Mostrando entradas con la etiqueta viviendas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta viviendas. Mostrar todas las entradas

Malos días, Soraya


Cuatro metros de asfalto y dos aceras son la brecha estrecha y profundísima que separa dos Españas. A un lado, el dormitorio de la vicepresidenta del Gobierno. Al otro, una bata de doctor, inerte sobre una percha, colgada del macetero de la fachada. Es el grito silencioso con que sus vecinos le dan los buenos días cada mañana a Soraya Sáenz de Santamaría. Como un saludo frontal. Allá, el poder. Acá, los colectivos afectados por sus políticas ponen en escena su protesta. Esa bata blanca, con el nombre de la solapa tapado por un crespón negro y un cartel de 'Sanidad Pública no se vende, se defiende' es lo primero que Sáenz de Santamaría ve cada mañana cuando sale de su casa, en una colonia de adosados en el extremo este del acomodado barrio de Salamanca. Cuando se monta en el coche oficial, camino de su despacho en La Moncloa, se suceden por la ventanilla los signos de oposición, como una alfombra roja de pancartas que se extiende por toda la calle. A izquierda y derecha hay batas, camisetas, carteles, sábanas pintadas… Es la escenificación de las tensiones sociales en un barrio 'bien' de Madrid sin lujos de rancia costumbre, ni abrigos de visón, ni los cochazos ni los despampanantes chalets de La Moraleja o La Finca. El hogar de los Rosa-Saénz de Santamaría se levanta en un barrio de casas bajas, presidido por 'El Pirulí', en el que abundan vecinos con perro y niños. Allí llegó la mujer más poderosa de España en 2007, a un adosado de tres plantas con jardín y piscina, y con un vecindario de ademán discreto, y cabreo, últimamente, en aumento.

«Yo esto no se lo estoy diciendo a ella directamente, puesto que la decisión de privatizar la Sanidad es del Gobierno de la Comunidad de Madrid, no del suyo», advierte Elena, la vecina de enfrente, pediatra del Hospital Gregorio Marañón y dueña de la bata de antes. Su esposo trabaja en cuidados paliativos para niños. «¿Tú crees que lo que hace mi marido puede generar beneficio? La sanidad tiene que crear riqueza, pero que se reinvierta en sanidad».

- Y viviendo tan cerca, ¿nunca se lo ha dicho directamente a ella?

- No hace falta, sería un insulto a su inteligencia pues lo debe de tener tan claro como yo.

Cuando la pediatra se encuentra con la vicepresidenta se saludan con cortesía. No cree que Soraya se sienta insultada por los carteles y para explicarlo, tira de ironía: «Al fin y al cabo, desear una buena sanidad pública es como desearle a alguien unas felices navidades, ¿no? Todo el mundo quiere una, supongo».

«Nos llevamos bien»


«Una cosa es la política y otra las personas», asegura Elena, miembro de una comunidad de vecinos que comparte con gentes populares como Aitana Sánchez-Gijón o Pastora Vega, y en la que no hay mayores problemas derivados de la seguridad que el engorro de los inhibidores de frecuencia que desconfiguran sus redes wifi, sus antenas y que ponen a los perros a ladrar. «Aquí nos llevamos bien».

Si hay pegas, no las cuentan, como si esta discreta colonia de casas del centro de Madrid se rigiera aún por cierta exquisita educación, casi victoriana, un código de respeto que separa lo público de lo privado, que distingue a la poderosísima 'número dos' del Gobierno de la vecina Soraya. Ese código ha saltado por los aires en otros ámbitos, en otras aceras convertidas en sartenes en las que arden 'los de arriba'. La clase política es consciente desde hace tiempo del desafecto de los ciudadanos. Las encuestas corroboran esa fractura, ese desencanto. En el último barómetro del CIS, los políticos son el tercer problema del país, por detrás de la economía y el paro, y por delante del cuarto, el nuevo invitado: la corrupción, detonador de lo que amenaza con ser un cóctel molotov social. Desde octubre a enero, el PP ha perdido once puntos en intención de voto; el PSOE, cinco, todo antes del espinoso asunto de los 'sobres'. Si algún político no sabía de este desamor, hay gente que ha comenzado a decírselo muy claro. A veces, demasiado.

Un ejemplo lo protagonizó la semana pasada María Dolores de Cospedal. Iba de compras cuando se encontró en Madrid con un grupo de extrabajadores de Telemadrid, que la llamaron «sinvergüenza» a pocos metros en un griterío sonrojante. Ella, acompañada de otra mujer, cruzó la calle y siguió adelante con su paseo. Después colgaron el vídeo en la red. Escenas similares se están viviendo en comercios, en parques, en bares y restaurantes... Recientemente, un ministro tuvo que abandonar una terraza al ser increpado de manera insistente por un grupo de personas. Dos dirigentes populares que estaban comiendo en un restaurante «medio» del barrio de Salamanca (50 euros por barba) vieron cómo una señora que estaba en otra mesa se acercó a ellos y les espetó: «Ustedes no deberían estar en restaurantes de esta categoría». En un comercio, a otro rostro conocido del PP le preguntó el dependiente: «¿Esto lo pagas con el dinero de los sobres?». El AVE también ha sido testigo de algunas 'escenas'. Ocurrió cuando los viajeros reconocieron a un par de miembros del Gobierno a los que empezaron a discutir sus políticas. El intercambio de opiniones fue a más y terminó con el vagón entero discutiendo en tono más acalorado.

En las tiendas, en las aceras, en los aviones, los políticos sienten la hostilidad de las encuestas como un escalofrío en el cogote. Sobre todo, les ocurre cuando comparten mesa y mantel. La imagen del político devorándose el dinero público con aperitivo, postre, vino, café y un whisky con hielo está tan enraizada que en el PP admiten que, hoy en día, a nadie se le ocurre mantener una reunión en un restaurante de lujo, ya pague el Estado, el partido o la cartera de cada cual. Buscan la privacidad de locales modestos o alejados del centro para no crear escándalo y dar pie a situaciones embarazosas. Fuera de Madrid, la situación no mejora. Después de broncas a pie de mesa, algunos optan por encargar la comida y celebrar los almuerzos y las cenas en locales privados. Ni siquiera ellos se atreven a acudir a buscar el 'tupper'.

La palma se la llevan Ana Mato, Fátima Báñez, Cristóbal Montoro... en fin, la fila azul del Congreso, pero toda la podredumbre asignada a la clase dirigente chorrea sobre los trabajadores rasos. En Génova, de vez en cuando suena el teléfono y alguien suelta un 'hijos de...', o una pregunta con retranca '¿Ahí es dónde dan sobres?'. También llegan faxes con sobres pintados. Cuando entran a trabajar, suelen recibir insultos: «¡Chorizos! ¡Ladrones!». «Ya estamos acostumbrados», admite un empleado. Del arco político español, no se libra nadie. Los sobres de Bárcenas son el estigma popular. La cruz del PSOE, además de los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto, como los ERES falsos, es la herencia de Zapatero, la situación en la que dejó el país en 2011. Un exministro del PSOE se llegó a ver acorralado en un supermercado con sus hijos de la mano. Los catalanes también se llevan lo suyo: a los independentistas los mandan fuera de España cuando están en Madrid. Y allí ponen verdes a los centralistas. De la mala leche no se salva ningún partido. Les echan en cara el 'amiguismo', el golferío, el ascenso sin dar palo al agua, la 'dedocracia', las dietas y los privilegios: la nube de palabras asociada a la clase política. A toda entera.

Bárcenas prendió la chispa

Las miradas de enojo, las amenazas, las humillaciones (a un dirigente valenciano le lanzaron huevos la semana pasada) son la punta de un enorme iceberg que amenaza con abrir el casco -si no lo ha hecho ya- de los grandes partidos. Ellos lo perciben de primera mano. «No es un problema de ahora, ni propio de una sola formación», admiten fuentes del PP. Lo notaban hace tiempo, pero la primera portada sobre los supuestos sobresueldos de Luis Bárcenas abrió la veda. En Génova admiten que es «comprensible, por la situación de muchos que lo pasan mal, pero también injusto».

La secretaria general, María Dolores de Cospedal, fue más audaz en sus comentarios en el encuentro que organizó 'The Economist' hace cuatro días. «Esto de tirar al político -dijo- yo sé que es un deporte muy entretenido para muchos, pero, al final, es por lo que hemos luchado tanto en nuestro país: por un sistema democrático y una democracia representativa».

No es fácil que cale su mensaje. Un dirigente provincial del PP admite que «la gente está harta. Es normal, pero hay líneas que no conviene traspasar. Cuando te increpan o sientes la agresividad delante de tu hijo no es agradable. Esa es una espita que más vale no abrir nunca, porque no se sabe dónde puede terminar la cosa».

Fuente


 

Los vecinos que Botella quiere desalojar amenazan con denunciar por mobbing inmobiliario



Los vecinos de las viviendas sociales a los que el Ayuntamiento de Madrid quiere desalojar de sus casas han pasado al ataque. Después del pánico inicial producido por las cartas de desalojo recibidas por parte del Consistorio, los vecinos han buscado asesoramiento legal y han diseñado su ofensiva. O la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS) y la compañía Renta Corporación desisten en sus negociaciones para vender los cinco edificios de viviendas sociales por 21 millones de euros o recibirán una querella por mobbing inmboliario.
“Si no se echan atrás en el contrato en el plazo establecido nos veremos obligados a interponer una querella por unos hechos que entendemos que pueden ser calificados de mobbing inmobiliario y que están teniendo repercusión en la "situación física y psicológica de los vecinos”, explica a Público Endika Zulueta, abogado de los afectados, quien añade que en caso de que esta querella sea interpuesta los “políticos” y “financieros” responsables del contrato de opción de compra “tendrán que pagar por los daños a los vecinos”.

Los abogados defienden que todos los contratos son indefinidos.


El contrato de opción de compra firmado por la EMVS y la empresa Renta Corporación, de la que Ignacio López del Hierro (el marido de María Dolores de Cospedal), establece que la compañía compradora tiene de plazo hasta el 18 de diciembre para desistir de la compra de los cinco edificios sin perder un euro de los 363.000 euros ya depositados. Si, por el contrario, desistiera de la compra entre el 18 de diciembre y el 18 de enero (fecha en la que caduca la opción de compra) Renta Corporación perdería el dinero ya entregado que se encuentra depositado en una notaría de Madrid.
Por ello, los vecinos, asesorados por sus abogados, advierten a Renta Corporación de que no piensan abandonar sus casas y le aconsejan retirarse a tiempo de una operación financiera que sólo les puede ocasionar problemas y pérdidas de capital. “La EMVS no tiene legitimidad jurídica ni moral para hacer esta venta y la empresa no tiene capacidad jurídica para comprarla. Además, económicamente la compra no le va a salir tan rentable a la empresa compradora porque va a comprar un inmueble lleno de vecinos. La gran mayoría no piensan irse”, asegura Endika.
En los próximos días, los abogados de los afectados remitirán a Renta Corporación un escrito con las firmas de los vecinos en el que recomendarán a la empresa poner fin a “esta broma de mal gusto, irse a su casa y dedicarse a comprar otro tipo de inmuebles que no sean de viviendas sociales”. “Le emplazamos a que desistan de la compra antes del 18 de diciembre porque si no perderán los 363.000”, advierte Endika.
Función inmobiliaria
La pieza central del esquema que barajan los abogados se asienta en el argumento de que los contratos de alquiler de los inquilinos son todos de carácter indefinido, siempre y cuando no varíen las condiciones que les han hecho merecedores del mismo. Esta interpretación de los contratos se asienta en la legislación de 1986. La Administración, por su parte, aplica la normativa de 1995.
“Vamos a decirles mediante una carta [a la EMVS] que entendemos que se han equivocado en la interpretación de la ley. De la misma manera que para ellos es una casualidad que la empresa compradora tenga como consejero al marido de una conocida política quizá también de manera casual ellos se han equivocado en la interpretación de la ley”, ironiza el letrado.
En virtud de esta posición, los abogados y los vecinos que han recibido las cartas de desalojo responderán a la EMVS advirtiéndoles de que no abandonarán su hogar y aconsejarán a la EMVS que “pidan perdón por las molestias” y que se dedique “a lo que tiene que dedicarse” que es a “crear mecanismos para que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y adecuada y no a trabajar como si fuera una inmobiliaria”.
Fuente



 

Botella vende cinco edificios de viviendas sociales a una empresa vinculada al marido de Cospedal

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ana Botella, ha firmado una opción de venta con la empresa catalana Renta Corporación Core Bussines para desprenderse de cinco edificios situados en el centro histórico de Madrid, que hasta ahora están ocupados por familias en riesgo de exclusión social. Esta empresa pertenece al grupo empresarial Renta Corporación Real Estate de la que es consejero externo independiente Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal. La compañía tiene una deuda declarada de 145 millones de euros.

El Consistorio madrileño recibirá a cambio de esta operación 21 millones de euros, unos 160.000 euros por vivienda en pleno centro, un valor muy por debajo de la realidad del mercado. Los cinco inmuebles albergan 130 viviendas, de las que 117 están ocupadas. Las familias denuncian que el Ayuntamiento les está presionando para que firmen su realojo en otro barrio de Madrid alejado del centro de la ciudad. “Nos ha llamado Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) con tono amenazante. Nos decían que tengamos en cuenta que si no aceptamos el realojo podríamos quedarnos en la calle”, explica a Público Juan Antonio, un vecino afectado.

Las viviendas fueron compradas por el ayuntamiento en la década de los 80. Han sido rehabilitadas con dinero público y entre sus paredes viven desde hace más de 20 años mujeres que han sido maltratadas, familias numerosas, ancianos y pensionistas, que, por razones económicas, no tienen acceso al mercado libre de vivienda. Todos ellos mantienen un contrato de arrendamiento de bajo coste con el consistorio que se calcula a partir de su renta. Además, los vecinos denuncian el desarraigo que supondría para ellos el tener que cambiar de barrio a edades tan avanzadas. En el 55% de las viviendas viven ancianos y en 40 de ellas viven personas mayores de 70 años sin ninguna compañía.

El consistorio madrileño recibirá a cambio de esta operación 21 millones de euros.

El pasado 18 de octubre la EMVS suscribió una opción de compra con la compañía catalana Renta Corporación Core Business por la que el Ayuntamiento fija el precio de estos cinco edificios en 21 millones de euros. Para hacer efectivo el contrato, la empresa barcelonesa ha abonado 300.000 euros más IVA (63.000 euros) y debe pagar el resto antes del 18 de enero tal y como específica el contrato de opción de compra al que ha tenido acceso Público.

La concejalía de vivienda del Ayuntamiento madrileño, tras ser contactado por este medio, ha remitido un comunicado garantizando “una vivienda” a todos los vecinos “de similares características y adaptada a sus necesidades”. Para ello, según señala el comunicado, “un equipo de trabajadores sociales se ha desplazado a las viviendas para entrevistarse con las familias, informarles y escuchar sus necesidades”.

Algunos de los vecinos han señalado a Público que la EMVS ya se ha puesto en contacto con ellos para visitar las viviendas sociales que el Ayuntamiento posee en el otro extremo de la ciudad: Vallecas, Carabanchel y Villaverde. En todo caso, los nuevos arrendamientos que ofrecen tienen una duración de cinco años, de manera que, los vecinos se enfrentan a la incertidumbre de desconocer qué pasará con sus nuevas viviendas tras el fin del contrato de arrendamiento.

25% menos si hay “okupas”

No obstante, el Ayuntamiento no ha notificado a los vecinos la venta de los edificios y su consiguiente realojo de manera oficial, según informan los propios vecinos. Representantes de algunos de los inmuebles mantuvieron una reunión con la directora de Patrimonio de la EMVS en la que se negó la existencia de este acuerdo de venta.

Algunos de los vecinos, como Juan Antonio, ya han anunciado a Público que no piensan abandonar la que ha sido su casa durante los últimos 20 años por una decisión injusta ya que ellos tienen en contrato en vigor y han pagado “religiosamente” tanto el alquiler como la comunidad.

No obstante, la resistencia vecinal ya viene contemplada en el propio contrato. El acuerdo del ayuntamiento y la empresa compradora recoge una cláusula que establece un descuento del 25% en el precio de la vivienda en el caso de que de haya “okupas”, tal y como lo recoge el contrato.

La venta de los inmuebles pasa por encima de vecinos como Antonio, de 75 años y todavía convaleciente de un ictus, para quien abandonar su hogar supone “la muerte”. “He vivido aquí toda la vida y quiero morir aquí. Si me llevan fuera de mi barrio, donde tengo mi vida, es como si me mataran”, afirma entre lágrimas Antonio

Mario Agreda, vecino afectado y delegado de la Comisión de Asuntos Indios en la ONU, denuncia que la venta supone “una violación de los derechos humanos”. "Esta decisión no respeta al ciudadano dentro del marco de la ley y abusa del derecho”, afirma.

Viviendas en el caso histórico

Jaime Lissavetzky, líder de la agrupación municipal del PSOE, y que no ha querido hacer declaraciones a Público, visitará mañana [por el martes] las viviendas afectadas y se fotografiará en el inmueble situado en San Cayetano, 10. Por otro lado, la Comisión municipal de Vivienda de Madrid, que se celebrará este miércoles, tiene previsto discutir sobre esta venta a instancia de los grupos locales de UPyD e Izquierda Unida.

En concreto, los cinco edificios que el ayuntamiento pretende vender son los inmuebles de Carrera de San Francisco (35 viviendas), Embajadores 46 (24), San Cayetano 8 y 10 (27 y 25 respectivamente) y calle Madera 24 y 26 (19). Como se mencionaba del total de 130 viviendas sólo 13 están vacías. Las viviendas tienen un gran valor histórico-artístico. Su restauración recibió el Premio Nacional de Urbanismo de 1988.

Fuente

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...