Garzón se encuentra de visita en Chile, donde hoy se reunió con el hijo de Frei, el también expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), asistió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y recorrió el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Fue precisamente Eduardo Frei Ruiz-Tagle quien en 2000 decidió el regreso a Chile del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), tras permanecer detenido en Londres por una orden de extradición a España dictada por el juez Garzón.
"La decisión política en un proceso de extradición es ajena a la decisión judicial. Mi obligación como juez era reclamar la extradición. Hubo una decisión política que yo nunca voy a criticar aunque no la compartiera en ese momento", declaró Garzón a los periodistas al término de su visita al museo.
"No fue una decisión para garantizar una impunidad, sino todo lo contrario. Aquí volvió el señor Pinochet y se le abrieron procesos (...), y solo su muerte (en diciembre de 2006) evitó que se sentara ante un tribunal", agregó Garzón.
Tampoco Frei dijo hoy arrepentirse de su decisión. "Fue un tema de principios. Chile no puede renunciar a que la justicia se haga en sus tribunales", recalcó.
A propósito de su encuentro con Frei, Garzón criticó la lentitud con la que avanza la investigación judicial por la muerte de su padre.
Su deceso, ocurrido en 1982, cuando encabezaba una incipiente oposición al régimen, se atribuyó oficialmente a una septicemia, pero desde 2009 la Justicia investiga si en realidad se debió a un homicidio por envenenamiento.
"La investigación desgraciadamente no avanza con la celeridad que el debido proceso exige. Ya lleva bastantes años paralizado y hay una reflexión de que la Justicia tiene una obligación histórica en esclarecer este tipo de crímenes", señaló Garzón.
El exjuez opinó sin embargo que Chile "está a años luz" de España en la investigación de los crímenes de lesa humanidad. "En España no se ha investigado nada de la dictadura", apuntó en una entrevista con CNN Chile.
Garzón fue suspendido cautelarmente en 2010 por dos causas abiertas en el Tribunal Supremo, una de ellas por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, y en 2012 fue condenado a once años de inhabilitación por ordenar escuchas ilegales en un caso de corrupción.
El jurista señaló hoy que, mientras en Chile ha habido dos comisiones de investigación y existe un Museo de la Memoria, en España se ha producido "la negación de la justicia y la manifestación de la cobardía nacional frente a unos hechos que todavía no tienen respuesta".
Pero, a su juicio, "sin lugar a dudas" el mejor ejemplo es el que ha dado la justicia argentina desde 2003 "al juzgar y haber condenado a más de 300 personas y tener 700 causas abiertas".
