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De como pretenden aprobar una ley que permite encarcelar sin delito previo.


Esto es lo último que ha terminado por dejarme "ojiplática" esta tarde. De verdad creo que deberíais leer este manifiesto del Colectivo de Salud Mental. Eso si, ya aviso que no os va a gustar lo que dice....

MANIFIESTO

Como personas del colectivo de salud mental queremos llamar la atención de la población general por el Anteproyecto de Reforma del Código Penal, presentado en el Consejo de Ministros el 11/10/2012 y que se encuentra actualmente en discusión para su aprobación.

Este anteproyecto vulnera los derechos civiles, cercena las libertades de la mayoría de la población y atenta contra los preceptos de la Constitución. Incluso el Consejo General del Poder Judicial considera el anteproyecto inconstitucional.

Las nuevas propuestas criminalizan los movimientos sociales y son especialmente discriminatorias con los colectivos más vulnerables socialmente, como los migrantes y las personas con un diagnóstico psiquiátrico. Además, es incompatible con la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Actualmente, en principio, todas las personas somos iguales ante la Ley y tenemos los mismos derechos, estemos o no diagnosticadas de un Trastorno Mental. Con los cambios propuestos en el anteproyecto, explícitamente dejaríamos de serlo. El nuevo código equipara enfermedad mental con peligrosidad y tipifica a la persona con trastorno mental como Sujeto Peligroso.

Asociar el trastorno mental con peligrosidad es una idea prejuiciosa, porque los hechos la desmienten. Sistemáticamente, la investigación señala que somos más objeto de maltrato, discriminación y abusos, que no perpetradores de los mismos.

Entre la pérdida de derechos civiles, podemos mencionar que una persona podrá ser o permanecer encerrada incluso por delitos que no ha cometido, en previsión de los que pueda cometer en el futuro. Actualmente, una persona no puede ser condenada por un acto que no ha realizado. Con la reforma, la presunción de posibles delitos será motivo de condena.

En el Código Penal vigente, si una persona es declarada inimputable por motivos de salud mental, no se le puede imponer una pena. En su lugar, se aplica una Medida de Seguridad, privativa o no de libertad. Usualmente, consiste en un internamiento psiquiátrico. Pero la duración del encierro nunca puede ser mayor a la pena que se le hubiese impuesto en caso de ser imputable. Con el cambio que propone el anteproyecto, el encierro puede ser perpetuo. Ya no habrá límite temporal a la reclusión en un centro psiquiátrico como Medida de Seguridad. Una persona con un diagnóstico de salud mental que ha cometido un delito, independientemente de la gravedad de ese delito, puede permanecer en un centro psiquiátrico indefinidamente, incluso de por vida.

Otra de las medidas de seguridad que contempla el anteproyecto es la Libertad Vigilada. En este caso, aunque se acabé el internamiento impuesto, la vigilancia de la persona continúa. Y, como el encierro, también es prorrogable de manera indefinida. Hasta ahora, una vez que se cumple el tiempo equiparable a la pena, la aplicación de las medidas de seguridad impuestas se acaba. Con el nuevo Código Penal, la Libertad Vigilada se plantea también como perpetua, violando el principio según el cual las Medidas de Seguridad no pueden resultar más graves que las penas aplicables al delito cometido.

Así mismo, otra medida propuesta que profundiza la pérdida de derechos y libertades se refiere al Tratamiento Médico Forzoso. El anteproyecto impone también la obligación de someterse a un tratamiento ambulatorio involuntario. Como todas las medidas de seguridad antedichas, también puede ser aplicado a perpetuidad. Actualmente, la negativa de la persona al tratamiento médico no se considera incumplimiento de las medidas de seguridad. Con el nuevo código, toda persona diagnosticada que se encuentre bajo libertad vigilada podrá ser forzada a presentarse de manera regular y periódica ante un médico, psiquiatra o psicólogo y a medicarse.


En la actualidad ya hay ingresos involuntarios y medicación forzosa, pero si el anteproyecto prospera los encierros psiquiátricos ya no serán medidas tomadas con criterios sanitarias, sino judiciales. Además, la medicación forzosa se aplicará incluso una vez recibida el alta hospitalaria y las personas diagnosticadas quedaremos bajo vigilancia de los poderes del Estado el resto de nuestra vida.

Nos encontramos ante un anteproyecto de ley basado en prejuicios y estereotipos discriminatorios, unas decisiones omnipotentes, unos efectos de poder indeterminables y unos recortes de las libertades individuales y colectivas que violan los derechos humanos fundamentales.

Teniendo en cuenta que buena parte de los diagnósticos de salud mental se catalogan como crónicos, la peligrosidad atribuida a estas patologías también se concebirá como crónica y, con ello, las medidas de seguridad que se impongan. De este modo, recibir un diagnóstico de salud mental puede ser una condena a perpetuidad.

Hay que tener en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas pasa, ha pasado o pasará un problema de salud mental. Además, el abanico de comportamientos considerados patológicos por la institución psiquiátrica crece día a día. Por lo tanto, cada vez será mayor el número de personas que se verán expuestas a los efectos perversos del nuevo Código Penal.

Este anteproyecto, además, no afecta sólo al colectivo de salud mental. En la situación actual, de crisis y desmantelamiento de la sanidad, se abre la puerta a que los problemas de salud, y los conflictos sociales en general, sean, aún más, criminalizados y judicializados por el mismo sistema que nos enferma.

Teniendo en cuenta que la peligrosidad es un concepto especulativo, atribuido arbitrariamente y que no necesita basarse en hechos para aplicarse, puede servir, en un contexto de descontento y contestación social, para criminalizar y neutralizar la disidencia.

Ante estas reflexiones, exigimos: No regresar a una legislación franquista, al Código Penal de 1973 o a versiones anteriores y a la aceptación del control penal de los colectivos socialmente más vulnerables.

Desde esta preocupación, que esperamos que sea compartida, hacemos un llamamiento a todos los colectivos y a todas las personas a posicionarse sin ambigüedades frente a esta nueva agresión contra las libertades y los derechos fundamentales.

Firman este Manifiesto:
ActivaMent Catalunya Associació — Asamblea de Majaras — Associació Sociocultural Radio Nikosia — Associació Bipolars de Catalunya — Associació Emilia Barcelona — Castelldefels Associació de Malalts Mentals — Associación Grupo de Teatro Imagina — Associació AADDMM Terraferma — Associació Mentaliza’t — Saräu Associació d’Oci Inclusiu
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Más de 100 directores de centros de salud firman la carta de dimisión



Los equipos directivos de los 270 centros de salud madrileños se han reunido en asamblea este mediodía en el Colegio de Médicos de Madrid para decidir si presentan su dimisión en bloque como medida de presión para forzar al Gobierno regional a retirar su plan sanitario, que incluye la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud.
Pese a que el objetivo de la asamblea era votar si tomaban esa decisión, más de 100 equipos directivos (compuestos por director médico, responsable de enfermería y de la unidad administrativa) se han presentado con las cartas de dimisión ya firmadas. Eso ha permitido ir contando las hojas durante las intervenciones de los sanitarios en la asamblea. Al poco rato ya habido una cifra oficiosa: los responsables de 118 centros de salud madrileños han firmado.
Finalmente se ha decidido presentar todas las cartas a la vez, el próximo 27 de diciembre, el día que la Asamblea de Madrid votará y aprobará la Ley de Acompañamiento que, junto con los Presupuestos, que saldrán adelante previsiblemente hoy, consagra los planes de privatización del Gobierno regional. También han decidido que el número mínimo para lanzar el órdago sea la mayoría (la mitad más uno, es decir, 135), por lo que apenas faltan unas pocas cartas más para llegar al objetivo.
La dimisión no se hará efectiva, tal y como reza el texto de la carta, hasta que la Comunidad de Madrid saque a concurso la adjudicación de los 27 centros de salud cuya gestión ha decido entregar a empresas.
El documento va dirigido al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y al director general de Atención Primaria, Antonio Alemany. "Durante las últimas semanas los profesionales sanitarios de Atención Primaria le han trasladado de forma absolutamente mayoritaria el rechazo al Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad de la Sanidad", empieza la carta, que tiene fecha del 21 de diciembre, mañana viernes, el día siguiente a la aprobación de los Presupuestos.
"Una vez aprobado el citado plan de sostenibilidad, y ante la inminencia de la privatización de la gestión de un elevado número de centros de salud, deseo transmitirle mi deseo de no participar en actividad organizativa alguna que suponga una aceptación de dicho plan", afirma el texto. "Por tanto, le presento mi dimisión como responsable a partir del mismo día de la publicación de los pliegos para externalizar la gestión de cualquier centro de salud", añade.
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Ningún estudio independiente demuestra que la gestión sanitaria privada sea más eficiente y barata

Los impulsores del modelo Alzira —la gestión privada integral de servicios sanitarios públicos— presumen de la eficiencia de esta fórmula y del ahorro que aporta. En el caso de la gestión de hospitales o áreas de salud, el gasto es un 25% inferior al de sus equivalentes públicos. Estos son los datos que traslada la Generalitat valenciana en cuanto se le pregunta sobre las virtudes de esta modalidad. Los mismos que expuso Manuel Marín, gerente del hospital de La Ribera (Alzira, Valencia; el centro que abrió el camino en 1999), en su intervención en el congreso de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud el sábado pasado en Valencia.

El argumento económico, sin embargo, tiene importantes debilidades. No existe ningún estudio independiente que haya evaluado los costes de los dos modelos (gestión pública frente a privada) y que avale estas cifras. A ello se refirió este martes la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS): “Quienes en nuestro país aplican sus saberes e instrumental analítico a la evaluación de políticas sanitarias apenas pueden ir más allá de constatar que no hay evidencia que apoye estas aseveraciones [sobre eficiencia y ahorro]”.

Los defensores del modelo también plantean que en una situación como la actual, de aguda restricción de la inversión pública, la privatización de la gestión aporta una ventaja inmediata incuestionable. En caso de que haya que abordar la construcción de infraestructuras sanitarias, es la empresa adjudicataria la que asume las obras (y los enormes gastos financieros que llevan aparejadas). A cambio cobrará durante décadas (hasta 30 años) por la gestión del centro, ya sea solo por prestar los servicios auxiliares o la gestión integral.

En esencia, la gestión privada integral —la que se aplica en Valencia y por la que ha apostado Madrid para otros seis hospitales— es una especie de subcontrata por la que la Administración encarga a una empresa los cuidados sanitarios de sus ciudadanos. Ya sea la atención hospitalaria (caso de Madrid) o de todo un departamento de salud (caso de Valencia), a cambio de pagar por cada habitante (entre 200.000 y 300.000) una cuota anual (639 euros per capita en Valencia). Ello implica, en teoría, un mayor control del gasto, ya que el presupuesto que manejan las concesionarias es cerrado.

Pero para que se respeten las condiciones del contrato, los poderes públicos tienen que asumir el papel de supervisión que las fórmulas de privatización les reservan. Deben vigilar el cumplimiento de las reglas de juego acordadas y garantizar los estándares de calidad asistencial. Este ha sido uno de los puntos débiles del modelo en España, como sus detractores han planteado de forma recurrente. Por un lado, porque los Gobiernos que han abierto las puertas de la sanidad al sector privado han sido los más firmes defensores del modelo, hasta llegar a actuar más como parte que como juez. E incluso cambiar las reglas con la partida ya comenzada para mantener su apuesta a flote pese a su teórica función de árbitro. Es lo que sucedió en 2003 con el hospital de Alzira.

La Generalitat rescató el centro y lo volvió a sacar a concurso —previo acuerdo con la concesionaria— con los pliegos modificados: no solo se entregaría al sector privado el control del hospital de Alzira, sino también de los centros de salud de su ámbito de influencia, un elemento clave en el control del gasto, ya que las consultas de primaria son la llave de acceso al hospital de los pacientes. Esta modalidad es la que se ha extendido a Torrevieja, Dénia, Elche y Manises.

Otro de los riesgos de la gestión privada es el escaso número de empresas capaces de entrar en este mercado. Junto a las aseguradoras sanitarias, en España —hasta el momento— el protagonismo de la gestión privada de la sanidad pública se lo reparten dos grandes agentes: Ribera Salud y Capio. Ello concede un gran poder de negociación a estas compañías ante la Administración.

Esta circunstancia, junto a la “excesiva proximidad entre autoridades y concesionarios” y la debilidad del supervisor, como apuntó también este martes el martes la SESPAS, “exacerba el enorme riesgo de la captura del regulador”. Es decir, el peligro de que la influencia de las empresas sea tal que conviertan a la Administración “en defensor de los intereses de la empresa dominante” en lugar de velar por los intereses de los ciudadanos.

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Que no nos toquen a los abuelos.

Se empezaba a trabajar de lo que uno bien pudiese: de mozo en una tienda, en la empresa de Tomás que se había venido del pueblo antes que nadie y ya tenía la vida "acomodá", de costurera con Merce que tiene mucha clientela y necesitaba una ayudita... De lo que se podía, vaya.

Luego llegaba un gran momento...Se conocían. A la que él salía de la empresa de Tomás, veía en la tienda de la Señora Mercedes a esa belleza de mujer. Si, ese era el chico nuevo que trabajaba con el Señor Tomás (¡qué guapo!). Un día, sin saber cómo había empezado todo, sin recordar cuantas veces habían dado paseos por el barrio SIN DARSE LA MANO Y TAL, llegó el momento. El Señor Tomás hizo un parón y dijo en voz alta que el muchacho desgarbado al que él le había enseñado todo, se casaba. Por otro lado, en el taller de costura de la señora Mercedes, se daban las últimas puntadas "Ay niña, ¡estás preciosa!"

Y asi nuestros protagonistas empezaron una vida juntos, aunque no sólos. Una niña y un niño terminaron de dar forma a una nueva familia. Él seguía trabajando con el señor Tomás, incluso el día que este murió... Hubo cambios en la empresa, pero nuestro "muchacho desgarbado", ahora padre de familia, siguió dándolo absolutamente todo en la empresa. La señora Mercedes se fue al pueblo y cerró el taller, por lo que nuestra niña ya no iba a hacerle pequeñas costuras que, si bien ya no eran parte de su trabajo (ese había pasado a ser el cuidar de su familia), siempre les daba horas de charla entretenida.

¡Lo que lloraron los dos cuando los niños empezaron la universidad! Era una mezcla de pena y orgullo. ¡Sus dos hijos en la universidad! La envidia del barrio. Menos mal que, pasado el tiempo, toda la familia se reunió, primero para la boda de la niña y luego para el bautizo del primer nieto. Que orgullo...sus dos hijos casados. ¡Y ya tenían nietos! Lo mejor de todo era que ya no había que ir más a Tomás e Hijos. Ahora tocaba descansar y disfrutar de la familia, ¿no? Una pequeña pensión que, si bien no era para dar botes...valía para vivir. Que bien, ¿no?

PUES NO!!

Ahora toca sufrir todas las putas noches porque a su hijo mayor, que se quedó en paro hace ocho meses, le quitaron la casa ayer y es su primera noche en casa. Y la niña llama llorando día si y día también porque a ella se le ha terminado el paro y a su marido le han comunicado que el mes que viene no vuelva, gracias. Iban a echarles una mano para que compraran los libros a los enanos pero la pierna de la abu no mejora y las medicinas cuestan un dineral. Y, además, querían cenar en nochebuena todos juntos en casa y, claro ,¡¡¡habrá que comer un langostino por lo menos!!! "Ay Don Tomás....con lo bien que lo pintaba usted todo, si lo viera ahora"

¡¡Pero no todo es malo!! Hay gente que no ha dado un jodido palo al agua en su vida y que no tienen que mantener tres familias con dos pensiones de mierda que no llegan a los mil euros ENTRE LAS DOS. Hay gente que no sólo cobra más de 4.000€ al mes por no hacer NADA... Que no, que no...que ni salvan vidas, ni experimentan con materiales peligrosos en aras de encontrar curas o mejoras para la sociedad ¡NO! Estos cabrones cobran esas barbaridades ¡por PASEARSE! Bueno, cobran eso más lo que roban, claro. Esa gente no pasa estas penurias, esa gente vive como dioses. Lo que no saben es que a los nietos y a los hijos de nuestro "muchacho desgarbado" y de nuestra "niña" les hierven las entrañas al verles llorar, al verles cómo se miran las manos pensando "qué más puedo hacer??"

MENSAJE PARA DIRIGENTES, GOBERNANTES Y DEMÁS ESCORIA:

Nos estáis tocando el pan de nuestros hijos y la salud de nuestros padres. Tened mucho, mucho cuidado porque no es lo mismo que el pueblo salga a defender impuestos y salarios a que salga a defender la salud y el bienestar de los suyos. Llegado ese extremo, no van a existir ni vallas ni perros policiales que os salven de lo que realmente merecéis.

 

Una empresa de Bankia y la CAM, candidata a gestionar los hospitales que privatizará Ignacio González

Ribera Salud, empresa valenciana controlada al 50% por Bankia y Banco CAM (ahora integrado dentro del Sabadell) aspira a lograr la concesión de alguno de los seis hospitales de la Comunidad de Madrid que el gobierno de Ignacio González pretende privatizar.

Según publica Valenciaplaza.com el grupo competirá por la concesión de alguno de los seis centros que cambiarán su régimen de funcionamiento. Tal y como recuerda el diario valenciano, Ribera Salud ya gestiona un centro bajo este modelo en la Comunidad de Madrid (el Hospital de Torrejón) y, además, también está a cargo del laboratorio central del Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, precisamente uno de los seis centros que pasarán al modelo Alzira.

Los otros cinco que cambian a la colaboración público-privada serán el Hospital Infanta Leonor en Vallecas, el Infanta Cristina en Parla, el Hospital del Henares en Coslada, el Hospital del Sureste en Arganda del Rey y el del Tajo en Aranjuez.

El principal rival para Ribera Salud será la multinacional Capio, que actualmente gestiona tres hospitales en la Comunidad de Madrid: Móstoles, Valdemoro y Collado Villalba, si bien esté último todavía no estará en funcionamiento hasta finales de 2013.

Precisamente, Capio, propiedad del fondo luxemburgués CVC Capital Partners, sonó durante el último año como un posible comprador de Ribera Salud, después de que tanto Bankia como la CAM anunciaran su intención de desinvertir, pero no se llegó a ningún acuerdo.

Sin embargo, una vez que el Sabadell se hizo con la CAM, decidió quitar el cartel de se vende a su participación, mientras que la intención de Bankia sigue siendo la de desinvertir, por lo que otra de las opciones sobre la mesa es que el Sabadell llegue a un acuerdo para comprar al banco que preside José Ignacio Goirigolzarri su 50% del capital.

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Las agujas de insulina también se resienten con la crisis

Primero fueron las tiras de control del azúcar y ahora las agujas de insulina. Las personas con diabetes denuncian su escasez y la, cada vez más abundante, baja calidad de las agujas que les dispensan el sistema sanitario. No es un hecho generalizable, según donde resida el paciente así se encontrará con una marca u otra, y también con una seguridad distinta sobre la cantidad de insulina que se inyecta, por no hablar del dolor.

Eduardo, de 41 años, ha cambiado varias veces de agujas de insulina en el último año. “Estuvimos varios meses recibiendo unas que eran muy malas, pero nos las han vuelto a cambiar por las de siempre. El problema con las anteriores era que perdían insulina“, afirma este diseñador gráfico que lleva cuatro años inyectándose insulina para su diabetes tipo 1.

A Esther, también diabética tipo 1, le ha pasado algo parecido. “Creo que la calidad es peor. A mí se me han doblado las agujas, a veces se han roto cuando me estaba pinchando y, en ocasiones, tienen efecto ventosa”.

No son los únicos, según explica Ángel Cabrera, presidente Federación Española de Diabéticos. El problema es que los concursos públicos de las comunidades para comprar material pesa mucho el criterio del coste y menos el de calidad y ésta varía según la marca. “Otro problema es que los pacientes no pueden garantizar la cantidad de insulina que se están inyectando porque, según la marca, la aguja no enrosca bien y la insulina se sale”, explica.
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