“Nos gustan mucho los niños y queríamos tener otro”, dice en su casa de un barrio al sur de Madrid Sara M., de 34 años. Está algo ojerosa y se le nota intranquila: aún no se ha recuperado del aborto provocado al que ha tenido que someterse después de que una ecografía mostrara hace unos días que ha perdido el bebé que esperaba. En este embarazo, a diferencia del anterior, el hospital madrileño Gregorio Marañón no le ha proporcionado la medicación que permitió el nacimiento de Fernando, un niño risueño que corretea inquieto por el salón, mientras sus padres van desplegando sobre la mesa informes médicos que explican, aseguran, por qué esta gestación estaba condenada al fracaso.
Sara llevaba cuatro abortos cuando, en 2010, y tras dos años de estudios, los médicos dieron con el posible problema: los linfocitos NK (del inglés,natural killer) podrían estar atacando a los embriones como si fueran cuerpos extraños. Los inmunólogos del Gregorio Marañón consideraron que el mejor tratamiento era administrarle gammaglobulina intravenosa, es decir, anticuerpos. “Se ha demostrado en diversos estudios el beneficio clínico del tratamiento con gammaglobulinas intravenosas sobre el éxito reproductivo en estas pacientes”, asegura su informe clínico de septiembre de 2010. “Se propone tratamiento con gammaglobulinas intravenosas Privigen por uso compasivo durante la gestación”, añade.
Nada más empezar su quinto embarazo, Sara empezó con la medicación. Y por fin nació Fernando. “Entonces nos dijeron que, si se quedaba embarazada de nuevo, fuéramos enseguida al servicio de Inmunología, sin pedir cita ni nada, para empezar el tratamiento cuanto antes”, explica Fernando L., el marido de Sara. Eso fue lo que hicieron cuando, el mes pasado, supieron que esperaban otro hijo. Pero salieron del hospital hundidos. “Nos dijeron que el tratamiento se había suspendido, que ya no podían administrarle Privigen. Al insistir, aseguraron que no había consenso sobre ese fármaco”, explica Fernando. “En cuanto te dijeron que no te lo ponían supe que ibas a abortar”, dice dirigiéndose a Sara, que mira al suelo.
La pareja está convencida de que son los recortes sanitarios los que explican la situación: “Qué casualidad que llevaran años administrando el fármaco a decenas de mujeres con éxito y que sea ahora cuando justifiquen su eliminación porque ya no es efectivo”, ironiza Fernando. “A nosotros, tras cuatro abortos, nos funcionó; eso es una evidencia”, añade. Angustiados, trataron de informarse sobre dónde podían conseguirlo. Fue así como supieron que se trata de un fármaco caro que los hospitales públicos generalmente no prescriben en estos casos, pero de uso habitual en las clínicas privadas de fertilidad. Al precio del medicamento (unos 500 euros el vial de 100 miligramos) se suma el hecho de que la administración es hospitalaria, durante tres o cuatro horas y bajo supervisión.
“Nos han abocado a un aborto seguro”, insiste Fernando, preocupado porque es el quinto que sufre su mujer. “La han apartado del sistema sanitario. Si nos hubieran avisado de que habían recortado el tratamiento no habríamos buscado el embarazo. No queríamos tener que pasar por esto otra vez”. El hospital niega razones económicas: “El avance de la evidencia científica al respecto ha provocado que los profesionales del centro sanitario hayan modificado sus procedimientos terapéuticos adecuándolos por criterios puramente técnicos”, aseguró en respuesta escrita. Este diario ha tratado, sin éxito, de contactar con el jefe del Servicio de Inmunología, Eduardo Fernández-Cruz, que firma con otros 22 autores un estudio observacional, publicado en la American Journal of Reproductive Immunology en abril de este mismo año, en el que concluye que el tratamiento con gammaglobulina intravenosa es “una estrategia terapéutica segura y beneficiosa que se asocia con altos porcentajes de embarazo clínico y nacimiento”; 34 de las 40 mujeres del grupo de cohorte llevaron a término la gestación.
