>> Alcaldesa. La sentó al frente del Ayuntamiento de Madrid la succión provocada por el vacío súbito de Alberto Ruiz-Gallardón al poner pies en polvorosa al Ministerio de Justicia sin mirar atrás. Solo Gallardón parecía confiar en su valía, y un año después Ana Botella (PP) ha confirmado por qué: mejor gestora que política, trabajadora incansable aunque apenas le luzca, la hasta entonces esposa de José María Aznar y ahora alcaldesa ha ido madurando a marchas forzadas en el puesto, creciendo por encima de cada golpe que recibía pero siempre por debajo del siguiente, cultivando el trato directo con los ciudadanos en la calle hasta que la calle se le puso en contra, y cumpliendo sin revolverse aquello para lo que fue designada no por las urnas sino por su partido: pagar las facturas de Gallardón sin chistar.
El Ayuntamiento de Madrid —como todos— está intervenido económicamente por el Gobierno, lo que ha dejado a Botella sin apenas margen de maniobra. Y la tragedia del Madrid Arena le ha robado definitivamente la iniciativa y ha colocado el grueso de su gestión bajo sospecha, pese a que prácticamente todo (incluido su equipo de Gobierno) es herencia o consecuencia de Gallardón. A la alcaldesa, que no cuenta ya ni con el respaldo público de su partido, le ha tocado pagar la cuenta.
>> Basura. Botella ha ejecutado el proyecto de Gallardón de agrupar los contratos de servicios públicos (farolas, limpieza, parques, etcétera) para ahorrar y vigilar mejor su calidad. El más importante este año era el de recogida de basuras, pero quedó desierto tras motivar una huelga de tres días. Ese contrato preveía dejar de recoger los residuos en domingos y festivos, medida que ha sido aparcada al menos un año.
>> Cuentas. Gallardón gastó en obras 9.800 millones de euros entre 2003 y 2011. Quedan por pagar 6.641 millones. “Nos hemos comido parte del futuro de la siguiente generación, tenemos que hacer la digestión lo más rápido posible”, explicó hace días Botella, que jamás ha señalado de forma directa a su predecesor. Lo más rápido posible significa que dentro de 10 años la ciudad aún deberá 1.600 millones. La deuda de Madrid no es desmesurada si se compara con su capacidad para generar ingresos o se divide por el número de habitantes. Le superan de largo todas las autonomías, el Estado y decenas si no cientos de ciudades de todo color político. Pero la prohibición del anterior Gobierno (PSOE) de aplazar su pago y la imposición del actual (PP) de abonar de una tacada las facturas pendientes a proveedores ha asfixiado las cuentas municipales, obligando a aprobar varios planes de ajuste sucesivos que han dejado la ciudad funcionando al ralentí.
>> Desahucios. Botella ha finiquitado la construcción de vivienda protegida; y ha aprobado la venta de cuatro bloques alquilados a personas de escasos recursos (en su mayoría, ancianos), diseminando a 120 familias por otros barrios. Ha querido vender además varios edificios oficiales, en su mayor parte sin éxito por falta de compradores.
>> Eurovegas. El Ayuntamiento parece haberse salido con la suya: el proyecto de Sheldon Adelson se construirá presumiblemente en Alcorcón (o Paracuellos), y la capital se verá beneficiada por la creación de empleo sin perdonar impuestos.
>> Fiesta de Halloween. La muerte de cinco jóvenes en el pabellón Madrid Arena obligó a dimitir al edil Pedro Calvo, tiene al albur de la investigación del juez a varios miembros más del Gobierno local, y ha dejado muy tocada la imagen de la alcaldesa, que decidió marcharse apenas horas después de la tragedia a un balneario portugués. La ciudad va de sobresalto en sobresalto por las actuaciones municipales para ponerse al día en materia de seguridad tras años de laxitud administrativa.
>> González. La exigua tregua de nueve meses en las batallitas diarias de Comunidad y Ayuntamiento se diluyó cuando Aguirre, amiga de Botella, cedió el Gobierno regional a Ignacio González. Entraron alcaldesa y presidente con mal pie por la falta de respaldo expreso de ella a las aspiraciones de él de heredar también el liderazgo del PP regional. Botella le pegó una patada al tablero al respaldar con su firma las protestas del sector sanitario contra González. La Comunidad respondió negándole el pan y la sal tras la tragedia del Madrid Arena, una estrategia (más defensiva que otra cosa) a la que se sumó la tercera autoridad en discordia, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes.
>> Incendio de la M-30. Los tres sucesos se encadenaron en apenas un mes: el 21 de septiembre, los altercados en el festival MTV (60 heridos y 11 detenidos), que el Ayuntamiento admitió no haber sido capaz de evitar; el 26 de octubre, un fuego en los túneles de la M-30 que costó la vida a dos trabajadores y desnudó graves carencias de seguridad; y el 1 de noviembre, el Madrid Arena.
>> Juegos Olímpicos. Botella ha mantenido con la cabeza muy fría (y menguante respaldo ciudadano) la aventura sentimental en la que Gallardón metió a Madrid en tres ocasiones. Presume de no gastar apenas dinero (aunque la partida olímpica superará el gasto en polideportivos en 2013) hasta saber el desenlace en septiembre. Entre tanto, la mudanza del Atlético de Madrid a La Peineta está en el aire por decisión judicial; y la Caja Mágica (que costó casi 300 millones) ha vuelto a quedarse sin inquilinos tras ponerse a los pies del equipo de Fórmula 1 HRT, ahora en liquidación. Sólo se ha salvado la ampliación el Santiago Bernabéu.
>> Las Artes. El responsable de la cultura municipal, Fernando Villalonga, llegó en enero despotricando sobre supuestas corruptelas del equipo anterior, de la máxima confianza de Gallardón, y ha terminado el año con un expediente de regulación de empleo abortado a última hora tras fuertes protestas sindicales. Entre tanto, ha prometido poner patas arriba la cultura de Madrid, sin apenas propuestas concretas a excepción de cubrir la falta de dinero con patrocinios privados.
>> Música. El precio de las escuelas municipales de música se ha triplicado, expulsando a muchos alumnos. Pero también han subido los parquímetros, el IBI, polideportivos y talleres culturales...
>> Negro. De luto se vistieron los funcionarios municipales por los recortes salariales del Gobierno. El Ayuntamiento ha hecho equilibrios para tocar lo menos posible su sueldo, y las protestas no han sido notables. Pero queda pendiente la restructuración de organismos y empresas municipales, que tienen 3.500 empleados. La alcaldesa se ha cuidado de negar que vaya a haber despidos.
>> Prostitutas. Botella prometió un plan social contra la prostitución que lleva meses congelado. Prepara también una ordenanza para regular esa y otras materias de convivencia (mendicidad, gorrillas, acampadas en la calle). Promete no multar a los meretrices, como propugna el Gobierno.
>> Quioscos. Botella renovó la concesión de los puestos de El Retiro entre protestas de los empresarios que llevaban décadas explotándolos. Quiso hacer lo propio con la terraza del café Gijón, pero en esta ocasión la presión social sí permitió conservar el negocio a sus dueños. Ha prometido sembrar de terrazas las plazas del centro y del área de las cuatro torres. En Sol, el Ayuntamiento prometió además árboles por encima de sus posibilidades.
>> Real. La Cañada sigue esperando un plan regional que debía estar listo en septiembre y del que nada se sabe aún, a cinco meses de que venza el plazo impuesto por Aguirre para solucionar el tema con consenso. Botella, por su parte, no ha logrado avanzar en El Gallinero, y ha dejado a su suerte Puerta del Hierro.
>> Social. Prometió no recortar en servicios sociales, y aunque lo ha hecho (escondiendo el grueso del ajuste en la atención directa de los distritos), sí ha protegido esa partida.
>> Trabajo. Gallardón ganó las elecciones en junio de 2011 con la promesa de impulsar la creación de 150.000 empleos. Desde entonces, sólo se ha destruido empleo. Con Botella se han sumado 27.100 personas a la cola del paro (ya son los 254.700), a un ritmo superior que en el resto del país. Casi 95.000 llevan dos años sin trabajo, y 127.776 no reciben prestaciones, según denuncia el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky.
>> Urbanismo. Su gran proyecto, el nuevo plan general, no verá la luz hasta 2015, pero antes deberá solventar el revés judicial a las artimañas legales de Gallardón, que ha dejado en el aire la mayor parte del crecimiento de la ciudad en la última década. La inversión en infraestructuras está paralizada, y con ella las peatonalizaciones. Sólo se ha salvado el carril bici del centro.
>> Voluntarios. Su primera bofetada. Botella nunca ha explicado si su apuesta por colocar a voluntarios en puestos que corresponden a funcionarios fue un desliz dialéctico o una idea política abortada por el escándalo.
>> Taxi. El Ayuntamiento ha renovado la vetusta ordenanza del sector: tarifa fija al aeropuerto, ESO obligatoria para los nuevos conductores... La norma discrimina a los enfermos de sida. A última hora, se cayó la prohibición de usar chanclas en verano.
>> ZPAE. Botella ha aprobado una norma para reducir el ruido de bares y restaurantes en el centro que no ha gustado ni a vecinos ni a hosteleros. Además, presume de un recorte del 11% en las emisiones contaminantes de los coches, aunque el veredicto corresponde a la UE.
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