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Ningún estudio independiente demuestra que la gestión sanitaria privada sea más eficiente y barata

Los impulsores del modelo Alzira —la gestión privada integral de servicios sanitarios públicos— presumen de la eficiencia de esta fórmula y del ahorro que aporta. En el caso de la gestión de hospitales o áreas de salud, el gasto es un 25% inferior al de sus equivalentes públicos. Estos son los datos que traslada la Generalitat valenciana en cuanto se le pregunta sobre las virtudes de esta modalidad. Los mismos que expuso Manuel Marín, gerente del hospital de La Ribera (Alzira, Valencia; el centro que abrió el camino en 1999), en su intervención en el congreso de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud el sábado pasado en Valencia.

El argumento económico, sin embargo, tiene importantes debilidades. No existe ningún estudio independiente que haya evaluado los costes de los dos modelos (gestión pública frente a privada) y que avale estas cifras. A ello se refirió este martes la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS): “Quienes en nuestro país aplican sus saberes e instrumental analítico a la evaluación de políticas sanitarias apenas pueden ir más allá de constatar que no hay evidencia que apoye estas aseveraciones [sobre eficiencia y ahorro]”.

Los defensores del modelo también plantean que en una situación como la actual, de aguda restricción de la inversión pública, la privatización de la gestión aporta una ventaja inmediata incuestionable. En caso de que haya que abordar la construcción de infraestructuras sanitarias, es la empresa adjudicataria la que asume las obras (y los enormes gastos financieros que llevan aparejadas). A cambio cobrará durante décadas (hasta 30 años) por la gestión del centro, ya sea solo por prestar los servicios auxiliares o la gestión integral.

En esencia, la gestión privada integral —la que se aplica en Valencia y por la que ha apostado Madrid para otros seis hospitales— es una especie de subcontrata por la que la Administración encarga a una empresa los cuidados sanitarios de sus ciudadanos. Ya sea la atención hospitalaria (caso de Madrid) o de todo un departamento de salud (caso de Valencia), a cambio de pagar por cada habitante (entre 200.000 y 300.000) una cuota anual (639 euros per capita en Valencia). Ello implica, en teoría, un mayor control del gasto, ya que el presupuesto que manejan las concesionarias es cerrado.

Pero para que se respeten las condiciones del contrato, los poderes públicos tienen que asumir el papel de supervisión que las fórmulas de privatización les reservan. Deben vigilar el cumplimiento de las reglas de juego acordadas y garantizar los estándares de calidad asistencial. Este ha sido uno de los puntos débiles del modelo en España, como sus detractores han planteado de forma recurrente. Por un lado, porque los Gobiernos que han abierto las puertas de la sanidad al sector privado han sido los más firmes defensores del modelo, hasta llegar a actuar más como parte que como juez. E incluso cambiar las reglas con la partida ya comenzada para mantener su apuesta a flote pese a su teórica función de árbitro. Es lo que sucedió en 2003 con el hospital de Alzira.

La Generalitat rescató el centro y lo volvió a sacar a concurso —previo acuerdo con la concesionaria— con los pliegos modificados: no solo se entregaría al sector privado el control del hospital de Alzira, sino también de los centros de salud de su ámbito de influencia, un elemento clave en el control del gasto, ya que las consultas de primaria son la llave de acceso al hospital de los pacientes. Esta modalidad es la que se ha extendido a Torrevieja, Dénia, Elche y Manises.

Otro de los riesgos de la gestión privada es el escaso número de empresas capaces de entrar en este mercado. Junto a las aseguradoras sanitarias, en España —hasta el momento— el protagonismo de la gestión privada de la sanidad pública se lo reparten dos grandes agentes: Ribera Salud y Capio. Ello concede un gran poder de negociación a estas compañías ante la Administración.

Esta circunstancia, junto a la “excesiva proximidad entre autoridades y concesionarios” y la debilidad del supervisor, como apuntó también este martes el martes la SESPAS, “exacerba el enorme riesgo de la captura del regulador”. Es decir, el peligro de que la influencia de las empresas sea tal que conviertan a la Administración “en defensor de los intereses de la empresa dominante” en lugar de velar por los intereses de los ciudadanos.

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"Los pacientes sí van a necesitar la tarjeta de crédito"

Ignacio Revuelta tiene un cartel pegado en la puerta de su consulta que dice: "Médico de servicios mínimos, sólo se atienden urgencias". Ha pasado la noche encerrado en su centro de salud, el Rafeal Alberti de Vallecas, junto con una veintena de médicos, enfermeros y personal administrativo. "Lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es un atentado contra la sanidad pública y sus profesionales", explica desde su consulta en el segundo día de huelga en la sanidad madrileña.

Este médico de familia hizo huelga ayer, pero hoy está de servicios mínimos. "Ayer vinieron más pacientes, pero hoy la afluencia ha bajado porque la gente está más informada", explica. Aun así, sigue Ignacio, los vecinos que se están viendo afectados por el paro entienden la lucha de sus médicos. "Este es un barrio trabajador y sus habitantes quieren que los profesionales que les atiendan no estén controlados por una empresa, que como todas, lo que busca es ganar dinero", relata este facultativo.

Ignacio ha pasado la #nocheblanca con sus compañeros del CAS y del centro de salud mental Villa de Vallecas, que está en el mismo edificio. También ha compartido encierro con los profesionales del Centro de Salud Federica Montseny, que también es un centro de especialidades amenazado con ser privatizado. "El sistema sanitario y su funcionamiento está pagado por los ciudadanos desde hace tiempo y el resultado de esta inversión se cederá ahora a empresas que no aportaron nada a la sanidad pública que tenemos y que encima se lucrarán de ella", insiste. "El Gobierno no está haciendo todo esto para lograr una mejora económica, sino que se trata de unaa reforma ideológica. Se ha demostrado en otros países que el sistema privado es más caro, de modo que los políticos madrileños lo que están haciendo es aprovecharse de la crisis para hacer negocio", denuncia.

Sobre el vídeo contra la huelga difundido ayer por el PP de Madrid, en el que un médico le dice a una paciente que no tendrá que utilizar la tarjeta de crédito sino la sanitaria, como siempre, Ignacio denuncia que es "cínico" y que sólo busca "confundir" a la población. "Los pacientes sí que van a necesitar la tarjeta de crédito, de hecho ya la necesitan para pagar el euro por receta", explica Ignacio, que advierte de que con la reestructuración de la cartera sanitaria básica, "puede que se tenga que pagar también por la odontología, el transporte sanitario o la rehabilitación".

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Ignacio González extiende sus 'privatizaciones': ahora le toca al Metro de Madrid



El presidente de la Comunidad de Madrid parece dispuesto a liberalizar todos los servicios públicos de la región. Tras anunciar la externalización de la gestión de seis hospitales, medida que se ha unido a la privatización del Canal de Isabel II, ahora ha puesto su mirada en el Metro. Según ha indicado Ignacio González, sería “irresponsable” no estudiar esta posibilidad si con ella se puede “prestar un mejor servicio con el menor coste” en el suburbano.
Aunque el Gobierno regional aseguró hace unos meses que no se planteaba la privatización del Metro, parece que las tornas han cambiado. Al menos así se desprende de las declaraciones del presidente autonómico del pasado lunes, cuando aseguró que no ha descartado externalizar más servicios del Metro de Madrid con el fin de ahorrar.
Ignacio González planteaba así, durante su visita a la oficina de Puesto de Mando de Metro de Madrid, ubicado en la estación Alto Arenal, la privatización del suburbano explicando que ya hay tareas que están externalizadas, como la limpieza o la seguridad, y que en este momento lo irresponsable sería no explorar esa vía. De hecho, Metro licitó en septiembre la contratación de una auditoría experta en el sector privado para actualizar su plan estratégico 2011-2014.
Con ello, la empresa pública buscaba asesoramiento sobre las oportunidades de inversión privada en el transporte público, opción que Ignacio González aseguró estar barajando. “Es que es la responsabilidad que tenemos los gestores públicos: administrar mejor los recursos de los ciudadanos; lo irresponsable sería lo contrario, sería mantener servicios como parecen querer algunos sindicatos aunque sean deficitarios, no se puedan sostener y pierdan dinero a costa de los impuestos de los ciudadanos”.
Es más, en cuanto al cierre adelantado del Metro por la noche, González admitió que el asunto seguía estudiándose porque no tiene sentido mantener todos los trenes cuando baja la demanda. Por ello, están buscando vías alternativas de transporte para los “pocos” pasajeros que a esa hora usan el Metro. “Todo lo que sea avanzar en esa dirección lo haremos, siempre que sea posible”, concluía el presidente regional.
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La Comunidad de Madrid obligará a pedir una excedencia a los médicos que quieran seguir en los hospitales que se privaticen


El presidente de la Comunidad de Madrid ya ha dado respuesta a los temores expresados por los médicos que trabajan en los hospitales que serán privatizados sobre la posibilidad de perder su condición de funcionarios. Ignacio González obligará a los facultativos que quieran seguir trabajando en estos centros a pedir una excedencia. Si no, la alternativa es ser trasladados a otros hospitales.
Así de claro lo han dejado fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por este diario, que han aludido a unas declaraciones del titular de este departamento, Javier Fernández-Lasquetty, de la pasada semana, en las que aseguraba que los profesionales estatutarios (funcionarios) en los centros hospitalarios que van a ser externalizados o que sufrirán cambios en sus funciones, como La Princesa o el Carlos III, se les va a ofrecer alternativas de posibles reincorporaciones a otros hospitales.
No obstante, también recordó que en el Hospital de Valdemoro se abrió un régimen especial de excedencia que permite a los profesionales estatutarios que quieran pasar a trabajar la empresa prestadora de los servicios. Una excedencia especial que también deja las puertas abiertas a que reingresen a la plantilla de la Comunidad de Madrid cuando quieran y mantener el cómputo a efectos de carrera profesional y trienios.
“Cuando las compañías presenten sus ofertas estoy seguro que muchos de los actuales profesionales continuarán trabajando acogiéndose a esta excedencia. Va a ver distintas maneras de trabajar para la Sanidad pública madrileña”, remarcó Lasquetty.
Un anuncio con el que coinciden fuentes conocedoras de este proceso consultadas por EL BOLETÍN, que han indicado que en principio la intención del Gobierno regional es “mantener lo equipos sanitarios tal y como están”. No obstante, habrá que esperar a mediados de 2013, cuando está previsto que se publiquen los pliegos del concurso con el que se privatizarán los hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares, Hospital del Sureste y Hospital del Tajo, para saber cómo se llevará a cabo el proceso y qué opciones tendrá el personal de esos centros.
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