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El 'cura verdugo' del penal de Ocaña



Estos versos anónimo escritos por presos republicanos de la cárcel de Ocaña en 1941 bajo la supervisión de Miguel Hernández, según relató el militante comunista Miguel Nuñez en sus memorias, es el único documento escrito que da fe de los crímenes cometidos por “el cura verdugo de Ocaña”, tal y como los reos le bautizaron. Se trataba del capellán del penal de esta localidad toledana, también conocido entre los familiares de los reclusos como el “cura asesino”. Un religioso entre cuyas funciones se encontraba dar el tiro de gracia a los republicanos condenados a muerte.


“Todos sabíamos que era el cura. Participaba en las palizas y después gustaba de coger su pistola y dar el último disparo. Pero poco sabíamos de él. No se dejaba ver por el pueblo y un buen día desapareció de la prisión. Ni siquiera recuerdo su nombre”, cuenta a Público Teófilo Fernández, de 75 años. Su abuelo, de quien heredó el nombre, fue fusilado el 8 de julio de 1939 por “el gran delito de pertenecer a Juventudes Comunistas”.


En la memoria de este hombre, sin embargo, sí ha quedado marcada una imagen: la de decenas de presos caminando desde el penal hasta el cementerio en mitad de la noche. En una larga y profusa fila. Presos cabizbajos seguidos de una camioneta militar. Los registros dan fe de que una noche llegaron a ser 57 los fusilados. “A veces, cuando eran pocos, iban todos en la camioneta”, recuerda. Después llegaba el silencio más absoluto y, por último, el ruido de una ametralladora que los verdugos apoyaban sobre un montón de piedras.


Los registros recogen hasta 57 fusilamientos en una noche También recuerda Teófilo las mañanas en las que acompañaba a su madre al cementerio para poner flores a la fosa común donde descansan los restos de su padre. Las tres fosas del pequeño cementerio permanecieron abiertas hasta 1945 y él, siendo un niño de 5 años, podía ver los cuerpos de los fusilados comidos por la cal. Entre ellos, el de su progenitor


Otros días, llegar hasta la fosa se hacía imposible. “Muchas veces tuvimos que salir corriendo y escondernos en cualquier lugar cuando íbamos al cementerio. Las familias de derechas nos señalaban, nos insultaban y temíamos que nos mataran”, señala este hombre. El miedo no es de extrañar. Además de su abuelo, murieron otros tres familiares fusilados en el penal.


1.300 fusilados


Sólo en Ocaña, un pueblo de apenas 11.000 habitantes de la provincia de Toledo, se registraron entre 1939 y 1959, fecha del último fusilamiento, 1.300 víctimas de la represión franquista. En su pequeño cementerio se concentran tres fosas comunes. La mayoría murieron fusilados, pero un gran número de ellos lo hicieron enfermos dentro de la prisión. La Asociación de Familiares de Ejecutados en la Cárcel de Ocaña, tras examinar los registros del penal, señala que en invierno la lista de fallecidos aumentaba considerablemente debido a las penosas condiciones de vida a las que estaban sometidos los presos. En muchos casos los verdugos ni siquiera necesitaban balas para cometer sus crímenes.


“Hemos encontrado varias partidas de defunción de bebés, que morían en la cárcel. Era habitual que las presas tuvieran allí a sus hijos. De hecho, conozco un caso escalofriante”, narra Carmen Díaz, vicepresidenta de la asociación. “Una presa fue condenada a muerte pero tenía un bebé en edad de lactancia. Las monjas permitieron que la presa continuara con vida hasta que el bebé cumplió dos años. Entonces, se lo quitaron de los brazos y la fusilaron. El bebe fue abandonado entre los matojos, aunque me consta que logró sobrevivir”, cuenta esta mujer, cuya historia familiar no es menos trágica.


Su abuelo murió en la prisión tras ser juzgado tres veces: una para condenarle a muerte, otra para conmutarle la pena por 30 años de prisión y, finalmente, una última ocasión, en la propia cárcel, para condenarlo de nuevo a muerte. La sentencia fue ejecutada inmediatamente sin avisar a los familiares. “Sospechamos que el último juicio fue un fraude ya que no aparece en ningún registro. Simplemente, querían verlo muerto”, cuenta a Público Carmen.




Marcos Ana y Hernández


La cárcel de Ocaña ha pasado a la historia como uno de los símbolos de la represión franquista. Tanto por el alto número de fusilados como por el nombre de los presos que albergó. Entre sus barrotes estuvieron Miguel Hernández y el poeta Marcos Ana en el año 1940-41, el primero, y a partir de 1944, el segundo. A pesar de la breve estancia de Hernández en la prisión, su figura se ha transmitido en la historia oral de los familiares de las víctimas.


“Siempre se ha contado que Miguel Hernández enseñaba a leer y a escribir a los presos republicanos y que, a escondidas de los guardias, organizaba clases de poesía. El poema de El cura verdugo surgió de esas clases”, asegura Julián Ramos, cuyo abuelo fue fusilado en el cementerio de Ocaña por ser el alcalde socialista de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo).


La versión de Julián del poema fue corroborada por el militante comunista Miguel Nuñez, fallecido en 2008, quien estuvo preso en el mismo municipio en aquellos años y relató este episodio en sus memorias. No obstante, este diario no ha podido corroborar la autoría del poema tras consultar biógrafos y expertos de la vida y obra de Hernández.


Marcos Ana, el reo político que pasó más tiempo en las cárceles franquistas (23 años), describió para el documental ‘Memoria Viva’ las condiciones de vida del penal de Ocaña, donde estuvo preso hasta 1946.


“En el penal de Ocaña conocí lo más duro para un condenado a muerte: la soledad. Me llevaron a una pequeña celda, de unos dos metros de largo y tan estrecha que con los brazos en cruz tocaba las paredes. Una puerta de hierro, un retrete en un rincón, un colchón de esparto y un pequeño y alto tragaluz enrejado iban a formar mi nuevo universo. Nos dejaban salir al patio dos veces al día, una hora por la mañana y otra por la tarde”, detalla el poeta, que añade que el momento más triste del día era el atardecer, cuando se despedían unos de otros “sin saber si aquél sería el último abrazo”.


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Rebajan a un multa de 150 euros la condena a un cura de 78 años por abusos sexuales a una niña

El juez ha impuesto una multa de 150 euros por una falta de vejaciones al rector de Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona), el cura Alfons Torrus, que estaba acusado de un delito de abusos sexuales a una niña de ocho años.

La Fiscalia rebajó la calificación por falta de pruebas sobre la gravedad de los hechos.

Inicialmente se pedía una pena de prisión para el capellán, pero finalmente ha quedado en una leve sanción económica.

Los hechos ocurrieron en 2011, durante una sesión de catequesis. La familia de la menor denunció que Torrus había realizado tocamientos a la niña. En los juzgados, el capellán solamente habría reconocido que le dio algunos besos y que le podría haber rozado los labios sin querer.

El juicio no se ha celebrado

El juicio contra el capellán de Sant Cebrià de Vallalta por tocamientos a una menor no se ha acabado celebrando, como estaba previsto, para este martes. Antes de comenzar la sesión, la defensa de Torrús y la Fiscalia han pactado una rebaja de la calificación del caso por falta de pruebas y la aceptación de una sanción económica de 150 euros por una falta de vejaciones.

El capellán niega los hechos

En 2011, el cura negó los hechos, pero el juzgado penal número 2 de Arenys de Mar continuó hacia adelante con las diligencias y este martes se le tendría que haber juzgado.

Turrús, de 78 años, convive con una cuidadora debido a su estado de deterioro físico. Tiene problemas de oido, vocaliza poco y camina de manera inestable.Asegura que no recuerda los hechos.

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Una joven denuncia a un párroco de Mallorca por violarla cuando era niña

Una joven de 24 años ha denunciado que fue violada varias veces cuando tenía 10 años por quien entonces era su párroco en Can Picafort, el ex sacerdote Pere Barceló. Al parecer, la víctima negó dichos abusos en 1998 -cuando tenía 11 años- porque se sintió coaccionada y amenazada por el párroco. Ahora, ya adulta, todo ha cambiado, según adelantó ayer Diario de Mallorca (DM), la joven ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil.

De esta forma, la investigación iniciada por la Iglesia al ex párroco de Can Picafort por un presunto delito de violación a una menor ha dado un vuelco tras dicha denuncia. En 1998 ya hubo una primera denuncia contra el presbítero pero fue archivada a petición del fiscal Pedro Horrach por falta de pruebas.

Cuando hace 13 años hubo esa primera denuncia, la Dióceseis de Mallorca, entonces presidida por Teodor Úbeda, prefirió no intervenir siguiendo la practica extendida en todo el mundo católico de tapar los casos de abusos sexuales. Las cosas empezaron a cambiar con la llegada del actual Papa, Benedicto XVI, que impuso la tolerancia cero en un momento donde las denuncias de abusos sexuales contra sacerdotes estaban a la orden del día en diversos países. Por ello, cuando en 2011 se produjo una segunda denuncia –presentada por otra mujer– contra Pere Barceló, el obispo Jesús Murgui ordenó de inmediato iniciar una investigación y apartarlo del ejercicio del sacerdocio, una medida cautelar que a día de hoy sigue vigente. La Diócesis actuó siguiendo instrucciones del secretario de la Santa Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo manacorí Luis Franciso Ladaria.

Pese a la apertura de la investigación, la Diócesis habló siempre de la presunción de inocencia, tesis que parecía avalada por el archivo de la primera denuncia. Además, la comunidad religiosa observaba que la familia de la víctima y el párroco siguieron manteniendo un estrecha amistad lo que inclinaba a pensar que no habían existido los supuestos abusos sexuales. Ahora la víctima sí que ha denunciado y, de hecho, un juzgado de Inca ya está investigando el caso.

Según la denunciante, el entonces párroco de Can Picafort abusó de forma sistemática de ella entre los años 1997 y 1998. Dice que el sacerdote la forzó a mantener relaciones sexuales llegando a consumarse la violación en varias ocasiones. Según la información de DM, los supuestos abusos se produjeron en la Rectoría de Can Picafort y en una casa particular del sacerdote.

La Diócesis de Mallorca emitió ayer un comunicado en el que expresaba su respeto por la denuncia presentada y su confianza en que será realizada la adecuada investigación. En el mismo comunicado el Obispado ratifica su firme voluntad de garantizar la protección de los niños y jóvenes ante cualquier tipo de abuso. A continuación recuerda que Pere Barceló ya está apartado del sacerdocio y que por mandato de la Congregación de la Doctrina de la Fe hay un juicio penal canónico abierto. Lejos de cualquier intento de tapar los casos de abusos sexuales, la Iglesia sigue ahora a rajatabla las instrucciones del Papa y del arzobispo Ladaria sobre la tolerancia cero y de allí la rapidez del comunicado emitido ayer por la Diócesis de Mallorca y de la investigación iniciada.

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