Gallardón, la hermana del Rey, Arturo Fernández y Lissavetzky autorizaron los pagos a Urdangarín

Ni uno solo de los miembros del Patronato de la Fundación Madrid 2016, impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón para promocionar la candidatura olímpica de la capital, puso la menor objeción al pago de hasta 12.000 euros mensuales entre 2007 y 2009 a Iñaki Urdangarín por trabajos ficticios. El patronato, del que también formaban parte la hermana del Rey, Pilar de Borbón, el entonces secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, o el vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, autorizó por unanimidad las entregas de dinero al duque de Palma en concepto de "donaciones".

Así lo aseguró el pasado jueves Miguel de la Villa, entonces director general de la Fundación Madrid 2016 y director general de Deportes en el Ayuntamiento, en su declaración como imputado ante el juez José Castro, instructor del caso Nóos, y el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach. Pese a que De la Villa también era miembro del patronato, afirmó que nadie le informó de la decisión de pagar entre 6.000 y 12.000 euros mensuales a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), sucesora del Instituto Nóos, creada en 2007 por Urdangarín y su socio, Diego Torres, supuestamente para atender a niños discapacitados y enfermos.

 

El Patronato de Madrid 2016 estaba presidido por Gallardón y, además de Lissavetzky, Fernández y la hermana de don Juan Carlos, formaban parte de él Mercedes Coghen, mano derecha del entonces alcalde y consejera delegada de la candidatura olímpica; Manuel Cobo, vicealcalde de la capital; los portavoces municipales del PSOE, David Lucas, y de IU, Ángel Pérez, y el secretario de UGT de Madrid, José Ricardo Martínez, entre otros. Todos ellos fueron recibidos en audiencia por el Rey, en abril de 2009, en el palacio de La Zarzuela. Un mes más tarde, la FDCIS de Urdangarín recibió una nueva transferencia bancaria de 12.000 euros.

Visto bueno de la Intervención municipal

Según declaró De la Villa al juez Castro, que la semana pasada se desplazó a Madrid para tomar declaración a varios imputados y testigos del caso Nóos, los pagos a Urdangarín "se incluyeron en las cuentas de la Fundación Madrid 2016 y fueron aprobadas sin ningún problema por el patronato". El exdirector de Deportes de Gallardón añadió que incluso la Intervención General del Ayuntamiento, el órgano encargado del control de la gestión económica municipal, dio el visto bueno a las entregas de dinero a la FDCIS del duque de Palma. Cuando el juez le preguntó cómo se pudieron justificar esos pagos a cambio de trabajos inexistentes, De la Villa aseguró que mediante la fórmula de "donaciones".

El ex director general de Madrid 2016 explicó al juez que Urdangarín se encargó supuestamente del "acercamiento al Comité Olímpico Internacional" para convencer a sus miembros de las bondades de la candidatura madrileña, que finalmente quedó apeada por Río de Janeiro, sede de los Juegos de 2016. Al ser preguntado por el fiscal anticorrupción acerca de qué gestiones concretas hizo el yerno del Rey, De la Villa aseguró desconocerlas: "Supongo que de esas gestiones daría cuenta a la señora Coghen", añadió. Los únicos documentos que el duque de Palma entregó a Madrid 2016 son dos folios con los nombres de los "miembros del COI conocidos por la FDCIS".

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Gallardón obliga a suspender la cita de jueces y fiscales con el Grupo Popular

Ni fisuras en el partido o en el Gobierno ni el más mínimo gesto que pueda interpretarse como cesión o debilidad en sus planteamientos. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, está dispuesto a quemar todas las naves en defensa de la polémica reforma de la Justicia que ha emprendido, y en los últimos días ha hecho llegar de forma clara a todas las asociaciones judiciales y de fiscales que se han opuesto a sus medidas muestras claras de su posición rocosa.
Además de las contundentes declaraciones de los últimos días, en las que ha descalificado a jueces y fiscales llamándolos ‘corporativistas’ e insinuando que sólo se movilizaban por la supresión de la paga extra de Navidad, el ministro Gallardón impuso ayer la suspensión de una reunión en el Congreso que iba a sentar en la mesa a diputados del PP y representantes de jueces y fiscales.
La reunión, que ya estaba fijada, la había solicitado tiempo atrás a todos los grupos parlamentarios la Comisión Interasociativa de la Justicia, que agrupa a las principales asociaciones de jueces y fiscales de España. Tras la concentración de protesta del pasado día 23 de noviembre, la Interasociativa se reunió con los portavoces de Justicia del PSOE y de Izquierda Unida para exponerles sus planteamientos. El Grupo parlamentario Popular, que no había contestado a la invitación, lo hizo esta misma semana, a raíz, presumiblemente, de la huelga de una hora que tuvo lugar el miércoles.
La cita era para la una de la tarde de ayer con el presidente de la comisión de Justicia del Congreso, el diputado popular Alfredo Prada. Debe suponerse que al ministro Gallardón no debió de sentarle bien la convocatoria de la reunión porque el miércoles mismo, a última hora, los representantes de la Comisión Interasociativa recibieron una llamada de teléfono suspendiendo sine die la reunión.
Las fuentes de la Interasociativa consultadas por El Confidencial no tienen ninguna duda de que ha sido el propio ministro Gallardón el que ha abortado la reunión porque, según explican, en los contactos previos realizados con el Grupo Parlamentario se mostraron dispuestos a mantener la reunión para, en la medida de lo posible, distender el ambiente eléctrico de enfrentamiento que se vive entre el Ministerio y esas asociaciones. De hecho, la única explicación oficial que se ofrece para anular la reunión ha sido que el Grupo Parlamentario Popular se encuentra en estos momentos concentrado en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, lo que otras fuentes añaden es que el ministro Gallardón se opuso frontalmente a la cita al entender que era a él a quien dejaba en mal lugar porque se interpretaría como una señal de debilidad y un ‘puenteo’ dentro de su propio partido.
La Comisión Interasociativa, que agrupa a la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales, es la que hace de catalizadora de la protesta del colectivo contra la reforma planteada por Ruiz Gallardón. Tras las primeras concentraciones de protesta en noviembre, ya descartaron a Gallardón como interlocutor válido y solicitaron la mediación directa de Mariano Rajoy.
Tras cegarse la nueva vía de diálogo que podría haberse abierto hoy en el Congreso, las fuentes consultadas de la Interasociativa destacaron que seguirán esperando una reunión como la suspendida, en este mismo mes de diciembre, para intentar reconducir el conflicto y rebajarle la tensión actual. Si nada ocurre, y el Gobierno continúa adelante con el calendario de aprobación de la reforma, se mantendrá la huelga prevista para enero.
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Un borrador del CGPJ duda sobre la constitucionalidad de la reforma de Gallardón

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles ha emitido un informe en el que considera inconstitucional la reforma del Código Penal promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, fundamentalmente en lo que se refiere a la prisión permanente revisable.

También critica la nueva regulación de las medidas de seguridad por no establecer un límite máximo, y lo que "suscita mayores recelos es la custodia de seguridad", regulada "como una medida privativa de libertad a cumplir" tras la pena de prisión, lo que también "resulta de una cuestionable inconstitucionalidad".

Según el informe, al que ha tenido acceso Efe, "resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable" con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución.

Recuerda en este sentido que "las penas privativas de libertad de carácter temporal no excluyen el reingreso del penado al entorno social" una vez cumplida la condena, "lo que no tendría lugar cuando se le aplicara la prisión permanente revisable".

Destaca que en su día el legislador impuso que las penas de la Corte Penal Internacional "no excedieran de la máxima admitida por nuestra legislación, a efectos del cumplimiento de tales penas en España", ya que "la reclusión a perpetuidad prevista en el catálogo de penas recogido en el Estatuto de la CPI no se consideró compatible" con la Constitución española.

A su juicio, introducir esta medida "en el catálogo de penas privativas de libertad, reformar el actual sistema de medidas de seguridad y modificar el régimen jurídico establecido para la continuidad delictiva debería limitarse a dejar constancia de las razones de oportunidad que le han llevado (al legislador) a proyectar estas medidas, sin ampararse en el pretexto de mejora del funcionamiento e imagen de la Administración de Justicia".

Según Robles, la Justicia "precisa de otro tipo de reformas que, sin menoscabo de los derechos ciudadanos, agilicen la sobrecarga que gravita sobre numerosos órganos judiciales".

Por ello propone reflexionar "sobre la conveniencia de establecer un régimen diferenciado sobre la base exclusiva de la singularidad del delito cometido".

Desaconseja "mantener una regulación diferenciada -más severa- para los delitos vinculados con el terrorismo, y en consecuencia se sugiere establecer un régimen jurídico uniforme para todos los delitos castigados con prisión permanente revisable".

Respecto a las medidas de seguridad privativas de la libertad para los delincuentes considerados peligrosos, critica que se acumulen a la pena y se elimine el sistema actual que permite abonar a las penas, en caso de ser condenado a prisión, el tiempo de cumplimiento de ese tipo de medidas.

Además no se ha establecido un límite máximo de duración de esas medidas, "lo que conduce a un sistema de medidas de seguridad de duración indeterminada y no previsible, sin un control cierto y claro".

La custodia de seguridad se impondrá por contra tras la pena de prisión, y "aunque la ley fija una duración máxima" de diez años, tras ella "se impondrá de modo obligatorio la medida se seguridad de libertad vigilada, que puede llegar a ser ilimitada"

También muestra su oposición a la nueva regulación del delito de lesiones que exige denuncia previa para la persecución de lesiones de menor entidad o malos tratos, "lo que resulta inaceptable en atención al bien jurídico protegido, significando un retroceso de lo que es la afirmación del monopolio estatal frente a la violencia" y cree que debe ser suprimido ese requisito.

En cuanto a la reforma del delito de atentado para introducir en el "aquellos comportamientos que, en un contexto principal de resistencia pasiva, presentan algún episodio de violencia activa de carácter leve", supone "equiparar comportamientos cuya gravedad es desigual".

Sobre la nueva regulación de la suspensión de condenas (por enfermedad o por cometer delitos por adicción a las drogas) y la libertad condicional, Robles cree adecuada "la pretensión de crear un sistema de suspensión de pena único", pero considera que "queda en un simple desideratum" que debe concretarse "con mayor precisión".

Echa de menos "la articulación de un trámite en el que sea oído el penado y su abogado, el ministerio fiscal y demás partes acusadoras si las hubiere" y califica de "acierto" que esa suspensión se acuerde "en sentencia siempre que sea posible".

También considera "positivo" el requisito de cumplir con la responsabilidad civil para obtener la suspensión de la condena en función de la "capacidad económica", pero "parece que sería preciso fijar" un plazo para el cumplimiento de ese pago, ya que de no ser satisfecho se revocaría la suspensión.

Sin embargo, en la reforma se ha omitido la obligación de no cometer delito en el plazo de la suspensión, por lo que Robles recomienda que se subsane.

El informe de Robles será elevado ahora a la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ para su debate, tramitación en la que puede sufrir modificaciones antes de llegar al Pleno, donde se determinará su aprobación o no.

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Gallardón replica a los jueces: 'El indulto es potestad del Ejecutivo y no del Judicial'

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha replicado a los jueces contrarios al indulto concedido a cuatro mossos condenados por torturas que esta medida de gracia es potestad del Gobierno y no competencia del Poder Judicial.

Al ser preguntado en los pasillos del Congreso de los Diputados, sobre el manifiesto firmado por 200 jueces contra el ejercicio "abusivo y desviado" del indulto por parte del Gobierno, el ministro ha subrayado que la Constitución otorga esta facultad al Ejecutivo, por lo "no puede de ninguna de las formas pensarse que otros poderes del Estado pueden asumir competencias que no son suyas".

Ha destacado que el derecho otorga al Gobierno de España la facultad de "poder modular lo que es la aplicación concreta de la ley en aquellos supuestos donde está justificado" y que las excepciones establecidas en la legislación sobre la concesión del perdón "no eran aplicables" al caso de los cuatro mossos.

"Tengo que decir, que respetando las coincidencias o discrepancias, lo que no puede de ninguna de las formas es pensarse que otros poderes del Estado pueden asumir competencias que no son suyas porque la Constitución se las da al Gobierno de España y el indulto no es una facultad del Poder Judicial, sino que es una facultad del Poder Ejecutivo", ha respondido.

Cerca de 200 jueces han firmado un manifiesto criticando el uso "grosero y desviado" de la institución del indulto por el Gobierno tras la concesión de la medida de gracia a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra. Habían sido condenados por torturas conmutándoles los dos años de prisión por 7.200 euros de multa pese a que la Audiencia de Barcelona ordenó que ingresaran en la cárcel antes del 10 de diciembre.

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Jueces y fiscales piden el cese de Gallardón. Dan por "muerto" al ministro como interlocutor y piden que Rajoy asuma la negociación.

Las asociaciones de jueces y fiscales han decidido esta tarde rechazar como interlocutor para buscar una solución al conflicto judicial al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por su "pasividad" y solicitan que sea el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el que asuma la negociación.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, ha asegurado que las asociaciones judiciales "dan por muerto" a Gallardón como "interlocutor". Por ello, dejan en manos de Rajoy la decisión de "mantenerle o cesarle".

Asimismo, estas asociaciones van a convocar un paro de una hora el próximo día 12 de diciembre para intentar frenar las reformas previstas en la administración de justicia como la ley de tasas y la reforma de la ley del poder judicial que recorta los días de permiso de los togados y el régimen de sustituciones. Además, si esta reforma ve finalmente la luz, los jueces y fiscales están dispuestos a convocar una huelga el próximo enero.

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La ley de Gallardón permite pagar las tasas judiciales con ‘dinero negro’

Hacienda no controlará el origen del dinero que se utilice para pagar las nuevas tasas judiciales. Así lo establece la ley que ha entrado ya en vigor y que, al hablar del pago, detalla que “no será necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter previo a la autoliquidación”. En términos prácticos, eso significa que la ley permite a Hacienda aceptar dinero en efectivo y no exige a la Agencia Tributaria comprobar el origen de esos fondos.
Los términos del artículo 3 en el Título I ya publicados en el B.O.E. son los que ahora deberán regir la elaboración de los impresos de cobro que Hacienda tiene que distribuir entre todos los tribunales de España “en las próximas tres semanas”, según fuentes del ministerio. De acuerdo con esa ley, los formularios no debieran obligar a identificar el origen fiscal del dinero que se aporte para pagar la tasa. Hacienda admite que no puede "reinterpretar la norma de Justicia" por lo que no tendrá más remedio que aplicarla tal y como está redactada. Así pues, en la práctica, el único control y restricción que regirá el pago de tasas será la limitación ya aprobada por Hacienda que prohibía el pago en efectivo de cantidades superiores a los 2.500 euros.
Fuentes de la Agencia Tributaria minimizan el problema asegurando que la cuantía de dinero que recaudará esta tasa es una cuantía relativamente pequeña. El Ejecutivo espera recaudar 306 millones de euros, según Justicia. Además, concluyen, si Hacienda detecta que se usa dinero negro para pagarlo, "nada impide a la Agencia Tributaria investigar a alguien más tarde", concluyen.
"La Agencia Tributaria no puede reinterpretar una norma de Justicia", afirman fuentes de Hacienda
La medida ha conseguido un consenso ideológico en contra inaudito. Se oponen a ella desde el PSOE hasta Manos Limpias. Su candidata a la Junta de Gobierno Colegio de Abogados, Montserrat Suárez, asegura que esa redacción no sólo "abre la puerta al dinero de origen fraudulento" sino que, para colmo, generará "competencia deesleal entre los bufetes". Los bufetes más grandes podrán adelantar el dinero de las tasas de sus clientes mientras que los pequeños tendrán que pedírselo a sus representados. Además, concluye, se abre la puerta a que algunos abogados aumenten los porcentajes que cobran a sus clientes "para compensar por el dinero que tengan que adelantar".
 
Los abogados denuncian una batería de “chapuzas técnicas”
1. La Administración no pagará intereses por las tasas que retenga: Incluso si el ciudadano gana el proceso judicial, la nueva ley no fija ningún plazo de tiempo para devolverle el dinero que ha depositado en tasas. Así pues, la devolución del dinero depositado puede quedar sometida al arbitrio de los secretarios judiciales o a los habituales retrasos administrativos sin que al ciudadano le corresponda ningún tipo de interés por la demora. De hecho, la norma especifica que incluso aunque las partes en litigio lleguen a un acuerdo extrajudicial “en ningún lugar (se) dará lugar al devengo de intereses de demora”.
Los abogados consultados denuncian que procesos que pueden dilatarse durante una década rentarán intereses al Estado durante ese tiempo sin que el ciudadano pueda recuperar luego el poder adquisitivo perdido.
 
2. El ciudadano tendrá que pagar tasas si litiga contra la administración pero lo administración no pagará si litiga contra el ciudadano: Hasta ahora la administración de justicia era la única exenta de pagar costas judiciales. Lógicamente, los fiscales no eran tasados ni siquiera en las causas contra empresas en las que era obligatorio depositar fondos. Pero, a partir de ahora, no tendrán la obligación que sí rige para los ciudadanos ni “la Administración General del Estado, ni las Comunidades Autónomas, ni las entidades locales ni los organismos públicos dependientes de ellas”. De igual modo, “la justicia también será gratuita para las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas”.
Sin embargo, si el ciudadano recurre contra alguna de sus sanciones, sí tendrá obligación de depositar tasas. El resultado –denuncian los abogados—es un “terreno desigual” en el que la justicia es más barata para una de las partes.
3. Taponar la vía civil puede desbordar la vía penal: En casos como librar un cheque sin fondos la decisión de acudir a la jurisdicción civil o penal depende del arbitrio del letrado. El hecho de que la vía civil obligue a pagar tasas puede terminar “colapsando” la vía penal, advierten los letrados.
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Jueces y fiscales amenazan a Gallardón con una huelga en diciembre si no les escucha

En sólo un año, Alberto Ruiz Gallardón ha conseguido que todas las asociaciones de jueces y fiscales, conservadores y progresistas, hagan frente común y pronuncien una palabra desconocida en estos ámbitos: huelga.


Ayer se celebraron concentraciones en las principales capitales de España, en las que se leyó un manifiesto que suscribe la Comisión Interasociativa de jueces y fiscales y en el que se exige al Ministro que retire el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, redactado de espaldas a los jueces y que restringue su autonomía. También exigen reforzar las funciones y competencias del Consejo General del Poder Judicial como organizador del trabajo de los jueces. Y, por supuesto, exigen más medios económicos para reforzar los juzgados y para ofrecer una auténtica justicia de calidad.

La concentración en Madrid se celebró frente a la sede del Ministerio de Justicia y los concentrados cortaron la calle San Bernardo durante veinte minutos, pidiendo la dimisión del ministro y oponiéndose a la implantación de las tasas judiciales. Pese a que la mayoría de cánticos y carteles se referían a las tasas judiciales, lo cierto es que, el manifiesto leído, recoge esa oposición en el último punto y no pidiendo su derogación sino su moderación. La mayoría de asociaciones no se oponen frontalmente a ellas sino a su desproporcionada cuantía y al hecho de que hayan de pagarse al principio, en lugar de ser abonado al final del proceso, por el que haya sido vencido.

El Juez Decano de Madrid y portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, fue el encargado de la lectura en Madrid. Armengol insistió en que la huelga está encima de la mesa si sus peticiones no son escuchadas. ” Se pretende tapar el atasco de la justicia con un parche que cercena el acceso de los ciudadanos a la justicia”, dijo en relación a las tasas judiciales. Solicitó un incremento del número de jueces y fiscales y una reforma de calado en la justicia.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, se refirió a a implantación de las tasas que sólo se explica desde un desmesurado afán recaudatorio, que no tiene en cuenta los efectos sociales de la medida y castiga a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y puso fecha a la posible huelga: la semana del 10 al 14 de diciembre. Esta asociación, junto con la Unión Progresista de Fiscales (UPF) son las únicas que se oponen frontalmente a la instauración de un sistema de tasas, que ataca el derecho a la tutela judicial efectiva y restringe el uso del servicio público de la justicia a la mayoría de la población.

También el órgano que aglutina a los abogados, el Consejo General de la Abogacía, se opone de manera frontal a las tasas judiciales, solicitando de partidos políticos y del Defensor del Pueblo que presenten recursos para denunciar su inconstitucionalidad. El presidente del Consejo, Carlos Carnicer, se reunió hace unos días con jueces y fiscales para apoyarles en sus reivindicaciones.

La ley que regula las tasas judiciales debía haber entrado en vigor el pasado jueves pero ha tenido que retrasarse al no estar disponibles los modelos de autoliquidación de tasas, habiendo quedado aplazada su exigibilidad hasta que se publique la Orden Ministerial que regule dichos impresos.

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Gallardón dice que las tasas no son 'copago' sino 'solidaridad'

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha negado este miércoles en el Pleno del Congreso que las tasas en el acceso a los tribunales que su departamento promueve sean un "repago" de este servicio del Estado y las ha definido como solidaridad con los que realmente necesitan el acceso gratuito a la Justicia. Las nuevas tasas serán cobradas a los ciudadanos y no sólo a las empresas como hasta ahora, y han sido rechazadas por toda la oposición, el Consejo del Poder Judicial, el de la Abogacía y todas las asociaciones de jueces y fiscales.

"Lo que vamos a hacer con las tasas es garantizar" el acceso a los tribunales "para los ciudadanos que no tienen recursos", es ese esfuerzo de "solidaridad" el que vamos a "financiar" con las tasas, ha señalado el ministro.

El diputado socialista Álex Sáez Jubero ha preguntado a Gallardón, en la sesión de control al Gobierno del Congreso, si no cree que con el cobro de las tasas se impone un "repago" a los ciudadanos, que ya pagan la Justicia con sus impuestos. Hasta ahora, las tasas no se cobraban a personas físicas sino sólo a empresas, y además, el Gobierno ha incrementado hasta un 150 por ciento las cuantías.

Para el diputado socialista, la ley que el Gobierno ha llevado al Congreso y que prevé el cobro de tasas por el acceso a todas las jurisdicciones salvo la penal y la militar supondrá una "barrera" y provocará "desigualdades en el acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva", ha denunciado el socialista.

Sáez ha recordado al ministro que su propuesta ha generado el rechazo de todos los grupos políticos y de todos los operadores jurídicos. "No, no hay repago", ha respondido Gallardón. "No hay repago, ni prepago, ni copago, ni nada, no fatigue mas los prefijos. Llámelo como lo que es. Y es pago, pago por la justicia gratuita", ha respondido el ministro.

La OMS advierte a Gallardón: "Restringir el aborto sólo provoca más mortalidad materna"

Casi la mitad de los abortos que se realizan en el mundo son inseguros. La mayoría tienen lugar en África, Asia y América Latina. Como consecuencia de ello, 47.000 mujeres mueren a causa de las complicaciones de este tipo de intervenciones. Y, pese a los argumentos de algunos gobiernos, los datos de los expertos demuestran que el número de interrupciones del embarazo no disminuye cuando se restringen las leyes al respecto.

Estas son las principales conclusiones de la jornada sobre Leyes restrictivas y aborto provocado que ha tenido lugar hoy en el Congreso de los Diputados, organizada por el grupo parlamentario socialista en colaboración con la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai). Al acto han acudido ponentes como la doctora Bela Ganatra, especialista del departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha recordado los datos del último informe de la institución sobre aborto seguro.

Así, Ganatra recordó el aumento del número de abortos entre 1990 y 2008, que pasó de 19 millones a 21,6 -algo "no sorprendente, dado que aumentó también la población femenina"- y alertó sobre el correspondiente incremento del porcentaje de interrupciones inseguras: del 44 al 49%, respectivamente. Asimismo, también mostró las gráficas [en la imagen adjunta] que demuestran que el número de interrupciones voluntarias del embarazo en países con leyes restrictivas y en zonas con leyes más liberales no varía en exceso, mientras la diferencia en el número de intervenciones inseguras sí es muy significativa.

"En Argentina hay 500.000 abortos clandestinos al año que provocan 80.000 ingresos hospitalarios y 400 muertes anuales", ejemplificó Santiago Barambio, presidente de Acai. "Como no tienen aborto, tienen muertas y, si no mueren, tienen un número importante de mujeres estropeadas", ironizó.

Además, según un estudio realizado en España en 2002, "el 62% de las mujeres españolas que han abortado volvería a hacerlo aunque fuese ilegal: el 38%, clandestinamente, el 24%, en el extranjero", expuso Barambio. En 2012, dicha asociación ratificó este año casi los mismos datos con un estudio propio: el 62,35% volvería a abortar aunque cambiase su situación.

Barambio también rememoró los tiempos en los que en España no se podía interrumpir el embarazo. "En 1976, según datos del propio Ministerio de Justicia, se producían 100.000 abortos clandestinos y morían entre 200 y 400 mujeres al año", aseguró. Con la ley de supuestos de 1985, a pesar de ser "un poco ambigua por permitir la interrupción, pero según se interpretara la norma", la mortalidad materna se redujo a un 0,6 por cada 100.000 mujeres, según Acai.

El PP impone una tasa de 2.350 euros al ciudadano que recurra actos del Gobierno

Si no hay cambios de última hora, el Partido Popular impondrá este miércoles en el Congreso el Proyecto de Ley que extiende el pago de tasas judiciales a las personas físicas, es decir, a todos los ciudadanos. En concreto, de acuerdo a este nuevo impuesto, que supone un 'copago' judicial, un particular que recurra una disposición o acuerdo del Gobierno que considere injusta, a través del correspondiente pleito contencioso-administrativo ordinario, tendrá que pagar 2.350 euros en caso de llegar hasta el Tribunal Supremo.

Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, se han opuesto a las nuevas tasas y han pedido la retirada del proyecto. No sólo critican la extensión a los particulares y la elevada cuantía de este nuevo impuesto, sino que se exijan también para los recursos en segunda instancia en el orden laboral o social, a razón de 500 euros en suplicación y 750 en casación ante el Supremo. Por lo que un trabajador despedido de su empresa que considere que la extinción del contrato ha sido improcedente, tendría que desembolsar 1.250 euros si debe llegar al Supremo, a sumar a lo que le cobre el abogado y el procurador.

Hasta la fecha, las tasas sólo se cobraban en los órdenes civil y contencioso y únicamente a empresas o personas jurídicas de una cierta entidad. El Gobierno, en un claro "afán recaudotorio", en palabras del ponente socialista de la Ley, Antonio Camacho, ha procedido a elevar las cuantías --en algunos casos, en más de un 150%--, ampliar la recaudación a los ciudadanos particulares e incluir a la segunda instancia del orden social en la aplicación del impuesto. Aparte de la cantidad fija que hay que abonar, se establece otra variable de entre el 0,25% y el 0,5% de las cuantías reclamadas en el pleito.

Sólo quedarán exentos del pago las personas con derecho a justicia gratuita, porque su unidad familiar tiene ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 15.960 euros.