Sabías que Wert con su Ley también busca hacer negocio?

Por primera vez una ley orgánica autorizará a las comunidades autónomas a convocar concursos públicos para ceder suelo público para la construcción y gestión de colegios concertados. La enmienda, introducida por el grupo popular, permitirá también que los colegios que segregan a niños y a niñas en las aulas no sólo accedan a fondos públicos para conciertos educativos sino que también puedan recibir suelo público para levantar sus instalaciones. Los sindicatos dicen que este modelo ha roto en Madrid la gratuidad del sistema educativo porque para sacar beneficios los promotores repercuten los costes a las familias mediante cuotas.

Lejos de dar marcha atrás o limar asperezas en los aspectos que más rechazo suscita la ley Wert, las enmiendas presentadas esta semana por el PP en el Congreso profundizan en las concesiones que según la oposición y la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, hace el texto a la escuela concertada y a la entrada del sector privado en el ámbito educativo.

Así por ejemplo, el PP introduce un nuevo punto en el articulado sobre los conciertos educativos que, por primera vez, incluye en una ley orgánica la posibililidad de que "las administraciones educativas convoquen concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional". Se daría así una cobertura legal plena a nivel estatal a una iniciativa liderada por algunos de los sectores más ultraliberales del partido en varias autonomías. Es el caso de la Comunidad de Madrid donde, impulsado por la ex-presidenta Esperanza Aguirre, este modelo ha permitido construir en los últimos años más de 80 macrocentros concertados en otras tantas parcelas públicas. Hace un par de años la Comunidad Valenciana también se sumó a esta fórmula, aunque por el momento todavía no se ha construido ninguno de la decena de centros proyectados.

"En Madrid se ha cedido más de un millón de metros cuadrados de suelo para este fin"

Para Francisco García, secretario de Enseñanza de CCOO, este modelo supone una peligrosa deriva hacia la privatización que además ha ido acompañada de una pérdida de la equidad, al permitir la segregación del alumnado por sesgo social y económico. Eduardo Sabina, de UGT Madrid, alerta de que el sistema ha supuesto en Madrid una suerte de "copago educativo" ya que "aunque el suelo público se regala, los promotores tienen que construir los colegios, que de media requieren una inversión de entre 10 y 12 millones de euros. La única manera de amortizar costes y lograr beneficios es repercutiendo parte de esos costes a las familias mediante la exigencia de cuotas encubiertas -y prohibidas por la ley- , que pueden oscilar entre los 150 y los 200 euros mensuales. Se rompe así de facto la gratuidad del sistema educativo y de paso se vulnera la Constitución", señala Sabina.

Las enmiendas del PP también permiten que los centros que segregan a niños y a niñas en las aulas, en su mayoría vinculados a organizaciones religiosas, accedan a fondos públicos para conciertos educativos y, además, puedan igualmente recibir suelo público para levantar sus instalaciones. Las propuestas del grupo popular también dan luz verde a que sean profesores de la escuela privada los que corrijan las nuevas reválidas e introducen algún significativo cambio de redacción al texto del ministro Wert al sustitutir la expresión "servicio público de educación" por un genérico "servicios para el ejercicio del derecho a la educación".

PSOE e IU han criticado duramente al PP por introducir estas enmiendas a la ley Wert. Según el diputado socialista Mario Bedera, "si antes el texto hacía concesiones inaceptables a la escuela privada concertada, ahora podemos decir que el PP se echa directamente en los brazos del negocio privado en la escuela y eso no lo vamos a permitir". Parecida opinión tiene Caridad García, de IU, para quien estamos ante una "medida gravísima que supone un ataque frontal a la escuela pública. Hasta ahora hablábamos de veleidades en algunas comunidades autónomas, pero ahora la veleidad es del propio Gobierno de España y se pretende consagrar por primera vez en una ley orgánica.

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¿Qué hacemos ahora con la cláusula de suelo a partir de la sentencia del Tribunal Supremo?

El auto del Supremo, que establece la nulidad de las cláusulas suelo por no ser transparente, afecta sobre todo a aproximadamente 700.000 hipotecados de BBVA, Cajamar y Caja de Ahorros de Galicia. Los usuarios de estas entidades verán anulada la cláusula en las próximas fechas, aunque no podrán reclamar la devolución del dinero salvo por vía judicial. Desde las asociaciones de consumidores piden no bajar los brazos y continuar la lucha para reclamar el dinero que las entidades se han apropiado de forma indebida, además de prestar atención a posibles negocios con peticiones de cobro de comisiones por parte de representantes jurídicos que pueden llegar hasta el 25%. Por último, reclaman a las Comunidades actuar y multar "con hasta cinco veces el dinero defraudado".

¿Qué bancos y en qué plazos?

La sentencia del Tribunal Supremo obliga a la anulación inmediata de las cláusulas suelo con efecto desde el pasado 9 de mayo. BBVA, CAjamar Caja Rural y Novacaixagalicia son las entidades más afectadas.

BBVA: anunció este miércoles que dejará de aplicar la cláusula suelo tras la sentencia del Tribunal Supremo. Según ha podido saber 20Minutos, la intención de la entidad es que a finales de este mes de junio, seguramente el día 30, o ya en julio, el usuario lo empiece a notar. Sin embargo, no pueden garantizar un plazo para la devolución de lo cobrado de más en mayo "por cuestiones técnicas e informáticas". "Lo haremos lo antes posible", aseguran.

Cajamar Caja Rural: la entidad espera que a primera hora de este viernes más del 90% de los clientes hayan recibido el abono en sus cuentas de la reliquidación de las cuotas aplicadas con posterioridad a fecha de 9 de mayo. A partir de las 00.00 horas de este jueves dará comienzo en sus sistemas informáticos el proceso destinado a dejar de aplicar la cláusula suelo a todos los préstamos hipotecarios que la incluyen así como a regularizar la liquidación del importe cobrado desde que se declararon nulas.

Novacaixagalicia: la medida afectará a unos 90.000 clientes de la entidad, el 49% de la cartera de créditos con personas físicas, y a 6.600 millones de euros de financiación hipotecaria. "Durante las próximas horas la red de oficinas contactará con todos sus clientes para informarles de la modificación de los contratos y sus efectos", asegura en un comunicado.

Otras entidades: Santander y Bankinter han declarado que las hipotecas de sus clientes no tienen cláusulas suelo, por lo que no les afectará la sentencia. Pero otras como Sabadell y Popular las mantendrán porque defienden que fueron vendidas correctamente. Además, en el listado de entidades con este tipo de cláusulas figuran también CaixaBank, KutxaBank y Bankia.

¿Qué hacer si se tiene una cláusula suelo?

Con una sentencia firme como en este caso, el usuario no tiene que hacer nada. No es necesario ponerse en contacto con la entidad correspondiente, ni hacer ningún tipo de solicitud o petición de que se ponga fin a esta cláusula abusiva. La anulación se hace de forma automática. Sólo hay que "estar alerta" en los siguientes dos meses para comprobar que efectivamente se está cumpliendo con lo requerido en la sentencia. Desde la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) piden no firmar nada porque no es necesario e incluso, destaca, podría tener algún interés por parte del banco de cara a comprometerse con no exigir nada en el futuro.

Sin embargo, la Asociación General de Consumidores (ASGECO) solicita a los usuarios acudir a la entidad y registrar un escrito en el que haga alusión a la sentencia y donde soliciten la supresión de la cláusula suelo y la correspondiente revisión de la cuota. "Si el banco hace caso omiso, podrán reclamar en el futuro el importe de la hipoteca que hayan pagado en virtud de la cláusula anulada desde el momento en el que se efectúa ese trámite".

En cualquier caso, si en la siguiente mensualidad se detecta que sigue pagando este interés, ASGECO recomienda solicitar un juicio declarativo para obligar el cumplimiento de la sentencia.

¿Se tienen que hacer nuevas escrituras?

Rotundamente no. No hay coste notarial. Los jueces deben reconocer que, en caso de que el usuario gane a la banca, ésta asuma las costas. La posibilidad de que el juez tome la misma decisión que el Supremo puede despertar dudas. Según FACUA, "eso está echando a mucha gente atrás, pero hay que hacerlo porque hay muchísimo dinero en juego por uno de los mayores fraudes financieros en la historia".

¿Cómo pedir que devuelvan el dinero?

La sentencia no garantiza la devolución y no tiene carácter retroactivo. El Tribunal Supremo considera que la devolución de todo el dinero cobrado de más durante estos años supondría un duro golpe al sistema financiero, por lo que perdona a la banca miles de millones de euros para no poner en riesgo el sistema.

Es una incógnita saber qué doctrina va a aplicar cada juez. Nos preocupa que hagan lo que diga el SupremoLa forma de solicitar la devolución es acudir a la vía judicial, de forma particular o en demandas colectivas. El problema, dice FACUA, es que puede haber jueces que apliquen la ley en materia de cláusulas abusivas según la Ley General de Consumidores y el Código Civil y que les devuelvan el dinero. Y otros jueces que se tomen al pie de la letra la sentencia del Supremo y la apliquen usuario por usuario. "Es una incógnita saber qué doctrina va a aplicar cada juez. Nos preocupa que hagan lo que diga el Supremo. Deberían asumir la legislación", asegura Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.

Desde esta organización alertan del negocio que puede montarse y piden cautela a la hora de elegir en qué manos se pone para acudir a los tribunales. "Hay quien está abusando pidiendo una comisión del 25% de lo que se recupera", asegura el portavoz. "Que firmen desde el primer momento qué condiciones y si les exigen el cobro de una cantidad fija más una comisión, que tengan muchísimo cuidado porque este 25% es desproporcionado. Hay todo un negocio", añade.

Por vía judicial debe solicitarse la devolución del dinero, una indemnización con los intereses y esperar que el juez, si da la razón al usuario, establezca que el banco debe asumir las costas.

¿Qué papel tiene la Administración?

Desde FACUA se denuncia que no se está haciendo "prácticamente nada ante el fraude masivo" desde el Gobierno. "Ni con Zapatero ni con Rajoy". "Las Comunidades Autónomas tienen poder, capacidad y competencias para pedir al banco que cumplan la ley, dejen de aplicar la cláusula y además pedir la devolución del dinero ilegalmente ganado. Además, pueden poner una multa de hasta cinco veces lo que se haya defraudado. Pero no lo hacen por dejación de funciones, cobardía... no lo sabemos", concluye.

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Publicado con Blogsy