Valencia, la C.A. con mas políticos corruptos por cm/2, elimina una red de apoyo a jóvenes en riesgo de exclusión

La Generalitat valenciana ha echado el cierre del Servicio de Orientación e Inserción Sociolaboral de Menores y Jóvenes (SOI), que en 2011, según la página web de la entidad que lo gestionaba, insertó en el mercado laboral a 61 jóvenes en riesgo de exclusión social.
Este programa atendía a menores tutelados, extutelados y jóvenes en riesgo de exclusión de entre 16 y 25 años derivados por los centros de protección de menores de la Conselleria de Justícia i Benestar Social y por los servicios sociales de los ayuntamientos.
El servicio empezó su andadura en 2002, financiado por los Fondos Sociales Europeos, y en 2006 lo asumió la Generalitat Valenciana. Gestionado por la Fundación Diagrama, contaba con un equipo profesional formado por cinco personas (dos en Valencia, dos en Castellón y una en Alicante).
Los últimos datos que constan en la web de la consejería -de 2011- indican que en el primer semestre de ese año, el SOI atendió a 214 jóvenes, el 41% de ellos, menores de edad.
Además de facilitarles el acceso a la formación y al mercado de trabajo, el SOI también llevaba a cabo una atención personalizada y de acompañamiento para que los adolescentes, sin referentes positivos en su entorno, ganaran autonomía personal y laboral. Eso incluía un entrenamiento en habilidades personales y sociales, prevención de la drogadicción y la delincuencia, talleres de género, nuevas tecnologías y asesoramiento a inmigrantes.
La Conselleria de Benestar Social, que no ha explicado a Público por qué ha dejado de financiar este servicio, sí ha asegurado que "los jóvenes no quedarán desatendidos". Los menores recibirán el apoyo que les prestaba el SOI en sus centros de protección y los mayores de 18 años "pueden encontrar la misma orientación laboral en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación", ha señalado una portavoz.
Lo que no garantiza este servicio es la vertiente social que desempeñaba el SOI, es decir, los talleres desvinculados del mundo laboral, el acompañamiento y las visitas a domicilio que también realizaban los trabajadores.
La Fundación Diagrama, ajena a la decisión de la consejería, ha asegurado que reubicará a los empleados del SOI en otros servicios de la entidad.
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Los informes de Urdangarin: “No valen ni el papel que ocupan”

La Generalitat valenciana está en quiebra. Pero no siempre fue así. En 2006, ese Gobierno autonómico abonó 241.000 euros al Instituto Nóos por unos informes de valor insignificante, con datos copiados de internet, que nadie recuerda haber consultado y que, para colmo, ahora dicen haber perdido en la Consejería de Presidencia. A preguntas del juez, ningún responsable sabe dónde están esos documentos, que fueron pagados con dinero público. Aseguran que se pueden haber perdido en alguna mudanza.

Lo único que recuerdan los testigos del caso Babel es que eran unos folios engranados en archivadores amarillos. Bueno, eso y el precio: exactamente 241.793 euros. Casi un cuarto de millón de euros que la Generalitat valenciana abonó en una sola factura al Instituto Nóos por los trabajos de preparación de los Juegos Europeos. El pretexto oficial fue el coste de unos informes elaborados por la empresa Lobby & Comunicación. Unos trabajos que la instrucción del caso Babel desvelan carentes de valor, con datos copiados de internet, que nadie dentro de la Administración se molestó siquiera en consultar y que después, pese a ser pagados con fondos públicos, se perdieron bajo la custodia de la Consejería de Presidencia, controlada directamente en esas fechas por Francisco Camps. Ahora, y a petición judicial, nadie sabe dónde están esos papeles que –pese a su nula utilidad– costaron a los valencianos lo mismo que varias viviendas de protección oficial.

La investigación sobre los papeles extraviados se prolonga ya desde hace casi un año. El pasado 17 de febrero, el juez instructor del caso, José Castro, citó como imputada a la exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat valenciana. Aquel día, la primera pregunta del magistrado para Isabel Villalonga fue sobre esos informes. “Autoricé el pago, aunque para que sea efectivo se necesita también la autorización del interventor delegado de Presidencia”, explicó la exfuncionaria, que reconoció que no leyó los documentos con detenimiento. “Se le pone de manifiesto que el contenido de los documentos anteriormente citados no vale ni el papel en el que están escritos […] y dice que lo que necesitaba era el soporte documental de la factura sin entrar a valorar el contenido o la calidad del trabajo”. La explicación convenció al juez, que tras el verano retiró la imputación de la funcionaria. Más cuando rechazó el pago al Instituto Nóos y otras sociedades de 1,9 millones de euros en facturas que se presentaron de forma indebida y por triplicado.

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