españoles en relación al tratamiento de pasivos fiscales y de la seguridad social, una transacción de terreno entre la ciudad de Madrid y el Real Madrid en 2011 y la intervención de la Comunidad Valenciana en el año 2013 a favor de los tres clubes de fútbol en dificultades financieras.

A la Comisión Europea también le han llegado quejas de ayudas a equipos ingleses y suecos. Ahora mismo la oficina de competencia que dirige el español, Joaquín Almunia, investiga formalmente las ayudas estatales a equipos de fútbol holandeses, el resto de denuncias se encuentran en una fase preliminar de posible investigación.

Fuente

 

Arturo Fernández pudo engañar con sus cuentas para no pagar al Estado su deuda

Arturo Fernández podría acabar en un banquillo como su concuñado, amigo, y anterior presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán. La deuda de más de tres millones de euros que el empresario generó en 2005, como informó el viernes eldiario.es, con la sociedad estatal Turespaña, puede tener orígenes delictivos. Según han relatado fuentes jurídicas a este medio, un juez ha reabierto la causa este mismo 13 de febrero para continuar con las investigaciones por la vía penal del caso.

La historia se remonta a 2003, cuando Fernández se quedó con la concesión de la cafetería del Palacio de Congresos de Madrid en un régimen de explotación que exigía un canon. Ya en 2005 comenzó a no atender a las facturas que le remitia la dirección del Palacio y la Abogacía del Estado entró a actuar. En aquel momento, no se vieron indicios suficientes de sospechas como para derivar el proceso por la vía penal y el caso se quedó en una reclamación administrativa. Sin embargo, en 2012, el juzgado número 15 de Madrid reabrió la causa porque la Fiscalía sospechaba que el empresario llevaba una doble contabilidad para evitar el pago de esta deuda.

El posible delito radica en que Fernández no lleva una contabilidad limpia de sus ingresos, con el fin de no tener que atender las obligaciones contraídas con Turespaña, que gestiona el edificio que forma parte de Patrimonio del Estado. Turespaña pidió un canon fijo de 1,2 millones de euros para los cuatro años de la contrata con un variable del 10% sobre la facturación anual. En total, el importe de adjudicación fue de casi 2,2 millones de euros, prácticamente toda la deuda que Fernández terminó por endosar al organismo, que se eleva hasta 2,7 millones de euros pero con los intereses de demora puede superar los 3 millones de euros. Esta adjudicación se la llevó la sociedad "Arturo Grupo Cantoblanco".

Aunque el empresario madrileño, amigo del rey y de Esperanza Aguirre, llevaba con la concesión desde al menos 1997, aunque en diferente régimen de explotación y con otra de sus sociedades, no se entendió con los gestores y en 2008 la cafetería volvió a salir a concurso. En este caso se la llevó su amigo, rival y también vicepresidente de CEOE, Joan Gaspart.

Sin embargo, la reclamación administrativa siguió su curso y la deuda aparece reflejada en las últimas cuentas publicadas por la sociedad, las del ejercicio 2011, como adelantó hace días El Economista. La causa entró en la vía penal en 2012, casi siete años después de que se generara la deuda. Llama la atención de que coincide en el tiempo con la filtración de las informaciones de que el grupo Cantoblanco, con otra de sus sociedades, debía a la Seguridad Social más de 400.000 euros.

El juez reabre ahora la causa para que la Abogacía del Estado en nombre de Turespaña aclare si quiere personarse en el proceso.

Cabe recordar que el anterior presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, está en la cárcel por un posible delito de ocultación de bienes para no hacer frente a las deudas de sus acreedores tras la quiebra de sus empresas.

Fuente

 

Las radiales de Madrid, otra bomba de relojería para banca y constructoras

Las autopistas de peaje radiales de Madrid no encuentran la salida correcta. Con una deuda de más de 3.900 millones y un tráfico en caída libre, en parte por la crisis y en parte por la ampliación con un tercer carril de vías gratuitas; las radiales de Madrid son una bomba de relojería que amenaza a la banca y a las constructoras, dos sectores ya muy debilitados por la crisis. El problema es que cada actor de esta tragedia propone una solución y la falta de acuerdo impide una estrategia consensuada.

Así, la banca acreedora hace su apuesta por su lado. Los constructores que están en el capital, hacen la suya; el Ministerio de Fomento tiene sus planes para intentar que afecte lo menos posible a los fondos públicos y los grupos concesionales que han participado también ofrecen sus propias ideas al respecto.

Algunas de las soluciones pasan por crear una especie de banco malo para las autopistas. Otras por mantener las empresas concesionarias en estado comatoso, como autopistas de pago zombis por las que casi no pasen vehículos.

En todo caso, el debate no es el mismo que con las ayudas públicas a los bancos, según coinciden las fuentes empresariales consultadas. Al final, todos los caminos pasan por el recurso al Estado. Por ejemplo, el debate no puede ser que si las radiales de Madrid son deficitarias se las deje caer. Son concesiones estatales. Si van a la liquidación pasan a manos del Estado. Pero es que si se ejecutan los créditos participativos que está dando el Gobierno también se las quedaría el Estado. Y si acaban en manos de los bancos, como Bankia -principal acreedora de las radiales y entidad nacionalizada-, también acabarían en manos del sector público, al menos parcialmente. Sea como sea, el despropósito de las radiales de Madrid lo acabará pagando el contribuyente, es decir, todos los españoles.

La situación de las autopistas de la discordia

La R-2 une Madrid con Guadalajara. No ha suspendido pagos todavía, pero su situación financiera es muy delicada. La sociedad explotadora es Henarsa y está intentando refinanciar una deuda de 421 millones.

Por su parte, la R-3, que conecta Madrid y Arganda ha presentado un concurso de acreedores, igual que la R-4, que une Madrid con Ocaña. Las deudas de esta última ascienden a 575 millones.

La R-5, que va de Madrid a Navalcarnero, es propiedad de la misma concesionaria que la R-3 y entre las dos tienen una deuda acumulada de 2.022 millones.

También se encuentran en concurso de acreedores la AP-41, que une Madrid y Toledo, y tiene una deuda de 380 millones y la AP-36, que conecta Toledo con La Roda (Albacete) y tiene un pasivo de 522 millones.

La deuda total de estas autopistas asciende a 3.920 millones y cada grupo de interés apuesta por una estrategia distinta para resolver este problema.

Ministerio de Fomento

La ministra de Fomento, Ana Pastor, pretende una solución sin estridencias. El plan pasa porque cuando las empresas vayan cayendo incapaces de superar su crisis pasen a un grupo público de autopistas que gestione el activo. Sería la vuelta a la antigua Empresa Nacional de Autopistas (ENA). De hecho, el secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Jorge Ferre, que es el responsable de buscar una salida, fue director general de ENA. Mientras, pretenden que la banca haga algún tipo de quita para retrasar el proceso y que sea lo más gradual posible pero los grupos financieros se oponen.

Los constructores

Los constructores son Ferrovial, propietario de la A-41; ACS, que tiene el 35% de la R-2 y el 20% de la R-3 y R-5; Sacyr, con el 25% de estas mismas vías y el 35% de la R-4 y Acciona, que posee el 25% de la R-2.

Estos grupos son partidarios de que el Gobierno siga manteniendo las radiales como autopistas zombis a base de créditos participativos y cuentas de compensación. Sólo las cuentas de compensación suponen 100 millones de ayudas anuales. Y los créditos participativos hasta ahora han sumado 900 millones de euros.

Los gestores de infraestructuras.

Entre los gestores se encuentra Cintra, que tiene el 55% de la R-4 y Abertis con el 35% de la R-3 y la R-5. Su apuesta es incrementar el tráfico para que estas autopistas sean viables. Esto supondría, por ejemplo, poner un carril VAO en la A2 y otras vías gratuitas alternativas para saturarlas de tráfico.

También abogan por implantar peajes en la M-50 y la M-40, de manera que esos ingresos sirvieran para llevar vehículos a estas vías, ahora infrautilizadas y en parte para compensar las pérdidas de las radiales. Esta alternativa no la quiere Fomento, que teme las consecuencias políticas.

La banca

El principal acreedor es Bankia, pero el resto de los bancos españoles está atrapado en esta situación. Los bancos proponen una fusión de todas las radiales y que el Gobierno ejecute sus créditos participativos. Esto crearía una especia de banco malo de las autopistas participado al 50% por el Gobierno y por los bancos y dejaría fuera a los actuales accionistas.

En esencia es también un regreso a la antigua ENA que puede proponer el Ministerio pero por la vía rápida. Evidentemente, los constructores se oponen.

Fuente

 

La empresa no podía alquilar Madrid Arena porque debía dinero a la Seguridad Social

La empresa Diviertt S.L. no podía contratar con el Ayuntamiento de Madrid por tener deudas pendientes con la Seguridad Social, según consta en el Registro Mercantil. En concreto la firma tenía, apenas 15 días antes del evento, 26.047,13 euros pendientes de pago al Estado. Según la Ley de Contratos del Sector Público, interpretada por varios expertos en derecho administrativo para este digital, no podía contratar con la Administración en ningún caso, ni hubiera podido alquilar Madrid Arena.
El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, aseguró la misma mañana en que sucedieron los hechos que, en lo tocante al contrato de alquiler y a los permisos correspondientes, todo estaba en regla. Sin embargo, en el registro constan actualmente dos reclamaciones de la Seguridad Social a Diviertt S.L., la organizadora, mencionada por Villanueva.
La primera, de fecha 20 de septiembre, es de 9.053,52 euros. La segunda, realizada el 15 de octubre, es de 16.993,61 euros. Cabría la posibilidad de que Diviertt S.L. hubiera satisfecho sus deudas con la Administración después de esas fechas, pero el contrato de alquiler se tuvo que firmar antes de ellas: la empresa había pagado al Ayuntamiento 6.000 euros del total a 31 de octubre, y la deuda, según el registro, persistía 15 días después.
Responsables de Diviertt S.L. afirmaron a este digital el pasado jueves que la empresa no tenía deudas con la Seguridad Social. La firma contrató con Madrid Espacios y Congresos S.A., empresa municipal, igualmente parte del sector público.
Fuente