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La cruda e inhumana realidad de los recortes de Cospedal.



Así tienen que bajar a lo niños de los vehículos no adaptados en Toledo.


Cada día una veintena de niños que utilizan el transporte escolar que cubre la ruta entre el Colegio de Educación Especial Ciudad de Toledo y los municipios cercanos, como Argés o Cobisa, tienen que enfrentarse a demasiadas barreras. El autobús de la empresa Romerías de León, que ganó al concesión administrativa de la Junta de Castilla-La Mancha, por un plazo de cuatro años no está adaptado a las necesidades especiales de movilidad que tienen los usuarios, según denuncian los padres de los estudiantes.


"Tenemos que subir en brazos, en vilo, a nuestros hijos porque es un autobús pequeño, sin ninguna plataforma elevadora ni nada parecido", denuncian en conversación con www.dclm.es. Lo cierto es que esta adjudicación se produjo después de un concurso público donde las empresas de Toledo rebajaron hasta un 40 por ciento las tarifas para quedarse con el servicio, pero finalmente fue otorgada a la compañía leonesa que no ha presentado un vehículo apropiado en ningún momento. "El primer día vinieron con uno que tenía los asientos de madera, parecía una diligencia y ante nuestras protestas lo cambiaron, pero el actual no tiene cinturones de seguridad", explican. Y ponen como ejemplo que el otro día, tras un frenazo, uno de los viajeros se hizo una marca en la frente.


Algunos padres, cansados ya de esta situación que podría acabar en una desgracia, se han dirigido a los Servicios Periféricos de la Junta donde les han emplazado a la Consejería de Educación de la que depende este asunto. "El consejero Marcial Marín conoce el problema, el otro día en el Pleno de las Cortes vio una fotografía, pero no ha hecho nada hasta la fecha", aseguran.


No son pocos los progenitores que temen que el Gobierno regional siga sin actuar porque el colegio tiene un déficit de unos 30.000 euros y ha sufrido, como ningún otro, los recortes presupuestarios de una manera evidente. "Se nos ha dicho que si se rompe el contrato con la empresa habría que indemnizarles, pero no es comprensible que se haga una concesión a una compañía que no tiene un vehículo adaptado", argumentan.


En todo caso, el problema con los desplazamientos no es el único que padecen a diario. La piscina climatizada, tan necesaria para los ejercicios de rehabilitación en personas con movilidad reducida y grandes dependientes, tampoco funciona. La Consejería ha alegado "motivos técnicos", como la fuga de aguas, y permanecerá fuera de servicio hasta nuevo aviso. La única solución que se les ha ofrecido es acudir a la más próxima del Patronato de Toledo, pero es francamente difícil que puedan llevarla a cabo porque muchos de esos alumnos no pueden andar por sí solos y necesitarían un nuevo autobús para desplazarse aunque sean unos pocos metros.


Tampoco este curso habrá sesiones de hipoterapia, una disciplina de extraordinario poder terapéutico para las personas con capacidades diferentes porque esta modalidad educativa desapareció cuando el actual Gobierno dejó de pagarlo. "La primera parte sí estaba abonado por el Ejecutivo anterior, pero cuando llegó la segunda liquidación optaron por quitárnoslo", explica un padre que recuerda que los ejercicios en el agua o con caballos son tan importantes para estos estudiantes como las matemáticas o el inglés en cualquier centro educativo.


Problemas hay también con los servicios de fisioterapia porque desde hace días la persona que debía sustituir al titular no ha llegado. "Dos horas de piscina que ya no tienen y otras tantos de fisio que tampoco reciben", se lamentan para denunciar que incluso han visto cómo la compañía eléctrica se personaba en las instalaciones para cortar la luz por impagos... Es la radiografía de un centro que desmiente cada nueva jornada las recientes palabras de Marcial Marín afirmando que "en educación la clave está en invertir mejor: en formación del profesorado y excelencia para el alumno".


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Familiares sacan a enfermos mentales de sus centros por no poder pagar el copago



Piedad señala que no puede hacer frente a los 858 euros del copago que le exige la ley para mantener a su hermana, con síndrome de Down, en un centro de día de la Región de Murcia. Allí, rodeada de profesionales, “estaba mejorando sustancialmente su calidad de vida”. Piedad confiesa que la decisión de sacarla del centro ha sido “la más dura de su vida”.
Piedad y su hermana son un caso minoritario, según la Consejería de Sanidad, pero no único. Representantes de asociaciones de personas con enfermedad mental y con parálisis cerebral de Murcia denuncian que la instauración del copago ha obligado a una cuarentena de ellos a abandonar los centros de día por no poder hacer frente a las cuotas y que la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, “se comprometió a revisar caso por caso los de estos afectados para darles una solución”.
La hermana de Piedad tiene una renta de más de 2.000 euros. Al estar en la franja alta, ha de aportar el copago más elevado. Pero además, con ese dinero paga a una cuidadora para atenderla mientras no está en el centro, lo que cuesta otros 800 euros. “Pagando al mes 1.700 euros entre una cosa y otra, no salen las cuentas”, explica Piedad.
Según Sanidad, este caso forma parte de un 5% de pacientes con altas rentas que tienen que pagar frente a 1.300 murcianos que no han de abonar su estancia en estos centros. En todo caso, el gobierno de Murcia ha pactado con las asociaciones que en enero reducirá un 30% la cantidad a pagar y que estudiará las circunstancias particulares de los casos extremos. Pero mientras tanto, Piedad ya ha sacado a su hermana del centro.
Sólo una semana después de abandonar las instalaciones donde pasaba parte del día, Pilar ya nota los primeros efectos en su hermana: “está sufriendo una regresión y vuelve a los problemas que tenía el día que ingresó. Ayer empezó a lanzar objetos por toda la casa. Hacía años que no se comportaba así. Estoy hundida, y noto que ella también”.
La consejería de Sanidad murciana dice que esta persona “no queda desasistida y tiene ingresos para hacer frente al copago”.
Miguel Ángel Miralles, Director general de dependencia de la Región de Murcia sostiene que el espíritu de la nueva ley “es que las personas con más ingresos colaboren más”. En el caso de la hermana de Piedad “vive con su hermana, recibe 2.000 euros de pensión y una ayuda de protección familiar y, por tanto, por su media anual de pagas mensuales, según la ley, tenía que pagar”.
Fuentes del sector apuntan que la clave para fijar la aportación está en cómo se valora el precio del centro de día, ya que el copago se aplica sobre un porcentaje del coste del servicio. En Murcia se ha valorado de forma elevada “y el coste sale muy alto”, indican.
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