La cruda e inhumana realidad de los recortes de Cospedal.

Así tienen que bajar a lo niños de los vehículos no adaptados en Toledo.

Cada día una veintena de niños que utilizan el transporte escolar que cubre la ruta entre el Colegio de Educación Especial Ciudad de Toledo y los municipios cercanos, como Argés o Cobisa, tienen que enfrentarse a demasiadas barreras. El autobús de la empresa Romerías de León, que ganó al concesión administrativa de la Junta de Castilla-La Mancha, por un plazo de cuatro años no está adaptado a las necesidades especiales de movilidad que tienen los usuarios, según denuncian los padres de los estudiantes.

"Tenemos que subir en brazos, en vilo, a nuestros hijos porque es un autobús pequeño, sin ninguna plataforma elevadora ni nada parecido", denuncian en conversación con www.dclm.es. Lo cierto es que esta adjudicación se produjo después de un concurso público donde las empresas de Toledo rebajaron hasta un 40 por ciento las tarifas para quedarse con el servicio, pero finalmente fue otorgada a la compañía leonesa que no ha presentado un vehículo apropiado en ningún momento. "El primer día vinieron con uno que tenía los asientos de madera, parecía una diligencia y ante nuestras protestas lo cambiaron, pero el actual no tiene cinturones de seguridad", explican. Y ponen como ejemplo que el otro día, tras un frenazo, uno de los viajeros se hizo una marca en la frente.

Algunos padres, cansados ya de esta situación que podría acabar en una desgracia, se han dirigido a los Servicios Periféricos de la Junta donde les han emplazado a la Consejería de Educación de la que depende este asunto. "El consejero Marcial Marín conoce el problema, el otro día en el Pleno de las Cortes vio una fotografía, pero no ha hecho nada hasta la fecha", aseguran.

No son pocos los progenitores que temen que el Gobierno regional siga sin actuar porque el colegio tiene un déficit de unos 30.000 euros y ha sufrido, como ningún otro, los recortes presupuestarios de una manera evidente. "Se nos ha dicho que si se rompe el contrato con la empresa habría que indemnizarles, pero no es comprensible que se haga una concesión a una compañía que no tiene un vehículo adaptado", argumentan.

En todo caso, el problema con los desplazamientos no es el único que padecen a diario. La piscina climatizada, tan necesaria para los ejercicios de rehabilitación en personas con movilidad reducida y grandes dependientes, tampoco funciona. La Consejería ha alegado "motivos técnicos", como la fuga de aguas, y permanecerá fuera de servicio hasta nuevo aviso. La única solución que se les ha ofrecido es acudir a la más próxima del Patronato de Toledo, pero es francamente difícil que puedan llevarla a cabo porque muchos de esos alumnos no pueden andar por sí solos y necesitarían un nuevo autobús para desplazarse aunque sean unos pocos metros.

Tampoco este curso habrá sesiones de hipoterapia, una disciplina de extraordinario poder terapéutico para las personas con capacidades diferentes porque esta modalidad educativa desapareció cuando el actual Gobierno dejó de pagarlo. "La primera parte sí estaba abonado por el Ejecutivo anterior, pero cuando llegó la segunda liquidación optaron por quitárnoslo", explica un padre que recuerda que los ejercicios en el agua o con caballos son tan importantes para estos estudiantes como las matemáticas o el inglés en cualquier centro educativo.

Problemas hay también con los servicios de fisioterapia porque desde hace días la persona que debía sustituir al titular no ha llegado. "Dos horas de piscina que ya no tienen y otras tantos de fisio que tampoco reciben", se lamentan para denunciar que incluso han visto cómo la compañía eléctrica se personaba en las instalaciones para cortar la luz por impagos... Es la radiografía de un centro que desmiente cada nueva jornada las recientes palabras de Marcial Marín afirmando que "en educación la clave está en invertir mejor: en formación del profesorado y excelencia para el alumno".

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Más de un centenar de medicamentos desfinanciados hace un año por Sanidad han subido su precio

La medida, puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el pasado 1 de septiembre para ahorrar unos 450 millones de euros, también ha propiciado un descenso en las ventas de muchos de estos fármacos, como han alertado varios estudios publicados desde entonces.

La lista de más de 400 fármacos incluía algunos de uso común como 'Almax', 'Pectox', 'Hemorrane', 'Fortasec', 'Acetil Cisteína' o 'Mucosan', todos ellos para síntomas menores, según el departamento de Ana Mato, y con una "alternativa" terapéutica en el mercado que sí está financiada.

Ante la posibilidad de que la desfinanciación conllevara un descenso de las ventas, como parece haber sucedido, muchos fabricantes han ido decidiendo poco a poco subir los precios. Según datos recopilados por la Federación de Empresarios Farmacéuticos Españoles (FEFE), hasta este verano habían subido su precio más de 80 medicamentos.

Los que más lo han hecho son el 'Mucibron', que ha aumentado su precio un 199,5 por ciento y ha pasado de costar 2,06 a 6,17 euros; la 'Cloperastina Normon' (un 189% más, de los 1,73 a 5 euros); el 'Motosol' y el 'Mucosan' en jarabe (un 183% más, pasando de los 2,06 a 5,85 euros); el 'Daflon' (un 131% más, de 4,4 a 10,18 euros).

Otros que también han subido son la 'Acetilcisteina Normon' (un 110%, de 2,15 a 4,53 euros), el 'Romilar' (un 100%, de 2,9 a 5,8 euros, en su formato en jarabe), el 'Fortasec' (un 100%, de 1,89 a 3,78 euros) o el 'Aciclovir' (un 97%, pasando de 7,31 a 14,47 euros).

"Las desfinanciaciones llevan consigo caídas de ventas por unidades, pero si se retoca el precio al alza los laboratorios siguen manteniendo los ingresos. Esto hace que, a medio largo plazo, determinados medicamentos, sobre todo las marcas más importantes, no vayan a sufrir", ha explicado a Europa Press Enrique Granda, responsable del Observatorio del Medicamento de FEFE.

LA SUBIDA ERA DE ESPERAR

La subida era esperable ya que, como reconocía poco después de entrar en vigor el director general de la Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Agustín Rivero, tras su desfinanciación se consideran medicamentos "con precio libre" y el Ministerio "no puede actuar" sobre sus precios.

Pese a ello, Sanidad propuso a los laboratorios que las subidas fueran de entre un 10 y 20 por ciento sobre el precio que tenían los fármacos cuando estaban financiados, algo que algunos fabricantes no han cumplido.

Otra de las consecuencias de la desfinanciación ha sido la desaparición del mercado de una veintena de medicamentos, como algunas presentaciones de 'Biolid', 'Lactulosa Level', 'Relistor', 'Toseina' o 'Vincaminol'.

Generalmente, según ha explicado el representante de FEFE, esto ha sucedido en aquellos fármacos o presentaciones que "ya se vendían poco" o que tenían "un fuerte competidor".

DOBLES PRECIOS

Además, y como también han denunciado las oficinas de farmacia, la desfinanciación también ha dado lugar a un "doble precio" en aquellos casos excepcionales en que un medicamento podía estar financiado o no en función de su indicación terapéutica.

Esto ha dado lugar a que, por ejemplo, si el 'Romilar' está prescrito para la tos persistente se financia y cuesta 1,34 euros (en comprimidos), 2,9 euros (en jarabe) y 2,05 euros (en gotas). En cambio, para otras indicaciones o en caso de venta libre su precio asciende a 2,69, 5,81 o 4,09 euros, respectivamente.

Otros fármacos cuyo precio también varía en función de su financiación son el 'Duphalac' en sobres (que pasa de 4,78 a 7,81 euros), el 'Tosidrin' (2,03 ó 3,04 euros), el 'Viscofresh' (2,2 a 3,2 euros) o el 'Emportal' (3,12 a 4,32 euros).

MÁS PRECIO, PERO MENOS VENTAS

Pero junto a estas subidas de precios, que afectan únicamente al ciudadano, la desfinanciación también ha tenido consecuencias negativas para la industria por la mencionada reducción de las ventas, a la que también han contribuido otras medidas adoptadas en el ámbito farmacéutico como el nuevo sistema de copago.

Así, un informe de IMS Health publicado ya evidenciaba en febrero que el mercado farmacéutico en España había experimentado un decrecimiento del 10 por ciento desde julio, lo que había propiciado que desde entonces una de cada 10 unidades de fármacos haya dejado de venderse.

Además, advertían de que la desfinanciación había afectado sobre todo a compañías españolas, como Ferrer (sus productos representan el 8,8% de todos los desfinanciados) o Almirall (7,8%).

Un informe posterior de la misma consultora, centrado en el mercado de medicamentos genéricos, reflejó que la desfinanciación había supuesto un 45 por ciento de reducción en unidades y un 30 por ciento en valores por el efecto del incremento de precios.

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En España sobran 7.396 millones de euros, qué hacemos con ellos?

Ya se ha convertido en costumbre. Como viene ocurriendo en los últimos seis años, el pasado 27 de julio, en pleno arranque de las vacaciones de verano, el Gobierno ha aprobado por la vía expeditiva del real decreto la concesión de un crédito extraordinario “para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y material” por 877,3 millones de euros. El importe, justificado por razones de “extraordinaria y urgente necesidad”, se concede “al presupuesto del Ministerio de Defensa y se financiará con deuda pública”, según se explica en el BOE.

La excepcionalidad de la medida queda en entredicho porque el pasado 30 de abril el Gobierno ya había autorizado un aumento del gasto en el presupuesto del Ministerio de Defensa por un importe de 582,3 millones de euros.

Con las dos decisiones el engorde de los dineros destinados al departamento encargado de organizar la actividad militar en España ha crecido en nueve meses un 24%. Así en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 se le consignaron 5.937 millones, que sumados a los 1.459 millones de las dos partidas extraordinarias citadas, ascienden en total a 7.396 millones.

Seis años de 'extraordinarios'

Si echamos la vista atrás, el carácter excepcional de los créditos con los que desde 2008 se engorda de manera sistemática y en una cuantía media aproximada de 1.500 millones cada año, el presupuesto inicial del Ministerio de Defensa, comprobaremos que lejos de ser una mediada "urgente y extraordinaria", se ha convertido en una costumbre. Así, en el ejercicio 2008 en la ley de Presupuestos Generales del Estado se consignaban para el departamento 8.149 millones. Tras el correspondiente decreto veraniego esta cifra se aumentó hasta 9.810 millones. En 2009 la misma jugada; de 8.255 millones se pasó a 9.344 millones. En 2010 de 7.694 se subió a 8.715 millones. En el ultimo año del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 2011, los 7.156 millones del presupuesto se convirtieron en 8.301 millones.

En 2012, y justificado en buena medida por una partida extraordinaria para el pago de armamento, el tradicional engorde de las cuentas de Defensa batió su récord al pasar de los 6.316 millones presupuestados a 9.066 millones.

Incluyendo en el cómputo las cifras apuntadas correspondientes a 2013, y a la espera de que antes de final de año no se produzcan nuevas sorpresas, durante los últimos seis años la cuantía total presupuestada para el Ministerio de Defensa fue de 43.507 millones. Sin embargo, tras la aprobación reiterada de partidas "extraordinarias" año tras año, la cantidad total gastada ha sido de 52.632 millones; esto es 9.125 millones de euros más o, lo que es lo mismo, un engorde del 21%. En el mismo período partidas como la sanidad, la educación o la investigación han sufrido recortes de hasta el 50% a causa de la crisis.

Dinero para armamento

La concesión del último crédito extraordinario por 877,3 millones el 27 de julio último para Defensa es justificada por el Gobierno "para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y material". Estos programas "tanto por su volumen económico, complejidad industrial y tecnológica, suponen las más relevantes adquisiciones de sistemas de armas" que cubren "necesidades político-estratégicas, económicas, industriales y tecnológicas esenciales para la modernización de las Fuerzas Armadas".

Este río de millones a crédito se reparte del modo siguiente: 2,7 millones para la Fragata F100; 371,5 millones para el avión de combate EF-2000; 2,42 millones para el carro de combate Leopardo; 46,6 millones al nuevo avión de transporte militar A-400M; 88,2 millones para el helicóptero de combate Tigre; 28,2 millones para el buque BAC; 32,4 millones para el obús 155/52; 15 millones para el misil Taurus; 69,8 millones para la Fragata F-105, un millón para el buque BAM-1; 34,5 millones para el misil C/C Spyke; 75,19 millones para el helicóptero NH-90; 5,96 millones para los Nodos CIS de la UME y 10 millones para el helicóptero EC-135.

En la única oportunidad para intervenir en el Congreso de los Diputados, a causa de las vacaciones parlamentarias, el diputado Joan Baldovi de Compromís-Equo aseguró que "es escandaloso, inmoral que mientras se recortao en sanidad, en educación, en i+d+i el presupuesto de Defensa siga engordando. Nos parece tramposo, falto de ética, que mezclen créditos para desempleados, con créditos para tanques, misiles y obuses".

Cultura de la Defensa

En realidad el incremento del presupuesto ha sido algo mayor en 2013 que esos 1.459 millones extra ya que el Ministerio de Defensa ha recuperado unas subvenciones por 320.300 euros autorizadas por el Gobierno cuyo fin es "promover la cultura de defensa, fomentando el conocimiento de la defensa como elemento esencial para garantizar la seguridad de España y de los españoles". Las ayudas son para 60 proyectos de divulgación de las fuerzas armadas, repartidos entre jornadas, seminarios, exposiciones y otras actividades. Aunque el grueso de las beneficiarias son universidades, también reciben subvención asociaciones como Fhimades (Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí), una entidad que colabora con FAES.

Este gasto no es el único que destina el Ministerio de Defensa para difundir sus valores. Recientemente adjudicó el plan de medios para la ‘Campaña de proximidad de las Fuerzas Armadas, reconocimiento y captación de 2013’ por 1.880.338 euros y la creatividad de esa misma campaña por 311.454 euros.

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Despedida de una científica que está haciendo las maletas

Esta carta la escribe Amaya Moro-Martín es investigadora Ramón y Cajal del CSIC y promotora de la Plataforma Investigación Digna. Es de IMPRESCINDIBLE LECTURA, eso si, aviso que tiene efectos secundarios:

- Episodios de rabia incontenida.

- Hiperventilación.

- se han dado casos de personas que se han roto una pieza dental al chirriarles los dientes.

 

Y ahora que estáis avisados, os dejo con las palabras de Amaya.

 

Estimado Sr. Presidente,

Aprovechando el periodo estival, y para minimizar los costes de mi próximo traslado trasatlántico, estoy haciendo limpieza de mi oficina en el CSIC y me gustaría devolverle algunos documentos que ya no voy a necesitar.

Adjunto le devuelvo el certificado oficial de haber superado positivamente la evaluación del Programa I3, el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora. Agradezco el detalle del Ministerio de Economía y Competitividad pero, en el contexto actual de la investigación en España, no entiendo los conceptos “incentivación”, “incorporación” e “intensificación” (tampoco el de “actividad investigadora”, más allá de la basal). Gracias de todos modos por comunicarme que soy “apta” para investigar; del feedback de la comunidad científica uno no se puede fiar.

Así mismo le devuelvo la homologación española del título de doctor que obtuve en EEUU y la docena de documentos necesarios para su trámite.

Todos los documentos vienen con la apostilla de la Haya y las consiguientes firmas del Gobernador del Estado, traducciones oficiales y copias compulsadas con las firmas del Cónsul español en Nueva York. Se incluyen las descripciones detalladas de todas las asignaturas cursadas, que resultaron de mucho interés tanto para el Gobernador como para el Cónsul. Afortunadamente España lidera la cruzada de las homologaciones.

Fuera de nuestras fronteras cualquier título original vale, un verdadero escándalo.

El documento que guardo con más cariño, y que también le devuelvo en este envío, es el BOE que describe mi contrato bajo el programa Ramón y Cajal. Subrayado en amarillo encontrará el párrafo donde se detalla el compromiso explícito de, superadas las evaluaciones pertinentes, convocar una plaza con el perfil del investigador contratado. Fue ese párrafo el que me hizo poner fin a más de una década en EEUU. También le devuelvo otro BOE, el de la Ley de la Ciencia, que reafirma ese compromiso de estabilización laboral, introducido precisamente por su grupo parlamentario en el Senado. Le envío esos documentos en una bolsa hermética, son puro papel mojado.

Por el mismo conducto le envío las 700 páginas de certificados y documentos que tenía preparados para el día en que se convocara una plaza con mi perfil, algo que nunca ocurrió. Es la documentación requerida para acreditar la veracidad de mi currículum. Recopilar esa documentación fue una labor de investigación tremendamente gratificante.

Sepa usted que en los muchos trabajos que he solicitado fuera de España la documentación requerida es algo más escueta, aproximadamente de 10 páginas: un plan de trabajo y un breve currículum, que no hay que justificar porque la comunidad científica opera con un código de honor.

Si quiere un día se lo explico. Sepa usted también que nunca he podido presentarme a una oposición en una universidad española por no tener la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, acreditación que, por otro lado, sólo se consigue si uno tiene una vinculación previa con una universidad española. Es curioso que ni la Universidad de Princeton ni la Universidad de California en Berkeley, donde hice hace unos años sendas entrevistas de trabajo para plazas de profesor, echaran en falta dicha certificación de aptitud.

Quizá la permeabilidad tenga algo que ver con la excelencia, ahora que estamos tan preocupados por los rankings internacionales.

También le devuelvo la carta que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología tuvo el detalle de enviarme hace unas semanas a mi antigua dirección en la Universidad de Princeton. El objetivo de dicha misiva es realzar la “marca España” con un programa denominado “Ciencia Española en el Exterior”. Sepa usted que me trasladé a España hace cinco años y cuando emigre próximamente la ciencia que haga ya no será española, ni será gracias a España; seguiré haciendo ciencia a pesar de España. No se molesten en enviarme esa misma misiva a mi nuevo centro de trabajo en NASA. Ese esfuerzo ímprobo que han realizado ustedes para localizar a investigadores españoles en el extranjero, que ha llegado incluso a recopilar los viejos correos electrónicos de los que habíamos regresado hacía años, podrían canalizarlo en contactar con los investigadores que todavía están en España y cuya permanencia en el país pende de un hilo.

Quizá sea interesante evaluar el alcance del problema, analizar las causas y diseñar una estrategia para buscar soluciones. ¿Cómo, que no sabe a qué problema me refiero? Al de la fuga de cerebros, esa realidad sangrante que su equipo describe como un “topicazo”. Les sugiero un nuevo eufemismo para su colección: inquietud laboral.

Ya se que tiene usted copia porque la dejamos en el Registro de Entrada, pero permítame enviarle de nuevo el CD con las 50.000 firmas de la primera Carta Abierta por la Ciencia y otro con las 80.000 firmas de la segunda. Y una sugerencia: en la verja del Ministerio de Economía y Competitividad, cuyas puertas cerraron a cal y canto el pasado 14 de junio ante la llegada de la mayor manifestación de investigadores en la historia de España, tenga usted disponible, por favor, un rollo de celo.

Lo digo para que podamos pegar en la verja la siguiente carta abierta por la ciencia, como pasó con nuestra última carta. O ponga usted un corcho. Entiendo que ambas cosas, el celo y el corcho, excedan el presupuesto de la I+D(*) en España; nos apañamos con uno u otro.

También le devuelvo todas las afirmaciones que su equipo ha hecho de cómo España sigue apostando por la I+D(*). Deduzco que esa apuesta fue hecha en Eurovegas y perdimos. Le devuelvo esas afirmaciones con el mismo afecto con que las recibimos. En realidad usted personalmente no miente, porque no ha dicho nada, absolutamente nada al respecto. Pero aquí le envío los contactos de los 156 periodistas nacionales e internacionales con los que hasta ahora he tenido el placer de hablar sobre su política científica, por si algún día se decide a decirles algo sobre este asunto. Somos todo oídos.

En este abultado envío también le adjunto mi certificado de empadronamiento y dudo si devolverle o no el pasaporte de mi hija de nueve meses; tiene doble nacionalidad pero nuestro futuro en España es tan incierto que me pregunto si volverá a necesitar el pasaporte español. Ahí le van. Se los envío con un nudo en la garganta, el nudo doble de los que se enfrentan a la emigración por segunda vez.

Por último, y a cambio de todos estos documentos que le devuelvo, le pido tan sólo una cosa: devuélvame usted mi dignidad como investigadora, y en el mismo envío, si no le es mucha molestia, devuélvasela a toda la comunidad de investigadores en España, y no se olvide de los de humanidades.

Mariano, durante su legislatura la investigación en este país se está hundiendo irremediablemente hacia el abismo de la fosa de las Marianas.

Y si bien es cierto que nuestros colegas científicos han descubierto que hay vida allá abajo, sepa usted que es bacteriana.

Un cordial saludo,

Una investigadora.

(*) P.S. I+D significaba Investigación y Desarrollo.

 

 

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Carta de un padre al usurero Javier Fernández-Lasquetty

No puedo hablar desde una experiencia de años y años porque no he vivido tanto, pero si puedo afirmar que en 35 años jamás he visto los niveles de crispación social que se viven hoy en día. Si es cierto que gente descontenta con el partido político que tocase esa legislatura, ha habido siempre. Pero no creo que haya nadie que me pueda convencer (ojo, que he dicho convencer, usar argumentos y tal. Nada de llevarme la contraria de forma gratuita...) de que lo que está pasando hoy en día no se sale de la norma.

Este gobierno está tensando las cuerdas amparándose en el, llamémosle aguante español (por no decir atocinamiento ibérico) sin pararse a pensar qué puede llegar a pasar si una de esas cuerdas se rompe. Y detrás, otra. Y otra...

Aquí os dejo una muestra escrita de unas cuantas hebras de una de esas cuerdas que, con toda la razón, ya se ha roto. No es más que la rabia e impotencia de un padre que ve como el robo de la sanidad pública le afecta (nos afecta) mientras sanguijuelas como el señor Lasquetty (¿señor? Bueno, dejemoslo así, tal vez si digo usurero sin escrúpulos haya quién se ofenda) se enriquece pasando por encima de la salud del pueblo ante el que, no nos olvidemos, debe responder.

Despreciable y ponzoñoso mercachifle:

Te escribo con el mayor ánimo del mundo de ofenderte. Quisiera causarte el daño personal que con tu actuación nos causas tú a los demás. Quisiera que sintieras la humillación que he sentido yo esta mañana, cuando he llevado a mi hijo a una revisión medica rutinaria al Hospital Niño Jesús y me he topado, por primera vez y cara a cara con vuestros putos recortes. Este es el objetivo principal, y no otro, de esta carta que escribo presa de la ira más violenta. Aunque supongo que no la leerás. Eres un cobarde por no acudir a los centros de salud y a los hospitales a dar la cara y a explicarnos a los madrileños y a las madrileñas que los usamos lo que nos estás haciendo, y el mal que nos estas causando. Ya me he calmado un poco, pero esta mañana, en el Hospital, si te hubiera visto, habríamos tenido un problema. Tú de salud, y yo legal, porque no habría dudado en caer sobre ti hecho una hidra. Tus decisiones políticas, tu ánimo de enriquecer a tu despreciable clase social, están causando graves perjuicios a muchas personas.

Debes saber que he pasado la mañana en el Hospital Infantil Niño Jesús, un hospital público, orgullo de la ciudadanía madrileña, por la calidad de sus servicios y por sus médicos, que si no son autoridades científicas de reconocimiento internacional en una cosa, lo son en la otra. He pasado toda la mañana esperando a ser atendido en una consulta de revisión para la que tenía cita mi hijo. Durante horas, he deseado fervientemente que te pille el peor de los ébolas catalogados y conocidos. La cita era a las 10 de la mañana. Nos han atendido a las 12:00 y es la una cuando escribía estás líneas, sentado en una sala de espera masificada, presa de la ira más destructiva. Y ahora, tras la consulta, me queda al menos otra hora de espera, nada menos que para pedir cita para la próxima visita.

Desde que mi hijo Artur vino a España, tras el proceso de adopción en Rusia, está sometido a controles médicos periódicos en el Servicio de Pediatría Social de dicho hospital. No tiene nada grave, pero como seguro que sabes, los niños y niñas adoptados en Madrid son asignados a uno de los servicios de Pediatría Social, donde son especialistas, entre otras cosas, en el tipo de trastornos que suelen traer quienes han sufrido abandono y han pasado por un periodo más o menos largo de institucionalización antes de la adopción. En los tres años que llevo acudiendo varias veces al año a este servicio no he tenido mayores problemas ni molestias que alguna espera moderadamente larga. Nada grave, en cualquier caso. Esta mañana, sin embargo, he percibido hasta qué punto están afectando a la calidad del servicio y de los cuidados que reciben nuestros hijos e hijas los recortes en las políticas sociales que estáis llevando a cabo vosotros, ponzoña que sobra en el mundo, con el único objeto de robar el dinero que la sociedad invierte en su sistema sanitario público. Y he percibido también el desprecio con el que vosotros, partida de malnacidos pijos peperos de mierda, tratáis a los usuarios de la sanidad madrileña. No puede explicarse de otra forma la nueva política de solicitud de citas que habéis implantado, que más parece un castigo al usuario de la sanidad pública que otra cosa.

Cuando llegamos al hospital sobre las 9:45 y anunciamos que vamos al servicio de Pediatría Social, nos encontramos con que les han desalojado del edificio principal y les han mandado a un barracón prefabricado que hay en el patio. Es que hay obras, nos aseguran, avergonzados, los empleados a los que preguntamos. Llegamos al barracón y segunda sorpresa: no hay personal auxiliar. Sólo una administrativa para atender a varios médicos, y no da abasto con el teléfono, las citas, las idas y venidas de historiales…. Pero no sólo ella está agobiada: según podemos comprobar, el número de médicos del servicio es ahora menor, y el que nos atendía habitualmente ya no está. Nos va a atender otro doctor. La confianza en los médicos del Hospital Niño Jesús es absoluta, eso no me preocupa demasiado, lo que me preocupa, nos preocupa, es que ahora, la mitad de médicos tengan que atender a los mismos pacientes. Dos horas más tarde de la cita que nos dieron, pasamos a ver al médico, que nos atiende estupendamente, aunque, como no conocía a Artur, nos dedica casi una hora, para leer su historia, reconocerle y hablar con nosotros. Lo dicho: los médicos son estupendos. Nos pide que le hagamos al niño una radiografía, cosa que hacemos en el momento, y que pidamos cita con él en 20 días para ver el resultado.

Tercera sorpresa: ya no se puede pedir cita por teléfono, ni por correo electrónico, ni mediante ninguna web. Sólo se puede pedir cita de manera presencial. Es decir, que si trabajo y mi hijo necesita ir al médico, tengo que pedir permiso en el trabajo, y perder al menos dos o tres horas en desplazarme al hospital para allí, de manera presencial, pedir la cita, y echar la mañana en ello, porque para pedir cita, hay que hacer cola, y una cola muy larga. Cuando llegamos a admisiones, que es dónde se pide cita, nos encontramos con que tenemos el turno 91. Por delante de nosotros hay 82 personas: van por el 9. La sala de espera es minúscula, y sólo dos personas atendiendo a la gente, y en muchos casos, especialmente para las primeras visitas, repitiendo el indignante mantra que les mandáis desde el PP: “hay una espera de tres meses. Si quiere usted, le podemos derivar a una de estas clínicas“… y recitan un listado de clínicas privadas. Un médico, después, nos aseguró que es mentira, y que algunos servicios sólo están masificados como consecuencia de la desaparición de facultativos.

Si de mí dependiera, os lanzaba vivos al Océano Pacífico desde un avion militar. ¿Cómo tenéis la desfachatez de destrozar un hospital público que era una referencia, para mandar a los pacientes a clínicas privadas, de los que probablemente sois accionistas vosotros o vuestros testaferros?¿Pero qué tipo de mangantes sois? ¿Es que no tenéis vergüenza, ponzoña? Sois peores que los terroristas. Mucho peores.

Término con un deseo: que sufras en la enfermedad las mismas humillaciones y padecimientos físicos que estáis causando a los usuarios de la sanidad madrileña, que son muchos…

Me despido manifestándote mi mas absoluto desprecio, y te advierto que por desprecio no debes entender ignorancia, sino odio.

Ricardo Royo-Villanova

Usuario de la sanidad pública madrileña.

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Publicado con Blogsy

Así alimentan a los enfermos en el Hospital de Navarra

Dando vueltas por aquí y por allí, que es como se encuentran las cosas, vi que alguien publicaba esta foto junto con este texto:

 

Esta no es la típica foto que publica alguien y compartes por compartir. Esta foto esta recien tomada en el Hospital de Navarra y esa es la cena que han servido hoy a un paciente. Esta es la comida que sirve la empresa Mediterranea del Catering y con la cual "se está ahorrando" en Pamplona, ahorrando a costa de gente enferma.... En fin, no tengo mucho más que decir, la foto habla por si sola. Si la compartis todos mejor...


 


 


 


 

La empresa en cuestión que al parecer sirve "esto", a lo que no me atrevo a calificar de comida, es Mediterránea del Catering Al parecer esta emoresa ya ha tenido problemas y se ha visto envuelta en denuncias justo cuando se le adjudicó el servicio de comidas de este hospital.


Por otro lado y posteriormente, la empresa de catering denunció el sabotaje de carros de alimentos que "podían haber llegado a poner en riesgo la salud de los pacientes".


En fin, una de las muchas cosas que pasan en nuestro país que, a falta de una expresión mejor HUELEN MAL. Que cada uno saque conclusiones, eso sí, nadie me negará que de la imagen de lo que prometen a lo que llega al cliente......hay un avismo.

 

Mato culpa a los cuidadores familiares de quitar 1000 millones a los dependientes

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato Adrover, acusa a los cuidadores familiares de las personas dependientes de haberles quitado más de mil millones de euros desde que entró en vigor el sistema de dependencia para satisfacer sus cotizaciones de la Seguridad Social. En una respuesta parlamentaria por escrito al dirigente de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, la ministra asegura además que si no se hubiera restado esa cantidad, no habría problema para reconocer a las personas que se hallan a la espera de ser reconocidas como dependientes y de recibir la ayuda. Las peticiones registradas superan 1,6 millones y las personas con prestación no llegan a 900.000.

El dirigente de IU le preguntó hace varios meses por qué se está excluyendo de hecho a los cuidadores familiares de personas dependientes del sistema de la Seguridad Social, y la ministra ha contestado ahora que “en ningún momento se les ha retirado la posibilidad de estar de alta en la Seguridad Social”. Reconoce que a partir del decreto de 13 de julio, los cuidadores de personas dependientes que ya tuvieran suscrito el convenio especial con la Seguridad Social debían optar “entre mantenerse o darse de baja en el mismo”. En el primer caso tenían que pagar el 85% de la cotización desde el 1 de septiembre al 31 de enero y afrontar las cuotas íntegras a partir del 1 de enero de 2013. Sobre el coste de las cotizaciones, Mato ignoró el buen funcionamiento de la “ventanilla única” y remitió al interpelante a la Tesorería de la Seguridad Social.

Pero a renglón seguido, la exesposa del exalcalde de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda, procesado en la trama Gurtel y empleado hasta enero como asesor de la dirección del PP –de la que ella es vicesecretaria general electoral y de organización–, sorprendió a Lara con esta observación: “El espíritu básico de la Ley de Dependencia reside en la atención a las personas en situación de dependencia y el dinero de la dependencia es para la dependencia, no para los familiares de las personas en situación de dependencia”.

Y para que al dirigente de IU le quedara claro y no le ocurriera lo que a ella con las dádivas de los gurtélidos, añadió con singular desparpajo no carente de inquina hacia los trabajadores que desde la entrada en vigor de la ley de la dependencia, en el año 2007, “se han devengado unas cantidades por este concepto (cotización a la Seguridad Social) que superan los mil millones de euros. Si esta cantidad se hubiese destinado a la concesión de prestaciones y servicios a personas en situación de dependencia, se habría reducido en gran medida el número de dependientes que no han recibido aún concesión de prestación”.

Mato culpa de este modo a los cuidadores familiares de ser los responsables del estancamiento del sistema (hay 260.000 personas a la espera de que se reconozcan sus derechos). Pero el problema de su punzante respuesta es que Lara y 1.634.000 dependientes y la mayoría de los ciudadanos poseen capacidad intelectual para discernir que está tergiversando la realidad o mintiendo por escrito con el fin de disfrazar la exclusión de hecho del sistema de la Seguridad Social a los cuidadores familiares.

Y eso es así porque, en primer lugar, la ayuda mensual de 300 euros a las personas dependientes de grado uno, que se reduce a 153 euros si están a cargo del “entorno familiar”, no alcanza para pagar la Seguridad Social. Por tanto, se está excluyendo a unos trabajadores. En segundo lugar, la ayuda de 268,79 euros para los dependientes de grado dos tampoco alcanza para pagar la cotización. Por tanto, se está excluyendo a los cuidadores familiares del sistema. Y en tercer lugar, con una ayuda de 387,64 euros a los dependientes más severos o de tercer grado, al cuidador le quedarían 100 euros después de pagar los 270 de cotización mínima a la Seguridad Social.

Puesto que ese baremo de ayudas no puede ser ignorado como el famoso automóvil Jaguar en el garaje de la ministra, pues lo fijó y firmó ella misma por decreto, vale suponer que además de falsear la realidad al afirmar que “en ningún momento se ha retirado a los cuidadores la posibilidad de estar de alta en la Seguridad Social”, está apostando por el empleo sumergido y sin derechos sociales, como ocurría en los prósperos tiempos de sus colegas del “clan de Valladolid”.

Con una reducción del 15% de la prestación a las personas que se ocupan de cuidar a un familiar, un retraso en los pagos de la prestación que ha pasado de seis meses a dos años, la introducción del “repago” para los dependientes que superen el indicador de renta Iprem, situado en 534 euros mensuales, y un ajuste global de 1.600 millones de euros al sistema –sólo a Andalucía le han quitado 100 millones de euros este año respecto a 2012–, el daño al empleo en el “tercer sector” no es disfrazable ni el argumento de que los trabajadores han provocado el estancamiento del sistema es racional ni soportable.

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Madrid cierra doce centros escolares mientras financia a colegios del Opus

Hasta doce colegios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Esa es la cantidad de centros escolares que la consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, pretende cerrar el próximo curso en la Comunidad bajo el eufemismo de una "reorganización de centros" cuyo objetivo es, según fuentes de su departamento, "adecuar la capacidad de los centros a las necesidades de escolarización y demanda de los mismos". Sin embargo, la comunidad educativa asegura que no se avalan con datos las próximas fusiones entre colegios, que con ellas no se respeta la proclamada "libertad de elección" de los padres y hasta apuntan a una posible privatización encubierta. Además, la "reorganización" de la Comunidad que preside Ignacio González afecta sólo a escuelas públicas, mientras se sigue dedicando financiación a centros concertados que segregan por sexo y que, en buena parte, son gestionados por el Opus Dei.

La hemeroteca ya anunciaba esta decisión, desde que Figar participó, en agosto de 2011, en un acto de la católica Comunicación y Liberación (cielinos) en el que presumía de la reforma educativa que su Comunidad estaba llevando a cabo. En ella explicaba cómo el Gobierno regional había cedido terrenos públicos a organizaciones religiosas para que crearan y gestionaran escuelas financiadas con fondos públicos. "En los últimos seis años se han construido 79 centros, de los que el 52% son escuelas públicas, 33% concertados y un 15% privados. De entre las dos últimas categorías, más de dos tercios ofrecen educación católica y, de ellos, dos están en manos de Comunicación y Liberación", detallaba la consejera en aquel entonces. "Yo espero que estos dos centros puedan ser más en un futuro", aventuró en dicho evento [ver vídeo, aquí].

En esta conferencia, Figar aseguró que dicha reforma se trataba de una estrategia para proteger, justamente, la libertad de elección de centro de los padres y madres de alumnos, pero tanto las AMPAS afectadas como las federaciones educativas denuncian que esta "fusión de centros" vulnera por completo ese derecho. La Consejería, sin embargo, se escuda en que dicha medida es "habitual todos los años" y la justifica con la falta o exceso de demanda de plazas y asegurando que, "en el curso actual entrarán en funcionamiento 23 nuevos centros públicos que incrementarán la oferta" y cuya inversión alcanza "53,3 millones de euros".

La comunidad educativa reconoce que sí, que se trata de algo que ocurre todos los años en la región, "pero eso no significa que la comunidad educativa esté de acuerdo", lamentan desde UGT y CCOO. "Padres y profesores nos movilizamos todos los años porque el Gobierno regional nunca negocia con nadie, y cuando les presentamos datos sobre la viabilidad de los centros que van a cerrar, simplemente los obvian", denuncia el secretario general de FETE-UGT Madrid, Eduardo Sabina. Su homóloga en Frem-CCOO Madrid también opina lo mismo. "Para la Consejería es normal, porque en su día a día llevan a cabo la política del desgobierno: cierran y abren escuelas como quien cierra y abre una mercería", ejemplifica Isabel Galvín. "A veces abren centros en un barrio a los que luego no va la gente, mientras donde sí va, donde ya se ha gastado en infraestructura y equipamiento, o cierran, o se derriban", añade. "Una vez que se cierra un centro, nunca más se vuelve a replantear su reapertura", apunta Sabina. "Y esto lo hacen sin ningún estudio que lo avale, porque en la Comunidad de Madrid no existe una red de centros organizada que publique periódicamente la planificación del terreno, de población, etc. de cada zona escolar", denuncia, de nuevo, Galvín.

"Es una medida antieconómica, que malgasta la inversión que se ha hecho en estas infraestructuras y con la que se pierden plazas públicas, vulnerando la libertad de los padres a elegir el centro al que quieren que vayan sus hijos que, en ocasiones, es el mismo al que han ido ellos y sus padres también", continúa la secretaria general de FE-CCOO. Sabina, por su parte, lamenta las desventajas que el cierre de un colegio provoca en las familias afectadas. "Les obliga a desplazarse de su entorno más directo: tienen que acudir a un colegio más lejano para estar en clases masificadas que incluso se saltan la ratio legal [número de alumnos por aula permitido] en ocasiones", lamenta el titular de FETE-UGT. "Desplazan a los alumnos a macrocentros que les quedan incluso a dos kilómetros de distancia, que en ocasiones están especializados tras una segregación entre Bachillerato y FP-por ejemplo- y contradicen todos los consejos pedagógicos, y a las familias no les dan ningún tipo de ayuda para facilitar esta transición: ni transporte escolar, ni becas de comedor", agrega su homóloga de FE-CCOO.

No obstante, la Consejería mantiene su postura defensiva y desmiente la lejanía y la aglomeración de alumnos. "En todos los casos, la distancia de los centros fusionados es de entre 200 y 600 metros, lo que significa que las fusiones no supondrán ningún problema de desplazamiento para los alumnos y sus familias", aseguran en un comunicado. "Todos los edificios se destinarán a usos educativos y las fusiones de centros, en ningún caso, afectan a las ratios de alumnos por aula que se mantienen siempre dentro de lo establecido por la legislación estatal", añaden.

"También interfieren y manipulan la oferta educativa porque si los padres ya no tienen un centro público cercano, al final se acaban yendo al concertado", añade Galvín, contradiciendo la teoría de la Consejería sobre la protección de la libertad de elección. "Están eliminando opciones para quienes queremos la escuela pública", ratifica un miembro del AMPA del colegio de Educación Infantil (3 a 6 años) Verbena, de Leganés, uno de los integrantes de la plataforma Ni un cole menos, que está recogiendo firmas en Change.org para evitar el cierre de sus colegios.

Modelo "ideológico" de Educación Infantil

Para protestar contra todo ello, los padres y madres de alumnos de cinco de los centros afectados por la reorganización y fusión prevista por Figar se han encerrado este fin de semana, con sus hijos, en sus respectivos colegios Agapito Marazuela y Pío Baroja (de Coslada), Verbena [en la imagen inferior] y Valle Inclán (de Leganés) y Miguel Puerta (de Aranjuez).

"Verbena lleva más de 20 años preparando a 120 alumnos por año de entre 3 y 6 años. Es cierto que este hace dos años la cifra se rebajó a 100 y, en este curso, a 64. Pero ha sido desde que el Gobierno autonómico hizo desaparecer las adscripciones que antes existían por las cuales, al final dicha etapa, los niños ya entraban automáticamente en uno de los centros de Educación Primaria cercanos al nuestro", especifica un portavoz del AMPA de dicho centro. "La Consejería quiere que todos los colegios sean o de 0-3 años o de 3-12 años. De 0-6 ò de 3-6 años sólo quedan cuatro centros de este tipo en toda la comunidad y, de ellos, cierran tres el próximo curso", añade este miembro de la comunidad educativa. "Desprecian la caracterización especial de la Educación Infantil que sí valoran en países avanzados como Finlandia", lamenta.



Además, la mayoría de los centros de 0-3 años son concertados o privados, por lo que algunos miembros de la comunidad educativa, como este portavoz del AMPA del colegio Verbena apuntan a una posible privatización encubierta. "Tienen la intención de que esto se convierta en algo sistemático, donde entra el negocio y se le da a la Educación Infantil un enfoque asistencial y no pedagógico", opina. Galvín, de Frem-CCOO, justifica sus palabras: "Querer eliminar la enseñanza de 0-6 años responde a un modelo estrictamente ideológico porque siempre han estado en contra de este modelo mientras favorecían el 0-3, que son centros de gestión indirecta". "La escuela de Educación Infantil Verbena es un centro de éxito que ha conseguido premios en proyectos de innovación que incluso han recogido en un libro y lo mismo ocurre con la de Aranjuez, que está en pleno centro de la ciudad y quieren eliminarla para beneficiar a una macroescuela que está a las afueras", añade la secretaria general de FE-CCOO.

La consejera, Lucía Figar, tras recibir todas estas críticas a través de los medios de comunicación y en forma de manifestación, el pasado jueves, en la Asamblea de Madrid, ha accedido, por fin, a reunirse con las AMPAS de los centros afectados, que le entregarán las firmas recogidas a través de Change.org. ¿El problema? La cita tendrá lugar el próximo 5 de marzo, una fecha que hace peligrar la posibilidad de una posible marcha atrás en su decisión ya que a finales de mes comienza el proceso para pedir la admisión en los colegios para el curso 2013/2014. Desde el colegio Verbena de Leganés lo tienen claro: "Ellos juegan a que pase el tiempo para que los acontecimientos se lleven por delante lo que intentamos evitar: que llegue nuestra acta de defunción".


Doce cierres y seis fusiones

Los centros escolares afectados por la reorganización de la Consejería de Educación, según datos aportados por el propio departamento de Figar, son los siguientes:

- En Madrid capital, el Nicolás Salmerón se fusionará con el Pintor Rosales para dar como resultado un centro con 361 alumnos. Además, los colegios Enrique Granados y Vasco Núñez de Balboa cerrarán para fundirse con el República del Paraguay, que acogerá 313 alumnos (65 del primero, 75 del segundo y 164 del propio centro).

- En Getafe, el IES Silviero Lanza se fusionará con el IES Manuel Azaña para dar un centro resultante con capacidad para 1.300 alumnos, al que acudirán 1.000.

-En Móstoles, el IES Juan Gris cerrará para trasladar a sus alumnos al IES Octavio Paz, donde estudiarán 1.000 alumnos en lugar de los 280 actuales.

-En Alcalá, el Zulema desaparece absorbido por el Henares, que pasará de 253 a 526 alumnos.

- En Coslada, el Agapito Marazuela pasará a formar parte del Hermanos Machado, que acogerá a 395 alumnos, frente a los 164 que tiene en la actualidad. Asimismo, el Pío Baroja se trasladará al Virgen del Amor Hermoso, cuyo resultado dará un colegio de 393 alumnos.

- En Aranjuez, el Miguel Puerta desaparece para trasladar a sus 125 niños de 3-6 años al colegio San Isidro, con capacidad para 900 alumnos.

- En Leganés, el Colegio Calderón de la Barca absorbe al Valle Inclán (de 3-6 años) y el Benito Pérez Galdós, al Verbena.

Según fuentes de dicho departamento, esta reorganización se debe a que "en ninguno de los casos, los centros fusionados se acercan al 100% de su capacidad", concluyen.


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Una mujer boliviana fallece en Valencia por falta de atención médica

Una migrante boliviana murió el miércoles en Valencia, presuntamente, por falta de atención médica debido a los recortes económicos impuestos por el Gobierno del PP, que dejaron sin atención de emergencia a los extranjeros sin residencia desde septiembre del año pasado. Soledad Torrico Vallejos, de 42 años, falleció tras no recibir atención en el hospital La Fe, de esa ciudad española, cuando se presentó con un cuadro de bronquitis aguda.

Torrico Vallejos migró a España hace ocho años desde Cochabamba para mejorar sus condiciones de vida. El periodista Freddy Morales, de la radio Cadena Sur 105.3, informó al periódico EL DEBER de que Torrico acudió al centro médico en tres oportunidades esta semana, pero que no fue atendida porque no contaba con una tarjeta médica debido a los recortes presupuestarios en el sector de salud impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy. Morales aseguró que la familia presentará hoy una demanda por negligencia médica ante la justicia española.

El caso ha generado un enorme mpalestar en la colectividad boliviana, calculada en unas 15.000 personas, que vive en la zona de Valencia. “Estamos indignados por la falta de atención de las autoridades españolas. Por eso vamos a realizar una marcha el domingo 24 en protesta contra estos abusos”, dijo Morales.

El cónsul boliviano en Valencia, Jorge Holguín, también respaldó la demanda, pero no pudo ofrecer asistencia jurídica debido a que la representación boliviana no cuenta con esos servicios

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La Ley Antidesahucios será aprobada en el Congreso el 7 de marzo

La futura Ley por la Regulación de la dación de pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social --que se acumulará con la iniciativa legislativa popular (ILP) con este mismo nombre-- será aprobada en el Congreso previsiblemente el próximo 7 de marzo, en función del calendario de sesiones que ha fijado la Comisión parlamentaria de Economía.

La Mesa y Junta de Portavoces de dicha comisión se ha reunido este jueves y, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, se ha decidido que las enmiendas a la ILP se presenten como máximo el día 25 de febrero, para poder abrir la Ponencia el día 28.

Una vez el texto de la iniciativa popular se encuentre en ese punto, la Comisión de Economía podrá acumular ambos proyectos para que se tramiten conjuntamente, tal y como resolvieron los servicios jurídicos de la Cámara baja a raíz de la admisión a trámite por unanimidad de la ILP, que versa sobre una materia sobre la que ya había un proyecto de ley en tramitación.

TRES DÍAS DE PONENCIA

En principio, la intención es que los miembros de la Comisión se reúnan en tres ocasiones en Ponencia para intentar acordar el mayor número de enmiendas posibles --sólo al proyecto de ley se presentaron más de 200-- y que el texto final goce del consenso del mayor número posible de partidos.

Posteriormente, se reunirá la Comisión de Economía para debatir, ya en abierto, sobre las enmiendas que aún quedan vivas, cosa que sucederá el 7 de marzo previsiblemente. Dado que la comisión tiene competencia legislativa plena, cuando ese día se apruebe el Dictamen de la ley se podrá remitir al Senado para su tramitación, sin tener que volver a votarlo en el Pleno de la Cámara baja.

No en balde, ni PP ni PSOE quieren que la aprobación de esta ley se demore, por lo que ayer presentaron un escrito conjunto a la Mesa del Congreso instándole a declarar el procedimiento de urgencia, lo que permite reducir los plazos a la mitad. Además, dado que muchas de las propuestas ya estaban recogidas en las enmiendas al proyecto de ley, no es preciso alargar excesivamente los tiempos.

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Madrid ahorrará seis veces menos privatizando los hospitales que con el plan de los médicos

El Gobierno de Ignacio González ‘sólo’ ha tardado mes y medio en cuantificar el ahorro que supondrá para las arcas públicas de la región la externalización de la gestión de seis hospitales: “al menos 200 millones de euros”. Así lo ha indicado hoy el portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, que ha evitado comentar que esa cifra es seis veces menor al plan propuesto por los médicos para reducir más de 1.200 millones sin privatizar.
Aunque el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, convocó ayer a la prensa para echar por tierra el plan alternativo presentado por los sindicatos del ramo para evitar las privatizaciones, no fue capaz de cuantificar el ahorro que supondrían las medidas del Gobierno autonómico. Algo que la Comunidad de Madrid ha querido subsanar cuanto antes, y menos de 24 horas después de este ‘desliz’ ha cifrado el ahorro en 200 millones.
El encargado de hacer pública esta cifra ha sido Salvador Victoria, quien tras la reunión del Consejo de Gobierno ha indicado que el ahorro total “está pendiente de ser detallado”, pero al margen de esos datos que podrían hacerlo fluctuar de algún modo ya hay un cálculo aproximado de a cuánto podría ascender. Ayer el Gobierno regional fue incapaz de dar una cifra.
No obstante, el portavoz de la Comunidad no ha mostrado ningún documento concreto de cómo se ha llegado a esta conclusión. Además, ha evitado responder abiertamente a la cuestión de si el plan privatizador del Ejecutivo autonómico seguirá adelante si se llega a un acuerdo sobre las medidas alternativas que están planteando los sindicatos y los médicos, estos últimos a través del Comité Profesional, a los que se les exigió que propusieran un ahorro de 533 millones.
Mientras que las organizaciones sindicales presentaron un ahorro de 510 millones revisable al alza en el momento en el que se cuantificasen determinadas partidas con los datos proporcionados por la Consejería, los médicos remitieron a Lasquetty un documento con medidas que, según ellos, equivalen a más de 1.200 millones de reducción presupuestaria.
El también consejero de Presidencia y Justicia tampoco ha mencionado nada sobre la privatización de la gestión del 10% de los centros de salud, unos 27. Con esta medida el Gobierno regional defiende que también habrá ahorro, aunque lo cierto es que, como adelantó El País, en los Presupuestos para 2013 hay una partida especial que se destina a este fin.
Concretamente, las cuentas del programa de Atención Primaria prevén para el año próximo una partida nueva “con entidades privadas” que asciende a 20,2 millones de euros. Esa es la cantidad que la Comunidad de Madrid pagará a las empresas que ganen los concursos para gestionar estos centros de salud, aunque desde la Consejería de Lasquetty han asegurado que esa cantidad no es un gasto extra, sino que se detraerá de otras partidas, las cuales tampoco ha especificado.
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Más de 100 directores de centros de salud firman la carta de dimisión

Los equipos directivos de los 270 centros de salud madrileños se han reunido en asamblea este mediodía en el Colegio de Médicos de Madrid para decidir si presentan su dimisión en bloque como medida de presión para forzar al Gobierno regional a retirar su plan sanitario, que incluye la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud.
Pese a que el objetivo de la asamblea era votar si tomaban esa decisión, más de 100 equipos directivos (compuestos por director médico, responsable de enfermería y de la unidad administrativa) se han presentado con las cartas de dimisión ya firmadas. Eso ha permitido ir contando las hojas durante las intervenciones de los sanitarios en la asamblea. Al poco rato ya habido una cifra oficiosa: los responsables de 118 centros de salud madrileños han firmado.
Finalmente se ha decidido presentar todas las cartas a la vez, el próximo 27 de diciembre, el día que la Asamblea de Madrid votará y aprobará la Ley de Acompañamiento que, junto con los Presupuestos, que saldrán adelante previsiblemente hoy, consagra los planes de privatización del Gobierno regional. También han decidido que el número mínimo para lanzar el órdago sea la mayoría (la mitad más uno, es decir, 135), por lo que apenas faltan unas pocas cartas más para llegar al objetivo.
La dimisión no se hará efectiva, tal y como reza el texto de la carta, hasta que la Comunidad de Madrid saque a concurso la adjudicación de los 27 centros de salud cuya gestión ha decido entregar a empresas.
El documento va dirigido al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y al director general de Atención Primaria, Antonio Alemany. "Durante las últimas semanas los profesionales sanitarios de Atención Primaria le han trasladado de forma absolutamente mayoritaria el rechazo al Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad de la Sanidad", empieza la carta, que tiene fecha del 21 de diciembre, mañana viernes, el día siguiente a la aprobación de los Presupuestos.
"Una vez aprobado el citado plan de sostenibilidad, y ante la inminencia de la privatización de la gestión de un elevado número de centros de salud, deseo transmitirle mi deseo de no participar en actividad organizativa alguna que suponga una aceptación de dicho plan", afirma el texto. "Por tanto, le presento mi dimisión como responsable a partir del mismo día de la publicación de los pliegos para externalizar la gestión de cualquier centro de salud", añade.
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Hoy, en "Lo Creeré Cuando Lo Vea": Algunos alcaldes perderán más de 30mil€ con la reforma dl Gobierno

El Partido Popular, en su tira y afloja con los alcaldes propios y del PSOE para reformar y recortar la Administración municipal, pretende bajar los sueldos de los principales responsables de los ayuntamientos hasta un 30%. El PP mantiene el criterio de que ningún alcalde sobrepase en ingresos el nivel de un secretario de Estado (68.000 euros brutos anuales) y que sólo alcancen esa cifra los regidores de las ciudades más grandes.
Pese a las congelaciones salariales y los recortes en la Administración, todavía quedan muchos alcaldes que ganan más que el presidente del Gobierno (72.600 euros brutos anuales) y algunos que superan esa cifra holgadamente. Encabeza la clasificación el de Barcelona, Xavier Trias (de CiU), con 109.900 euros de base y unos ingresos por dietas y complementos que alcanzaron en el último ejercicio otros 36.000 euros.
En segundo puesto está el alcalde de Zaragoza, el socialista Juan Alberto Belloch con 105.000 euros y otros 33.000 por dietas y asistencia a Consejos de sociedades municipales. En el caso de Madrid, Ana Botella no llegará este año a los 100.000 por haberse quedado sin paga extra como el resto de los servidores públicos, aunque para el próximo año tiene presupuestado como salario los 101.000 euros oficiales. Madrid siempre ha pagado bien a sus alcaldes. Como prueba de ello está el hecho de que Botella vaya a ganar un 23 por ciento menos de lo que cobraba su antecesor en el cargo hace diez años.
En cuarta posición figura el regidor nacionalista de Bilbao, uno de los más veteranos en el cargo: Iñaki Azkuna. No alcanza el listón de los 100.000 euros, pero se queda muy cerca, en 96.000. Entre las grandes ciudades está también el caso de Valencia, donde la decana de las alcaldesas, Rita Barberá, se queda en los 93.000 euros. A continuación, se da una gran salto de ingresos entre los primeros ediles de las capitales más pobladas. Juan Ignacio Zoido (PP) en Sevilla se queda en 59.000 euros.
El objetivo del Gobierno es acabar con el principio de que cada consistorio fije el sueldo que quiera a su alcalde y que los ingresos no tengan nada que ver con el peso de la población de la ciudad. Por eso propone el Partido Popular que los Ayuntamientos mayores como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla equiparen su pagas a las de secretario de Estado (68.000 euros), las siguientes capitales se queden con el nivel de subsecretario (unos 8.000 euros menos) y así hasta la categoría inferior de director general.
En la otra parte de la negociación, la de los ayuntamientos, se asegura que no hay tanta diferencia salarial con la Administración Central. Aducen que los secretarios de Estado tienen, en efecto, ese sueldo base de 68.000 euros, pero que por complementos varios pueden llegar luego a pasar de los 90.000 en algunos ministerios. En fuentes del PP añaden que el problema de los sueldos no está tanto en las grandes capitales sino en las poblaciones de menor tamaño que tienen estipulados también pagas iguales a las grandes ciudades.
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Un portavoz del PP en el Congreso dice que “los pensionistas están enormemente agradecidos a Rajoy”

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Merino, ha dicho que “la inmensa mayoría de los pensionistas están enormemente agradecidos al Gobierno de Rajoy", después de que se anunciara ayer que no revalorizará las pensiones. Los jubilados, de media, pierden 430 euros por la promesa incumplida de Rajoy. Contra la decisión del Ejecutivo cargan este sábado hasta los diarios más conservadores. ‘La Gaceta’ le dedica toda su portada con el titular “Pensionazo, promesa incumplida”, mientras ‘ABC’, en su editorial, le reprocha no haber dicho “la verdad” y mantener una postura “vacilante y contradictoria en los últimos meses”.

Ayer, uno de los portavoces del Grupo popular en el Congreso, Rafael Merino, justificó la medida al asegurar que Rajoy está cumpliendo “a rajatabla” su compromiso electoral con los pensionistas, e, incluso, que estos en “su inmensa mayoría están enormemente agradecidos al Gobierno de Rajoy” porque sus prestaciones van a subir el año que viene, el 2% para el 70% de este colectivo -los que cobran menos de 1.000 euros- y el 1 % para el resto. El IPC de noviembre, que sirve de referencia para la revalorización de las pensiones se situó en el 1,9%.

El pensionista medio pierde 430 euros

“Dirán que vivimos ajenos a la realidad, pero la realidad de los acuerdos del Gobierno es que tanto en 2012 como en 2013 se le ha subido la pensión a todos los pensionistas”, ha insistido Merino, satisfecho. Lo cierto es que el pensionista medio pierde 430 euros por lo que es la última promesa incumplida de Rajoy después de saltarse su programa electoral con la subida del IVA, los recortes en Sanidad y Educación, el abaratamiento del despido y la reducción del paro.

Rajoy, que criticó duramente la congelación de las pensiones llevada a cabo por los socialistas, ha terminado provocando que las pensiones pierdan más en un año que durante toda la etapa de Zapatero. En los siete años de Gobierno de este, las prestaciones mínimas subieron notablemente y el resto fue ganando cada año poder adquisitivo, aunque la congelación dejó un saldo negativo de -1,2 puntos porcentuales. El PP, en solo un año las ha devaluado en 1,9 puntos.

La Gaceta: “Pensionazo”

Es una realidad que no intentan maquillar ni siquiera los medios de comunicación situados más a la derecha. La Gaceta, que le dedica su portada al asunto, titula a toda página: “Pensionazo, promesa incumplida”. El diario de Intereconomía reprocha al Gobierno de Rajoy, al que ya viene meses criticando, por cierto, que “traspasara una de sus líneas rojas” para “ahorrar 2.300 millones de euros”, mientras se gasta 300 millones en aborto, 425 millones en ayudas a sindicatos y 7.000 en subvenciones a energías renovables”.

ABC reprocha al Gobierno que mintiera

Por su parte, ABC, en su editorial, critica que el Gobierno haya mantenido una postura “vacilante y contradictoria en los últimos meses” sobre este tema. “Dado que el Ejecutivo conoce la situación real de las cuentas públicas, debería haber sido claro” y “haber advertido de que la revalorización no estaba garantizada”, afirma el decano de la derecha mediática española, que añade que “gobernar implica contar la verdad y no jugar con la ilusión de los pensionistas”.

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La sanidad no se mide por la rentabilidad: sale mas barato cortar una pierna que tratarla.

En Madrid, la sanidad pública está en pie de guerra. Tras dos semanas de encierros en más de veinte hospitales, concentraciones y manifestaciones masivas, este lunes una auténtica marea blanca, que cada vez suma más apoyos, ha dado el pistoletazo de salida a una huelga de cuatro días. Por primera vez, todos los profesionales de la sanidad pública —médicos, enfermeros, técnicos y personal no sanitario— se han puesto de acuerdo para convocar un paro general, que tendrá lugar los días 26 y 27 de noviembre y el 4 y 5 de diciembre.

Según alertan los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, están en juego más de mil puestos de trabajo, la precarización de la atención sanitaria y la privatización parcial de al menos seis hospitales, por lo que 75.000 profesionales sanitarios y no sanitarios están llamados a secundar la huelga. Más agresivo será el parón convocado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), que se extenderá de forma indefinida, de lunes a jueves, hasta que "hasta que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid recapacite".

"La situación es muy grave, ya que nos enfrentamos a la privatización de hospitales, al desmantelamiento del sistema público madrileño al completo", alerta Mónica García, portavoz de la Afem, quien cuenta que lo prioritario es paralizar el plan de sostenibilidad que impulsan desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. "Además, lo están haciendo sin ningún criterio técnico ni científico, y se está caminando hacia un modelo que reduce su margen de costes disminuyendo la calidad de atención al ciudadano".

Entre los casos más sangrantes, se cuentan seis hospitales madrileños cuya gestión será asignada a empresas privadas. "Lo que pretenden es privatizar el patrimonio público, tanto médicos como maquinaria, y lo único que quedará público será el dinero que se le dará a esas empresas para que realicen la gestión", denuncia García. "Desde la Consejería dicen que así es más barato, pero no es cierto, ya que precisamente han escogido seis de los hospitales que son más rentables", añade. La portavoz rechaza, además, los criterios esgrimidos: "La sanidad no se puede medir en términos de rentabilidad. Es más barato amputar una pierna que darte un tratamiento".

Pilar Jimeno, delegada sindical de CCOO en La Princesa, el primero de los hospitales en realizar encierros, que luego serían replicados por más de una veintena de centros, reseña el hecho de que nunca ha habido una huelga general de la sanidad. "Incluso los médicos, que van a estar muy tocados por las reformas, se han unido a las protestas", recuerda. La paralización de las privatizaciones, que afectan también a 27 centros de salud, es el principal objetivo de la huelga, lo que convierte el conflicto en laboral y social.

Las últimas semanas se han sucedido las concentraciones de trabajadores a las puertas de los centros de salud, así como las manifestaciones por los barrios para hacer llegar el conflicto a los vecinos. Una protesta que ha ido in crescendo, espoleada por la lucha del hospital La Princesa y que ha alcanzado su máximo esplendor en la manifestación de la marea blanca la semana pasada, en la que miles de personas inundaron el centro de Madrid contra los recortes en sanidad.

Jimeno, que asegura que todos los trabajadores "están muy concienciados", cree que todos los hospitales y centros tienen suficientes motivos para realizar encierros y manifestaciones. "Están desmantelándolo todo para engordar al sector privado, y si se han solventado los problemas que han surgido hasta ahora ha sido gracias a la parte humana, pero el paciente es el que más está sufriendo", lamenta.

Dos intensidades en la protesta

El hecho de que los sindicatos organicen una huelga de cuatro días, mientras que organizaciones de médicos hayan llamado a una huelga indefinida, evidencia las diferencias de criterios a la hora de valorar el alcance de los recortes. Para estos últimos, la situación es tan grave que la reacción tiene que ser igualmente contundente. "Es necesario convocar una huelga indefinida. Los que han convocado la de cuatro son los mismos que han firmado los acuerdos que nos han llevado a la situación actual", denuncia Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad (CAS-Madrid).

Para Gómez, la puerta a la privatización se abrió hace quince años, con la ley 15/97. "La gente se olvida del problema de fondo, ya que lo que hacen, aunque no sea legítimo, es legal, porque tanto el PP como el PSOE aprobaron aquella ley, con la colaboración necesaria de los sindicatos", asegura. "Por eso somos críticos, no con el movimiento de la marea blanca, sino con los objetivos", explica. Como modelo a seguir, Gómez apunta a Suecia: "Allí lograron que se derogase una ley similar, y se prohibió que cualquier inmueble construido con dinero público pudiera venderse a empresas privadas".

Mónica García, de la Afem, también considera que éste es "un plan que viene gestándose desde hace tiempo, con la construcción de los nuevos hospitales concertados o la implantación del área única". "Vender los seis hospitales que tienen planeado, que son los seis más rentables de todo Madrid, evidencia sus verdaderas intenciones", explica García, quien piensa que la tragedia estaba anunciada desde hacía años. "Ha habido mucha gente que ha avisado que esto iba a pasar, pero ha habido una tibieza y una falta de reacción que nos han llevado hasta aquí. Por eso hemos decidido plantear una huelga indefinida".

El mapa de la rebelión de la sanidad pública madrileña

Estos son los hospitales que llevan realizando encierros estos días:

Los seis hospitales cuyos servicios van a ser privatizados:

Infanta Leonor

Infanta Sofía

Infanta Cristina

del Henares

del Sureste

Tajo

Va a ser convertido en un geriátrico, perderá atención general:

La Princesa

Pasa de ser un centro especializado en enfermedades infecciosas y tropicales a estar dedicado a pacientes crónicos:

Carlos III

Cierre y despido de 60 trabajadores:

Instituto cardiologico de Madrid

En solidaridad con los anteriores centros y contra los recortes en la sanidad pública en general:

Puerta de Hierro

Niño Jesús

Ramón y Cajal

Móstoles

Príncipe de Asturias

12 de Octubre

Getafe

Leganés

Gregorio

Marañón

La Paz

Instituto de Cardiología

Santa Cristina

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Fundación Hospital de Alcorcón

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Los derechos de las mujeres maltratadas, en riesgo por la crisis

En el mundo mueren más mujeres entre 15 y 44 años víctimas de violencia machista que de cáncer o en accidente de tráfico, según ONU Mujeres. En España, 43 mujeres han fallecido a manos de sus parejas o ex parejas en lo que llevamos de 2012; 600, desde que la Administración comenzó la contabilización de víctimas, hace casi 10 años. A pesar de ello, el Gobierno ha recortado un 24% el presupuesto destinado a las políticas de Igualdad y, con la subida del precio de las tasas judiciales, a las víctimas de violencia de género les saldrá más caro denunciar.
Un 25 de noviembre más todavía quedan motivos para conmemorar el Día Mundial contra la Violencia de Género, que mañana domingo reunirá a centenares de personas en las concentraciones convocadas en varias ciudades españolas. La de Madrid, una de las más multitudinarias, se celebrará en la Puerta del Sol a las 19.00 horas. Antes de eso, a las 12.00 horas, la comisión de Feminismos del 15-M ha convocado una concentración en la puerta del Sol para promover la "autodefensa feminista" como toma de conciencia del problema de la violencia machista. En Barcelona, la marcha partirá a las 18.00 horas de la fuente de Canaletes para dirigirse a la plaza Sant Jaume.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha optado este año por dar un mensaje de esperanza a las mujeres víctimas de la violencia machista y "romper el silencio cómplice" que las rodea, según afirmó la ministra Ana Mato en la presentación de la campaña para conmemorar este 25 de noviembre, que se centrará en un homenaje a las víctimas mañana a mediodía en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía.
Según el Ministerio, el 72% de las mujeres que han sufrido violencia machista alguna vez, hoy declaran haber salido de ella. Por eso la campaña, cuyo lema es "Hay salida", está dedicada a las "mujeres supervivientes que, con el valor de su voluntad, la fortaleza de sus corazones y el coraje de su carácter, han superado estas situaciones", señaló Mato.
Aun así, un informe de la Fundación Adecco indica que el 64% de las mujeres maltratadas no denuncia por miedo a quedarse sin recursos. El estudio, titulado Mujeres víctimas de la violencia de género y el empleo, señala que el 73% de las encuestadas (600 víctimas que han acudido a Adecco en busca de empleo) no tenía trabajo.
La plataforma Tu Voz Cuenta, en cambio, señala que "no basta con denunciar". El acceso a la justicia por parte de las mujeres maltratadas "sigue siendo deficitario y las revictimiza", explica el colectivo, que añade que según el Consejo General del Poder Judicial, en 2011 se sobreseyeron 48.000 y las órdenes de protección se ha reducido en 10 puntos desde 2007. De hecho, el Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género avisó de que el aumento de las tasas judiciales que incluye la reforma del Código Penal supone "un freno" para que las mujeres denuncien la violencia machista.
Tu Voz Cuenta recuerda además que los recortes en políticas de igualdad, de un 24%, son tres veces más severos que la media de los ministerios (8,9%). "En tiempos de crisis se reducen drásticamente las oportunidades para las mujeres. Sin políticas de igualdad aumenta la brecha entre hombres y mujeres; las mujeres siguen siendo más pobres, tienen menos acceso a la educación, a la salud, a decidir el número de hijos y cuándo tenerlos y, en definitiva, a su autonomía social y política. Se están evaporando los compromisos con los derechos de las mujeres", denuncia el colectivo, que advierte de que los ajustes presupuestarios "ponen en peligro los logros obtenidos en materia de igualdad".
Tu Voz Cuenta, impulsada por organizaciones como CSUR Las Segovias, AIETI, PBI, Plataforma 2015 y más, Solidaridad Internacional, Red Activas, IEPALA, Entrepueblos, ICID, Mujeres en Zona de Conflicto, Mujeres del Mundo, y organismos internacionales como ONU Mujeres, ha lanzado un vídeo para conmemorar este 25 de noviembre que cuenta con los periodistas Juan Ramón Lucas y Monserrat Domínguez.
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