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El PP, demandado ante la inspección de trabajo por recoger currículos para Eurovegas

Comisiones Obreras de Madrid ha presentado esta mañana una demanda ante la inspección de trabajo contra el Partido Popular de Parla por recoger currículos con la promesa de entregarlos a la empresa encargada del macroproyecto de Eurovegas. Los servicios jurídicos del sindicato entienden que el PP podría estar vulnerando la Ley de Protección de Datos al tratar información personal y usurpando la función de las agencias de colocación.

"El PP de Parla se compromete a ir recogiendo las demandas de los vecinos que quieran optar a un puesto de trabajo en Eurovegas, para lo cual recogerá y clasificará currículum y posteriormente se encargará de presentarlos a los responsables de las primeras contrataciones de este proyecto", dice el partido en su página web. El partido se muestra indignado por que el alcalde "obedezca" a Tomás Gómez y critique el proyecto del magnate Sheldon Adelson en lugar de "aprovechar esta oportunidad de empleo para la ciudad con más paro de toda la región".

La intermediación laboral es una actividad profesional que está regulada en varias leyes y que solo puede llevarse a cabo bien por los servicios públicos de empleo o por agencias de colocación autorizadas para ello. Las personas físicas o jurídicas que quieran ser agencias de colocación tienen que cumplir una amplia lista de requisitos y deben obtener autorización del Servicio Público de Empleo Estatal o de alguno de sus equivalentes autonómicos. La Ley 56/2003 y el Real Decreto 1796/2010 definen la intermediación laboral, el papel de las agencias de colocación, cuáles son los requisitos para funcionar como tal y las condiciones bajo las que deben operar.

El Partido Popular de Parla no aparece en la lista de agencias autorizadas en la Comunidad de Madrid. La redacción de eldiario.es ha intentado recabar la versión del PP en la localidad, pero no ha recibido respuesta.

Tanto CCOO y UGT han criticado duramente la iniciativa del PP de Parla, que consideran populista. Para el secretario de Política Territorial de CCOO de Madrid, Raúl Cordero, se trata de una "cacicada"."O el PP se ha convertido en la oficina de empleados de Adelson o se está aprovechando de la situación desesperada de mucha gente", dice por su parte el secretario general de la Comarca Sur de Madrid de UGT, Juan Carlos Ramírez.

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Bárcenas denuncia al PP por el robo de dos ordenadores y forzar la puerta de su despacho



El extesorero del PP Luis Bárcenas ha denunciado al Partido Popular por un posible delito contra la intimidad después de que, el pasado 18 de febrero, forzaran la puerta de su despacho, ubicado en la sede nacional del partido. El también exsenador reclama a la gerente, Carmen Navarro, que le devuelva todo el material que ha requisado, entre ellos dos ordenadores personales.


La denuncia ha sido presentada en la comisaría del barrio de Salamanca, cercana al domicilio en el que vive el exdirigente popular y en ella asegura que forzaron la puerta del despacho y examinaron de forma exhaustiva toda la documentación guardada, —parte de ella de carácter personal—, así como los ordenadores portátiles que estaban guardados en la misma sala.


El diario La Gaceta ha publicado hoy que empleados del partido descerrajaron y requisaron material del despacho de Bárcenas bajo las órdenes del abogado Alberto Pío Durán, persona de confianza de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.


Esta semana, Bárcenas presentó otra demanda contra su antiguo partido por "despido improcedente" . Fuentes del partido subrayaron que en la dirección nacional están tranquilos porque la desvinculación laboral de Bárcenas puede ser demostrada.


RAJOY NO LE DEMANDARÁ


Por otro lado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no prevé presentar una querella individual contra el extesorero del PP ni contra algunos medios que han informado de la existencia de una supuesta contabilidad B en el partido, según han informado fuentes cercanas al jefe del Ejecutivo.


El Partido Popular había anunciado que estaba preparando una querella colectiva contra Bárcenas y contra los medios, y a ella se sumarían otras de carácter individual por parte de dirigentes del PP que se han visto concernidos por este asunto.


Sin embargo, a la espera de adoptar una decisión definitiva, las fuentes citadas han señalado que es previsible que, finalmente, no haya una acción judicial individual de Rajoy.


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Un centenar de funcionarios denuncia al PP por contratar en fraude de ley a Bárcenas



Funcionarios de la Seguridad Social han presentado ante la Inspección de Trabajo una denuncia contra el Partido Popular por supuestas irregularidades conocidas respecto a su relación laboral con el que fuera ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Los trabajadores reclaman a la inspección que compruebe los datos facilitados por el partido, que podrían constituir un "fraude contra el orden social" y "ejercite las acciones legales y reglamentarias correspondientes".


La denuncia se presenta a raíz de las informaciones ofrecidas por diferentes dirigentes del Partido Popular sobre las particularidades de la relación laboral de Luis Bárcenas con el Partido Popular, como entidad contratate, y que los denunciantes consideran podrían suponer un "fraude contra el orden social". Los denunciantes citan al vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, cuando explica que, pese a que la relación laboral con Luis Bárcenas quedó extinguida en el año 2010, la 'empresa' siguió ingresando las cuotas a la Seguridad Social hasta finales del año 2012.


Los denunciantes consideran que lo declarado por el PP está tipificado como infracción muy grave del artículo 26 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En ese texto normativo se expone que constituye una "infracción muy grave" "actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan".


Igualmente, en el escrito de denuncia se advierte que las simulaciones de relaciones laborales no son más que una forma de manifestarse el fraude de ley contemplado en el artículo 6.4 del Código Civil.


Los denunciantes consideran circunstancias agravantes del fraude el hecho de que las cuotas indebidamente abonadas "han corrido por cuenta de todos los españoles, desde el punto y hora en que la financiación de los partidos políticos se nutre fundamentalmente con cargo a los presupuestos del Estado"; y que el trabajador "se ha manifestado extremadamente insolidario con todos los españoles al disponer de más de 22 millones de euros fuera de la tributación en nuestro país".


La denuncia, con registro de entrada del pasado viernes, 22 de febrero, la suscribe un total de 110 funcionarios de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria de Nervión y la Delegación de Salud en Sevilla de la Junta de Andalucía.


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Un juzgado investigará la actuación de la Policía en las protestas cerca del Congreso



Las órdenes de la delegada del Gobierno de Madrid a la Policía Nacional durante las protestas de 'Rodea el Congreso' serán investigadas por un juez. El Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid ha admitido a trámite la querella criminal presentada por Izquierda Unida contra Cristina Cifuentes por las identificaciones "indiscriminadas" de manifestantes y las posteriores "duras e injustas" sanciones.


La denuncia de IU imputa a la delegada del Gobierno de Madrid los supuestos delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública y el cometido contra la Constitución por autoridad por vulnerar los derechos individuales de las personas que acudieron a las manifestaciones en la Plaza de Neptuno y alrededores.


IU asegura que en el fondo de esta actuación está "una estrategia deliberada" del Ministerio del Interior para "amedrentar" a los ciudadanos que protestan contra los recortes con la única receta de "la vía policial y la multa".


IU acusa al PP de querer 'acallar cualquier atisbo de protesta' con la Policía


En este sentido, la formación denuncia que en Madrid existía "un plan previamente diseñado para identificar y sancionar a miles de ciudadanos críticos con el Gobierno y sus medidas".


En opinión de IU, éste se demostró especialmente el pasado 27 de octubre cuando la Policía Nacional identificó "indiscriminadamente" en los alrededores del Congreso de los Diputados y la Plaza de España a unas 300 personas, entre asistentes a la protesta y "ciudadanos que pasaban por ahí".


Posteriormente, la Delegación del Gobierno tramitó las multas que en algunos casos llegan a los 500 euros por participación en una manifestación "ilegal". IU tilda estas sanciones de "duras e injustas" y cree que Cifuentes pudo cometer un presunto delito de falsedad documental.


El diputado de IU Ricardo Sixto, que presentó la querella el pasado día 12 junto a su compañero Alberto Garzón, ha celebrado "este primer paso judicial" y ha expresado su deseo de que le sigan "otros muchos" para que los tribunales arrojen "luz suficiente" a estos hechos que califica de muy graves. "Estamos empeñados en acabar con la impunidad con la que, a nivel político y recurriendo de forma inadecuada al poder disuasorio de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el PP busca acallar cualquier atisbo de protesta contra las políticas antisociales que lleva imponiendo desde hace un año", ha proclamado.


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Tejero denuncia a ´Arturo Mas´ por ´conspiración´

El ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, expulsado del cuerpo tras su participación en el intento golpista del 23F, ha presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por "provocación, conspiración y proposición para la sedición".

En una carta publicada por el diario "Melilla Hoy", Tejero da cuenta de que el 20 de noviembre presentó la denuncia contra "Arturo Mas", como llama al presidente catalán, "por sus continuas y reiteradas pretensiones secesionistas de una parte importante de España como es el Principado de Cataluña".

El ex teniente coronel lamenta "el silencio permisivo de los poderes del Estado" porque "ni el Rey, ni el presidente del Gobierno, ni los Tribunales de Justicia ni el Ejército han tomado la menor medida para acabar con este contubernio formado por Arturo Mas y parte de los catalanes", quienes "han sido envenenados" en su etapa educativa.

Tejero califica de "pecadores" a dirigentes de CiU como Mas, Josep Antoni Duran Lleida y Jordi Pujol, a los que castellaniza el nombre en su misiva al rotativo melillense, y afirma que "los que deben acabar con esa lacra" son el rey, el Gobierno, la Justicia y la cúpula militar "en lo que le toca".

La carta aparece publicada hoy tanto en las ediciones en papel y digital del diario "Melilla Hoy", que en 2006 ya difundió otras dos misivas del ex teniente coronel de la Guardia Civil pidiendo un referéndum nacional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

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Médicos de Alcorcón denuncian amenazas pacientes Comunidad Madrid derivar hospitales privado

Médicos especialistas han manifestado su malestar con la situación que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está creando en el Hospital de Alcorcón. A pesar de tener en cuenta la crisis tan importante que sufre el país, han declarado no estar de acuerdo con las medidas que se están llevando a cabo contra la Sanidad y la Educación. “En Sanidad sobre todo está siendo tremendo, porque la Comunidad de Madrid ha realizado una gestión de los hospitales en la que han intentado hacer una privatización de gran parte de la Sanidad y externalizar servicios, pero lo que han conseguido es abrir hospitales que no debían de abrir y nos han metido en unos gastos tremendos que ahora no hay quien los asuma”.

 

En opinión de los especialistas, privatizando no se va a conseguir amortizar esos gastos “porque ese dinero va a salir siempre del mismo sitio: de los impuestos. De todas las medidas que hacen, ninguna es para mejorar la calidad; todas son para ahorrar dinero, precarizando el empleo, precarizando los sueldos y disminuyendo el personal. Aquí se calcula, por ejemplo en Laboratorio, que se quedaría sin empleo un 40% del personal y se comenta que todo el personal interino se va a ir a la calle”.

 

Uno de los doctores ha relacionado el caso de Alcorcón con lo ocurrido en el Hospital de la Princesa, recalcando que “en el fondo es un intento encubierto de cerrar el Hospital y quitar todo ese personal, amortizarlo e irlo repartiendo por otros centros privados, porque lo que quieren en los Hospitales que se han creado nuevos es que ese personal sea contratado de forma privada la mayoría, aunque una parte importante se vaya a ir a la calle. La forma de ahorrar es quitar personal y aunque dicen que van a mantener la calidad, es imposible mantener la calidad disminuyendo el personal”.

 

Los médicos han confirmado que tras la inauguración del Hospital Rey Juan Carlos, “que no tiene ningún sentido”, en HUFA se han cerrado camas. “Está a menos de un kilómetro y el Hospital de Móstoles está a 3 kilómetros; es decir, en 3 kilómetros tenemos tres hospitales. Uno de ellos nuevo, que sale de los impuestos de la gente y que no hacía ninguna falta. A nuestros pacientes que quieren seguir viniendo aquí los están presionando, sobre todo en el ámbito de cirugía, para derivarlos al nuevo Hospital Rey Juan Carlos, amenazándolos con que sino no lo hacen se irán al final de las listas de espera. Están haciendo unas presiones tremendas a los pacientes para derivarlos y que los hospitales amorticen el dinero que tienen invertido, porque una parte de esos hospitales son negocio”.

 

Según la información de los especialistas todos los datos de los pacientes tienen que ser secretos pero se están manejando desde la Consejería de Sanidad, “porque, cuando les indicamos aquí en HUFA una cirugía a los pacientes, les llaman desde allí para derivarles a otro hospital. A nivel del Gobierno de la Comunidad no deben estar manejando esos datos personales, para encima amenazarles. Manejan la información, saben automáticamente cuando tienen una consulta pendiente y están vulnerando la Ley de Protección de Datos con tal de derivarles a los centros de gestión privada”.

 

A esto se añade lo que consideran “una competencia desleal” de los hospitales de gestión privada con los hospitales públicos y denuncian que se está potenciando el trabajo de los privados en los que se habla incluso de dotación económica superior por paciente que en los públicos, “aunque estén diciendo lo contrario”.

 

“Al final todo esto aumenta el gasto sanitario y disminuye la calidad en la atención a los pacientes, y la Sanidad no puede ser negocio. A un paciente que ponemos a operar le llaman como 3 ó 4 veces para insistirle en que vaya a hacerlo a otro de los hospitales de gestión privada. La historia clínica del paciente no debería salir del hospital porque, aunque esté incluido en una lista de espera que sí puede ser manejada por la Comunidad de Madrid, no deben saber el diagnóstico ni los datos personales. Eso me parece una vulneración de la Ley de Protección de Datos”, ha explicado uno de los doctores.

 

Por otro lado, han querido destacar métodos “poco éticos” para que los pacientes del Hospital de Alcorcón realicen sus tratamientos en los centros privados. “Les insisten de una forma muy agresiva obligándoles a derivarse con amenazas como que sino no les van a operar nunca, y si no les hemos avisado se van. Les amenazan con listas de espera de un año, es decir, les amenazan con mentiras. Si antes teníamos una lista de espera en cirugía de un mes y medio como mucho y nos han quitado parte con el nuevo Hospital Rey Juan Carlos ahora la tendremos de un mes, por lo tanto es totalmente mentira”.

 

Para finalizar, han querido manifestar de una manera directa el verdadero motivo, en su opinión, que está llevando a la Comunidad de Madrid a realizar estas prácticas. “Lo más triste es que están intentando hacer negocio con la Sanidad. Hay gente que se está lucrando, integrados en Capio y otras empresas, como familiares de Dolores Cospedal y Esperanza Aguirre. Dirán que manejan las listas de espera a nivel centralizado, pero realmente están amenazando a los pacientes para que se vayan a operar a los sitios en los que hacen su negocio. Incluso han hecho desaparecer nuestras actividades quirúrgicas extraordinarias, que llamábamos peonadas, para mandarlas al nuevo Hospital de Móstoles”.

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Baltasar Garzón demandará a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El camino ante la justicia española se ha cerrado y Baltasar Garzón demandará a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El tribunal Constitucional no ha admitido el recurso de amparo que Garzón interpuso contra la sentencia de la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenaba por un delito de prevaricación por las escuchas del caso Gürtel. El antiguo magistrado sostiene que dicha sentencia es gravísimamente inconstitucional, que el Supremo “ha construido el delito por el que se le condena a la medida” y que supone “abrir la puerta a cualquier condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica de cualquier juez con el TS acabando así con la independencia judicial”.

La defensa de Baltasar Garzón lo ha hecho público en una dura nota a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM en la que explica que “el Tribunal Constitucional ha dictado una providencia, notificada el día 5 de noviembre, acordando la inadmisión del recurso de amparo interpuesto por el magistrado Don Baltasar Garzón contra la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por la que fue condenado por un delito de prevaricación, con motivo de las escuchas del caso Gürtel, basándose el Tribunal Constitucional como razonamiento en la “manifiesta inexistencia de infracción de ningún derecho fundamental”, lo que ha realizado con apoyo en la potestad omnímoda que le otorga su ley orgánica para admitir o inadmitir los recursos de amparo sin motivación razonada alguna”.

“El TC incapaz de atender los recursos de amparo”

Añade el escrito: “conviene aclarar que esto es una práctica frecuentísima en nuestro Tribunal Constitucional, que a diferencia de los jueces y tribunales ordinarios, inadmite de plano más del 95% de los recursos de amparo que se presentan, y ello por el motivo, dicho sea lisa y llanamente, de que se encuentra colapsado de trabajo y es absolutamente incapaz de atender como un auténtico tribunal a los recursos de amparo de los ciudadanos, por muy fundamentados y sólidos que estén, y ello sin tener que dar ninguna explicación, ni que quepa recurso alguno al recurrente, que sufre las disfunciones de esta situación que le resulta ajena.

Inexplicable que el TC no aprecie infracción

“Sin embargo, en este caso entiende el magistrado don Baltasar Garzón que, dada la gravedad e importancia de la cuestión de las interceptaciones de las comunicaciones y de la independencia judicial, y de la inexistencia de ley reguladora de esta fundamental materia de las escuchas, reiteradamente exigida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es totalmente inexplicable desde cualquier punto de vista que por parte del Tribunal Constitucional no se aprecie ni siquiera la mera posibilidad de la existencia de una infracción de los derechos fundamentales del magistrado Baltasar Garzón por la sentencia del Tribunal Supremo (que tantas controversias y críticas ha producido en el mundo del derecho, tanto dentro como fuera de España)”.

Posible conflicto con el Tribunal Supremo

Continúa la defensa: “ Lamentablemente, sólo cabe presumir que el Tribunal Constitucional ha querido desestimar en la práctica el amparo sin razonamientos, utilizando su facultad de inadmitir de plano el recurso en forma arbitraria, ya que si lo admitía, difícilmente habría podido hacer otra cosa que estimarlo, lo que habría supuesto un conflicto con el Tribunal Supremo que el Tribunal Constitucional en este caso no se ha atrevido a afrontar, eliminando el problema de raíz, mediante la inadmisión no motivada, y causando graves perjuicios al recurrente. Contra esta decisión, sólo le cabe a este, seguir sosteniendo que la sentencia del Tribunal Supremo es gravísimamente inconstitucional, en términos hasta ahora desconocidos en nuestro Estado democrático, en cuanto le condena por un delito que no existe en las leyes españolas, ya que la cuestión de las interceptaciones de las comunicaciones sean estas telefónicas o en el interior de las prisiones, cuando son autorizadas por autoridad competente, como era el caso, está pendiente de una ley que las regule, ley que ha exigido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que todavía no existe.

La historia de la foto de la niña rubia y pobre que indigna a México


La chica se ha hecho imposiblemente famosa en los últimos días pero bien podría ser una de tantas que vagan por las calles de México, vendiendo chicles o sencillamente pidiendo dinero. Es trágicamente joven y se ve que no ha podido lavar ni su cuerpo ni su ropa en varios días. La imagen que la ha lanzado a la triste fama es una en la que sale mirando directamente a cámara con ojos tristes y verdosos. Ahí está la clave del asunto. La chica no es una más de los miles de vagabundos menores que hay en México. Esta chica de la foto tomada en Guadalajara es rubia.

Ese detalle fue lo que llamó la atención del autor de la foto, que la semana pasada la subió a su Facebook, explicando que los padres de la criatura "eran marrones". "Vamos a mover esta foto", escribió. A los pocos días, la niña estaba en el muro de Facebook de docenas de miles de personas, en páginas webs y en informativos. Fue todo un éxito viral. Algunos usuarios agradecían al autor de la foto el que la hubiera tomado. Otros le acusaron de racista.

Tan intensa era la compasión que se mostraba hacia esa joven que el gobierno decidió interceder. Según cuenta Lino González, portavoz de los fiscales de Jalisco, lo vieron como una especie de aviso colectivo, así que localizaron a la niña, la metieron en un orfanato de Guadalajara y tuvieron a su madre, de 23 años, detenida dos días.

Una mujer denuncia la violación de su hija en un centro educativo de Huelva

La madre de una estudiante de 15 años de Huelva ha denunciado a la policía la supuesta violación de su hija en un centro educativo de Huelva donde estudiaba en régimen de internado. El centro, conocido como Ciudad de los Niños, también sirve de centro de alojamiento temporal de menores.

El Cuerpo Nacional de Policía ha confirmado la presentación de la denuncia y ha remitido el caso a la Fiscalía de Menores, que aún no ha previsto la declaración de los acusados. Según el relato de la madre, M. S., la niña bajó el domingo sobre las nueve de la noche a la cocina del centro educativo y se encontró con los otros tres menores, que le ofrecieron un vaso de agua.

Tras beber, siempre según el relato de la mujer, su hija se sintió indispuesta y se fue a la cama donde, ya sobre la una de la madrugada, fue violada por los acusados. La adolescente aseguró que no pudo defenderse y que no fue capaz de levantarse hasta la mañana siguiente, cuando denunció la supuesta agresión y se desplazó al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde fue atendida, según la madre, de "heridas internas en los órganos sexuales".

El parte médico no detalla "lesiones aparentes externas", pero sí un "pequeño desgarro" en la zona vaginal. Se le administró un dispositivo ya previsto para casos de violencia sexual.

M. S. ha asegurado que la niña ha dejado el centro, en el que estudiaba desde hace cuatro años, que tiene "pánico a salir" y que precisa ayuda psicológica.

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Fallece Antonio Meño tras 23 años en coma por una negligencia médica

Antonio Meño, el joven que quedó en coma por una negligencia médica tras una intervención quirúrgica y que permaneció acampado 522 días junto a su familia ante el Ministerio de Justicia, ha fallecido.
Según han informado a Efe fuentes del despacho de Luis Bertelli, uno de los letrados que llevó la defensa de esta familia, Meño fue enterrado ayer.
El joven quedó en coma vegetativo el 3 julio de 1989, cuando tenía 21 años, tras someterse a una rinoplastia en la Clínica Nuestra Señora de América de Madrid, entidad que quedó absuelta tras los juicios iniciados por sus padres.
Su familia, que agotó la vía penal y civil para pedir una indemnización, fue condenada en 2009 por el Tribunal Supremo a pagar 400.000 euros en costas, lo que les supuso el embargo de su vivienda, aunque finalmente su abogado logró que el Tribunal paralizara la notificación, a través de un incidente de nulidad.
En la primera sentencia de 1993, la Justicia obligó a la aseguradora a indemnizar a Antonio Meño con 172 millones de pesetas (más de un millón de euros).
No obstante, tanto el juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid como la Audiencia de Madrid (en 2000) y el Tribunal Supremo (en 2008) rechazaron las demandas de la familia y concluyeron que no existió negligencia médica.
Tras esta decisión, los padres de Meño instalaron en 2009 un campamento en la madrileña plaza Jacinto Benavente de Madrid, junto al Ministerio de Justicia, para reclamar una salida digna a la situación de su hijo.
Sorprendentemente, el caso dio un vuelvo cuando Ignacio Frade, uno de los cirujanos que había presenciado la operación de Antonio Meño y ajeno a la situación por la que atravesaba la familia, pasó por delante de la tienda instalada frente al ministerio, se informó de lo sucedido y se ofreció a declarar.
El 17 de noviembre de 2010, el Tribunal Supremo admitió la demanda de revisión presentada por la familia y anuló las sentencias dictadas anteriormente.

El Congreso esgrime una ley inexistente para negar datos

La Mesa del Congreso ha vuelto a rechazar que se hagan públicos los viajes oficiales de los diputados. El pasado 25 de junio el periódico El País, pidió formalmente a la Mesa del Congreso el detalle de los viajes realizados por los diputados, especialmente, los pertenecientes al órgano de Gobierno de la Cámara. Hubo una primera respuesta negativa de la Secretaría General del Congreso, sin acuerdo expreso de la Mesa. Una vez reiterada la petición para que hubiera pronunciamiento expreso de la institución, el viernes pasado hubo notificación por escrito en la que se asegura que “la Mesa en su reunión del día 9 de octubre acordó reiterar que no procede acceder en este momento a la solicitud del medio de información, sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación de iniciativas legislativas actualmente en curso en la Cámara”.

El acuerdo no lo especifica, pero fuentes parlamentarias aseguran que se refiere a la Ley de Transparencia que actualmente se encuentra en trámite de enmiendas parciales en el Congreso.

Sin embargo, esa ley no incluye ningún supuesto como este entre las obligaciones de las administraciones para facilitar datos e información.

En ese proyecto de ley se establece que solo es de aplicación en Cortes Generales para asuntos de índole administrativa, como convocatorias de personal o contratos públicos, entre otros. No hay referencia a la transparencia en los gastos de los diputados y mucho menos sobre los que se hayan producido en los últimos años.

En la Mesa del Congreso tiene mayoría absoluta el PP, pero también tienen representantes PSOE y CiU. Ninguno de ellos puso objeción alguna al acuerdo para no desvelar estos datos.

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Opinión de la ONU sobre detenciones arbitrarias en España

Realmente no hay mucho que comentar porque el documento en si habla por si solo.....

Para leer el informe del Grupo de Trabajo de la ONU, pincha aqui.

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La Reina demanda a una agencia de adulterios por usar su imagen

La Reina Doña Sofía ha presentado una demanda de protección de su derecho al honor contra la agencia de contactos sexuales adúltero Ashley Madison por la utilización de una imagen suya para una campaña publicitaria.

El anuncio consisitió en un fotomontaje en el que aparecía el slogan 'Ya no tienes por qué pasar la noche sola' y una sonriente Doña Sofía abarzando a un joven con el torso desnudo.

La demanda de la Reina de España ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid, cuya titular, María Rosario Campesino, es una magistrada con amplia experiencia en la jurisdicción civil.

Fuentes jurídicas aseguraron que la demanda responde al "firme empeño" mantenido por Doña Sofía en los últimos meses por defender en los tribunales su derecho fundamental al honor. La cuestión se ha discutido durante ocho meses y, finalemnte, la Reina ha optado por encargar su defensa a un abogado y a un procurador de nivel institucional -los decanos de la Abogacía y la Procura de Madrid- pero particulares.

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La OCU acusa a nueve marcas de aceite de oliva de engañar al consumidor

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha acusado a nueve marcas de aceite de oliva de engañar al consumidor vendiendo productos etiquetados bajo la variedad 'extra' cuando su categoría real es simplemente 'virgen', con lo que se comercializa aceite de menor calidad a un precio mayor (casi un euro más).

Se trata de los aceites de oliva de las marcas Aliada (El Corte Inglés), Olisone (Lidl), Condis, Arteoliva, Consum, Ybarra, Coosur, Hojiblanca en envase de plástico y Eroski, según concluye la OCU tras realizar análisis químicos y organolépticos a 40 marcas (34 de 'virgen extra' y seis de 'virgen').

"Los resultados obtenidos muestran un claro engaño al consumidor, porque se le vende un aceite de menor calidad a la que se indica en la etiqueta", señala la organización de consumidores, que subraya que no se trata de un problema de seguridad, sino de un "engaño al bolsillo", ya que el precio medio del litro de aceite virgen ronda los 2,38 euros y el del virgen extra los 3,32 euros.

Amnistía Internacional denuncia el uso excesivo de la fuerza y la impunidad de los antidisturbios



El último informe de Amnistía Internacional (AI) 'Actuación policial en las manifestaciones en la Unión Europea' (pincha aqui para leerlo) documenta casos de "uso excesivo de la fuerza, empleo indebido de armas menos letales, obstrucción del acceso a la asistencia médica y detención arbitraria" en las últimas protestas ciudadanas acontecidas en España, Grecia y Rumanía.

AI denuncia detenciones arbitrarias, empleo indebido de armas "menos letales" y obstrucción del acceso a la asistencia médica La ONG explica en su documento que las recientes medidas de austeridad tomadas por los Gobiernos han dado lugar a manifestaciones generalizadas, en las que "los agentes han golpeado reiteradamente con porras a manifestantes pacíficos, incluso en la cabeza y cuello, causándoles lesiones graves". Amnistía denuncia que las investigaciones criminales por las denuncias presentadas en casos de abuso de la fuerza y lesiones "no han sido exhaustivas, imparciales ni efectivas".

En el caso español, el informe recoge el testimonio de Ángela Jaramillo, una mujer de 58 años que estaba sentada en un banco del Paseo de la Castellana cuando los antidisturbios disolvieron una manifestación " pacífica" el 4 de agosto frente al Ministerio de Interior en Madrid. Según denunció la propia Jaramillo a Amnistía, vio avanzar hacia ella a unos 10 policías antidisturbios. Al pasar junto a ella una agente la golpeó en la cara con su escudo haciéndola caer sobre el banco y luego le propinó un porrazo en la rodilla, causándole una lesión. Un grupo de jóvenes acudió en su auxilio. "¿No veis que es una señora mayor? ¿Cómo podéis pegarle?", dijeron a los atentes. En ese momento Ángela Jaramillo recibió otro golpe en la cadera.

FACUA advierte a Tuenti Móvil que vulnera la ley al negar a sus clientes un teléfono de reclamaciones

El operador móvil virtual de Tuenti es la única compañía de telecomunicaciones que carece de un teléfono de atención al cliente, advierte FACUA.

La empresa, cuyo accionista mayoritario es Movistar, insta a los usuarios a que presenten sus reclamaciones a través del correo electrónico o un chat, rechazando la vía telefónica.

FACUA argumenta que la existencia de un número de teléfono para presentar reclamaciones es una obligación establecida en el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas.

El artículo 26 del Real Decreto, relativo al servicio de atención al cliente de las compañías de telecomunicaciones, plantea en su apartado 2 que "el operador deberá admitir, en todo caso la vía telefónica para la presentación de reclamaciones".

FACUA espera que Tuenti Móvil proceda a habilitar un teléfono para la atención de las reclamaciones de los usuarios. En caso contrario, procederá a denunciar al operador móvil virtual y solicitará una sanción a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

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Los jueces denuncian los abusos del sistema legal de desahucios

Los jueces, privilegiados observadores del drama social de los desahuciados en España, denuncian los abusos de un sistema desfasado en un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una comisión de siete magistrados ataca sin medias tintas los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de créditos hipotecarios fue creado hace más de un siglo, en 1909. El informe será estudiado hoy por el órgano rector de los jueces.

Los comisionados, destinados en Audiencias y Juzgados de varias comunidades, proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados. Esta es la premisa principal para solucionar el problema de los desahucios, señalan en el estudio al que ha tenido acceso EL PAÍS. En los últimos cuatro años, desde que comenzó la crisis, se han producido alrededor de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España.

El informe elaborado por los jueces, habla de “mala praxis de las entidades bancarias” y propone toda una batería de medidas para proteger a las familias que se encuentran al borde del lanzamiento. “El punto de partida debe ser extender al cliente sobreendeudado (obviamente siempre que lo sea de buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado”, dice textualmente el informe, “pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual”.

Facua denuncia a Telefónica por aplicar una penalización "abusiva" en su oferta 'Movistar Fusión'

En concreto, Facua ha denunciado a la compañía ante autoridades de protección al consumidor autonómicas y el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La asociación ha indicado que la penalización que impone la compañía a sus clientes supone una cláusula "abusiva" y por tanto "ilegal y sancionable", conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Así, el artículo 87 del citado Real Decreto define en su apartado 6 como abusivas la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados, ha precisado la asociación.

"Cobrar una penalización sin haber existido un perjuicio equiparable para la compañía implica un evidente supuesto de enriquecimiento injusto, conforme a la jurisprudencia existente en la materia", ha indicado Facua, que ha añadido que esta denuncia se produce después de que la compañía no haya dado respuesta a la reclamación que le planteó a comienzos de octubre.

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