Garzón: «La corrupción tiene que ser investigada frontalmente»

El ex juez Baltasar Garzón aseguró ayer que el hallazgo por parte de la Audiencia Nacional de 22 millones en un banco de Ginebra (Suiza) a nombre del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y las informaciones que apuntan a que algunos dirigentes del PP podrían haber recibido sobres con dinero negro, demuestran que «la corrupción tiene que ser investigada frontalmente con todas las energías».

Así lo aseguró el ex juez durante una entrevista en CNN Chile, recogida por «Europa Press», en la que manifestó que a pesar de su inhabilitación como juez tras ser condenado por prevaricación por interceptar las conversaciones que los imputados del «caso Gürtel» mantuvieron en prisión con sus abogados, seguirá investigando la corrupción.

Asimismo, ha recordado que cuando instruía el «caso Gürtel», Bárcenas fue una de las personas sobre las que elaboró «una serie de resoluciones e indicios en la que constaba su posible implicación en los hechos». «Ahora aparece esto», señaló.

En este sentido, justificó las decisiones que tomó durante su instrucción, incluidas las que motivaron su condena por prevaricación, porque, además de que «se ajustaban a la ley», «buscaban precisamente la localización de esos fondos y evitar que los principales responsables de la trama se pusieran de acuerdo a través de sus abogados en prisión». «Ahora se ve el resultado de que 22 millones de euros han aparecido en Suiza», dijo.

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La ONU da la razón a Garzón y pide investigar el franquismo

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha pedido este viernes a España la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos.
El portavoz de Pillay, Rupert Colville, ha descartado comentar la sentencia que inhabilita al juez Baltasar Garzón por ordenar escuchas telefónicas en la investigación de la trama de corrupción Gürtel, pero ha recordado las otras dos causas abiertas sobre el magistrado y, en alusión a la relativa a los crímenes del franquismo, ha defendido este tipo de pesquisas.
"España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos", ha afirmado Colville, durante una rueda de prensa en Ginebra. Además, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las víctimas, que tienen "derecho de reparación".
Colville ha recordado que, conforme a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de Derechos Humanos". Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por España en 1985.
Juicio a Garzón
Colville ha asegurado, en alusión a Garzón, que "los jueces no deberían ser objeto de una investigación penal por hacer su trabajo", habida cuenta de que sus investigaciones, según la ONU, tratan de cumplir los estándares internacionales en la medida en que no cabe amnistía "para graves crímenes internacionales". La norma puesta en cuestión "podría violar el principio de independencia judicial".
En declaraciones recogidas por Reuters, el portavoz de Pillay ha comparado el caso español con el de otros países y ha subrayado que debería aplicarse "el mismo principio" que la ONU ya ha expresado para lugares como Yemen o Haití, donde también han defendido el procesamiento de autoridades responsables de violaciones de Derechos Humanos.
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Baltasar Garzón demandará a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El camino ante la justicia española se ha cerrado y Baltasar Garzón demandará a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El tribunal Constitucional no ha admitido el recurso de amparo que Garzón interpuso contra la sentencia de la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenaba por un delito de prevaricación por las escuchas del caso Gürtel. El antiguo magistrado sostiene que dicha sentencia es gravísimamente inconstitucional, que el Supremo “ha construido el delito por el que se le condena a la medida” y que supone “abrir la puerta a cualquier condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica de cualquier juez con el TS acabando así con la independencia judicial”.

La defensa de Baltasar Garzón lo ha hecho público en una dura nota a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM en la que explica que “el Tribunal Constitucional ha dictado una providencia, notificada el día 5 de noviembre, acordando la inadmisión del recurso de amparo interpuesto por el magistrado Don Baltasar Garzón contra la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por la que fue condenado por un delito de prevaricación, con motivo de las escuchas del caso Gürtel, basándose el Tribunal Constitucional como razonamiento en la “manifiesta inexistencia de infracción de ningún derecho fundamental”, lo que ha realizado con apoyo en la potestad omnímoda que le otorga su ley orgánica para admitir o inadmitir los recursos de amparo sin motivación razonada alguna”.

“El TC incapaz de atender los recursos de amparo”

Añade el escrito: “conviene aclarar que esto es una práctica frecuentísima en nuestro Tribunal Constitucional, que a diferencia de los jueces y tribunales ordinarios, inadmite de plano más del 95% de los recursos de amparo que se presentan, y ello por el motivo, dicho sea lisa y llanamente, de que se encuentra colapsado de trabajo y es absolutamente incapaz de atender como un auténtico tribunal a los recursos de amparo de los ciudadanos, por muy fundamentados y sólidos que estén, y ello sin tener que dar ninguna explicación, ni que quepa recurso alguno al recurrente, que sufre las disfunciones de esta situación que le resulta ajena.

Inexplicable que el TC no aprecie infracción

“Sin embargo, en este caso entiende el magistrado don Baltasar Garzón que, dada la gravedad e importancia de la cuestión de las interceptaciones de las comunicaciones y de la independencia judicial, y de la inexistencia de ley reguladora de esta fundamental materia de las escuchas, reiteradamente exigida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es totalmente inexplicable desde cualquier punto de vista que por parte del Tribunal Constitucional no se aprecie ni siquiera la mera posibilidad de la existencia de una infracción de los derechos fundamentales del magistrado Baltasar Garzón por la sentencia del Tribunal Supremo (que tantas controversias y críticas ha producido en el mundo del derecho, tanto dentro como fuera de España)”.

Posible conflicto con el Tribunal Supremo

Continúa la defensa: “ Lamentablemente, sólo cabe presumir que el Tribunal Constitucional ha querido desestimar en la práctica el amparo sin razonamientos, utilizando su facultad de inadmitir de plano el recurso en forma arbitraria, ya que si lo admitía, difícilmente habría podido hacer otra cosa que estimarlo, lo que habría supuesto un conflicto con el Tribunal Supremo que el Tribunal Constitucional en este caso no se ha atrevido a afrontar, eliminando el problema de raíz, mediante la inadmisión no motivada, y causando graves perjuicios al recurrente. Contra esta decisión, sólo le cabe a este, seguir sosteniendo que la sentencia del Tribunal Supremo es gravísimamente inconstitucional, en términos hasta ahora desconocidos en nuestro Estado democrático, en cuanto le condena por un delito que no existe en las leyes españolas, ya que la cuestión de las interceptaciones de las comunicaciones sean estas telefónicas o en el interior de las prisiones, cuando son autorizadas por autoridad competente, como era el caso, está pendiente de una ley que las regule, ley que ha exigido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que todavía no existe.