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El número dos d Gürtel amenaza con cantar y va soltando perlas.


El que fuera secretario de Organización del PP gallego entre 1996 y 1999 y considerado como número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, constata que en su etapa "algunos cobraban 2.000 euros en negro del PPdeG" y amenaza con "dar nombres del PP y del PPdeG y aportar pruebas" sobre las supuestas irregularidades para que el juez decida "la relevancia penal".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida al Faro de Vigo, recogida por Europa Press, en la que no cita ningún nombre, pero sostiene que dirigentes del PP que "están muy nerviosos" con la entrada en prisión del extesorero del partido Luis Bárcenas".

Crespo cree que algunos "se han puesto muy estupendos hablando de corrupción" y reta a "que tire la primera piedra el que esté libre de pecado".

Crespo, que se siente "víctima de una batalla entre partidos" y cree que Bárcenas supone ahora "una batalla dentro del PP", asegura que está "dispuesto" a hablar en sede judicial, aunque matiza que lo hará conforme a la línea que le marca su defensa.

"LLegado el momento habrá que hablar de todo y de todos los que creen que por no salir en los papeles en un momento dado están eximidos de culpa de posibles delitos", ha advertido.

La relevancia penal la tendrá que determinar el juez

"Del PP y del PPdeG", ha agregado, tras ser preguntado sobre la procedencia de esos nombres que se resiste a revelar, al tiempo que tampoco concreta de qué delitos se les podría acusar. A modo de argumento, ha replicado que "la relevancia penal la tendrá que decidir el juez".

En cualquier caso, ha concretado que "hay cosas que pueden no ser un delito y provocar la caída de un dirigente porque se trata de comportamientos faltos de ética de algunos a quienes se les llenó la boca diciendo que lo de Gürtel y el caso Bárcenas era tremendo y ellos hacen lo mismo o peor". "Dan una buena imagen pública pero mantienen vicios privados", ha esgrimido, antes de ejemplificar con los "sobresueldos" o la financiación "en B".

"Contabilidad en negro en el PPdeG"

Convencido de que Gürtel y el caso Bárcenas son "una cortina de humo", Crespo ha subrayado que la "financiación irregular" existe en los partidos y no es algo que haya "cambiado en los últimos años". "No vamos a ser tan cándidos como para pensar que los empresarios hacen donativos a los partidos sólo porque les apetece. Es a cambio de algo", ha esgrimido.

El exsecretario de Organización del PPdeG no tiene "ninguna duda" de que los máximos dirigentes de PP, Mariano Rajoy, y PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, conocen esta "financiación irregular". "¿Bárcenas ha hecho todo sin que nadie lo supiera en el PP? Nos quieren hacer pasar por tontos", ha reflexionado.

En el caso gallego, preguntado por los 21 millones de pesetas que entregó en Génova y que aparecen en los papeles de Bárcenas, ha replicado que era "dinero no declarado, dinero negro". "Yo lo anoté en las cuentas no oficiales del PPdeG y cuando me marché entregué una copia a Fraga, Cuiña y Alvaro Lapuerta", ha señalado.

Al tiempo, ha indicado que el PPdeG tenía "un crédito de 200 millones de pesetas con la Caja de Ahorros de Vigo y ésta condonó una parte importante y el resto, como no se podía pagar, lo asumió la dirección nacional y el PP gallego se lo iba pagando poco a poco". Ha explicado que los 21 millones que él entregó "formaban parte de ese pago".

Preguntado sobre cuándo podía ingresar el PPdeG en "financiación en B al año", ha respondido que "más de 200.000 euros", en función de si había o no elecciones. "En unas autonómicas, un partido como el PPdeG o el PSdeG podía gastar entre 3 o 4 millones de euros en cuatro meses de precampaña", ha apuntado, para añadir que "la mitad fácilmente era dinero negro".

De momento, no dará nombres

Acerca de si hubo narcotraficantes que financiaron al PPdeG, ha indicado que el partido no recibió "ni un sólo céntimo" por esta vía en su etapa. "Antes, en los ochenta, el sostenimiento del partido venía de algunos contrabandistas", ha explicado, antes de alegar que "había muy poca economía".

Tras señalar que es "absolutamente falso" que él fuese quien filtró las fotografías del líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, con Marcial Dorado, publicadas por 'El País', Crespo ha admitido que, en su etapa como responsable de Organización, había "complementos" salariales, aunque "no estaban establecidos de forma periódica".

"De los del PP nacional ya oí hablar en 1991", ha recordado, para añadir, tras ser preguntado sobre si los del PP gallego se declaraban, que era "dinero B".

Sobre qué dirigentes del PPdeG recibían los supuestos sobresueldos, ha respondido que no dará "nombres", aunque "sería muy sabroso". "Había dirigentes que cobraban 600 euros y otros hasta 2.000 euros", ha señalado, antes de agregar que a él le "dijeron" que dichos complementos "siguieron existiendo" después de irse él.

"La cabeza de Bárcenas"

En la entrevista, Crespo ha confesado haber "hecho las cosas mal en el apartado tributario", pero defiende que no malversaron "ni un céntimo de dinero público". Los regalos revelados en el marco de la 'Gürtel' los define como "atenciones comerciales" a clientes y asegura que Rajoy "no" recibió ninguno.

Asimismo, se ha reafirmado en que un abogado del entorno de Rubalcaba les visitó a él y a Correa en la cárcel para pedirles "la cabeza de Bárcenas" a cambio de sacarles de prisión. "Y lo diré en sede judicial. Igual que el nombre del abogado", ha garantizado, para concluir que la detención del extesorero "estaba programada desde hace mucho tiempo".

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Baltasar Garzón dice que Chile ha avanzado más que España en la investigación de la dictadura

Garzón se encuentra de visita en Chile, donde hoy se reunió con el hijo de Frei, el también expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), asistió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y recorrió el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Fue precisamente Eduardo Frei Ruiz-Tagle quien en 2000 decidió el regreso a Chile del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), tras permanecer detenido en Londres por una orden de extradición a España dictada por el juez Garzón.

"La decisión política en un proceso de extradición es ajena a la decisión judicial. Mi obligación como juez era reclamar la extradición. Hubo una decisión política que yo nunca voy a criticar aunque no la compartiera en ese momento", declaró Garzón a los periodistas al término de su visita al museo.

"No fue una decisión para garantizar una impunidad, sino todo lo contrario. Aquí volvió el señor Pinochet y se le abrieron procesos (...), y solo su muerte (en diciembre de 2006) evitó que se sentara ante un tribunal", agregó Garzón.

Tampoco Frei dijo hoy arrepentirse de su decisión. "Fue un tema de principios. Chile no puede renunciar a que la justicia se haga en sus tribunales", recalcó.

A propósito de su encuentro con Frei, Garzón criticó la lentitud con la que avanza la investigación judicial por la muerte de su padre.

Su deceso, ocurrido en 1982, cuando encabezaba una incipiente oposición al régimen, se atribuyó oficialmente a una septicemia, pero desde 2009 la Justicia investiga si en realidad se debió a un homicidio por envenenamiento.

"La investigación desgraciadamente no avanza con la celeridad que el debido proceso exige. Ya lleva bastantes años paralizado y hay una reflexión de que la Justicia tiene una obligación histórica en esclarecer este tipo de crímenes", señaló Garzón.

El exjuez opinó sin embargo que Chile "está a años luz" de España en la investigación de los crímenes de lesa humanidad. "En España no se ha investigado nada de la dictadura", apuntó en una entrevista con CNN Chile.

Garzón fue suspendido cautelarmente en 2010 por dos causas abiertas en el Tribunal Supremo, una de ellas por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, y en 2012 fue condenado a once años de inhabilitación por ordenar escuchas ilegales en un caso de corrupción.

El jurista señaló hoy que, mientras en Chile ha habido dos comisiones de investigación y existe un Museo de la Memoria, en España se ha producido "la negación de la justicia y la manifestación de la cobardía nacional frente a unos hechos que todavía no tienen respuesta".

Pero, a su juicio, "sin lugar a dudas" el mejor ejemplo es el que ha dado la justicia argentina desde 2003 "al juzgar y haber condenado a más de 300 personas y tener 700 causas abiertas".

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