Carta de Ada Colau a Mariano Rajoy.
Los bomberos catalanes anuncian que se negarán a actuar en desahucios
Los sindicatos de los Bomberos de la Generalitat han expresado este martes su apoyo a los bomberos de A Coruña, que ayer se negaron a intervenir en el desahucio de una anciana, y han anunciado que también se negarán a participar en más desahucios en Catalunya.
En un comunicado, la sección sindical de UGT en los Bomberos de la Generalitat ha anunciado que todos los representantes sindicales del cuerpo de bomberos han acordado que "sólo realizarán la apertura de viviendas en casos de emergencia, como marca la ley".
En caso de ser requeridos para procesos judiciales similares al de A Coruña, los bomberos catalanes han anunciado que actuarán de la misma manera "recordando que es al ciudadano" al que sirven.
Los bomberos de la ciudad gallega se negaron a intervenir en el desahucio de Aurelia Rey, una mujer de 85 años, instada a abandonar su casa por el impago de un mes de alquiler del inmueble en el que vive en el centro de A Coruña.
El desahucio de la anciana se tuvo que aplazar ayer porque más de 200 personas convocadas por el colectivo Stop Desahucios permanecieron en las inmediaciones de la vivienda, ubicada en el número 9 de la calle Padre Feijóo, en el centro de A Coruña, para evitar el desalojo.
Varias personas colocaron una cadena en la puerta del inmueble y los bomberos gallegos, que habían sido requeridos para retirarla, se negaron a hacerlo, exhibiendo alguno de ellos un cartel del colectivo Stop Desahucios.
La exministra Trujillo (@matrujil) y Valenciano (@ElenaValenciano) se enzarzan de nuevo en Twitter por los desahucios y el "alma socialista"
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, y la exministra de Vivienda socialista María Antonia Trujillo han mantenido este viernes un nuevo rifirrafe en Twitter, al hilo de las deudas hipotecarias y el "alma socialista".
La exministra Trujillo, muy crítica con la dirección del PSOE encabezada por Alfredo Pérez Rubalcaba y muy activa en Twitter, ha publicado en su cuenta de esa red social este comentario: "El que tenga deudas, que las pague. Que no se hubiera endeudado".
Horas después, Valenciano la ha contestado diciendo "Fuiste ministra de Vivienda, ¿pero dónde has dejado tu alma socialista?". Trujillo ha replicado a su vez preguntándole a qué se refería y diciéndole que podrán hablar, "sin alma, con sentido común", cuando se tome la molestia de leer todos sus mensajes. Y le ha espetado: "Tú eres responsable de todo".
La exministra Trujillo ha publicado en las últimas horas varios 'tuits' sobre el asunto de los desahucios, criticando a los "opinadores" que tienen un "lío" con el asunto y otros sobre las personas sin hogar. "¿Nadie tiene algo que decir de los que duermen en la calle, en los portales, bajo los puentes? Madrid, Barcelona ... Están llenos", ha escrito también.
Otro rifirrafe por Olvido Hormigos
Valenciano y Trujillo ya tuvieron un rifirrafe vía Twitter por el caso de la edil socialista de Los Yébenes (Toledo) Olvido Hormigos, que estuvo a punto de dimitir por la difusión de un vídeo erótico que había protagonizado.
Hormigos decidió no dimitir tras el apoyo en masa de los socialistas, empezando por la propia Valenciano. En cambio, la exministra Trujillo opinó que si debía marcharse, por considerar que quien no sabe administrar su vida privada no puede administrar la pública. La 'número dos' del PSOE tachó de incomprensibles sus palabras "cuando están vapuleando a una compañera".
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Los jueces destapan la “arbitrariedad” del decreto de Rajoy sobre desahucios
“Las expectativas se han revelado como una publicidad engañosa”, resume Joaquim Bosch, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia. Los jueces, representados en las tres principales asociaciones, consideran “arbitrario” y “un fiasco” el real decreto aprobado el pasado jueves por el Gobierno para paliar la sangría de los desahucios. Como ocurrió con el Código de Buenas Prácticas, avanzan que tendrá un alcance “muy limitado”, y lo rechazan porque no va al problema de fondo: la reforma de la ley. Pero además, en lo que sí regula, la suspensión del desahucio durante dos años —hasta el 16 de noviembre de 2014— para las familias más vulnerables, los magistrados ven fallos y discriminaciones:
» Se excluyen de la suspensión los casos en los que la casa se la queda un tercero y no el banco. De la redacción del decreto que se conoció ayer por su publicación en el BOE, a los jueces les sorprende una precisión que contiene el artículo 1, y que va a dejar fuera de la paralización del desahucio a muchas familias igual de vulnerables que las que sí están incluidas en la norma. El artículo dice que la moratoria solo será aplicable cuando la vivienda se haya adjudicado en subasta al banco o “a persona que actúe por su cuenta” (en el proceso de desahucio, antes de que la familia sea expulsada de su casa, la vivienda se subasta). Es decir, que en todos aquellos casos en los que un tercero que no sea un banco (un particular, una inmobiliaria, etcétera) se quede con la casa en la subasta, la familia podrá ser desahuciada, aunque cumpla con todos los requisitos para evitarlo. “Puedo encontrarme con un caso de extrema necesidad pero el desalojo no se paraliza porque la casa no es del banco; es discriminatorio”, asegura el titular de un juzgado hipotecario que prefiere el anonimato. Lo habitual es que las entidades se adjudiquen las viviendas, “pero la otra situación no es infrecuente”, señala el juez.
» No se paralizan los intereses de demora. En esta crítica coinciden Jueces para la Democracia y la conservadora Francisco de Vitoria. “Lo que ha aprobado el Gobierno no es una moratoria, sino una suspensión del desalojo, de forma que durante esos dos años la deuda se seguirá generando y los elevados intereses de demora la seguirán aumentando”, critica José Luis González Armengol, portavoz de Francisco de Vitoria. Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, cree que no es un olvido y que el Ejecutivo ha tomado esa decisión “a sabiendas”. “Los bancos no tienen tanta prisa en recuperar la vivienda porque no tienen cómo venderla, y sin embargo tienen mucho interés en no perder los derechos económicos”. Fuentes del Ministerio de Economía subrayan que en los casos que entren en los umbrales del Código de Buenas Prácticas los intereses de demora se limitarán en un 2,5% más los intereses remuneratorios. “Lamentamos que el Gobierno se sitúe junto a las entidades y no del lado de los derechos de los ciudadanos”, concluye Bosch.
» Familia con dos hijos no, familia con tres hijos sí. El decreto fija unos exhaustivos requisitos a cumplir, económicos y de cargas familiares, que son acumulativos. Para acogerse a la paralización del desalojo indica que es necesario no superar ingresos de 19.000 euros al año y que la cuota de la hipoteca suponga más del 50% de los ingresos de la familia. Pero además, para una pareja se requiere tener tres hijos como mínimo (familia numerosa), lo que deja fuera a las que tengan dos hijos (salvo que alguno sufra discapacidad). “¿Esos dos niños no tienen el mismo derecho a no quedarse en la calle?”, se pregunta María Teresa Sáez, magistrada y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora. “Echamos de menos que los supuestos no sean más flexibles y nos dejen a los jueces algo de margen para interpretar si estamos ante un caso crítico”, lamenta.
» Madre soltera con un hijo, a la calle. Es el caso de Xiomara Sena y su hijo de cinco años, enfermo de diabetes, que contó EL PAÍS. El decreto establece que para ser beneficiarias de la suspensión las familias monoparentales tienen que tener dos hijos a su cargo. Xiomara, por ejemplo, no podría acogerse, porque tiene uno, aunque solo ingresa 426 euros de ayuda y su exmarido, que está en paro, unos meses le ingresa 100 euros y otros nada. El niño necesita cuidados constantes; cada 90 minutos le mide la glucosa y necesita cuatro inyecciones de insulina diarias. Es un caso crítico que no estaría incluido.
» ¿Y los jubilados? Los pensionistas tampoco están incluidos en el colectivo que podrá acogerse a la paralización del desahucio si no tienen otras cargas familiares o son dependientes. Fuentes del Ministerio de Economía explican que en algún lugar tenían que ponerse los límites, y que lo que se ha hecho es fijar de esta forma a lo que se entiende como colectivos más vulnerables.
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De cómo Rajoy ha vendido humo con lo de parar los desahucios
El Gobierno aún no ha consultado a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) las modificaciones que pretende introducir en la legislación española sobre ejecuciones hipotecarias (desahucios) y que será aprobada hoy mediante decreto ley en el Consejo de Ministros.
Bruselas ha advertido de que de acuerdo con las condiciones fijadas en el programa de recapitalización de la banca, "cualquier regulación que afecte al sector financiero debe ser consultada" al equipo técnico de la Comisión y el BCE.
En concreto esta obligación aparece claramente especificada en el segundo párrafo del Memorandum con las condiciones: "Durante la duración de la asistencia financiera, las autoridades españolas deberán consultar ex-ante a la Comisión Europea y el BCE la adopción de políticas que afecten al sector financiero y no estén incluidas en este Memorandum pero puedan tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa", advierte. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también deberá ser consultado.
"Estamos constantemente intercambiando información con las autoridades españolas, pero de este caso concreto no hemos recibido nada", aseguran fuentes europeas. El Gobierno ha decidido fijar un umbral de renta para limitar los desahucios a las familias que ganen menos de 19.000 euros anuales.
Esta medida, según han advertido algunas entidades financieras, podría tener una repercusión en el flujo de crédito que las entidades dan a familias y hogares y en el objetivo de saneamiento de los bancos, cuyas necesidades de capital podrían verse aumentadas.
Fuentes europeas recuerdan que cualquier medida que se apruebe debe respetar las reglas del Memorándum de Entendimiento, que establecen que no debe existir un impacto extra en el contribuyente, no debe afectar al proceso de recapitalización de las entidades y debe cumplir con las reglas comunitarias de competencia.
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El Gobierno prohibirá hoy los desahucios de familias con menos de 19.000 € de ingresos
Después de la tercera reunión entre Gobierno y PSOE para intentar buscar soluciones a este drama, los socialistas han dejado pendiente si se suman a un acuerdo total, han informado fuentes del Ejecutivo.
El Gobierno quiere que esta medida sea de aplicación a los colectivos más vulnerables, entre los que estarían los ancianos, discapacitados o familias con hijos a su cargoSin embargo, el encuentro —empezó en torno a las 19.00 horas del miércoles y se prolongó hasta la 1.00 horas del jueves— ha concluido con "avances importantes" para llevar a cabo reformas urgentes y también en relación con cambios en la legislación hipotecaria.
Fuentes socialistas han explicado que aún quedan algunos aspectos importantes por cerrar en lo que se refiere a los umbrales que marcan las familias protegidas y la moratoria en el desahucio, así como la tramitación de la reforma de la Ley.
En principio, hay aproximaciones en torno al umbral de renta para evitar los desahucios pero no hay acuerdo. Desde el Ejecutivo se informó de que ambas partes estaban a favor de que el umbral se fijara en 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que equivale a 2,5 veces el SMI que proponía el Gobierno.
Esto dejaba el tope de renta un poco por encima de los 19.000 euros, ya que 2,5 veces el SMI suman 19.230 euros y 3 veces el IPREM, calculado con doce pagas —que también existe esta opción—, se sitúa en 19.170 euros anuales.
Sin embargo, fuentes de PSOE han precisado después que este asunto aún no se ha cerrado del todo y que su reclamación es que se suspendan todas las ejecuciones hipotecarias por debajo del tope de renta calculado con un IPREM de catorce pagas, es decir, 22.365 euros.
Contactos antes del Consejo de Ministros
Los socialistas admiten que se han producido muchos avances, que atribuyen a que el Ejecutivo ha recogido muchas de sus propuestas, han indicado fuentes de esta formación. Además, sostienen que el Gobierno les ha transmitido la intención de redactar esta misma noche el decreto ley con los avances que han logrado en la negociación y facilitárselo antes de que sea aprobado en la reunión del Consejo de Ministros de este jueves.
El Gobierno quiere que esta medida sea de aplicación a los colectivos más vulnerables, entre los que estarían los ancianos, discapacitados o familias con hijos a su cargo. Una vez que se apruebe en el Consejo de Ministros, hay disposición por parte del Gobierno para que se tramite como proyecto de ley para recibir las aportaciones de los grupos parlamentarios, según fuentes del Ejecutivo.
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La Abogacía facilita a los ciudadanos un escrito para la suspensión del desahucio
El Consejo General de la Abogacía Española ha puesto a disposición de todos los ciudadanos afectados por ejecuciones hipotecarias y a las asociaciones de consumidores un escrito dirigido al órgano judicial competente para que acuerde la suspensión inmediata del desahucio de la vivienda sujeta al préstamo hipotecario.
ACCEDER AL ESCRITO PARA EVITAR EL DESAHUCIO
El escrito fundamenta sus alegaciones para paralizar el desahucio en la “situación de emergencia social causada por las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en España desde 2007” y las miles que se están tramitando. Hay que tener en cuenta que el artículo 3.1 del Código Civil establece que las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo “a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”, que en los actuales momentos exige una clara visión pro ciudadano.
En muchos de los procedimientos seguidos, los afectados, dada su precaria situación económica, no han podido designar abogado y procurador que los defienda y represente, por lo que los procesos judiciales se han seguido en situación de rebeldía.
Los desahucios masivos en el actual entorno de crisis económico-financiero y con alta tasa de desempleo conllevan a la práctica de desalojos forzosos incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado por España y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico.
También se pide la paralización de la ejecución hipotecaria por la inminente resolución del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la cuestión prejudicial C415/2011 planteada por el Juzgado Mercantil 3 de Barcelona para que valore si el sistema de ejecución hipotecario español respeta los parámetros mínimos exigidos por la normativa comunitaria de tutela de consumidores y usuarios.
La Comisión Europea, en su informe de febrero de 2012, aportado al procedimiento, advierte que la Ley de Enjuiciamiento Civil no respeta el derecho de la UE si mantiene un sistema de oposición por cláusulas abusivas que sólo se puede activar una vez efectuado el lanzamiento de la vivienda del deudor y si los intereses moratorios aplicados al ciudadano fueran desproporcionados.
Además las conclusiones de la abogada general del TJUE, presentadas el pasado 8 de noviembre, son contundentes al sostener que la normativa española sobre desahucios vulnera la legislación comunitaria por ser incompatible con la Directiva 93/13/CEE del Consejo sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con personas que han suscrito un préstamo hipotecario.
Dado el consenso jurídico de la conclusiones de la abogada general y la inmediata sentencia del TJUE, “es absolutamente necesaria la suspensión” del desahucio, por el principio de economía procesal, para evitar la promoción de un nuevo procedimiento entre las mismas partes una vez conocida la resolución de la Justicia europea.
La paralización de la ejecución hipotecaria se fundamenta en el artículo 43.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que el tribunal podrá decretar –a petición de una de las partes- la suspensión del desahucio “hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial”, en este caso ante la Justicia de la UE. Asimismo, en el escrito de la Abogacía se solicita al juez, como medida subsidiaria, que proceda de oficio a plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
OFICINAS DE HIPOTECARIA EN COLEGIOS DE ABOGADOS
La Abogacía Española, fruto de su sensibilidad social, puso en marcha en enero de 2012 la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria en la ciudad de Terrassa, gracias a un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados de la ciudad catalana.
A esta iniciativa se sumaron más adelante los colegios de Jerez, Cádiz, Granada, Almería, Córdoba, Girona, Manresa, Granollers, Ourense, Pontevedra, Zaragoza, Valencia, Castellón, Mataró, Antequera, Gijón, Málaga, Teruel, Pamplona y Jaén. Otros, como Barcelona, Tarragona, Salamanca o Bizkaia están llevando a cabo diversas gestiones para su entrada en funcionamiento.
Las Oficinas de Intermediación hipotecaria prestan servicio gratuito a ciudadanos de 523 municipios. En el 68%, de los casos abordados se ha llegado a un acuerdo beneficioso para los deudores, como daciones en pago con alquiler social posterior, refinanciamiento con carencias, refinanciamiento sin carencias, etc.
El coste medio de cada expediente cerrado ha sido de 166,01 euros, frente a los 3.000 euros de coste de todo el proceso judicial hipotecario (tasa, aranceles, mandamientos registrales y honorarios) y el coste que todo el expediente judicial le supone al Estado, que hasta no hace mucho el Ministerio de Justicia cifraba en otros 3.000 euros.
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De Guindos: "Ninguna familia de buena fe" se quedará sin techo
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado en una comparecencia ante la Eurocámara que el Gobierno adoptará medidas, de acuerdo con el PSOE, para que ninguna familia "de buena fe" se quede sin techo como consecuencia de la crisis.
"Con un millón de viviendas vacías, el Gobierno y el Ministerio de Economía, de acuerdo con el principal partido de la oposición, tienen que tomar medidas para que ninguna familia de buena fe como consecuencia de la crisis se quede sin techo", ha dicho Guindos al ser preguntado sobre la crisis de los desahucios por el eurodiputado de Iniciativa, Raül Romeva.
El ministro de Economía ha resaltado que hay que evitar "efectos perversos" en la reforma de la norma sobre desahucios, pero ha insistido en que es "imprescindible" y "una necesidad social" que ninguna familia de "buena fe" se quede sin vivienda.
Guindos ha destacado también la importancia de que haya un acuerdo entre el PP y el PSOE sobre las medidas que deben adoptarse para resolver la crisis de los desahucios.
"Todos como país -el Gobierno, la oposición, todas las fuerzas sociales- tenemos que hacer un esfuerzo para que las familias más vulnerables, las familias que tienen dificultades como consecuencia de la crisis, no se encuentren en situaciones imposibles como consecuencia de la pérdida de la vivienda", ha dicho el ministro en declaraciones posteriores a la prensa.
Guindos no teme represalias de las entidades en forma de una restricción del crédito porque "los primeros interesados en no quedarse con la casa de nadie son los propios bancos". "Todos tenemos que aportar y el sistema bancario lo hace así y lo va a hacer así", ha señalado.
Por lo que se refiere al problema de las viviendas vacías, el ministro de Economía cree que la puesta en marcha del banco malo acelerará la bajada de precios, que hasta ahora ha cifrado en un 25%. Además, la reforma bancaria permitirá a su juicio que vuelva a fluir el crédito hipotecario.
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Una cerrajería vasca se opone a participar en más desahucios
La empresa vasca de cerrajería CTLN ha anunciado en su página de Facebook y a través de otras redes sociales que se niega a participar en más desahucios.
La firma manifestó que está en contra de los desahucios hipotecarios y por tanto, "no participará en ninguno de ellos".
"Después de los últimos acontecimientos ocurridos en Barakaldo, hemos decidido hacer publico nuestro apoyo como empresa a las victimas de desahucios hipotecarios. El mensaje, que fue difundido por la red social y por Twitter, continuaba diciendo: "Nuestro granito de arena será hacer caso omiso a las ofertas de colaboración y trabajo que nos ofrezcan en este contexto".
El anuncio fue recogido también en la web del movimiento Stop Desahucios. Portavoces de esta plataforma animaron a bancos y cajas, así como a las empresas, a no continuar con las ejecuciones hipotecarias.
Tras el suicidio de Amaya Egaña el viernes por la mañana cuando iba a iniciarse su desahucio en el piso de Baracaldo, las fuerzas políticas y sociales se están movilizando para pedir que no se continúen con estos procedimientos judiciales que están afectando a 500 familias al día.
Desde que empezó la crisis, se calcula que se han llevado a cabo unas 300.000 ejecuciones hipotecarias.
El sábado, dos cajas vascas -KutxaBank y Caja Laboral (que se están fusionando con Ipar Kutxa- también anunciaron que suspendían sus ejecuciones hipotecarias.
El lunes se reunirá la Comisión que han formado PP y PSOE para acelerar las reformas en las leyes que eviten los procedimientos que acaban en desahucios.
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Caja Laboral asegura que no ha activado "ningún proceso de desahucios traumático" en la actual situación de crisis
Caja Laboral ha asegurado que, en la actual situación de crisis, "no ha activado ningún proceso de desahucio traumático" a familias. Además, ha esperado que "la nueva regulación en materia de ejecución hipotecaria respalde la práctica de la Caja vasca" y habilite, además, "mayores posibilidades de acuerdo".
En un comunicado, la entidad financiera ha explicado que, tal y como informó el pasado mes de junio, aplica desde hace varios años "un protocolo interno de mediación para evitar desahucios".
Según ha precisado, de esta forma, "orienta las situaciones de impago de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual de las familias" mediante procesos "basados en el acuerdo, priorizando la renegociación amistosa de la deuda mediante el alargamiento de plazos, proponiendo novaciones y en definitiva agotando todas las opciones para favorecer el pago de la hipoteca". Según ha manifestado, "solo en caso de agotamiento de estas opciones" se opta por una dación en pago.
Caja Laboral-Ipar Kutxa ha indicado que el "objetivo principal" del protocolo interno de actuación de la entidad "está, por tanto, orientado a llegar a acuerdos personales y exclusivos con las personas afectadas, con lo cual trata de mediar y llegar a soluciones individuales y posibles, antes de recurrir a otras medidas que el ordenamiento jurídico permite".
Su pretensión es, según ha puntualizado, "evitar la ejecución hipotecaria e impedir que estas operaciones finalicen en situaciones de desahucio forzoso de las familias".
La Caja ha asegurado que "impulsa todas las acciones posibles" orientadas a que los clientes "puedan permanecer en su vivienda haciendo frente a los compromisos de pago, ampliando plazos y estableciendo carencias en función de sus ingresos".
"Este método está interiorizado en todos los estamentos de la organización y trata de mantener los principios de la entidad de que hay otra forma de actuar, acorde a su personalidad de entidad financiera cooperativa y de economía social", ha manifestado.
"NINGÚN DESAHUCIO TRAUMÁTICO"
Por ello, ha inistido en que Caja Laboral, al igual que Ipar Kutxa, "en la actual situación de crisis no han activado ningún proceso de desahucio traumático".
Además, han puntualizado que han suscrito, "porque estaban en plena sintonía con su habitual forma de actuar" todos los acuerdos que las diversas instituciones han propuesto al sector, "como el Código de Buenas Prácticas del Gobierno Estatal o el Servicio de Mediación del Gobierno Vasco".
Por último, ha anunciado que "continuará con su actual política" y ha deseado que la nueva regulación en esta materia refuerce "sus prácticas" y permita "dar solución a estas situaciones traumáticas".
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Kutxabank suspende las ejecuciones hipotecarias ante la presión social
El presidente de Kutxabank, Mario Fernández, ha anunciado este sábado que ha dado instrucciones para que la entidad financiera suspenda de forma inmediata todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, en tanto en cuanto se conozca la nueva regulación que afectará a los mismos.
La resolución dictada por el presidente de la entidad afecta a las hipotecas sobre primeras viviendas.
De esta forma Kutxabank, la entidad que acumula mayor número de hiptecas en el País Vasco se adelanta al resto de entidades hasta que se determine hasta dónde llega el cambio legislativo que estudian los partidos, y responde, además, a un clamor social contra los desahucios que se ha intensificado tras la muerte de Amaia Egaña, que se lanzó este viernes desde el cuarto piso de su vivienda justo antes de ser desahuciada.
Unas horas después del suicio de Amaia, miles de personas exigían en Barakaldo, localidad donde residía la fallecida, cambios en la legislación hipotecaria y apuntaban a las entidades financieras como culpables de la situación límite que viven muchas familias. De hecho muchas entidades financieras vascas han amanecido este sábado con pintadas en las que se les tildaba de "asesinos".
La entidad que preside Mario Fernández y que es el resultado de la fusión de las tres cajas vascas, BBK, Kutxa y Vital, suspenderá las ejecuciones hipotecarias de forma temporal hasta conocer los cambios legislativos anunciados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha anunciado una moratoria para los desahucios, y por el líder de la oposición Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha asegurado que el objetivo es que nadie "se quede sin casa".
Kutxabank tenía en marcha un plan destinado a clientes de la entidad que estén sin trabajo y en exclusión social y que no puedan pagar la hipoteca.
El programa Etxelan, pionero en todo el Estado y dotado con 7 millones de euros de presupuesto, busca la inserción laboral de los afectados, es decir, se les ayuda a buscar trabajo, y permite que las familias puedan residir durante un plazo de dos años en viviendas de alquiler, cuya renta está subvencionada hasta en un 95% por Kutxabank.
Este plan, sin embargo, no era considerado suficiente por organizaciones como Stpo Desahucios, que siempre han exigido a la entidad la dación y pago y la suspensión de las ejecuciciones hipotecarias pendientes.
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Los bancos empiezan a ponerse nerviosos por las nuevas medidas del Gobierno contra los desahucios
El presidente del Banco Popular, Angel Ron, ha avisado de que introducir cambios en la ley hipotecaria para paralizar los desahucios podría "premiar" el impago y añadir "dificultades" a la recuperación de la economía. "Lo que se haga, que no perjudique a la inmensa mayoría que paga", ha aconsejado.
En declaraciones a los medios tras la junta general de accionistas extraordinaria, Ron ha concretado que en los últimos tres años Popular sólo ha ejecutado un desalojo y posteriormente procedió a readmitir a la persona afectada. "La política de Popular es la de no desahuciar", ha garantizado Ron.
Ante lo que ha calificado de "problema enorme" de la sociedad, el banquero ha detallado que Popular ha refinanciado y renegociado desde el inicio de la crisis un total de 50.000 operaciones de crédito hipotecario.
Ron además ha instado a ampliar el código de buenas prácticas para hacerlo "mucho más flexible" a las entidades.
"Los cambios podrían tener un efecto demoledor sobre la riqueza de las familias", ha avisado, para después circunscribir el problema sólo al 4% de la familias que se encuentran en situación de mora.
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El secretario general del SUP (@sanchezfornet) dice que pagarán y defenderán a los policías que se nieguen a desahuciar
La muerte de Amaia Egaña -el segundo caso de muerte por suicidio ante un desahucio en 20 días en España- ha provocado una cadena de reacciones políticas, con el Gobierno convocando reuniones urgentes y la oposición pidiendo que se detenga la ejecución de las sentencias por desahucio.
Sánchez Fornet (conocido entre otras declaraciones por el "apoyamos que la policía no lleve identificación ante organizaciones violentas. Leña y punto") se ha sumado al debate. En su cuenta personal de Twitter, pide apoyos para para un "compañero" que se enfrenta a un desahucio en un acto el lunes, anima a sumarse a la huelga general del 14 de noviembre (pide "parar la nación" y "obligar al Gobierno a ayudar a los más pobres") y comenta que la situación da "ganas de salir a la sierra y organizar banda contra esots mafiosos". Y lo hace, según escribe seguidamente, a sabiendas de las repercusiones que pueda tener por parte del director adjunto operativo de la policía, "el director general y el ministerio".
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Todas las alternativas a los desahucios que PP y PSOE han vetado durante la crisis
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la número dos del PSOE, Elena Valenciano, se reúnen hoy para intentar llegar a algún acuerdo contra los desahucios.
Desde que estalló la burbuja inmobiliaria, en 2007, se han ejecutado en España más de 350.000 viviendas y sólo en el último año se han disparado un 20%, hasta superar la cifra de los 500 embargos diarios.
Sin embargo, los dos partidos mayoritarios llevan varios años vetando las iniciativas que, desde el resto de grupos de la oposición, se han ido planteando para modificar la actual normativa hipotecaría y para poner fin a uno de los peores dramas sociales que vive España.
Aquí tienes algunas de las propuestas que tanto durante los años de Gobierno del PSOE, como durante los diez meses que lleva el PP en el poder, han sido desechadas:
1-. Limitar la concesión de créditos: desde hace tres años, los partidos de la denominada Izquierda Plural -IU, ERC e ICV- han presentado varias propuestas, dirigidas a limitar tanto los embargos como la actual Ley Hipotecaria, ya que consideran que la raíz del problema está en la especulación que se ha hecho con la vivienda. Para evitar que vuelva a repetirse, han defendido establecer límites a la concesión de los créditos para adquirir una vivienda, es lo que se conoce como medidas contra el sobreendeudamiento, que ya existen en otros Estados de la Unión Europea. En esta línea defienden:
Limitar progresivamente, hasta llegar al entorno del 35%, el porcentaje máximo de los ingresos personales o familiares de los obligados en las operaciones de crédito hipotecario que se puede destinar al pago mensual de la hipoteca, incluyendo aquí principal e intereses.
Limitar progresivamente, hasta llegar al entorno de los 25 años, el periodo de vida máximo de la hipoteca.
Limitar el montante total del crédito, que no podrá superar el 80% del valor de mercado en la vivienda libre, ni el 100% en la protegida.
2-. Crear un parque público de viviendas: Esta medida va dirigida, especialmente, a crear un mercado de alquiler público, aunque también se han propuesto otras medidas como la producción de vivienda protegida calificada de por vida y vendida en derecho de superficie. Estas iniciativas, además, ayudarían a presionar a la baja los precios inmobiliarios.
La justicia europea ve ilegal la norma española de desahucios por no garantizar protección de usuarios
El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.
El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.
En sus conclusiones presentadas este jueves, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en e derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.
No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas.
En este sentido, la abogada general estima que "la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue".
"No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios", resalta Kokott.
Al contrario, la norma europea exige "que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa".
La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.
El dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior.
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