Sabías que Wert con su Ley también busca hacer negocio?

Por primera vez una ley orgánica autorizará a las comunidades autónomas a convocar concursos públicos para ceder suelo público para la construcción y gestión de colegios concertados. La enmienda, introducida por el grupo popular, permitirá también que los colegios que segregan a niños y a niñas en las aulas no sólo accedan a fondos públicos para conciertos educativos sino que también puedan recibir suelo público para levantar sus instalaciones. Los sindicatos dicen que este modelo ha roto en Madrid la gratuidad del sistema educativo porque para sacar beneficios los promotores repercuten los costes a las familias mediante cuotas.

Lejos de dar marcha atrás o limar asperezas en los aspectos que más rechazo suscita la ley Wert, las enmiendas presentadas esta semana por el PP en el Congreso profundizan en las concesiones que según la oposición y la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, hace el texto a la escuela concertada y a la entrada del sector privado en el ámbito educativo.

Así por ejemplo, el PP introduce un nuevo punto en el articulado sobre los conciertos educativos que, por primera vez, incluye en una ley orgánica la posibililidad de que "las administraciones educativas convoquen concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional". Se daría así una cobertura legal plena a nivel estatal a una iniciativa liderada por algunos de los sectores más ultraliberales del partido en varias autonomías. Es el caso de la Comunidad de Madrid donde, impulsado por la ex-presidenta Esperanza Aguirre, este modelo ha permitido construir en los últimos años más de 80 macrocentros concertados en otras tantas parcelas públicas. Hace un par de años la Comunidad Valenciana también se sumó a esta fórmula, aunque por el momento todavía no se ha construido ninguno de la decena de centros proyectados.

"En Madrid se ha cedido más de un millón de metros cuadrados de suelo para este fin"

Para Francisco García, secretario de Enseñanza de CCOO, este modelo supone una peligrosa deriva hacia la privatización que además ha ido acompañada de una pérdida de la equidad, al permitir la segregación del alumnado por sesgo social y económico. Eduardo Sabina, de UGT Madrid, alerta de que el sistema ha supuesto en Madrid una suerte de "copago educativo" ya que "aunque el suelo público se regala, los promotores tienen que construir los colegios, que de media requieren una inversión de entre 10 y 12 millones de euros. La única manera de amortizar costes y lograr beneficios es repercutiendo parte de esos costes a las familias mediante la exigencia de cuotas encubiertas -y prohibidas por la ley- , que pueden oscilar entre los 150 y los 200 euros mensuales. Se rompe así de facto la gratuidad del sistema educativo y de paso se vulnera la Constitución", señala Sabina.

Las enmiendas del PP también permiten que los centros que segregan a niños y a niñas en las aulas, en su mayoría vinculados a organizaciones religiosas, accedan a fondos públicos para conciertos educativos y, además, puedan igualmente recibir suelo público para levantar sus instalaciones. Las propuestas del grupo popular también dan luz verde a que sean profesores de la escuela privada los que corrijan las nuevas reválidas e introducen algún significativo cambio de redacción al texto del ministro Wert al sustitutir la expresión "servicio público de educación" por un genérico "servicios para el ejercicio del derecho a la educación".

PSOE e IU han criticado duramente al PP por introducir estas enmiendas a la ley Wert. Según el diputado socialista Mario Bedera, "si antes el texto hacía concesiones inaceptables a la escuela privada concertada, ahora podemos decir que el PP se echa directamente en los brazos del negocio privado en la escuela y eso no lo vamos a permitir". Parecida opinión tiene Caridad García, de IU, para quien estamos ante una "medida gravísima que supone un ataque frontal a la escuela pública. Hasta ahora hablábamos de veleidades en algunas comunidades autónomas, pero ahora la veleidad es del propio Gobierno de España y se pretende consagrar por primera vez en una ley orgánica.

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De como pretenden aprobar una ley que permite encarcelar sin delito previo.

Esto es lo último que ha terminado por dejarme "ojiplática" esta tarde. De verdad creo que deberíais leer este manifiesto del Colectivo de Salud Mental. Eso si, ya aviso que no os va a gustar lo que dice....

MANIFIESTO

Como personas del colectivo de salud mental queremos llamar la atención de la población general por el Anteproyecto de Reforma del Código Penal, presentado en el Consejo de Ministros el 11/10/2012 y que se encuentra actualmente en discusión para su aprobación.

Este anteproyecto vulnera los derechos civiles, cercena las libertades de la mayoría de la población y atenta contra los preceptos de la Constitución. Incluso el Consejo General del Poder Judicial considera el anteproyecto inconstitucional.

Las nuevas propuestas criminalizan los movimientos sociales y son especialmente discriminatorias con los colectivos más vulnerables socialmente, como los migrantes y las personas con un diagnóstico psiquiátrico. Además, es incompatible con la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Actualmente, en principio, todas las personas somos iguales ante la Ley y tenemos los mismos derechos, estemos o no diagnosticadas de un Trastorno Mental. Con los cambios propuestos en el anteproyecto, explícitamente dejaríamos de serlo. El nuevo código equipara enfermedad mental con peligrosidad y tipifica a la persona con trastorno mental como Sujeto Peligroso.

Asociar el trastorno mental con peligrosidad es una idea prejuiciosa, porque los hechos la desmienten. Sistemáticamente, la investigación señala que somos más objeto de maltrato, discriminación y abusos, que no perpetradores de los mismos.

Entre la pérdida de derechos civiles, podemos mencionar que una persona podrá ser o permanecer encerrada incluso por delitos que no ha cometido, en previsión de los que pueda cometer en el futuro. Actualmente, una persona no puede ser condenada por un acto que no ha realizado. Con la reforma, la presunción de posibles delitos será motivo de condena.

En el Código Penal vigente, si una persona es declarada inimputable por motivos de salud mental, no se le puede imponer una pena. En su lugar, se aplica una Medida de Seguridad, privativa o no de libertad. Usualmente, consiste en un internamiento psiquiátrico. Pero la duración del encierro nunca puede ser mayor a la pena que se le hubiese impuesto en caso de ser imputable. Con el cambio que propone el anteproyecto, el encierro puede ser perpetuo. Ya no habrá límite temporal a la reclusión en un centro psiquiátrico como Medida de Seguridad. Una persona con un diagnóstico de salud mental que ha cometido un delito, independientemente de la gravedad de ese delito, puede permanecer en un centro psiquiátrico indefinidamente, incluso de por vida.

Otra de las medidas de seguridad que contempla el anteproyecto es la Libertad Vigilada. En este caso, aunque se acabé el internamiento impuesto, la vigilancia de la persona continúa. Y, como el encierro, también es prorrogable de manera indefinida. Hasta ahora, una vez que se cumple el tiempo equiparable a la pena, la aplicación de las medidas de seguridad impuestas se acaba. Con el nuevo Código Penal, la Libertad Vigilada se plantea también como perpetua, violando el principio según el cual las Medidas de Seguridad no pueden resultar más graves que las penas aplicables al delito cometido.

Así mismo, otra medida propuesta que profundiza la pérdida de derechos y libertades se refiere al Tratamiento Médico Forzoso. El anteproyecto impone también la obligación de someterse a un tratamiento ambulatorio involuntario. Como todas las medidas de seguridad antedichas, también puede ser aplicado a perpetuidad. Actualmente, la negativa de la persona al tratamiento médico no se considera incumplimiento de las medidas de seguridad. Con el nuevo código, toda persona diagnosticada que se encuentre bajo libertad vigilada podrá ser forzada a presentarse de manera regular y periódica ante un médico, psiquiatra o psicólogo y a medicarse.

En la actualidad ya hay ingresos involuntarios y medicación forzosa, pero si el anteproyecto prospera los encierros psiquiátricos ya no serán medidas tomadas con criterios sanitarias, sino judiciales. Además, la medicación forzosa se aplicará incluso una vez recibida el alta hospitalaria y las personas diagnosticadas quedaremos bajo vigilancia de los poderes del Estado el resto de nuestra vida.

Nos encontramos ante un anteproyecto de ley basado en prejuicios y estereotipos discriminatorios, unas decisiones omnipotentes, unos efectos de poder indeterminables y unos recortes de las libertades individuales y colectivas que violan los derechos humanos fundamentales.

Teniendo en cuenta que buena parte de los diagnósticos de salud mental se catalogan como crónicos, la peligrosidad atribuida a estas patologías también se concebirá como crónica y, con ello, las medidas de seguridad que se impongan. De este modo, recibir un diagnóstico de salud mental puede ser una condena a perpetuidad.

Hay que tener en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas pasa, ha pasado o pasará un problema de salud mental. Además, el abanico de comportamientos considerados patológicos por la institución psiquiátrica crece día a día. Por lo tanto, cada vez será mayor el número de personas que se verán expuestas a los efectos perversos del nuevo Código Penal.

Este anteproyecto, además, no afecta sólo al colectivo de salud mental. En la situación actual, de crisis y desmantelamiento de la sanidad, se abre la puerta a que los problemas de salud, y los conflictos sociales en general, sean, aún más, criminalizados y judicializados por el mismo sistema que nos enferma.

Teniendo en cuenta que la peligrosidad es un concepto especulativo, atribuido arbitrariamente y que no necesita basarse en hechos para aplicarse, puede servir, en un contexto de descontento y contestación social, para criminalizar y neutralizar la disidencia.

Ante estas reflexiones, exigimos: No regresar a una legislación franquista, al Código Penal de 1973 o a versiones anteriores y a la aceptación del control penal de los colectivos socialmente más vulnerables.

Desde esta preocupación, que esperamos que sea compartida, hacemos un llamamiento a todos los colectivos y a todas las personas a posicionarse sin ambigüedades frente a esta nueva agresión contra las libertades y los derechos fundamentales.

Firman este Manifiesto:
ActivaMent Catalunya Associació — Asamblea de Majaras — Associació Sociocultural Radio Nikosia — Associació Bipolars de Catalunya — Associació Emilia Barcelona — Castelldefels Associació de Malalts Mentals — Associación Grupo de Teatro Imagina — Associació AADDMM Terraferma — Associació Mentaliza’t — Saräu Associació d’Oci Inclusiu
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El Gobierno prepara una Ley mordaza sobre lo que comemos

El Grupo Popular en el Congreso pretende prohibir por ley estos estudios independientes que analizan irregularidades en los alimentos. Para ello han presentado una enmienda al Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Recordemos que, como en el caso de la carne de caballo, estos estudios realizados por asociaciones de consumidores jamás han sido rebatidos y siempre se han demostrado como veraces, despertando un gran interés social.

Desde el Partido Animalista apoyamos todas las medidas que favorezcan a la sociedad el acceso a la información a través del etiquetado de los alimentos, que nos permita como consumidores éticos elegir qué productos compramos y cuáles dejamos de consumir.

Con esta medida se pretende impedir que asociaciones de consumidores, medios de comunicación y en definitiva cualquier persona física o jurídica den a conocer los fraudes en el etiquetado de los alimentos.

El Gobierno podría ordenar así la retirada de publicaciones que incluyesen las conclusiones de estos estudios o su eliminación de páginas web, incluyendo sanciones para los responsables de las publicaciones.

Al igual que la asociación de consumidores FACUA, el Partido Animalista denuncia que la medida es claramente inconstitucional, ya que atenta contra los derechos fundamentales a la información, la salud y la protección de los consumidores, derechos éstos que defiende el Partido Animalista.

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La Ley Antidesahucios será aprobada en el Congreso el 7 de marzo

La futura Ley por la Regulación de la dación de pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social --que se acumulará con la iniciativa legislativa popular (ILP) con este mismo nombre-- será aprobada en el Congreso previsiblemente el próximo 7 de marzo, en función del calendario de sesiones que ha fijado la Comisión parlamentaria de Economía.

La Mesa y Junta de Portavoces de dicha comisión se ha reunido este jueves y, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, se ha decidido que las enmiendas a la ILP se presenten como máximo el día 25 de febrero, para poder abrir la Ponencia el día 28.

Una vez el texto de la iniciativa popular se encuentre en ese punto, la Comisión de Economía podrá acumular ambos proyectos para que se tramiten conjuntamente, tal y como resolvieron los servicios jurídicos de la Cámara baja a raíz de la admisión a trámite por unanimidad de la ILP, que versa sobre una materia sobre la que ya había un proyecto de ley en tramitación.

TRES DÍAS DE PONENCIA

En principio, la intención es que los miembros de la Comisión se reúnan en tres ocasiones en Ponencia para intentar acordar el mayor número de enmiendas posibles --sólo al proyecto de ley se presentaron más de 200-- y que el texto final goce del consenso del mayor número posible de partidos.

Posteriormente, se reunirá la Comisión de Economía para debatir, ya en abierto, sobre las enmiendas que aún quedan vivas, cosa que sucederá el 7 de marzo previsiblemente. Dado que la comisión tiene competencia legislativa plena, cuando ese día se apruebe el Dictamen de la ley se podrá remitir al Senado para su tramitación, sin tener que volver a votarlo en el Pleno de la Cámara baja.

No en balde, ni PP ni PSOE quieren que la aprobación de esta ley se demore, por lo que ayer presentaron un escrito conjunto a la Mesa del Congreso instándole a declarar el procedimiento de urgencia, lo que permite reducir los plazos a la mitad. Además, dado que muchas de las propuestas ya estaban recogidas en las enmiendas al proyecto de ley, no es preciso alargar excesivamente los tiempos.

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Rajoy rectifica y anuncia que la ley de transparencia se aplicará también a los partidos políticos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a rectificar al anunciar en el Congreso que va a promover que los partidos políticos se sometan también a la ley de transparencia, que en estos momentos se encuentra tramitándose en el Congreso: "Voy a promover que los criterios de la ley de transparencia se apliquen a los partidos políticos", ha dicho.

Rajoy ha hecho este anuncio en la sesión de control del Congreso y en respuesta a una pregunta sobre corrupción de la líder de UPyD, Rosa Díez, quien le ha preguntado sobre la corrupción política y, en concreto, sobre si sigue creyendo en que esta lacra "no es un problema para España y para la democracia.

Rajoy ha presumido de todas las medidas que su Gobierno ha puesto en marcha desde su llegada al poder para combatir la corrupción y ha querido dejar claro que no se puede extender de manera generalizada "el manto de las sospechas" sobre la clase política porque, según ha dicho, "la inmensa mayoría" son gente "honrada".

"Nunca he negado que la corrupción sea un grave problema; cosa distinta es que no me parezca responsable extender de forma generalizada el manto de la sospecha sobre toda la clase política de la que formamos parte todos los que estamos aquí", ha replicado Rajoy.

CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA

La respuesta no ha convencido a Díez, quien ha señalado que la corrupción es "el mayor problema" de la democracia, porque no sólo está "generalizada", sino que además está ya "institucionalizada", provoca un 'daño enorme' que impide la recuperación y 'no tiene perdón en términos democráticos'.

Para la líder de UPyD, el problema de la corrupción no es quién la denuncia, sino "quién no la combate" o "quién pacta en los debates no hablar de corrupción" como, ha sugerido, hicieron populares y socialistas en los debates de la última campaña electoral. Rosa Díez ha advertido de que la única forma de que la ciudadanía vuelva a creer en la clase política es con leyes que combatan y frenen realmente la corrupción.

"Cuando los ciudadanos nos vean hacer estas leyes que van contra nuestra propia impunidad y que van de verdad a favor de una democracia de más calidad creerán en nosotros y creerán de verdad en la democracia, y entonces en España podremos conjugar democracia con mayúsculas", ha subrayado la líder de UPyD.

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Surrealismo en el Congreso: el PSOE vota contra una ley de Zapatero que ya no existe

El Congreso vivió ayer una votación parlamentaria tan insólita que bordea el surrealismo. Los diputados socialistas rechazaron al unísono la reforma laboral impulsada en 2010 por José Luis Rodríguez Zapatero, ya derogada, y que el PSOE respaldó entonces casi sin fisuras. Lo que el Pleno votó este martes fue una iniciativa legislativa popular (ILP) puesta en marcha nada menos que hace dos años, con el respaldo de más de un millón de firmas ciudadanas, en contra de aquella reforma laboral, que el PP tumbó el pasado mes de junio y reemplazó por su propia legislación, mucho más dura que aquella.
Los diputados del PSOE, junto a los de IU, PNV, ERC, UPyD y BNG, votaron anoche a favor de esa ILP, impulsada a principios de 2011 por UGT y CCOO para que el Congreso modificara los aspectos de la reforma que ambos sindicatos consideraban más perjudiciales para los intereses de los trabajadores. CiU se abstuvo, pero los votos del PP, que goza de mayoría absoluta en la Cámara Baja, fueron suficientes para tumbar esa tardía y ya desfasada expresión de democracia directa, cuyo requisito es contar con el aval de la firma de al menos 500.000 ciudadanos.
La diputada socialista Concha Gutiérrez, en un intento de justificar la extravagante pirueta de su partido, aseguró que el PSOE apoyó ayer esa vieja ILP por "coherencia democrática", obviando la abrumadora incoherencia de haber votado a favor de una iniciativa que rechazaron de plano cuando estaban en el Gobierno. Para tratar de justificarse, Gutiérrez argumentó que, aunque la reforma laboral de Zapatero fue repudiada por los sindicatos, "ello no impidió que prosiguiera el diálogo social". En otras palabras: la reforma socialista era mala, pero la de Mariano Rajoy es mucho peor, vino a decir la diputada por Jaén.
La votación de ayer también certificó que las iniciativas legislativas impulsadas por los ciudadanos, el único instrumento de participación política directa, no sirven de nada. La estadística es demoledora: las 66 ILP presentadas en el Congreso en las tres últimas décadas han sido tumbadas, y apenas unas cuantas lograron pasar la criba inicial de la Mesa -el órgano de gobierno de la Cámara-, que ni siquiera las admitió a trámite. El derecho de los ciudadanos a impulsar proposiciones de ley está recogido en el artículo 87.3 de la Constitución, aunque la ley orgánica que regula su ejercicio no fue aprobada hasta 1984, gobernando Felipe González.
"Hipocresía política"
El PP, consciente de la incomodísima posición del PSOE en el debate de ayer, trató de sacar los colores a su rival. Rafael Merino, portavoz popular, reprochó a los socialistas su "hipocresía política" por ir contra una reforma que en su día impusieron ellos mismos, y que sólo un diputado del PSOE, Antonio Gutiérrez, exsecretario general de CCOO, tuvo entonces el coraje de rechazar, precisamente por coherencia. Claro que el PP tampoco anda sobrado de ella: en 2010, su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, echó en cara a Zapatero que aquella era "la reforma laboral del despido". Hoy la cifra de parados roza los seis millones.
¿Por qué la iniciativa popular contra aquella reforma ha llegado ahora al Congreso, cuando esa ley ya está derogada? UGT y CCOO pusieron en marcha la recogida de firmas a principios de 2011, seis meses después de que el Gobierno socialista aprobara el real decreto ley que abarataba el despido. Hasta junio de aquel año no presentaron los avales, y cuando lo hicieron fue para exhibir músculo: más de un millón de firmas, pese a que habría bastado con medio millón. En otoño se convocaron elecciones y se disolvieron las Cortes, por lo que la ILP ya no pudo ser tramitada en la anterior legislatura. Y ahora, como se vio ayer, ya era demasiado tarde.
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Las excepciones del decreto ‘antidesahucios

Historia con final feliz. María del Pilar Honrado, de 65 años, se salva del desahucio. La fecha prevista era este miércoles, día 28, pero el banco ha parado el procedimiento. Su historia es la de miles de personas que sufren cada día esta situación: en 2008 su hija le pidió que avalara la hipoteca de su casa, en la localidad madrileña de Leganés, donde María del Pilar vive desde hace 40 años. La hija y su pareja no llegaron a pagar ni los seis primeros meses de cuotas del préstamo de 205.000 euros que les había concedido el banco Barclays. La deuda hoy asciende a 341.000 y Pilar, viuda con una pensión de mil euros, no puede hacer frente a ella.
Su caso, en principio, encaja en el perfil de familias vulnerables contemplado en el decreto ley de de medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios que este jueves convalida el Congreso de los Diputados: su renta no llega al mínimo de 1.597 euros al mes, vive sola y este piso es su única vivienda. Sin embargo, es avalista, no propietaria, y corre riesgo de que le quiten el piso. Intentó encontrar soluciones que, sin saberlo, podrían haber empeorado la situación. “Me parece un absurdo que hayan concedido un crédito de 38 años a la pareja de mi hija, que tenía 48 en aquel entonces. Yo fui a buscar uno para intentar pagar esta deuda, que no es mía, pero a esta edad ya nadie me da nada”, explica.
Después de hablar con dos abogados de oficio, y con el auxilio de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, organización que conoció a través de una asistente social de Leganés, empezó a vislumbrar una solución a su problema. “Cuando me enteré, ya habían subastado mi pisito, por 40.000 euros. Era casi imposible seguir aquí, pero yo estaba dispuesta a pagar un alquiler social si fuera necesario, solo para poder continuar viviendo en esta casa”, cuenta llorosa, aún sin creer que seguirá durmiendo allí las siguientes noches.

Cuando me enteré, ya habían subastado mi pisito, por 40.000 euros.


La buena noticia se la ha dado por teléfono su abogado, Mario Guimerans Iglesias. Cuando ya se preparaba para lo peor, Pilar recibió la llamada de la tranquilidad. No podía contener las lágrimas y sus piernas temblaban. Lleva meses en tratamiento psiquiátrico y su cuadro empeoró desde que recibió el aviso del banco, el 30 de diciembre de 2011. Según su informe clínico, sufre crisis de ansiedad y en varias ocasiones ha tenido ganas de suicidarse, “de quitarme de medio de todo esto, vamos”, añade. En su casa, ya vacía y casi sin muebles, le consolaban algunos vecinos que la han apoyado durante todo el proceso. Pilar se plantea el caso de otros afectados, con hijos pequeños, en paro y sin otro destino que la calle. Dice que en situaciones como esta, más allá de la presión psicológica, se deshacen también los lazos familiares. “Desde hace dos años no sé nada de mi hija, es lo que más me duele”, lamenta.
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La ley de Gallardón permite pagar las tasas judiciales con ‘dinero negro’

Hacienda no controlará el origen del dinero que se utilice para pagar las nuevas tasas judiciales. Así lo establece la ley que ha entrado ya en vigor y que, al hablar del pago, detalla que “no será necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter previo a la autoliquidación”. En términos prácticos, eso significa que la ley permite a Hacienda aceptar dinero en efectivo y no exige a la Agencia Tributaria comprobar el origen de esos fondos.
Los términos del artículo 3 en el Título I ya publicados en el B.O.E. son los que ahora deberán regir la elaboración de los impresos de cobro que Hacienda tiene que distribuir entre todos los tribunales de España “en las próximas tres semanas”, según fuentes del ministerio. De acuerdo con esa ley, los formularios no debieran obligar a identificar el origen fiscal del dinero que se aporte para pagar la tasa. Hacienda admite que no puede "reinterpretar la norma de Justicia" por lo que no tendrá más remedio que aplicarla tal y como está redactada. Así pues, en la práctica, el único control y restricción que regirá el pago de tasas será la limitación ya aprobada por Hacienda que prohibía el pago en efectivo de cantidades superiores a los 2.500 euros.
Fuentes de la Agencia Tributaria minimizan el problema asegurando que la cuantía de dinero que recaudará esta tasa es una cuantía relativamente pequeña. El Ejecutivo espera recaudar 306 millones de euros, según Justicia. Además, concluyen, si Hacienda detecta que se usa dinero negro para pagarlo, "nada impide a la Agencia Tributaria investigar a alguien más tarde", concluyen.
"La Agencia Tributaria no puede reinterpretar una norma de Justicia", afirman fuentes de Hacienda
La medida ha conseguido un consenso ideológico en contra inaudito. Se oponen a ella desde el PSOE hasta Manos Limpias. Su candidata a la Junta de Gobierno Colegio de Abogados, Montserrat Suárez, asegura que esa redacción no sólo "abre la puerta al dinero de origen fraudulento" sino que, para colmo, generará "competencia deesleal entre los bufetes". Los bufetes más grandes podrán adelantar el dinero de las tasas de sus clientes mientras que los pequeños tendrán que pedírselo a sus representados. Además, concluye, se abre la puerta a que algunos abogados aumenten los porcentajes que cobran a sus clientes "para compensar por el dinero que tengan que adelantar".
 
Los abogados denuncian una batería de “chapuzas técnicas”
1. La Administración no pagará intereses por las tasas que retenga: Incluso si el ciudadano gana el proceso judicial, la nueva ley no fija ningún plazo de tiempo para devolverle el dinero que ha depositado en tasas. Así pues, la devolución del dinero depositado puede quedar sometida al arbitrio de los secretarios judiciales o a los habituales retrasos administrativos sin que al ciudadano le corresponda ningún tipo de interés por la demora. De hecho, la norma especifica que incluso aunque las partes en litigio lleguen a un acuerdo extrajudicial “en ningún lugar (se) dará lugar al devengo de intereses de demora”.
Los abogados consultados denuncian que procesos que pueden dilatarse durante una década rentarán intereses al Estado durante ese tiempo sin que el ciudadano pueda recuperar luego el poder adquisitivo perdido.
 
2. El ciudadano tendrá que pagar tasas si litiga contra la administración pero lo administración no pagará si litiga contra el ciudadano: Hasta ahora la administración de justicia era la única exenta de pagar costas judiciales. Lógicamente, los fiscales no eran tasados ni siquiera en las causas contra empresas en las que era obligatorio depositar fondos. Pero, a partir de ahora, no tendrán la obligación que sí rige para los ciudadanos ni “la Administración General del Estado, ni las Comunidades Autónomas, ni las entidades locales ni los organismos públicos dependientes de ellas”. De igual modo, “la justicia también será gratuita para las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas”.
Sin embargo, si el ciudadano recurre contra alguna de sus sanciones, sí tendrá obligación de depositar tasas. El resultado –denuncian los abogados—es un “terreno desigual” en el que la justicia es más barata para una de las partes.
3. Taponar la vía civil puede desbordar la vía penal: En casos como librar un cheque sin fondos la decisión de acudir a la jurisdicción civil o penal depende del arbitrio del letrado. El hecho de que la vía civil obligue a pagar tasas puede terminar “colapsando” la vía penal, advierten los letrados.
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