¿Cobró el Ayuntamiento de Alcorcón a los empresarios de bares de la localidad para que pudieran abrir más tiempo en Carnavales y así poder organizar una fiesta de Drag Queens en el teatro municipal? Eso es lo que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad tras el escrito redactado por cuatro policías locales tras hacer sendas inspecciones en los locales. El PSOE ha pedido personarse en la causa para que se diriman responsabilidades y se juzgue a los posibles responsables por cohecho y tráfico de influencias. Mientras, el Ayuntamiento niega su implicación y pide que se depuren responsabilidades por estas falsas acusaciones.
Los hechos saltaron a la luz cuando los agentes comprobaron que dos locales de una zona de ocio situada en la avenida de las Retamas permanecían abiertos a las cuatro de la madrugada del sábado 10 de febrero. En los mismos la música estaba encendida, había público, se estaban vendiendo bebidas alcohólicas y no había intención de desalojar el establecimiento, según consta en el informe policial.
Cuando los agentes pidieron explicaciones a los responsables de ambos locales, estos le dijeron que habían pagado 200 euros para que el Ayuntamiento les dejase abrir una hora más de la permitida. Solo tenían que colaborar con ese dinero para costear un certamen de Drag Queen que se iba a celebrar en el teatro municipal Buero Vallejo con motivo de los Carnavales. Tenían que reunir unos 3.000 euros. En ambos casos, el encargado de la recaudación era el dueño de un bar de copas de la misma zona de ocio, que en ningún caso dio un recibo de lo aportado a los locales.
Los policías mantuvieron su postura y levantaron las correspondientes actas de infracción a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) de la Comunidad de Madrid. En ambos casos, los responsables de los locales renuncian a firmar y a recibir la copia de denuncia.
Los cuatro agentes continuaron las investigaciones la noche siguiente. Para ello se entrevistaron con los dueños de otros bares de copas situados en la misma avenida. Cinco de ellos, que aparecen detallados en el informe, afirmaron que les hicieron el ofrecimiento de participar en el pago de los 200 euros para la ampliación del horario. “El responsable de la recaudación había hablado con un responsable de este Ayuntamiento, garantizándole a los que colaborasen con dicha cuota la apertura de su establecimiento sin ningún tipo de intromisión por parte de esta Policía Municipal, pudiendo ampliar su horario una hora más de la permitida por la ley”, recoge el atestado oficial.
Los policías también preguntaron a los propietarios de otros dos bares y estos sí les confirmaron que habían pagado los citados 200 euros. El problema además se agrava porque una cantidad inferior ya les fue cobrada por un hecho similar en 2012: “Todos los responsables de los locales anteriormente mencionados manifiestan y coinciden de forma individual y unánime que el pasado año, en estas mismas fechas, se hizo lo mismo abonando por este hecho en algunos casos 150 y 200 euros”.
Ante estas supuestas irregularidades, el responsable accidental de la Policía Municipal, el oficial Eduardo de María, elevó un informe a la Concejalía de Seguridad y a la Alcaldía Presidencia. Estos le ordenaron que diera traslado de inmediato “a la autoridad judicial competente”. El caso recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcorcón, cuya titular ha abierto un procedimiento abreviado por si hay detrás los delito de de cohecho y tráfico o, por el contrario, se trata de una estafa entre particulares, según explicaron fuentes judiciales
La magistrada ha comisionado a la Policía Judicial de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Alcorcón para que investigue lo ocurrido. Lo primero que hicieron estos agentes es pedir que comparezcan los cuatro policías municipales que escribieron el informe.
El PSOE de Alcorcón ya ha pedido personarse en el procedimiento penal como acción popular. Su intención, según la portavoz municipal Natalia de Andrés, es que se esclarezca si hubo pago y cuál fue el destino del dinero: “¿Dónde está el dinero cobrado? ¿Dónde está el ingreso en el Ayuntamiento? ¿Quién controla este dinero? Cómo es posible que el Ayuntamiento ofrezca a cambio de dinero algo que es claramente ilegal? Quién es el responsable de todo esto?".
El alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), explicó ayer era “absolutamente falso” lo que se estaba diciendo. “El mismo día que yo tuve conocimiento de esos rumores de una serie de personas, que tendrán que explicar lo que han dicho, lo enviamos inmediatamente al juzgado. No vamos a estar en medio de los dimes y diretes de unos señores que están lanzando infundios, así que tendrán que explicarlo, y demostrarlo todo, ante el juzgado”, explicó el regidor.
La edil de Seguridad, Laura Pontes, destacó que “el equipo de Gobierno es el primer interesado en que se aclare todo, que de momento se basa en el testimonio de unos hosteleros que no aportaron ni una sola prueba a los policías municipales”.
