En España sobran 7.396 millones de euros, qué hacemos con ellos?

Ya se ha convertido en costumbre. Como viene ocurriendo en los últimos seis años, el pasado 27 de julio, en pleno arranque de las vacaciones de verano, el Gobierno ha aprobado por la vía expeditiva del real decreto la concesión de un crédito extraordinario “para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y material” por 877,3 millones de euros. El importe, justificado por razones de “extraordinaria y urgente necesidad”, se concede “al presupuesto del Ministerio de Defensa y se financiará con deuda pública”, según se explica en el BOE.

La excepcionalidad de la medida queda en entredicho porque el pasado 30 de abril el Gobierno ya había autorizado un aumento del gasto en el presupuesto del Ministerio de Defensa por un importe de 582,3 millones de euros.

Con las dos decisiones el engorde de los dineros destinados al departamento encargado de organizar la actividad militar en España ha crecido en nueve meses un 24%. Así en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 se le consignaron 5.937 millones, que sumados a los 1.459 millones de las dos partidas extraordinarias citadas, ascienden en total a 7.396 millones.

Seis años de 'extraordinarios'

Si echamos la vista atrás, el carácter excepcional de los créditos con los que desde 2008 se engorda de manera sistemática y en una cuantía media aproximada de 1.500 millones cada año, el presupuesto inicial del Ministerio de Defensa, comprobaremos que lejos de ser una mediada "urgente y extraordinaria", se ha convertido en una costumbre. Así, en el ejercicio 2008 en la ley de Presupuestos Generales del Estado se consignaban para el departamento 8.149 millones. Tras el correspondiente decreto veraniego esta cifra se aumentó hasta 9.810 millones. En 2009 la misma jugada; de 8.255 millones se pasó a 9.344 millones. En 2010 de 7.694 se subió a 8.715 millones. En el ultimo año del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 2011, los 7.156 millones del presupuesto se convirtieron en 8.301 millones.

En 2012, y justificado en buena medida por una partida extraordinaria para el pago de armamento, el tradicional engorde de las cuentas de Defensa batió su récord al pasar de los 6.316 millones presupuestados a 9.066 millones.

Incluyendo en el cómputo las cifras apuntadas correspondientes a 2013, y a la espera de que antes de final de año no se produzcan nuevas sorpresas, durante los últimos seis años la cuantía total presupuestada para el Ministerio de Defensa fue de 43.507 millones. Sin embargo, tras la aprobación reiterada de partidas "extraordinarias" año tras año, la cantidad total gastada ha sido de 52.632 millones; esto es 9.125 millones de euros más o, lo que es lo mismo, un engorde del 21%. En el mismo período partidas como la sanidad, la educación o la investigación han sufrido recortes de hasta el 50% a causa de la crisis.

Dinero para armamento

La concesión del último crédito extraordinario por 877,3 millones el 27 de julio último para Defensa es justificada por el Gobierno "para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y material". Estos programas "tanto por su volumen económico, complejidad industrial y tecnológica, suponen las más relevantes adquisiciones de sistemas de armas" que cubren "necesidades político-estratégicas, económicas, industriales y tecnológicas esenciales para la modernización de las Fuerzas Armadas".

Este río de millones a crédito se reparte del modo siguiente: 2,7 millones para la Fragata F100; 371,5 millones para el avión de combate EF-2000; 2,42 millones para el carro de combate Leopardo; 46,6 millones al nuevo avión de transporte militar A-400M; 88,2 millones para el helicóptero de combate Tigre; 28,2 millones para el buque BAC; 32,4 millones para el obús 155/52; 15 millones para el misil Taurus; 69,8 millones para la Fragata F-105, un millón para el buque BAM-1; 34,5 millones para el misil C/C Spyke; 75,19 millones para el helicóptero NH-90; 5,96 millones para los Nodos CIS de la UME y 10 millones para el helicóptero EC-135.

En la única oportunidad para intervenir en el Congreso de los Diputados, a causa de las vacaciones parlamentarias, el diputado Joan Baldovi de Compromís-Equo aseguró que "es escandaloso, inmoral que mientras se recortao en sanidad, en educación, en i+d+i el presupuesto de Defensa siga engordando. Nos parece tramposo, falto de ética, que mezclen créditos para desempleados, con créditos para tanques, misiles y obuses".

Cultura de la Defensa

En realidad el incremento del presupuesto ha sido algo mayor en 2013 que esos 1.459 millones extra ya que el Ministerio de Defensa ha recuperado unas subvenciones por 320.300 euros autorizadas por el Gobierno cuyo fin es "promover la cultura de defensa, fomentando el conocimiento de la defensa como elemento esencial para garantizar la seguridad de España y de los españoles". Las ayudas son para 60 proyectos de divulgación de las fuerzas armadas, repartidos entre jornadas, seminarios, exposiciones y otras actividades. Aunque el grueso de las beneficiarias son universidades, también reciben subvención asociaciones como Fhimades (Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí), una entidad que colabora con FAES.

Este gasto no es el único que destina el Ministerio de Defensa para difundir sus valores. Recientemente adjudicó el plan de medios para la ‘Campaña de proximidad de las Fuerzas Armadas, reconocimiento y captación de 2013’ por 1.880.338 euros y la creatividad de esa misma campaña por 311.454 euros.

Fuente

 

España ha vendido a Egipto 120 millones en armamento desde la caída de Mubarak en 2011

Desde que a principios de 2011 la llamada primavera árabe derrocó al dictador Hosni Mubarak, España ha vendido a Egipto más de 120 millones de euros en material de Defensa y armamento, unos productos que bien podrían estar siendo utilizados por las autoridades policiales del país en su violenta represión de las protestas de los islamistas, que desde el miércoles han causado más de 638 muertos y miles de heridos.

Según las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio que se pueden consultar en la propia web del departamento que depende del Ministerio de Economía, en 2011 las ventas de las empresas armamentísticas españolas al régimen egipcio ascendieron hasta los 69.834.522 euros, y un año más tarde alcanzaron los 50.323.586. El 99% del material fue a parar a las Fuerzas Armadas, según el departamento. Se da la circunstancia de que en junio de ese año 2012 los islamistas se hicieron con el Gobierno del país al resultar vencedores en las elecciones presidenciales del país.

La mayor parte del montante que ingresó España por esas ventas correspondió a la categoría que engloba a las aeronaves militares. En 2011 Egipto se gastó en ese apartado 68.360.002 de euros, mientras que en 2012 las ventas realizadas en dicho ámbito fueron de 48.953.036 euros.

Otros 172 millones comprometidos

En esos dos años las empresas españolas también exportaron al país norteafricano las clasificadas como "armas con cañón de ánima lisa con un calibre inferior a 20 mm". Si bien la web de Comercio no especifica cuáles fueron los productos exactos que se vendieron, el departamento que dirige Jaime García-Legaz sí engloba en esa categoría los fusiles, las carabinas y los revólveres, pistolas, ametralladoras, silenciadores, cargadores, visores y "apagafogonazos". En 2011 las ventas correspondientes a este ámbito sumaron 1.800 euros, mientras que en 2012 se incrementaron notablemente, hasta alcanzar los 348.717 euros.

España, asimismo, también vendió a Egipto vehículos militares en los dos últimos dos años. En 2011 se exportó este tipo de material por un valor de 1.472.720 euros y en 2012, por 1.021.833 euros. En esta categoría se engloban los vehículos "diseñados especialmente o modificados para uso militar", carros y otros vehículos militares armados o incluso equipos para el sembrado de minas y vehículos blindados, si bien Comercio tampoco especifica cuál fue el material concreto que se correspondió a esas ventas.

Además de las ventas ya realizadas, en ambos ejercicios el Gobierno ha dado el visto bueno a ventas de material de Defensa que, en conjunto, alcanzan un valor de 172.346.629 euros. Del total la mayoría, 168.621.905 euros, corresponden de nuevo a la categoría de aeronaves, si bien en el resto también se incluyen las armas cortas, bombas, o vehículos militares.

Fuente

 

Botella vende cinco edificios de viviendas sociales a una empresa vinculada al marido de Cospedal

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ana Botella, ha firmado una opción de venta con la empresa catalana Renta Corporación Core Bussines para desprenderse de cinco edificios situados en el centro histórico de Madrid, que hasta ahora están ocupados por familias en riesgo de exclusión social. Esta empresa pertenece al grupo empresarial Renta Corporación Real Estate de la que es consejero externo independiente Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal. La compañía tiene una deuda declarada de 145 millones de euros.

El Consistorio madrileño recibirá a cambio de esta operación 21 millones de euros, unos 160.000 euros por vivienda en pleno centro, un valor muy por debajo de la realidad del mercado. Los cinco inmuebles albergan 130 viviendas, de las que 117 están ocupadas. Las familias denuncian que el Ayuntamiento les está presionando para que firmen su realojo en otro barrio de Madrid alejado del centro de la ciudad. “Nos ha llamado Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) con tono amenazante. Nos decían que tengamos en cuenta que si no aceptamos el realojo podríamos quedarnos en la calle”, explica a Público Juan Antonio, un vecino afectado.

Las viviendas fueron compradas por el ayuntamiento en la década de los 80. Han sido rehabilitadas con dinero público y entre sus paredes viven desde hace más de 20 años mujeres que han sido maltratadas, familias numerosas, ancianos y pensionistas, que, por razones económicas, no tienen acceso al mercado libre de vivienda. Todos ellos mantienen un contrato de arrendamiento de bajo coste con el consistorio que se calcula a partir de su renta. Además, los vecinos denuncian el desarraigo que supondría para ellos el tener que cambiar de barrio a edades tan avanzadas. En el 55% de las viviendas viven ancianos y en 40 de ellas viven personas mayores de 70 años sin ninguna compañía.

El consistorio madrileño recibirá a cambio de esta operación 21 millones de euros.

El pasado 18 de octubre la EMVS suscribió una opción de compra con la compañía catalana Renta Corporación Core Business por la que el Ayuntamiento fija el precio de estos cinco edificios en 21 millones de euros. Para hacer efectivo el contrato, la empresa barcelonesa ha abonado 300.000 euros más IVA (63.000 euros) y debe pagar el resto antes del 18 de enero tal y como específica el contrato de opción de compra al que ha tenido acceso Público.

La concejalía de vivienda del Ayuntamiento madrileño, tras ser contactado por este medio, ha remitido un comunicado garantizando “una vivienda” a todos los vecinos “de similares características y adaptada a sus necesidades”. Para ello, según señala el comunicado, “un equipo de trabajadores sociales se ha desplazado a las viviendas para entrevistarse con las familias, informarles y escuchar sus necesidades”.

Algunos de los vecinos han señalado a Público que la EMVS ya se ha puesto en contacto con ellos para visitar las viviendas sociales que el Ayuntamiento posee en el otro extremo de la ciudad: Vallecas, Carabanchel y Villaverde. En todo caso, los nuevos arrendamientos que ofrecen tienen una duración de cinco años, de manera que, los vecinos se enfrentan a la incertidumbre de desconocer qué pasará con sus nuevas viviendas tras el fin del contrato de arrendamiento.

25% menos si hay “okupas”

No obstante, el Ayuntamiento no ha notificado a los vecinos la venta de los edificios y su consiguiente realojo de manera oficial, según informan los propios vecinos. Representantes de algunos de los inmuebles mantuvieron una reunión con la directora de Patrimonio de la EMVS en la que se negó la existencia de este acuerdo de venta.

Algunos de los vecinos, como Juan Antonio, ya han anunciado a Público que no piensan abandonar la que ha sido su casa durante los últimos 20 años por una decisión injusta ya que ellos tienen en contrato en vigor y han pagado “religiosamente” tanto el alquiler como la comunidad.

No obstante, la resistencia vecinal ya viene contemplada en el propio contrato. El acuerdo del ayuntamiento y la empresa compradora recoge una cláusula que establece un descuento del 25% en el precio de la vivienda en el caso de que de haya “okupas”, tal y como lo recoge el contrato.

La venta de los inmuebles pasa por encima de vecinos como Antonio, de 75 años y todavía convaleciente de un ictus, para quien abandonar su hogar supone “la muerte”. “He vivido aquí toda la vida y quiero morir aquí. Si me llevan fuera de mi barrio, donde tengo mi vida, es como si me mataran”, afirma entre lágrimas Antonio

Mario Agreda, vecino afectado y delegado de la Comisión de Asuntos Indios en la ONU, denuncia que la venta supone “una violación de los derechos humanos”. "Esta decisión no respeta al ciudadano dentro del marco de la ley y abusa del derecho”, afirma.

Viviendas en el caso histórico

Jaime Lissavetzky, líder de la agrupación municipal del PSOE, y que no ha querido hacer declaraciones a Público, visitará mañana [por el martes] las viviendas afectadas y se fotografiará en el inmueble situado en San Cayetano, 10. Por otro lado, la Comisión municipal de Vivienda de Madrid, que se celebrará este miércoles, tiene previsto discutir sobre esta venta a instancia de los grupos locales de UPyD e Izquierda Unida.

En concreto, los cinco edificios que el ayuntamiento pretende vender son los inmuebles de Carrera de San Francisco (35 viviendas), Embajadores 46 (24), San Cayetano 8 y 10 (27 y 25 respectivamente) y calle Madera 24 y 26 (19). Como se mencionaba del total de 130 viviendas sólo 13 están vacías. Las viviendas tienen un gran valor histórico-artístico. Su restauración recibió el Premio Nacional de Urbanismo de 1988.

Fuente

 

Morenés justifica la venta de armas a países que violan derechos humanos porque "nada es perfecto en política"

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha defendido la venta de armas a países que no cumplen los requisitos de la ley española, que prohíbe la exportación de armamento a zonas o estados donde puedan utilizarse para la "represión interna" o "violación de derechos humanos".

Morenés considera que "cualquier país que esté en Naciones Unidas" y "tienda" a "una situación mejor" puede ser destinatario de armas fabricadas en España, preguntado en la Cadena SER por operaciones de venta a países que puedan usar ese material contra su población. Morenés afirma que su Gobierno, como otros, entiende que " nada es perfecto en política y en el mundo, pero si al menos se tiende a que las cosas mejoren, pues es bastante admisible" y por tanto es lícito "tener un contacto con ellos a nivel político y también comercial".

Sin embargo, eso no es lo que dice la ley en España, que no deja el comercio de armas a un asunto de valoración meramente ética: la ley española prohíbe expresamente que el Gobierno autorice venta de armamento si no existen todas las garantías de que ese material no va a ser utilizado para "exacerbar tensiones o conflictos latentes" o "con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos". También se aclara que para juzgar si esos destinos son válidos o no, se tendrá que tener en cuenta a las organizaciones sociales que velan por los derechos humanos en esos destinos.

Precisamente una agrupación de muchas de las organizaciones más importantes en ese campo (Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, Greenpeae, Fundació per la Pau y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria) listan cada año operaciones a destinos que no cumplen los requisitos de la ley.

Estos son los de 2011: 9 destinos "muy preocupantes" de las armas fabricadas en España sobre los que las organizaciones no tienen garantías.