Médicos especialistas han manifestado su malestar con la situación que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está creando en el Hospital de Alcorcón. A pesar de tener en cuenta la crisis tan importante que sufre el país, han declarado no estar de acuerdo con las medidas que se están llevando a cabo contra la Sanidad y la Educación. “En Sanidad sobre todo está siendo tremendo, porque la Comunidad de Madrid ha realizado una gestión de los hospitales en la que han intentado hacer una privatización de gran parte de la Sanidad y externalizar servicios, pero lo que han conseguido es abrir hospitales que no debían de abrir y nos han metido en unos gastos tremendos que ahora no hay quien los asuma”.
En opinión de los especialistas, privatizando no se va a conseguir amortizar esos gastos “porque ese dinero va a salir siempre del mismo sitio: de los impuestos. De todas las medidas que hacen, ninguna es para mejorar la calidad; todas son para ahorrar dinero, precarizando el empleo, precarizando los sueldos y disminuyendo el personal. Aquí se calcula, por ejemplo en Laboratorio, que se quedaría sin empleo un 40% del personal y se comenta que todo el personal interino se va a ir a la calle”.
Uno de los doctores ha relacionado el caso de Alcorcón con lo ocurrido en el Hospital de la Princesa, recalcando que “en el fondo es un intento encubierto de cerrar el Hospital y quitar todo ese personal, amortizarlo e irlo repartiendo por otros centros privados, porque lo que quieren en los Hospitales que se han creado nuevos es que ese personal sea contratado de forma privada la mayoría, aunque una parte importante se vaya a ir a la calle. La forma de ahorrar es quitar personal y aunque dicen que van a mantener la calidad, es imposible mantener la calidad disminuyendo el personal”.
Los médicos han confirmado que tras la inauguración del Hospital Rey Juan Carlos, “que no tiene ningún sentido”, en HUFA se han cerrado camas. “Está a menos de un kilómetro y el Hospital de Móstoles está a 3 kilómetros; es decir, en 3 kilómetros tenemos tres hospitales. Uno de ellos nuevo, que sale de los impuestos de la gente y que no hacía ninguna falta. A nuestros pacientes que quieren seguir viniendo aquí los están presionando, sobre todo en el ámbito de cirugía, para derivarlos al nuevo Hospital Rey Juan Carlos, amenazándolos con que sino no lo hacen se irán al final de las listas de espera. Están haciendo unas presiones tremendas a los pacientes para derivarlos y que los hospitales amorticen el dinero que tienen invertido, porque una parte de esos hospitales son negocio”.
Según la información de los especialistas todos los datos de los pacientes tienen que ser secretos pero se están manejando desde la Consejería de Sanidad, “porque, cuando les indicamos aquí en HUFA una cirugía a los pacientes, les llaman desde allí para derivarles a otro hospital. A nivel del Gobierno de la Comunidad no deben estar manejando esos datos personales, para encima amenazarles. Manejan la información, saben automáticamente cuando tienen una consulta pendiente y están vulnerando la Ley de Protección de Datos con tal de derivarles a los centros de gestión privada”.
A esto se añade lo que consideran “una competencia desleal” de los hospitales de gestión privada con los hospitales públicos y denuncian que se está potenciando el trabajo de los privados en los que se habla incluso de dotación económica superior por paciente que en los públicos, “aunque estén diciendo lo contrario”.
“Al final todo esto aumenta el gasto sanitario y disminuye la calidad en la atención a los pacientes, y la Sanidad no puede ser negocio. A un paciente que ponemos a operar le llaman como 3 ó 4 veces para insistirle en que vaya a hacerlo a otro de los hospitales de gestión privada. La historia clínica del paciente no debería salir del hospital porque, aunque esté incluido en una lista de espera que sí puede ser manejada por la Comunidad de Madrid, no deben saber el diagnóstico ni los datos personales. Eso me parece una vulneración de la Ley de Protección de Datos”, ha explicado uno de los doctores.
Por otro lado, han querido destacar métodos “poco éticos” para que los pacientes del Hospital de Alcorcón realicen sus tratamientos en los centros privados. “Les insisten de una forma muy agresiva obligándoles a derivarse con amenazas como que sino no les van a operar nunca, y si no les hemos avisado se van. Les amenazan con listas de espera de un año, es decir, les amenazan con mentiras. Si antes teníamos una lista de espera en cirugía de un mes y medio como mucho y nos han quitado parte con el nuevo Hospital Rey Juan Carlos ahora la tendremos de un mes, por lo tanto es totalmente mentira”.
Para finalizar, han querido manifestar de una manera directa el verdadero motivo, en su opinión, que está llevando a la Comunidad de Madrid a realizar estas prácticas. “Lo más triste es que están intentando hacer negocio con la Sanidad. Hay gente que se está lucrando, integrados en Capio y otras empresas, como familiares de Dolores Cospedal y Esperanza Aguirre. Dirán que manejan las listas de espera a nivel centralizado, pero realmente están amenazando a los pacientes para que se vayan a operar a los sitios en los que hacen su negocio. Incluso han hecho desaparecer nuestras actividades quirúrgicas extraordinarias, que llamábamos peonadas, para mandarlas al nuevo Hospital de Móstoles”.
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Familiares sacan a enfermos mentales de sus centros por no poder pagar el copago
Piedad señala que no puede hacer frente a los 858 euros del copago que le exige la ley para mantener a su hermana, con síndrome de Down, en un centro de día de la Región de Murcia. Allí, rodeada de profesionales, “estaba mejorando sustancialmente su calidad de vida”. Piedad confiesa que la decisión de sacarla del centro ha sido “la más dura de su vida”.
Piedad y su hermana son un caso minoritario, según la Consejería de Sanidad, pero no único. Representantes de asociaciones de personas con enfermedad mental y con parálisis cerebral de Murcia denuncian que la instauración del copago ha obligado a una cuarentena de ellos a abandonar los centros de día por no poder hacer frente a las cuotas y que la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, “se comprometió a revisar caso por caso los de estos afectados para darles una solución”.
La hermana de Piedad tiene una renta de más de 2.000 euros. Al estar en la franja alta, ha de aportar el copago más elevado. Pero además, con ese dinero paga a una cuidadora para atenderla mientras no está en el centro, lo que cuesta otros 800 euros. “Pagando al mes 1.700 euros entre una cosa y otra, no salen las cuentas”, explica Piedad.
Según Sanidad, este caso forma parte de un 5% de pacientes con altas rentas que tienen que pagar frente a 1.300 murcianos que no han de abonar su estancia en estos centros. En todo caso, el gobierno de Murcia ha pactado con las asociaciones que en enero reducirá un 30% la cantidad a pagar y que estudiará las circunstancias particulares de los casos extremos. Pero mientras tanto, Piedad ya ha sacado a su hermana del centro.
Sólo una semana después de abandonar las instalaciones donde pasaba parte del día, Pilar ya nota los primeros efectos en su hermana: “está sufriendo una regresión y vuelve a los problemas que tenía el día que ingresó. Ayer empezó a lanzar objetos por toda la casa. Hacía años que no se comportaba así. Estoy hundida, y noto que ella también”.
La consejería de Sanidad murciana dice que esta persona “no queda desasistida y tiene ingresos para hacer frente al copago”.
Miguel Ángel Miralles, Director general de dependencia de la Región de Murcia sostiene que el espíritu de la nueva ley “es que las personas con más ingresos colaboren más”. En el caso de la hermana de Piedad “vive con su hermana, recibe 2.000 euros de pensión y una ayuda de protección familiar y, por tanto, por su media anual de pagas mensuales, según la ley, tenía que pagar”.
Fuentes del sector apuntan que la clave para fijar la aportación está en cómo se valora el precio del centro de día, ya que el copago se aplica sobre un porcentaje del coste del servicio. En Murcia se ha valorado de forma elevada “y el coste sale muy alto”, indican.
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El Consejo de Estado dictamina que la implantación del euro por receta es inconstitucional
El Consejo de Estado ha emitido un dictamen por el que considera que "la instauración de la tasa de un euro por receta vulnera el orden constitucional".
Según el dictamen del Consejo de Estado, esta tasa, que Cataluña introdujo en junio y la Comunidad de Madrid aplicará en enero, vulnera la Constitución ya que las comunidades autónomas "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública".
Por ello, el Consejo de Estado entiende que no cabe admitir que, en ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes "cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos hayan de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario".
El dictamen también subraya que no se reprocha una eventual falta de competencia de la Generalitat catalana para establecer tributos sino que "la instauración de esa tasa vulnere el orden de competencias y, en concreto, el artículo 149.1.16 de la Carta Magna".
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Según el dictamen del Consejo de Estado, esta tasa, que Cataluña introdujo en junio y la Comunidad de Madrid aplicará en enero, vulnera la Constitución ya que las comunidades autónomas "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública".
Por ello, el Consejo de Estado entiende que no cabe admitir que, en ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes "cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos hayan de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario".
El dictamen también subraya que no se reprocha una eventual falta de competencia de la Generalitat catalana para establecer tributos sino que "la instauración de esa tasa vulnere el orden de competencias y, en concreto, el artículo 149.1.16 de la Carta Magna".
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25-N.- El PP catalán incluye en su programa electoral la supresión del euro por receta
El PP catalán ha incorporado en su programa electoral la supresión del euro por receta, una tasa que contribuyeron a crear --aunque con modificaciones-- con su abstención en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos catalanes de 2012 y que ahora también quiere aplicar la Comunidad de Madrid.
En el punto 76 de su programa y dentro del apartado 'Una sociedad más justa', los populares se comprometen a derogar la tasa al considerar que carga con una doble tributación los medicamentos en Cataluña tras el copago aplicado también por el Gobierno.
La decisión del PP catalán de incluir la eliminación de este gravamen aviva el debate abierto en el partido a nivel nacional sobre la conveniencia o no de este tipo de tasas después de que la Comunidad de Madrid anunciase que la aplicaría.
El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha participado este martes del debate señalando que es contrario a la aplicación del euro por receta, y ha anunciado que negociará con Madrid y Cataluña la supresión de la tasa antes de recurrirla al Tribunal Constitucional.
Rajoy ha sostenido que la medida rompe con el sistema equitativo e igualitario que pretende el Ejecutivo, ya que en estas dos comunidades el paciente "paga dos veces" por un mismo medicamento, y se ha mostrado esperanzado en alcanzar un acuerdo con ambas comunidades para su supresión.
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En el punto 76 de su programa y dentro del apartado 'Una sociedad más justa', los populares se comprometen a derogar la tasa al considerar que carga con una doble tributación los medicamentos en Cataluña tras el copago aplicado también por el Gobierno.
La decisión del PP catalán de incluir la eliminación de este gravamen aviva el debate abierto en el partido a nivel nacional sobre la conveniencia o no de este tipo de tasas después de que la Comunidad de Madrid anunciase que la aplicaría.
El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha participado este martes del debate señalando que es contrario a la aplicación del euro por receta, y ha anunciado que negociará con Madrid y Cataluña la supresión de la tasa antes de recurrirla al Tribunal Constitucional.
Rajoy ha sostenido que la medida rompe con el sistema equitativo e igualitario que pretende el Ejecutivo, ya que en estas dos comunidades el paciente "paga dos veces" por un mismo medicamento, y se ha mostrado esperanzado en alcanzar un acuerdo con ambas comunidades para su supresión.
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Alemania suprime el copago médico y sube las pensiones que no llegan al mínimo básico
La Unión Cristianodemócrata (CDU) de Angela Merkel, la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) y los liberales (FDP), que gobiernan en coalición en Alemania, han decidido eliminar a partir del 1 de enero de 2013 el copago en las consultas médicas tras cinco años de vigencia. No obstante, han decidido mantener el de las medicinas o el de los artículos ortopédicos, entre otros.
"Es lo que mas molesta a los alemanes", ha reconocido Daniel Bahr, ministro germano de Sanidad, que cree que esta supresión supondrá una descarga para los ciudadanos. La coalición ha acordado, además, mejorar las pensiones de quienes no alcancen el mínimo básico pese a haber cotizado el máximo de años y la implantación de una prima para madres que quieran criar en casa a sus hijos hasta los tres años.
Tras la mejora de la situación económica y debido a los enormes costes burocráticos que acarrea, los liberales llevaban tiempo exigiendo la eliminación del copago. Ahora los pacientes alemanes abonan una tasa trimestral de 10 euros en su primera visita a la consulta médica, generalmente al médico de cabecera.
La oposición ha criticado las medidas y las ha calificado de "caros regalos electorales"; todos estos pactos se cierran cuando queda un año de legislatura. Los observadores políticos consideran que Merkel, que con la Unión cuenta actualmente con excelentes notas en los sondeos electorales, ha querido mejorar la imagen pública de sus dos socios menores, sobre todo de los liberales.
La Unión (CDU/CSU) y los liberales han acordado también la introducción de la llamada "prima del fogón", de hasta 150 euros mensuales, por la que se subvencionará a aquellas madres que prescindan de enviar a sus hijos de uno a tres años de edad a la guardería y los críen en casa. La oposición ha anunciado que la recurrirán ante el tribunal constitucional.
Los liberales han impuesto asimismo una subvención suplementaria de 15 euros mensuales como bono para que los padres puedan invertir en la educación de los mas pequeños. El Estado asume además subir las pensiones hasta el mínimo de 688 euros al mes de manera compensatoria a aquellas personas, un 2% del total, que no alcanzan esa cifra pese a largos años de cotización e incluso de ahorro a través de fondos privados.
A la reunión, que se celebró la pasada madrugada, asistieron, además de Merkel, el líder de la CSU y jefe del gobierno de Baviera, Horst Seehofer, y el presidente de los liberales, vicecanciller y titular de Economía, Philipp Rösler, así como los líderes de los grupos de las tres formaciones en el Bundestag, entre otros.
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"Es lo que mas molesta a los alemanes", ha reconocido Daniel Bahr, ministro germano de Sanidad, que cree que esta supresión supondrá una descarga para los ciudadanos. La coalición ha acordado, además, mejorar las pensiones de quienes no alcancen el mínimo básico pese a haber cotizado el máximo de años y la implantación de una prima para madres que quieran criar en casa a sus hijos hasta los tres años.
Tras la mejora de la situación económica y debido a los enormes costes burocráticos que acarrea, los liberales llevaban tiempo exigiendo la eliminación del copago. Ahora los pacientes alemanes abonan una tasa trimestral de 10 euros en su primera visita a la consulta médica, generalmente al médico de cabecera.
La oposición ha criticado las medidas y las ha calificado de "caros regalos electorales"; todos estos pactos se cierran cuando queda un año de legislatura. Los observadores políticos consideran que Merkel, que con la Unión cuenta actualmente con excelentes notas en los sondeos electorales, ha querido mejorar la imagen pública de sus dos socios menores, sobre todo de los liberales.
La Unión (CDU/CSU) y los liberales han acordado también la introducción de la llamada "prima del fogón", de hasta 150 euros mensuales, por la que se subvencionará a aquellas madres que prescindan de enviar a sus hijos de uno a tres años de edad a la guardería y los críen en casa. La oposición ha anunciado que la recurrirán ante el tribunal constitucional.
Los liberales han impuesto asimismo una subvención suplementaria de 15 euros mensuales como bono para que los padres puedan invertir en la educación de los mas pequeños. El Estado asume además subir las pensiones hasta el mínimo de 688 euros al mes de manera compensatoria a aquellas personas, un 2% del total, que no alcanzan esa cifra pese a largos años de cotización e incluso de ahorro a través de fondos privados.
A la reunión, que se celebró la pasada madrugada, asistieron, además de Merkel, el líder de la CSU y jefe del gobierno de Baviera, Horst Seehofer, y el presidente de los liberales, vicecanciller y titular de Economía, Philipp Rösler, así como los líderes de los grupos de las tres formaciones en el Bundestag, entre otros.
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Gallardón dice que las tasas no son 'copago' sino 'solidaridad'
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha negado este miércoles en el Pleno del Congreso que las tasas en el acceso a los tribunales que su departamento promueve sean un "repago" de este servicio del Estado y las ha definido como solidaridad con los que realmente necesitan el acceso gratuito a la Justicia. Las nuevas tasas serán cobradas a los ciudadanos y no sólo a las empresas como hasta ahora, y han sido rechazadas por toda la oposición, el Consejo del Poder Judicial, el de la Abogacía y todas las asociaciones de jueces y fiscales.
"Lo que vamos a hacer con las tasas es garantizar" el acceso a los tribunales "para los ciudadanos que no tienen recursos", es ese esfuerzo de "solidaridad" el que vamos a "financiar" con las tasas, ha señalado el ministro.
El diputado socialista Álex Sáez Jubero ha preguntado a Gallardón, en la sesión de control al Gobierno del Congreso, si no cree que con el cobro de las tasas se impone un "repago" a los ciudadanos, que ya pagan la Justicia con sus impuestos. Hasta ahora, las tasas no se cobraban a personas físicas sino sólo a empresas, y además, el Gobierno ha incrementado hasta un 150 por ciento las cuantías.
Para el diputado socialista, la ley que el Gobierno ha llevado al Congreso y que prevé el cobro de tasas por el acceso a todas las jurisdicciones salvo la penal y la militar supondrá una "barrera" y provocará "desigualdades en el acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva", ha denunciado el socialista.
Sáez ha recordado al ministro que su propuesta ha generado el rechazo de todos los grupos políticos y de todos los operadores jurídicos. "No, no hay repago", ha respondido Gallardón. "No hay repago, ni prepago, ni copago, ni nada, no fatigue mas los prefijos. Llámelo como lo que es. Y es pago, pago por la justicia gratuita", ha respondido el ministro.
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El PP impone una tasa de 2.350 euros al ciudadano que recurra actos del Gobierno
Si no hay cambios de última hora, el Partido Popular impondrá este miércoles en el Congreso el Proyecto de Ley que extiende el pago de tasas judiciales a las personas físicas, es decir, a todos los ciudadanos. En concreto, de acuerdo a este nuevo impuesto, que supone un 'copago' judicial, un particular que recurra una disposición o acuerdo del Gobierno que considere injusta, a través del correspondiente pleito contencioso-administrativo ordinario, tendrá que pagar 2.350 euros en caso de llegar hasta el Tribunal Supremo.
Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, se han opuesto a las nuevas tasas y han pedido la retirada del proyecto. No sólo critican la extensión a los particulares y la elevada cuantía de este nuevo impuesto, sino que se exijan también para los recursos en segunda instancia en el orden laboral o social, a razón de 500 euros en suplicación y 750 en casación ante el Supremo. Por lo que un trabajador despedido de su empresa que considere que la extinción del contrato ha sido improcedente, tendría que desembolsar 1.250 euros si debe llegar al Supremo, a sumar a lo que le cobre el abogado y el procurador.
Hasta la fecha, las tasas sólo se cobraban en los órdenes civil y contencioso y únicamente a empresas o personas jurídicas de una cierta entidad. El Gobierno, en un claro "afán recaudotorio", en palabras del ponente socialista de la Ley, Antonio Camacho, ha procedido a elevar las cuantías --en algunos casos, en más de un 150%--, ampliar la recaudación a los ciudadanos particulares e incluir a la segunda instancia del orden social en la aplicación del impuesto. Aparte de la cantidad fija que hay que abonar, se establece otra variable de entre el 0,25% y el 0,5% de las cuantías reclamadas en el pleito.
Sólo quedarán exentos del pago las personas con derecho a justicia gratuita, porque su unidad familiar tiene ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 15.960 euros.
Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, se han opuesto a las nuevas tasas y han pedido la retirada del proyecto. No sólo critican la extensión a los particulares y la elevada cuantía de este nuevo impuesto, sino que se exijan también para los recursos en segunda instancia en el orden laboral o social, a razón de 500 euros en suplicación y 750 en casación ante el Supremo. Por lo que un trabajador despedido de su empresa que considere que la extinción del contrato ha sido improcedente, tendría que desembolsar 1.250 euros si debe llegar al Supremo, a sumar a lo que le cobre el abogado y el procurador.
Hasta la fecha, las tasas sólo se cobraban en los órdenes civil y contencioso y únicamente a empresas o personas jurídicas de una cierta entidad. El Gobierno, en un claro "afán recaudotorio", en palabras del ponente socialista de la Ley, Antonio Camacho, ha procedido a elevar las cuantías --en algunos casos, en más de un 150%--, ampliar la recaudación a los ciudadanos particulares e incluir a la segunda instancia del orden social en la aplicación del impuesto. Aparte de la cantidad fija que hay que abonar, se establece otra variable de entre el 0,25% y el 0,5% de las cuantías reclamadas en el pleito.
Sólo quedarán exentos del pago las personas con derecho a justicia gratuita, porque su unidad familiar tiene ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 15.960 euros.
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