El Gobierno prepara una Ley mordaza sobre lo que comemos

El Grupo Popular en el Congreso pretende prohibir por ley estos estudios independientes que analizan irregularidades en los alimentos. Para ello han presentado una enmienda al Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Recordemos que, como en el caso de la carne de caballo, estos estudios realizados por asociaciones de consumidores jamás han sido rebatidos y siempre se han demostrado como veraces, despertando un gran interés social.

Desde el Partido Animalista apoyamos todas las medidas que favorezcan a la sociedad el acceso a la información a través del etiquetado de los alimentos, que nos permita como consumidores éticos elegir qué productos compramos y cuáles dejamos de consumir.

Con esta medida se pretende impedir que asociaciones de consumidores, medios de comunicación y en definitiva cualquier persona física o jurídica den a conocer los fraudes en el etiquetado de los alimentos.

El Gobierno podría ordenar así la retirada de publicaciones que incluyesen las conclusiones de estos estudios o su eliminación de páginas web, incluyendo sanciones para los responsables de las publicaciones.

Al igual que la asociación de consumidores FACUA, el Partido Animalista denuncia que la medida es claramente inconstitucional, ya que atenta contra los derechos fundamentales a la información, la salud y la protección de los consumidores, derechos éstos que defiende el Partido Animalista.

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El Gobierno Rajoy ‘trabaja’ para hacerse con el control de PRISA

 

Una fuente política advertía este martes a ELPLURAL.COM: “no hay que perderse la foto de esta tarde en París”. La ‘foto’ a la que se refería la fuente era la que iba a producirse en la capital francesa durante la clausura de unas jornadas sobre Europa organizadas por la Fundación Nicolas Berggruen. Y los protagonistas de la foto: Juan Luis Cebrián y Mariano Rajoy.

 

Significativa coincidencia en París

El presidente del Gobierno estaba anunciado como el orador protagonista en el acto de cierre de las jornadas. El presidente de PRISA justificaba su presencia porque, igual que Felipe González, es miembro del llamado ‘Consejo para el Futuro de Europa’ de la Fundación Berggruen desde que este multimillonario franco-alemán capitaneó el desembarco del fondo de inversiones Liberty en la empresa editora de El País.

Una ‘foto’, nos venían a decir, que enseña mucho más. Una ‘foto’ que en realidad retrata, nos advertían, toda una operación política y de comunicación que se está montando desde hace un tiempo y que podría acelerarse dadas por un lado las necesidades económicas de la empresa que preside Cebrián, y por otro de apoyos en los medios de comunicación de Rajoy.

 

Una empresa con la deuda al cuello

Es bien conocida la crítica situación económica de PRISA. Su deuda, superior a los 3.100 millones de euros, mantiene a la empresa acogotada y con respiración asistida. En concreto quienes aportan el ‘aire’ a la compañía son los bancos que, a menudo ‘forzados’, han financiado al grupo en los últimos años. Incluso en un momento desesperado de PRISA, y ante la inminencia de la quiebra del Grupo, las entidades bancarias no tuvieron más remedio que aceptar la conversión de parte de esa deuda en acciones, y convertirse así, aún a su pesar, en los verdaderos dueños de la empresa que en su tiempo fue de la familia Polanco (la familia apenas tiene ahora un 15% de las acciones de la empresa)

La situación de PRISA es, sin embargo, tan desesperada que nada basta para taponar sus vías de agua. Mucho menos aún en estos tiempos de crisis económica y, por tanto, de sequía publicitaria. La empresa necesita refinanciar su deuda mientras llega la solución, que no es otra que el despiece y la venta parte a parte de la compañía. Una refinanciación que tiene muchos problemas para lograr, y en la que la ‘presión’ política a favor, o en contra, resulta crucial.

 

Una empresa no muy atractiva…

De todas sus empresas, de la que más desea desprenderse PRISA, dado el coste que le supone, es de Sogecable (Digital +). Son viejos los rumores que apuntan a que los otros accionistas de Sogecable adquirirían la participación de PRISA, en torno al 54%. Esos otros accionistas son Tele 5, que se convirtió en accionista cuando compró Cuatro, y Telefónica. Negociaciones que, ante la incapacidad de acordar un precio, se estancaron.

Fuentes de Telefónica reconocieron a nuestro periódico hace algo más de un mes la existencia de aquellas conversaciones, pero ya entonces nos aseguraron que “una cosa es una disposición a ayudar, y otra muy diferente comprar… por falta de ganas, y por que la empresa que se vende no resulta muy atractiva”. También entonces nos aseguraron que “no había presiones desde el Gobierno (para concluir la compra), aunque saben de lo que se habla”.

 

… que ‘mejora’ porque los tiempos imponen cambios de estrategia

Pero en estos momentos la situación está cambiando.., igual que lo hace la situación política del Gobierno. Ahora lo que reconocen a ELPLURAL.COM en fuentes de la propia Telefónica es que existe una oferta encima de la mesa, y que el Gobierno no sólo ”ve bien, sino que apoya” la compra. Aunque en la empresa de telecomunicaciones no se atreven a poner fecha al cierre de la operación, sí reconocen que se avanza. En otras fuentes que conocen bien la negociación se nos asegura que Telefónica ha puesto el precio de 800 millones al total de las acciones que tiene en Digital+ la compañía que preside Juan Luis Cebrián. En PRISA lo consideran aún insuficiente, pero tienen poco margen de maniobra. Ese dinero no sólo disminuiría de una manera importante la deuda del grupo, sino que ‘engrasaría’ la financiación y daría liquidez y ‘vida’ a las demás empresas.

¿Qué habría cambiado para desbloquear la venta de Sogecable.., y al aumento de presión por parte de Moncloa para que la operación se concrete? Fuentes políticas apuntan a la creciente soledad y animadversión que Moncloa encuentra en algunos medios de comunicación de la derecha, muy en especial del diario El Mundo, que en la más que posible ‘guerra civil’ que se anuncia en el interior del PP, mucho más tras la irrupción de Aznar en el campo de batalla, se apresta a ser el acorazado con el que atacar y sitiar a Rajoy. Los últimos días desde ELPLURAL.COM les hemos señalado muchos ejemplos de esta situación.

 

El País apoyando a un Presidente ‘popular’

Algo muy diferente se hace en PRISA. Desde el estallido de la crisis interna en el PP por el asunto de ‘los papeles de Bárcenas’ cualquier lector avisado habrá notado un hecho sorprendente. Al menos en apariencia. Rajoy es el gran ausente de los titulares en las informaciones que publica El País, que tuvo acceso a los papeles desde el primer momento, y que recibe continua información filtrada de las investigaciones. El Presidente apenas es citado por su nombre, y se pasan por alto sus responsabilidades orgánicas en el PP durante ‘los tiempos Bárcenas’.

A quien esta situación no se le escapa, desde luego, es a José María Aznar. En ELPLURAL.COM habíamos advertido cómo el expresidente se quejaba de sentirse desprotegido por parte del Gobierno, e incluso insinuaba que Moncloa alentaba los ataques contra él. En su entrevista en Antena 3 Aznar lo dejó claro, y cargó contra PRISA casi tanto como contra Rajoy. Se quejaba el expresidente de ataques que se concretaban en acusaciones que en muchas ocasiones ocupaban la portada de ‘El País’.

 

Aznar en las portadas, a Rajoy ni se le menta

De hecho, coincidiendo con su comparecencia en Antena 3, El Pais ‘desveló’ dos informaciones de mucho calado contra Aznar: por un lado el dinero que había recibido de la Gurtel para ‘el bodorrio de El Escorial’ entre su hija y Alejandro Agag; por otro, la supuesta participación de Correa en la financiación de actos políticos suyos.

¿Qué es lo que la fuente política apuntaba a ELPLURAL.COM? Este hecho paradójico e impensable hace años: El apoyo del Gobierno del PP para que banca y grandes empresas acepten y ayuden a la refinanciación del grupo, mientras se asegura la ‘protección’ que los medios de comunicación de este grupo, muy en especial ‘El País’, pero no solo, dan al Presidente. Y todo esto parece estar sólo empezando.

 

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Hay ventanas para mirar afuera y las hay para mirar adentro.

¡Qué ironía más tremenda! Parece ser que los que estamos fuera no podemos juzgar por el mismo baremo a los que están dentro. Nos miran con altivez y una pizca de crueldad desde sus privilegiados puestos, desde sus altísimas ventanas que, puestos a ello, sean más bien balcones, como los que usan los dictadores en las malas películas de narcotraficantes. Nosotros, en cambio, nos conformamos con mirarles desde abajo atisbando sus desfiguradas siluetas a través de unas ventanas que más bien deberían ser llamadas mirillas. 

¡Qué desconsuela tamaña injusticia! ¿Por qué somos tantos aquí abajo matándonos por ocupar el mejor puesto de la pequeña ventana, y tan pocos ahí arriba, espaciosos, satisfechos, llenos de su esencia más profunda? Quizá llegue el día en que alguien se atreva a romper esas ventanas, a dar paso a una nueva era, a  una en la que no sólo no habrá diferencias entre las ventanas, hacia dentro o hacia afuera, sino que ¿ni siquiera existirán ventanas! Qué maravillosa fantasía crece anundándose en mis deseos... Esta vez voy a consentírselo. Demasiadas son las veces en las que he renegado mientras me asomaba a mi ventana a envidiar su suerte mientras era empujada por mis propios compañeros que soñaban con ocupar mi lugar. Demasiadas veces... y mi padre, y mi abuelo, y el suyo, y así hasta el principio de los tiempos, todos aferrados a ese segundo de visión de algo que jamás tendremos. Y así seguirá con mi hijo, y con el suyo y el suyo, hasta que todo acabe, tan solo entonces desaparecerán las ventanas, cuando no quede nadie, cuando todo esté muerto... Hasta ese día, continuaremos mirando por las ventas a los que están dentro, mientras somos observados con maligna curiosidad los que estamos fuera. Aún así, luchemos. Luchemos siempre por destruir las ventanas aunque estemos condenados y sean vanos nuestros esfuerzos, aún así luchemos hasta el fin.

Suena ridículo, siendo tan conscientes de nuestra humillante desventaja, pero si no luchamos cada día seremos más aquí abajo, cada día nuestra ventaja será más pequeña y la suya más grande. Cada día seremos menos "nosotros mismos" y estaremos más lejano, más perdidos en la absurdez del deseo innato de asomarnos  por ninguna minúscula mirilla. Así pues, como reflexión final, solo me queda abandonar mis ansias y mezclarme en la multitud mientras alzo la vista y grito,

NO ME RINDO, JAMÁS. MÍRAME, SI, PERO REBELDE, INSATISFECHA HASTA EL FIN.

El Gobierno no publicará hasta 2014 la nueva estadística sobre desahucios

La nueva estadística trimestral sobre ejecuciones hipotecarias que el Gobierno ha introducido en el Plan Estadístico Nacional para el periodo 2013-2016 no se publicará previsiblemente en el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta 2014, una vez se ponga en marcha un proyecto piloto para valorar su viabilidad a lo largo de este año, al que se dedicarán 47.250 euros.

Así, la estadística se demorará un año, pese a que se recoge en el decreto por el que se aprueba el programa anual para 2013 de dicho Plan, que ha coincidido con la toma en consideración en el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en favor de la dación en pago retroactiva.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, adelantó tras el Consejo de Ministros del pasado 7 de diciembre la introducción de esta nueva estadística para reflejar la "verdadera realidad" de los desahucios en España, como paso previo para implementar las medidas necesarias para frenar estos procesos.

Hasta la fecha, los datos con los que se cuentan para conocer la evolución de los desahucios son los que provienen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, esta fuente de información no distingue entre ejecuciones hipotecarias en primeras viviendas, viviendas vacacionales, locales de negocio o naves industriales, lo que plantea dificultades a la hora de abordar la cuestión de los desahucios.

Por ello, fuentes del INE explicaron a Europa Press que en un primer momento se va a iniciar una búsqueda de "fuentes de calidad y de variables a estudiar" para poder elaborar una estadística fiable.

En primer instancia, el BOE recoge que la información procederá del propio INE, así como del Colegio de Registradores y Mercantiles de España (MJUS). Durante 2013, se procederá a una recogida mensual de la información relativa a ejecuciones hipotecarias y a un proceso de grabación, depuración y análisis de dichos datos.

El Boletín indica que ello permitirá realizar un análisis sobre la viabilidad de su publicación, mediante la elaboración de un proyecto piloto "que permita ofrecer datos en 2014".

El número de desahucios hasta septiembre del pasado año alcanzaron la cifra récord de 42.879 procesos, un 24,4% más que en el mismo periodo del año anterior, de los que sólo 10.869 se registraron en el tercer trimestre, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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El Gobierno conmuta una pena de 13 años por homicidio por una multa de 6 € diarios

El Gobierno ha indultado a un valenciano condenado por la Audiencia Provincial de Valencia a trece años de prisión por un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás, al que se suma un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una falta de daños. Así, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy conmuta la pena de R. J. R. S. por otra de dos años de multa de seis euros al día durante dos años. Además, también ha indultado a D. Z. A., condenado por la Audiencia Provincial de Alicante a tres años de prisión y multa de 38.991,53 euros por un delito contra la salud pública, y a seis meses de multa con una cuota diaria de tres euros por un delito de hurto con uso de vehículo de motor. En este caso, el Gobierno conmuta la pena por otra de dos años de prisión, que si no tiene antecedentes penales no cumplirá en la cárcel.

Con estos, la cifra de indultos en el primer año completo de Mariano Rajoy al frente del Gobierno se encuentra en torno a los 500 indultos. En concreto, hasta el 25 de noviembre, se habían concedido 468, en su amplia mayoría por un delito contra la salud pública, esto es, contrabando de drogas. En el caso de los homicidios, hasta noviembre únicamente se habían producido 7 indultos. Además, también ha habido indultos por delitos como torturas „el más sonado es el de los mossos d'Esquadra indultados tras ser condenados por pegar una paliza a un ciudadano rumano„, estafas, prevaricación o detención ilegal.

Es en este punto donde varias asociaciones de jueces critican la institución del indulto. La ley que la regula es de 1870, y en ningún punto señala a qué delitos se les puede aplicar la medida de gracia. Además, las críticas se dirigen hacia la falta de explicación del Gobierno a la hora de concederla. En los dos casos que se han dado en Alicante y Valencia, en ningún momento el Real Decreto que publica la medida señala las razones por las cuales el Consejo de Ministros ha decidido indultar al condenado.


Quejas de Jueces para la Democracia

En este sentido, son varias las asociaciones que han criticado la medida de gracia. Entre ellas, Jueces para la Democracia, cuyo portavoz es el valenciano Ximo Bosch, que criticó ayer, a preguntas de este diario, la actual regulación de la medida. «Es un vestigio de tiempos históricos en los que no existía el estado de Derecho, cuando el monarca absoluto podía revocar lo que decían los tribunales», explicó el magistrado, que indicó que desde su asociación creen «que es muy peligroso que el Gobierno se convierta en una especie de última instancia que revoca lo que dicen los tribunales porque eso afecta a la división de poderes y a principios como el de seguridad jurídica».

Además, Bosch criticó la arbitrariedad de la medida: «No se acaba de saber por qué a unos se indulta y a otros no». «Se debería acotar a casos muy concretos, y el Gobierno debería poder resolver el indulto explicando las razones», dijo Bosch, que señaló que en muchas ocasiones «el poder se acaba perdonando a sí mismo, como en el caso de los mossos d´Esquadra», recordó. Así las cosas, la entidad que preside reclama «una reforma estructural de la figura del indulto para evitar arbitrariedades».


Con independencia del partido en el poder

Lo cierto y verdad es que la medida de gracia se ha otorgado con relativa independecia del color político del partido que esté en el poder. Para muestra, un botón. Según datos del Ministerio de Justicia, que es quien regula la mayoría de los indultos „un pequeño porcentaje corresponde al Ministerio de Defensa en cuanto se tratan de deserciones„, en el año 2011 el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero concedió 301 indultos, pero en los años 2006 y 2007 se contabilizaron 520 y 521 medidas de gracia, respectivamente. El mínimo en lo que lleva el siglo se registró en 2001, cuando el Gobierno que presidía José María Aznar otorgó 237 indultos, una cifra que ahora el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy habría doblado, según los datos temporales del Ministerio de Justicia.

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El Gobierno ordena a la Guardia Civil que le dé cuenta de a qué políticos está investigando

El Gobierno quiere saber con antelación a qué políticos va a detener la Guardia Civil y en qué condiciones. Una circular interna de la Guardia Civil insta a las unidades del Instituto Armado a informar con una semana de antelación a la dirección general de las posibles implicaciones de cargos públicos o registros de sedes oficiales en aquellas operaciones que se vayan a llevar a cabo.
Precisamente, fue la Guardia Civil la que detuvo esta semana al diputado del Partido Popular Santiago Cervera, por su supuesta participación en un presunto chantaje al Presidente de Caja Navarra.
La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha aprovechado la presencia del Director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para hacer pública esta circular en la que se insta a las unidades de la Guardia Civil a informar al Director Adjunto Operativo (DAO), Cándido Cardiel, de los cargos públicos que se vean implicados en operaciones que vayan a realizarse de manera inminente.
Oramas ha leído de forma íntegra esa circular -vigente desde el 19 de abril- que, según ha dicho, le ha "sido facilitada". "Se recuerda a todas las unidades de que por orden del DAO se debe emitir antes de las 11 horas de las cada miércoles y hasta nueva orden una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente".
Según ha continuado la diputada canaria, en la citada circular se insta a informar de "los siguientes extremos: nombre de la operación y unidad participante, concepto de la operación, fecha previsible y número previsible detenidos e implicados, registros de inmuebles que se prevea practicar, posibles implicaciones de cargos públicos de personas y de registros de sedes oficiales".
A su juicio, la existencia de esta circular resulta "gravísima" y ha preguntado al director general de la Guardia Civil si la conocía, si se trata de una iniciativa suya, del DAO o del propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. También ha pedido saber si esa información se traslada al director operativo.
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El Gobierno: no sólo se emigra por la crisis, también por el espíritu 'aventurero'

La realidad de que muchos profesionales españoles en paro y jóvenes que no encuentran empleo se marchan al extranjero a probar suerte es de sobra conocida. Cada día es más habitual conocer algún caso cercano. Hoy en Madrid se ha presentado un informe que apunta a esta tendencia pero se reconoce que no puede aportar una cifra concreta porque aún no hay datos oficiales ni contrastados.
En la presentación de este estudio de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha estado presente la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, quien ha explicado su versión sobre este fenómeno social cada día más cotidiano. Así, ha puesto en cuestión que toda la responsabilidad sea de la crisis económica y la falta de empleo. Del Corral ha calificado de "desvirtuados" estos discursos que apuntan a que este tipo de migración se debe exclusivamente a esa situación.
A su juicio, existen otros factores que explican la marcha de los jóvenes cualificados, entre ellos, la supresión de las fronteras en la UE, la internacionalización de la economía española, la gran preparación de los profesionales españoles y "por qué no decirlo, al impulso aventurero de la juventud".
La secretaria general de Inmigración y Emigración ha insistido en que debe valorarse como "esencialmente positivo" que los trabajadores españoles cualificados "hayan dejado por fin de ser 'locales'", para ponerse, a su juicio, "a la altura de los trabajadores cualificados de nuestros socios europeos en cuanto a proyección internacional".
El informe de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) "La emigración de profesionales cualificados: una reflexión sobre las oportunidades para el desarrollo" analiza la situación actual y el ingreso de España en el 'club' de los países "exportadores" de profesionales cualificados.
La investigadora que ha realizado el estudio, Ana Díaz, ha argumentado que las dificultades en el mercado laboral y las oportunidades que estos profesionales encuentran fuera son algunos de los motivos más importantes por los que se haya incrementado el flujo de españoles cualificados que emigra.
Se estima que en el mundo el 30% de las migraciones las protagonizan los profesionales cualificados, lo que supone 75 millones de personas aproximadamente, pero precisamente por la falta de este tipo datos en España no se puede concretar cuántos españoles han hecho las maletas en busca de un futuro mejor.
Se buscan sanitarios, ingenieros y arquitectos españoles
Díaz ha sostenido que los trabajadores españoles cualificados "están muy reconocidos" en el extranjero. A partir del análisis de la información facilitada por los colegios profesionales, asociaciones, federaciones y sindicatos, entre otros, el informe subraya que los profesionales españoles del área de la sanidad, preferentemente médicos, fisioterapeutas, y enfermeros, son de los más demandados.
Del sector de la arquitectura y la ingeniería, fundamentalmente ingenieros superiores industriales, mecánicos, electrónicos, aeronáuticos, informáticos y especialistas en nuevas tecnologías son también los que experimentan mayor reclamo internacional.
A ellos hay que sumar los perfiles científicos y de investigadores, que continúan con su "éxodo internacional".
Los países que logran atraer un mayor número de profesionales españoles son Alemania, Reino Unido y Francia, además de algunos países del este de Europa, como Polonia.
Ante esta situación, la OIM propone en el informe que el objetivo de la acción pública debe ser el fortalecimiento de las condiciones nacionales y del tejido productivo para que la migración no sea una necesidad ante la ausencia de demanda de calidad de estos profesionales en el propio país.
Subraya que España no puede permitirse el riesgo de permanecer mucho más tiempo sin tener una idea articulada de cómo enfrentar el flujo continuo de salida de profesionales para lo que reclama una política integral, transversal de todos los actores implicados, coherente con estrategias nacionales de competitividad, desarrollo, educación, empleo, inversión e investigación.
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El controvertido indulto a los mossos torturadores no ha sido el único: conozca todas las cifras

El Gobierno ha concedido 404 indultos este año con datos hasta el 31 de octubre, lo que supone un 6,89 por ciento de todas las peticiones de indulto que, durante 2012, suman un total de 5.863.
Desde 2001, el promedio de indultos concedidos sobre los solicitados es del 6,43%. El año con menos indultos (301) fue el pasado 2011, mientras que durante 2007 se alcanzaron los 521, la cifra máxima en esta serie histórica.
Sin embargo, fue en 2004, el año de transición entre el Gobierno de José María Aznar y el de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se registró el menor porcentaje de indultos concedidos, tan sólo un 3,77%. Por contra, en 2007 fueron favorables el 11,26% de las peticiones.
Críticas de los jueces
El indulto reciente a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra condenados por torturas ha provocado la reacción de decenas de jueces. Cerca de 200 magistrados han firmado un manifiesto criticando el uso "grosero y desviado" de la institución del indulto por el Gobierno.
Suscrito, entre otros, por los magistrados del Tribunal Supremo Perfecto Andrés y Joaquín Giménez, así como por la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles, el comunicado considera el indulto autorizado en el último Consejo de Ministros supone "una afrenta al Poder Judicial", además de "una actuación contra la dignidad humana" al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, más cuando lo realizan agentes a su servicio.
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La amenaza sobre el futuro de las marcas blancas

Los consumidores y las cadenas de distribución andan alerta ante la amenaza que se dibuja en el horizonte sobre las exitosas y baratas marcas blancas. El Gobierno quiere legislar sobre el funcionamiento y los precios de la cadena alimentaria, es decir, el sistema que permite que un producto llegue desde el campo o la granja a casa. El temor es que limite la agresiva política de precios de estos productos que tanto éxito han tenido entre los consumidores.
El texto del anteproyecto de ley para la mejora del funcionamiento de esa cadena elaborado por el Ministerio de Agricultura persigue regular la guerra que enfrenta a las marcas que utilizan las empresas de distribución frente a las de los fabricantes. El control de la cadena comercial por parte de los primeros, los agresivos precios de sus productos, su elaborada estrategia de marketing, y la profunda crisis económica han propiciado que sus enseñas controlen buena parte del mercado y que la tendencia sea creciente.
Una situación que contrasta con la de hace apenas diez años, cuando las marcas de los fabricantes eran las que tenían la posición hegemónica en los lineales de las cadenas de distribución.
El texto del anteproyecto sostiene que un análisis de la situación actual de la cadena de valor evidencia claras asimetrías en el poder de negociación, lo que deriva en una falta de transparencia en la formación de precios y en prácticas comerciales potencialmente desleales y contrarias a la competencia que distorsionan el mercado y tienen un efecto negativo sobre la competitividad de todo el sector agroalimentario. Lo que puede interpretarse como un ataque a la línea de flotación de las marcas de los supermercados, que ya han avisado que debe ser el libre mercado el que permita la fijación de precios. Por eso, sin oponerse todavía a la iniciativa legal del ejecutivo, advierten que una intervención de este debe estar muy justificada y evitar la discriminación. El tema es trascendente, sobre todo si tenemos en cuenta la crisis de consumo que atraviesa España.
Este año, por ejemplo, el consumo en los hogares españoles, generadores del 60% del consumo total nacional, se reducirá un 0,72% para situarse en el entorno de los 83.000 millones de euros, según el informe sobre el sector agroalimentario elaborado por la agencia de gestión integral del riesgo comercial Cesce. La pérdida de poder adquisitivo, el descenso de la renta bruta disponible, los recortes y el incremento del IVA se sitúan como los principales causas de este descenso en las ventas, una tendencia que continuará en el futuro.
En este contexto, las marcas de fabricantes quieren frenar la sangría que están sufriendo a la hora de llenar la cesta de la compra. Esgrimen, por ejemplo, un informe de Esade sobre el «Impacto económico y social de las marcas de fabricante, que sostiene que el trasvase desde las marcas de fabricantes a las blancas ha provocado desde 2008 en el mercado doméstico una destrucción neta de valor añadido superior a 800 millones, un descenso total del 20% en I+D+i, la pérdida de 86.000 empleos, además de 1.600 millones de euros en impuestos». Su aportación al PIB español en 2011 se sitúa en un 6,8% frente al 1,7% de las otras marcas.
La asociación Promarca -que engloba a la mayor parte de los fabricantes de marcas líderes de alimentación, bebidas, droguería y perfumería de España- considera que si la distribución redujera los márgenes que aplica en los productos que les sirven, los precios de estos últimos podrían caer el 20% y hacer la competencia a los de marca blanca. La clave de todo este conflicto es que no haya discriminación en los precios según quien elabore el producto y que se preserve la competencia.
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Manifiesto de 180 jueces contra el indulto del Gobierno a cuatro mossos torturadores

Más de 180 jueces han firmado un manifiesto público contra el indulto concedido por el Gobierno el pasado viernes a cuatro agentes de los Mossos D'Esquadra condenados por torturas, por considerar que supone una "afrenta al Poder Judicial" y una actuación contra la dignidad humana, "impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible". Además, creen que incentiva comportamientos que deben ser erradicados de cualquier cuerpo policial.

El durísimo alegato, bajo el título "Contra el indulto como fraude, en defensa de la independencia judicial y de la dignidad", lleva la firma de magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo como Joaquín Giménez y Perfecto Andrés Ibáñez, de la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles, del juez de la Audiencia Nacional Ramón Sáez, del exfiscal jefe de Catalunya José María Mena o del actual portavoz de Jueces para la Democracia Joaquim Bosch.

Los firmantes manifiestan que "la actuación del Gobierno en este caso supone un menosprecio a los miles de agentes de policía (de cualquiera de sus cuerpos) que en todo el Estado cumplen a diario con sus funciones democráticas, que no son otras que defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía".

Añaden que "es un ejercicio abusivo por el Poder Ejecutivo de la facultad de indulto alejada de las funciones de esta institución, que supone una afrenta al Poder Judicial. Por último, y sin embargo más importante, supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio".

Para estos magistrados, "los derechos fundamentales y las garantías procesales no son frenos a la actuación policial. Por el contrario, son el fundamento de su actuación. Y proteger los derechos de la ciudadanía es la finalidad fundamental de todas las Policías en un Estado Democrático. Así lo entienden la inmensa mayoría de las personas que conforman los diversos cuerpos policiales".

"Indultar a quienes vistiendo un uniforme policial han realizado hechos tan rechazables es menospreciar a todos los miles de agentes que día a día luchan precisamente contra cualquier acto que vulnere derechos fundamentales. Reducir esas penas, además, parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial", sostiene el manifiesto.

Los jueces recuerdan que ell Derecho Penal constituye el recurso más extremo de los Estados para asegurar el cumplimiento de sus leyes. En los Estados Constitucionales, la legitimidad para establecer sus presupuestos sólo puede recaer en el órgano que representa la soberanía popular: el Parlamento. "Y la legitimidad para aplicarlas corresponde con exclusividad al Poder Judicial, el cual, además, no puede dejar de imponerlas si en el marco de un proceso equitativo quedan acreditados sus presupuestos".

"Los principios de legalidad e igualdad así lo exigen --prosiguen--. En casos excepcionales, la estricta aplicación judicial de las leyes penales puede producir resultados injustos. El indulto es un mecanismo que permite dar solución a tales supuestos. Puede discutirse qué poder del Estado debe ser competente para su otorgamiento, y a través de qué procedimiento, pero lo que no es susceptible de discusión es su carácter excepcional y su finalidad correctora de tales resultados".

Para quienes suscriben el manifesto, "el indulto implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena. Sólo se justifica cuando el cumplimiento de aquélla no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada. En ambos casos, bien debido al cambio sobrevenido en las circunstancias de la persona inicialmente condenada, bien debido a las singulares particularidades del hecho que hacen que no merezca (o no merezca ya) ese reproche".

Por ello, creen que "no existe motivo razonable alguno para un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido. Los hechos declarados probados son muy graves y contrarios a la dignidad humana. Conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la institución. Al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la Judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional".

En su extenso alegato, añaden que la tortura es uno de los peores actos realizables contra la dignidad de la persona. "Esta dignidad es el fundamento de un orden constitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado Español por no investigar estos hechos. El Gobierno ha dado un paso más. Cuando la Justicia actúa, investiga y condena, el Gobierno indulta. Desde luego, parece difícil explicar ante ese Tribunal Europeo semejante comportamiento".

Todas las personas, sin excepción, están sujetas a las leyes. Este signo distintivo del Estado Constitucional marca la diferencia con los regímenes autoritarios, donde los detentadores del Poder están exentos del cumplimiento de las normas. "La decisión del Gobierno es impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible. Por ello no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo a un uso tan desviado de la institución del indulto y advertir que sus efectos, en términos comunicativos, son devastadores", concluyen.

La Audiencia Provincial de Barcelona condenó en el año 2008 a cuatro agentes de policía como autores de delitos de tortura tras declarar probado que habían realizado unos hechos gravísimos, destaca el manifiesto. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que sólo estimó en parte alguno de los recursos.

Las penas impuestas, como en cualquier supuesto idéntico, suponían el ingreso en prisión de las personas condenadas. El Gobierno decidió en febrero de este año indultar a los agentes condenados para reducir sus penas a dos años de prisión y sustituir la inicial inhabilitación por la suspensión, permitiendo el reingreso en el cuerpo. La Audiencia Provincial de Barcelona, de nuevo en estricta aplicación de lo previsto en el Código Penal, acordó el cumplimiento de la pena que quedaba tras el ejercicio del indulto por el Gobierno.

El Gobierno ha decidido conceder un nuevo indulto a esas personas condenadas para sustituir la pena de prisión por pena de multa.

Pincha AQUI para leer el manifiesto.

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El Gobierno contempla volver a usar el fondo de reserva para pagar las pensiones

El Gobierno no descarta recurrir de nuevo al Fondo de Reserva de las pensiones, dotado actualmente con 66.000 millones de euros, para pagar a los pensionistas la nómina y la paga extra de diciembre, partidas que ya ha empezado a desembolsar a los beneficiarios. Así al menos lo ha dado a entender el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, quien al ser preguntado por si se usará la hucha de las pensiones para afrontar los pagos de diciembre a los pensionistas ha declarado que las reservas están "precisamente" para atender "ciclos económicos bajos" como el actual.
"En estos momentos nos enfrentamos a una situación económica complicada y el sistema está más que sobrado de mecanismos para garantizar el cobro puntual de las pensiones. Si tiene que ser mediante el Fondo de Reserva, no hay ningún problema. Está para eso", ha dicho. El gasto en prestaciones ha superado las previsiones del Gobierno. Hasta noviembre, el Ministerio ha desembolsado un 4,4% más que en el mismo periodo de 2011 para abonar las pensiones contributivas, muy lejos del 2,9% que aparece en los presupuestos. El importe acumulado de la nómina de diciembre y la paga extra es de unos 15.000 millones.
Además, todavía falta por saber si al final el Ejecutivo decide compensar a los pensionistas por la desviación del IPC este año y en qué medida. Si lo hace conforme a los parámetros tradicionales, las arcas de la Seguridad Social tendrán que desembolsar otros 2.500 millones (un 0,25% del PIB) este ejercicio, y otro tanto el año que viene.
En declaraciones a los periodistas durante unas jornadas organizadas por Inverco con motivo del 25 aniversario de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, Burgos ha insistido en que el Gobierno siempre ha mantenido que las reservas están para afrontar situaciones económicas complicadas como la que la sociedad española vive actualmente. La causa que ha llevado al Gobierno a usar la reserva es que los ingresos por cotizaciones sociales y el remanente de caja no han sido suficientes para afrontar sus obligaciones (pensiones contributivas y no contributivas, prestaciones por desempleo, etcétera).
"Lo importante es poner de manifiesto la existencia de reservas en los sistemas públicos de pensiones y, en el caso de nuestro sistema público, estas reservas superan los 66.000 millones de euros", ha subrayado. La norma establece que se puede recurrir a él cuando haya tres trimestres consecutivos de déficit "y eso ya se da" ya que los ingresos. El Gobierno prevé que la Seguridad Social cierre el año con un desfase presupuestario del 1% del PIB.
A finales de septiembre, el Ejecutivo anunció que, por primera vez, iba a recurrir al Fondo de Reserva para disponer 3.063 millones de euros, el máximo que le permite la legislación, con el objetivo exclusivo de financiar las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión. De esta cifra, en octubre ya usó 1.700 millones. El fondo se creó con vistas a hacer frente a problemas estructurales —el envejecimiento de la población— y garantizar los pagos en un futuro. El motivo en este caso, sin embargo, responde a un hecho coyuntural como la crisis y la caída de ingresos derivada de la destrucción de empleo.
Asimismo, el pasado mes de agosto, el Gobierno ya recurrió al Fondo de Prevención y Rehabilitación de las mutuas, del que tomó 4.400 millones para resolver también problemas de tesorería de la Seguridad Social.
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El Gobierno indulta por segunda vez a cuatro mossos condenados por torturas

El Consejo de Ministros ha concedido un segundo indulto a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra condenados por torturas conmutándoles los dos años de prisión por 7.200 euros de multa, pese a que la Audiencia de Barcelona ordenó que ingresaran en la cárcel antes del 10 de diciembre.

Según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado, el Consejo ha acordado concederles un indulto por el que se conmuta la pena privativa de libertad, pendiente de cumplimiento, por otra de multa de 7.200 euros. Los cuatro policías fueron condenados por el Tribunal Supremo en 2009 por delitos contra la integridad moral, torturas y lesiones, y en febrero de este año el Gobierno acordó un primer indulto que conmutaba las distintas penas de prisión por una única de dos años de prisión para cada uno y transformaba la pena de inhabilitación profesional por otra de suspensión de cargo público.

Los condenados solicitaron posteriormente un nuevo indulto que les permitiera eludir su ingreso en prisión, ante la negativa de la Audiencia de Barcelona de conceder la suspensión de dicha pena de dos años de cárcel. Según el comunicado, "este segundo indulto ha sido concedido tras analizar la amplia documentación e información que contienen los expedientes aportados".

Audiencia ordena prisión

La Audiencia de Barcelona había acordado el 2 de octubre el ingreso en prisión de los agentes antes del 10 de diciembre para que cumplieran la pena a la que se les condenó por torturar a un detenido y que habían sido indultados parcialmente por el Consejo de Ministros. Los cuatro mossos habían sido condenados por la Audiencia de Barcelona por torturar en la comisaría de Les Corts de Barcelona a un ciudadano rumano al que habían detenido por error en 2006.

A pesar de que la actual condena de dos años de prisión otorgada en el indulto y la falta de antecedentes penales podrían ser condiciones para no tener que cumplir dicha pena, la Audiencia de Barcelona entendió que se tenía que ejecutar la sentencia y cumplir la pena. La Audiencia ya afirmó en mayo que "existen razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y alarma social (...) que justifican el ingreso en prisión, para cumplir la pena impuesta, aunque la misma no exceda de los dos años".

Los principales motivos que alegó en ese momento la Sección Novena son la gravedad de la conducta y el hecho de que sean miembros de un cuerpo policial, que por mandato constitucional deben proteger al ciudadano. Los cuatro agentes habían sido readmitidos en el cuerpo, puesto que se había cumplido su condena de inhabilitación como funcionario público y había solicitado reincorporarse.

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Familiares sacan a enfermos mentales de sus centros por no poder pagar el copago

Piedad señala que no puede hacer frente a los 858 euros del copago que le exige la ley para mantener a su hermana, con síndrome de Down, en un centro de día de la Región de Murcia. Allí, rodeada de profesionales, “estaba mejorando sustancialmente su calidad de vida”. Piedad confiesa que la decisión de sacarla del centro ha sido “la más dura de su vida”.
Piedad y su hermana son un caso minoritario, según la Consejería de Sanidad, pero no único. Representantes de asociaciones de personas con enfermedad mental y con parálisis cerebral de Murcia denuncian que la instauración del copago ha obligado a una cuarentena de ellos a abandonar los centros de día por no poder hacer frente a las cuotas y que la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, “se comprometió a revisar caso por caso los de estos afectados para darles una solución”.
La hermana de Piedad tiene una renta de más de 2.000 euros. Al estar en la franja alta, ha de aportar el copago más elevado. Pero además, con ese dinero paga a una cuidadora para atenderla mientras no está en el centro, lo que cuesta otros 800 euros. “Pagando al mes 1.700 euros entre una cosa y otra, no salen las cuentas”, explica Piedad.
Según Sanidad, este caso forma parte de un 5% de pacientes con altas rentas que tienen que pagar frente a 1.300 murcianos que no han de abonar su estancia en estos centros. En todo caso, el gobierno de Murcia ha pactado con las asociaciones que en enero reducirá un 30% la cantidad a pagar y que estudiará las circunstancias particulares de los casos extremos. Pero mientras tanto, Piedad ya ha sacado a su hermana del centro.
Sólo una semana después de abandonar las instalaciones donde pasaba parte del día, Pilar ya nota los primeros efectos en su hermana: “está sufriendo una regresión y vuelve a los problemas que tenía el día que ingresó. Ayer empezó a lanzar objetos por toda la casa. Hacía años que no se comportaba así. Estoy hundida, y noto que ella también”.
La consejería de Sanidad murciana dice que esta persona “no queda desasistida y tiene ingresos para hacer frente al copago”.
Miguel Ángel Miralles, Director general de dependencia de la Región de Murcia sostiene que el espíritu de la nueva ley “es que las personas con más ingresos colaboren más”. En el caso de la hermana de Piedad “vive con su hermana, recibe 2.000 euros de pensión y una ayuda de protección familiar y, por tanto, por su media anual de pagas mensuales, según la ley, tenía que pagar”.
Fuentes del sector apuntan que la clave para fijar la aportación está en cómo se valora el precio del centro de día, ya que el copago se aplica sobre un porcentaje del coste del servicio. En Murcia se ha valorado de forma elevada “y el coste sale muy alto”, indican.
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El Gobierno dice que "en su momento" fijará el Salario Mínimo para 2013

El Gobierno asegura que "en su momento" determinará el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2013, si bien reconoce que a la hora de decidir sobre este asunto tendrá en cuenta el contexto económico y "la necesidad de que las políticas salariales puedan contribuir al objetivo prioritario de recuperación económica y la creación de empleo".

Así lo manifiesta en una respuesta escrita al diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, que recoge Europa Press. Precisamente la revisión del Salario Mínimo Interprofesional ha sido una de las cuestiones más mencionadas por la oposición durante el debate de los Presupuestos en el Congreso, con preguntas directas al Ejecutivo sobre su intención de actualizarlo, tras la congelación de este ejercicio.

El Ejecutivo asegura que el SMI "se fijará en su momento, previa consulta a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas". Sin embargo, elude contestar a la pregunta alegando que antes es necesario "tomar en consideración de forma conjunta todos los factores" que afectan a este salario.

CUMPLIR EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Y es que, según está fijado en el Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno es el encargado de fijar el salario mínimo anualmente teniendo en cuenta el IPC, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

"En cumplimiento del referido mandato, el Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, procede a fijar anualmente la cuantía del salario mínimo interprofesional, operación que en todo caso debe realizarse cuando está muy próximo el final del año, dada la necesidad de que estén convenientemente actualizados los datos referidos a los factores que conforme a lo antes indicado deben ser tenidos en cuenta a la hora de fijar su importe", insiste.

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Que no nos toquen a los abuelos.

Se empezaba a trabajar de lo que uno bien pudiese: de mozo en una tienda, en la empresa de Tomás que se había venido del pueblo antes que nadie y ya tenía la vida "acomodá", de costurera con Merce que tiene mucha clientela y necesitaba una ayudita... De lo que se podía, vaya.

Luego llegaba un gran momento...Se conocían. A la que él salía de la empresa de Tomás, veía en la tienda de la Señora Mercedes a esa belleza de mujer. Si, ese era el chico nuevo que trabajaba con el Señor Tomás (¡qué guapo!). Un día, sin saber cómo había empezado todo, sin recordar cuantas veces habían dado paseos por el barrio SIN DARSE LA MANO Y TAL, llegó el momento. El Señor Tomás hizo un parón y dijo en voz alta que el muchacho desgarbado al que él le había enseñado todo, se casaba. Por otro lado, en el taller de costura de la señora Mercedes, se daban las últimas puntadas "Ay niña, ¡estás preciosa!"

Y asi nuestros protagonistas empezaron una vida juntos, aunque no sólos. Una niña y un niño terminaron de dar forma a una nueva familia. Él seguía trabajando con el señor Tomás, incluso el día que este murió... Hubo cambios en la empresa, pero nuestro "muchacho desgarbado", ahora padre de familia, siguió dándolo absolutamente todo en la empresa. La señora Mercedes se fue al pueblo y cerró el taller, por lo que nuestra niña ya no iba a hacerle pequeñas costuras que, si bien ya no eran parte de su trabajo (ese había pasado a ser el cuidar de su familia), siempre les daba horas de charla entretenida.

¡Lo que lloraron los dos cuando los niños empezaron la universidad! Era una mezcla de pena y orgullo. ¡Sus dos hijos en la universidad! La envidia del barrio. Menos mal que, pasado el tiempo, toda la familia se reunió, primero para la boda de la niña y luego para el bautizo del primer nieto. Que orgullo...sus dos hijos casados. ¡Y ya tenían nietos! Lo mejor de todo era que ya no había que ir más a Tomás e Hijos. Ahora tocaba descansar y disfrutar de la familia, ¿no? Una pequeña pensión que, si bien no era para dar botes...valía para vivir. Que bien, ¿no?

PUES NO!!

Ahora toca sufrir todas las putas noches porque a su hijo mayor, que se quedó en paro hace ocho meses, le quitaron la casa ayer y es su primera noche en casa. Y la niña llama llorando día si y día también porque a ella se le ha terminado el paro y a su marido le han comunicado que el mes que viene no vuelva, gracias. Iban a echarles una mano para que compraran los libros a los enanos pero la pierna de la abu no mejora y las medicinas cuestan un dineral. Y, además, querían cenar en nochebuena todos juntos en casa y, claro ,¡¡¡habrá que comer un langostino por lo menos!!! "Ay Don Tomás....con lo bien que lo pintaba usted todo, si lo viera ahora"

¡¡Pero no todo es malo!! Hay gente que no ha dado un jodido palo al agua en su vida y que no tienen que mantener tres familias con dos pensiones de mierda que no llegan a los mil euros ENTRE LAS DOS. Hay gente que no sólo cobra más de 4.000€ al mes por no hacer NADA... Que no, que no...que ni salvan vidas, ni experimentan con materiales peligrosos en aras de encontrar curas o mejoras para la sociedad ¡NO! Estos cabrones cobran esas barbaridades ¡por PASEARSE! Bueno, cobran eso más lo que roban, claro. Esa gente no pasa estas penurias, esa gente vive como dioses. Lo que no saben es que a los nietos y a los hijos de nuestro "muchacho desgarbado" y de nuestra "niña" les hierven las entrañas al verles llorar, al verles cómo se miran las manos pensando "qué más puedo hacer??"

MENSAJE PARA DIRIGENTES, GOBERNANTES Y DEMÁS ESCORIA:

Nos estáis tocando el pan de nuestros hijos y la salud de nuestros padres. Tened mucho, mucho cuidado porque no es lo mismo que el pueblo salga a defender impuestos y salarios a que salga a defender la salud y el bienestar de los suyos. Llegado ese extremo, no van a existir ni vallas ni perros policiales que os salven de lo que realmente merecéis.

 

El Gobierno va a ‘sacar’ 3.000 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la paga extra de Navidad a los pensionistas en diciembre

El Gobierno va a echar mano de 3.000 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la paga extra de Navidad a los casi 9 millones de pensionistas españoles. Un desembolso que se hará efectivo en las cuentas corrientes de los jubilados en los primeros días de diciembre.
El objetivo prioritario que se ha marcado Mariano Rajoy es cumplir con todos los compromisos que ha hecho en los últimos meses en materia de pensiones. Esa es, al menos, la consigna que está lanzando a su equipo económico.
Pues bien. Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, esa circunstancia va a obligar al Consejo de Ministros a volver a recurrir, en las próximas semanas, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para hacer frente a la paga extra de Navidad de los pensionistas. Se calcula que se utilizarán alrededor de 3.000 millones.
Cumplir con necesidades de tesorería
Desde el Ejecutivo justifican la utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para “cumplir con una serie de necesidades de tesorería”, mientras que restan importancia a la decisión asegurando que es “algo normal y que está previsto en los Presupuestos Generales del Estado”.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la “hucha de las pensiones” cuenta, hasta la fecha, con 69.252,36 millones de euros, lo que representa el 6,5% del PIB español.
No es la primera vez que se recurre a las reservas
La Seguridad Social recurrió ya en julio al Fondo de Prevención y Rehabilitación para apoyar el pago de las prestaciones. En concreto, hizo uso de 4.400 millones de euros, prácticamente la totalidad de la dotación del fondo.
Este fondo de Prevención de la Seguridad Social se nutre de los excedentes de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional. Se trata del último paso de un periplo legal iniciado en mayo para poder disponer de este fondo inactivo, antes de recurrir como último recurso al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ya dejó la puerta abierta, en ese momento, a usar la “hucha de las pensiones”, para pagar ciertas cuantías en un futuro.
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De cómo Rajoy ha vendido humo con lo de parar los desahucios

El Gobierno aún no ha consultado a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) las modificaciones que pretende introducir en la legislación española sobre ejecuciones hipotecarias (desahucios) y que será aprobada hoy mediante decreto ley en el Consejo de Ministros.
Bruselas ha advertido de que de acuerdo con las condiciones fijadas en el programa de recapitalización de la banca, "cualquier regulación que afecte al sector financiero debe ser consultada" al equipo técnico de la Comisión y el BCE.
En concreto esta obligación aparece claramente especificada en el segundo párrafo del Memorandum con las condiciones: "Durante la duración de la asistencia financiera, las autoridades españolas deberán consultar ex-ante a la Comisión Europea y el BCE la adopción de políticas que afecten al sector financiero y no estén incluidas en este Memorandum pero puedan tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa", advierte. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también deberá ser consultado.
"Estamos constantemente intercambiando información con las autoridades españolas, pero de este caso concreto no hemos recibido nada", aseguran fuentes europeas. El Gobierno ha decidido fijar un umbral de renta para limitar los desahucios a las familias que ganen menos de 19.000 euros anuales.
Esta medida, según han advertido algunas entidades financieras, podría tener una repercusión en el flujo de crédito que las entidades dan a familias y hogares y en el objetivo de saneamiento de los bancos, cuyas necesidades de capital podrían verse aumentadas.
Fuentes europeas recuerdan que cualquier medida que se apruebe debe respetar las reglas del Memorándum de Entendimiento, que establecen que no debe existir un impacto extra en el contribuyente, no debe afectar al proceso de recapitalización de las entidades y debe cumplir con las reglas comunitarias de competencia.
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Estadísticas de la huelga....¡los cojones! (Grandiosa negación universal, por cierto)

El pasado martes, publiqué una entrada (pincha AQUI para verla) en la que os enseñaba cómo el Gobierno, a través en este caso de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Educación, querían meter miedo a los centros educativos, tanto privados como públicos y concertados, enviándonos un mail en el que se nos decía que teníamos que proporcionar POR LEY (aprobada el día antes por sorpresa) unos servicios mínimos, pese a ser el nuestro un centro privado, a estar presentes en el centro porque nos iban a llamar para "contrastar datos" y enviar por fax la nota de cuántos trabajadores habían hecho huelga. Eso si, el fax había que mandarlo a horas establecidas.
Bien, nosotros no mandamos ningún fax. Es más, por mera curiosidad y fruto de una apuesta, desviamos el teléfono del centro a uno de nuestros móviles para ver si llamaban. No lo hicieron ( ¡gané!) Al llegar hoy al centro nos encontramos este mail:

GOOGLE TRANSLATE: "Absténganse porque les contamos como que están trabajando y son buenos españoles"
Así que, niños y niñas, si alguien os viene tocandos las narices con los datos de la huelga, podéis contestar tranquilamente la negación universal por excelencia: ¡¡LOS COJONES!!

 

El Gobierno prohibirá hoy los desahucios de familias con menos de 19.000 € de ingresos

El Consejo de Ministros aprobará este jueves el decreto ley con medidas urgentes para paliar los desahucios, que fijará el umbral de renta para evitar el embargo de la vivienda en unos 19.000 euros.

Después de la tercera reunión entre Gobierno y PSOE para intentar buscar soluciones a este drama, los socialistas han dejado pendiente si se suman a un acuerdo total, han informado fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno quiere que esta medida sea de aplicación a los colectivos más vulnerables, entre los que estarían los ancianos, discapacitados o familias con hijos a su cargoSin embargo, el encuentro —empezó en torno a las 19.00 horas del miércoles y se prolongó hasta la 1.00 horas del jueves— ha concluido con "avances importantes" para llevar a cabo reformas urgentes y también en relación con cambios en la legislación hipotecaria.

Fuentes socialistas han explicado que aún quedan algunos aspectos importantes por cerrar en lo que se refiere a los umbrales que marcan las familias protegidas y la moratoria en el desahucio, así como la tramitación de la reforma de la Ley.

En principio, hay aproximaciones en torno al umbral de renta para evitar los desahucios pero no hay acuerdo. Desde el Ejecutivo se informó de que ambas partes estaban a favor de que el umbral se fijara en 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que equivale a 2,5 veces el SMI que proponía el Gobierno.

Esto dejaba el tope de renta un poco por encima de los 19.000 euros, ya que 2,5 veces el SMI suman 19.230 euros y 3 veces el IPREM, calculado con doce pagas —que también existe esta opción—, se sitúa en 19.170 euros anuales.

Sin embargo, fuentes de PSOE han precisado después que este asunto aún no se ha cerrado del todo y que su reclamación es que se suspendan todas las ejecuciones hipotecarias por debajo del tope de renta calculado con un IPREM de catorce pagas, es decir, 22.365 euros.

Contactos antes del Consejo de Ministros

Los socialistas admiten que se han producido muchos avances, que atribuyen a que el Ejecutivo ha recogido muchas de sus propuestas, han indicado fuentes de esta formación. Además, sostienen que el Gobierno les ha transmitido la intención de redactar esta misma noche el decreto ley con los avances que han logrado en la negociación y facilitárselo antes de que sea aprobado en la reunión del Consejo de Ministros de este jueves.

El Gobierno quiere que esta medida sea de aplicación a los colectivos más vulnerables, entre los que estarían los ancianos, discapacitados o familias con hijos a su cargo. Una vez que se apruebe en el Consejo de Ministros, hay disposición por parte del Gobierno para que se tramite como proyecto de ley para recibir las aportaciones de los grupos parlamentarios, según fuentes del Ejecutivo.

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"Terrorismo de Estado" o "Cómo hacer que la gente se calle metiéndole miedo"

Hoy se ha recibido en el centro educativo en el que trabajo (una escuela infantil privada, de financiación totalmente privada, sin ningún tipo de concierto, ni beca ni ayuda de ningún tipo de ninguna administración, ni durante su creación ni durante su funcionamiento desde hace algo más de cinco años), un mail de la Consejería de Educación un tanto, digamos...peculiar. El mail es el siguiente:

DOCUMENTOS ADJUNTOS AL MAIL:
"Huelga 14N, Instrucciones Centros Privados

ANEXOS INSTRUCCIONES

Nos ha llamado poderosamente la atención el texto ya que estamos ante la tercera huelga general que vivimos y jamás llegó ningún aviso siquiera similar.
Bien, pues nos disponemos a leer los documentos adjuntos y cual es nuestra sorpresa al descubrir que, pese a ser un negocio ABSOLUTAMENTE privado, sin ningún tipo de vínculo con ninguna administración, sin haber recibido JAMÁS ninguna ayuda, subvención ni favor por parte de ninguna administración, nos vemos en la obligación, no sólo de proporcionar unos servicios mínimos, también avisan de "que realizarán un sondeo telefónico de seguimiento de algunos centros" y de que tendremos que enviar un documento que podéis ver arriba con el nombre "ANEXOS INSTRUCCIONES", debidamente cumplimentado y que "ha de ser remitido por los centros CON ESTRICTA PUNTUALIDAD a la Dirección de Área Territorial Sur en tres momentos del día: a las 9:00 horas, a las 10:00 horas, y a las 12:30 horas, faxes nº ........................ y .....................", como habréis podido ver.
También hemos leido, no sin una mezcla entre dolor y vergüenza, el "ACUERDO de 8 de noviembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan los servicios mínimos con ocasión de la huelga convocada para el día 14 de noviembre de 2012" Pinchad aqui para leerlo. Se que no apetece leer un tostón del BOE, pero este en el que concretamente se cagan en el derecho que todo ciudadano español tiene a hacer huelga, de verdad que merece la pena.
La única razón que se me ocurre para que ayer lunes, 12 de noviembre, se aprobara ese "acuerdo" extraño que mutila nuestros derechos y que hoy, día previo a la huelga, lo difundan es sin lugar a dudas una maniobra más para meternos miedo.
Esta es una muestra más de cómo estamos ante una dictadura encubierta, en la que es delito hacer una manifestación pacífica cuando el pueblo ve como se mancillan sus derechos, en la que es premiado que políticos y empresarios roben a diestro y siniestro, en la que se entregan medallas a cuerpos de seguridad de apalean ciudadanos en vez de defenderlos, en la que una niña a la que violan y se queda embarazada va a encontrar prolemas legales para interrumpir el embarazo, en la que una familia entera con sus tres hijos se va a la puta calle porque sus padres sin sueldo, no pagan una hipoteca/estafa, en la que una anciana de 80 años tiene que pagar sus medicinas y el euro por receta, en la que mueren cuatro niñas y la máxima responsable se va a un balneario, etc, etc, etc...... Esta es la sociedad en la que vivimos y, no os confundáis, esto es sólo la punta de iceberg.
Mensaje para la panda de bastardos que "gobiernan" este país:
Queridos bastardines, entiendo que busquéis todas las formas posibles de tener asustado al pueblo para que no se os rebele, tiene que acongojar bastante pensar que os podemos sacar a patadas de donde estáis robando tan cómodamente. Os quiero dar un consejo, mirad un poquito para atrás, echad mano de hemerotecas y empezad a hacer las maletas porque no hay nada más peligroso que una masa enfurecida. Besis.