Ya hay jueces que alzan la voz contra el exceso de protección hacia la Casa Real

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y otros tres jueces del órgano judicial han calificado como inaceptable el hecho de que los miembros de la Casa Real gocen de una mayor protección de su honor que el resto de ciudadanos.

Los cuatro jueces han firmado un voto particular en el que se oponen a la confirmación de la sentencia que condenó el pasado mes de marzo al pago de una multa de 6.480 euros al coronel retirado Amadeo Martínez Inglés por un delito de injurias graves a la Corona que cometió al escribir un artículo en el que, entre otras cosas, calificaba de "despreciable" a la Familia Real y llamaba "putero, borracho y cabrón" al rey.

Grande-Marlaska, Ramón Sáez Valcárcel, José Ricardo de Prada y Guillermo Ruiz Polanco indican que el rey y su familia deben someterse, por contra, a un mayor escrutinio y crítica pública. "Cuanto más arriba en la pirámide de poder, mayor sometimiento al control", dice el voto particular.

Los magistrados recuerdan que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo impuso a España el pago de una indemnización de 20.000 euros al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi que había sido condenado por llamar al monarca "jefe de los torturadores".

Contra el interés público

El voto agrega que la condena penal de este tipo de "críticas" disuade del cuestionamiento de la forma de Gobierno en detrimento del interés público "que demanda una opinión plural, informada y formada". "La política en democracia significa un cuestionamiento permanente de la legitimidad de ejercicio de los poderes instituidos", añade.

En opinión de los cuatro jueces, la posición dominante que ocupa la Corona "requiere de las autoridades que demuestren contención en el uso de la vía penal".

Recuerdan también que el coronel retirado condenado "no llamó al Rey borracho ni putero ni ninfómana" sino que los dirigió contra una dinastía, la de los Borbón. "En ese ámbito de valoración histórica no hay privacidad, ni honor, ni prestigio ni reputación", concluyen.

La mayoría de los integrantes de la Sala de lo Penal, 14 magistrados, se han inclinado por confirmar la condena impuesta por un artículo de Martín Inglés publicado el 12 de diciembre de 2011 en el periódico digital 'Canarias semanal' con el título '¿Por qué te callas ahora?'.

En él criticaba la actuación del rey ante las actividades que se le imputan a su yerno, el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, en el marco del 'caso Nóos', y cuestionaba que jefe del Estado hubiera acudido a un gran premio de Fórmula 1 utilizando un avión militar.

De igual modo, señalaba que Juan Carlos de Borbón creía "provenir del testículo derecho del emperador Carlomagno" cuando en realidad lo hace "de la pérfida bocamanga del genocida Franco" y aseguraba que es el "último representante en España de la banda de borrachos, puteros, idiotas, descerebrados, cabrones, ninfómanas, vagos y maleantes que a lo largo de los siglos han conformado la foránea estirpe real borbónica".

"Háblanos de todas las irregularidades y presuntos delitos cometidos por tu regia persona", pedía el coronel en el articulo antes de advertir al monarca de que "a todo cerdo le llega su San Martín". "A ti, y a toda tu familia y parentela más o menos cercana de enchufados, vagos y maleantes de toda laya, parece ser que está a punto de llegaros", agregaba.

La sentencia confirmatoria defiende que la libertad de expresión del condenado no puede justificar "un pretendido derecho al insulto" o intervenciones que afecten al núcleo último de la dignidad de las personas.

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Reabren un caso de violación porque la juez olvidó las muestras de semen.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza y la Audiencia de Palma deberán reabrir la investigación por la presunta violación de la modelo de nacionalidad española Penélope Heilmann, que acusa de esa supuesta agresión sexual al príncipe Alwaleed bin Talal, miembro de familia real saudí, amigo del rey don Juan Carlos y socio de Iñaki Urdangarin en la inmobiliaria internacional Mixta África, donde el duque de Palma y la infanta Cristina de Borbón participan a través de la sociedad Aizoon, que ambos comparten al 50%.

En la madrugada del 12 de agosto de 2008, la joven Heilmann, que entonces contaba 20 años de edad, fue presuntamente violada a bordo del yate Turama, atracado en el puerto de Ibiza y alquilado por varios miembros de la familia real saudí a un armador griego, a razón de 90.000 euros diarios. La modelo, que aceptó una invitación para participar en una fiesta en el lujoso barco, fue supuestamente narcotizada y posteriormente violada, como atestiguan los rastros de semen y drogas hallados en el examen forense al que fue sometida tras denunciar los hechos a la Policía.

La juez de Ibiza Carmen Martín, tras rechazar todas las pruebas solicitadas por la defensa de Heilmann y sin ordenar la práctica de ninguna diligencia a la Policía, archivó el caso en junio de 2010. Pero la modelo recurrió esa decisión y poco después la Audiencia de Palma le dio la razón: exigió a la juez que impulsara la investigación y que tomara declaración al príncipe Alwaleed en calidad de imputado. Martín, sin embargo, ignoró la orden de la Audiencia y ni siquiera envió una comisión rogatoria judicial a las autoridades saudíes.

Un año después, el caso, que estaba paralizado pese a los numerosos recursos presentados por Heilmann, dio un giro sorprendente. En octubre de 2011 el príncipe Alwaleed envió una carta al rey don Juan Carlos pidiéndole ayuda para que la justicia española anulara su imputación. Y cinco meses más tarde, en marzo de 2012, el sumario fue archivado por la Audiencia de Palma, que apenas dos años antes había dado un tirón de orejas a la juez Martín por su pasividad. El Rey envió entonces una carta a Alwaleed para expresarle su "alegría" y transmitirle su "felicitación" por el archivo.



ADN del semen



Heilmann no se dio por vencida, y el pasado 17 de abril solicitó a la juez Martín la reapertura del caso y un análisis del ADN del semen hallado en su vagina tras la supuesta violación. Su abogado, Maximino Turiel, pretende que se extraiga una muestra de saliva al príncipe Alwaleed para que sea cotejada con el semen encontrado en el cuerpo de la modelo, que fue analizado en su día por el Instituto Nacional de Toxicología y sigue custodiado en una cámara frigorífica.

La juez, sin embargo, rechazó la petición de Heilmann con el insólito argumento de que "no consta en las actuaciones muestra alguna de semen", por lo que concluía que "no procede el análisis de una muestra inexistente". Y ello a pesar de que, desde 2009, están incorporados al sumario que ella misma instruye los resultados de las muestras analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología tras la presunta violación, que prueban "la presencia de espermatozoides" en la vagina de la modelo y restos en su orina de "fármacos de acción ansiolítica, hipnótica y sedante".

El abogado de Heilmann recurrió entonces la decisión de la juez, recordándole que "en los documentos forenses puede leerse claramente que apareció semen con espermatozoides en la vagina de la víctima". Turiel añade que "las muestras siguieron una cadena de custodia", y advierte que "sería inimaginable que se hubieran destruido". A la vista de esos argumentos, la juez Martín se vio forzada a dictar una providencia el pasado día 10 en la que admite a trámite el recurso. Al tratarse de un recurso de reforma y subsidiario de apelación, la Audiencia de Palma también deberá pronunciarse.

El príncipe Alwaleed es sobrino del rey saudí Abdalá bin Abdelaziz, ocupa el puesto 25 en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo y ha hecho negocios con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, íntima amiga de don Juan Carlos, a la que recibió en varias ocasiones en su palacio de Riad -al menos en una de ellas acompañada por el propio monarca- en calidad de representante del jefe del Estado español. Alwaleed siempre ha asegurado, a través de sus abogados, que el día de la presunta violación de Heilmann no se encontraba en Ibiza, sino en la Costa Azul francesa, pero nunca llegó a personarse en la causa.

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Ignacio González cerrará Telemadrid si el juez anula el ERE

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado este miércoles 27 que el Gobierno regional cerrará el ente público Radio Televisión Madrid si el juez obliga a readmitir a los despedidos en el ERE ejecutado en el canal, que supuso la salida de 861 de los 1.170 trabajadores de la plantilla, informa Efe.

González ha señalado, al ser preguntado por la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obligase a "readmitir" a los despedidos tras ser admitida una demanda colectiva del sindicato UGT, que si esa circunstancia se produce la Comunidad va a cerrar Telemadrid porque no tiene otra opción.

"No es una intención, es una decisión", ha agregado el presidente del Ejecutivo regional durante el desayuno de prensa El Ágora, organizado por El Economista y Ernst & Young.

La cadena no puede "sostenerse" con 1.200 trabajadores en plantilla

González ha señalado que la Comunidad no puede "sostener" económicamente un medio de comunicación público como Telemadrid, con una plantilla de 1.200 trabajadores y un déficit de explotación de más de 100 millones de euros, cuando este ingresa 15 millones.

El canal no puede ser "deficitario"

Además, ha recordado que la ley audiovisual impide que los medios de comunicación del sector público sean "deficitarios".

En este punto, ha señalado que para la Comunidad de Madrid "no es prioritario" en la actualidad un medio de comunicación, dada la actual oferta, que puede "cubrir adecuadamente toda la demanda de los ciudadanos".

El ERE que ha ejecutado el ente público se ha acogido a la legislación

Por último, ha defendido que el ERE que ha ejecutado el ente público se ha acogido a la legislación y puede "hacer viable" un medio de comunicación ajustado a las "posibilidades" de la administración y a la "demanda de los ciudadanos".

El TSJM ha citado a los representantes de la dirección del ente y del sindicato UGT para el próximo viernes, cuando tendrá lugar la primera jornada de vistas con motivo de la denuncia colectiva planteada por el sindicado, que continuará el día 4 de marzo.

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Flores culpa a Ayuntamiento y policía de la tragedia del Madrid Arena

Casi cuatro horas ha durado la declaración ante el juez como imputado de Miguel Ángel Flores, dueño de la empresa Diviertt, organizadora de la fiesta en la que el pasado día 31 murieron cuatro jóvenes en el Madrid Arena.
Flores ha quedado en libertad con cargos, tras contestar a la fiscalía y a los letrados de las familias de las fallecidas, y negarse a responder al Ayuntamiento, a Madrid Espacios y Congresos, a Manos Limpias y a Kontrol 34. El empresario tendrá que presentarse dos días al mes ante el juez.
Según letrados presentes en la sala, Flores ha afirmado que él no tenía responsabilidad en temas de seguridad, sino que ésta correspondía a Madrid Espacios y Congresos y a Seguriber, pues esta última es la empresa a la que es obligatorio contratar cuando se alquila el Madrid Arena.
Según ha manifestado Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias -una de las acusaciones particulares-, Flores ha culpado a la Policía Municipal de lo ocurrido la noche del pasado 31 de octubre. El empresario asegura que, una vez se desencadenaron los hechos -la estampida y el aplastamiento de jóvenes- pidió ayuda a la policía para que interviniera, pero no obtuvo respuesta.
Además, Flores ha asegurado que Madrid Espacios y Congresos ha falsificado el correo en el que la empresa Diviertt presuntamente reconocía con cuánta gente se contaba para seguridad interior y exterior, y ha recordado que en ocasiones anteriores se le había concedido permiso para "meter a 12.000 personas".
Asimismo, ha aseverado que hace dos años hubo un problema en la misma puerta, que no funcionaba bien y propició otra avalancha. Flores afirma que ya entonces advirtió a Madrid Espacios y Congresos del problema. Por otra parte, ha rechazado tener ninguna responsabilidad en la distribución de la gente por la sala, ya que Madrid Espacios y Congresos "no lo exige".
En cuanto al 'botellón' que se organizó en el aparcamiento, el propietario de Diviertt dice que hubo jóvenes bebiendo y con la música muy alta en las inmediaciones durante unas cuatro horas, sin que la Policía Municipal interviniera, cuando sí lo había hecho otras veces. De hecho, dice que ése es el motivo por el que hizo "una caja tan baja", de unos 40.000 euros, cuando de media en acontecimientos así se suelen recaudar 100.000.
Sobre las entradas, Flores afirma que sólo puede justificar las que se vendieron por Internet, y que en taquilla se vendieron muy pocas, y que "no consta" que hubiera reventa. En cualquier caso, dice ignorar dónde se encuentran las entradas físicas para acceder a la fiesta.
La Fiscalía no ha solicitado prisión para el empresario ya que no se cumple ninguno de los requisitos para ello como son el riego de fuga, la posibilidad de reincidir y que pueda destruir pruebas, informa Europa Press.
Flores llegaba poco antes de las 10.00 de la mañana, hora en la que estaba citado, a los juzgados de Plaza de Castilla a los que ha entrado por la puerta de atrás intentando despistar a los numerosos periodistas que esperaban su llegada. El empresario ha llegado acompañado por su abogado y sin hacer declaraciones ante los medios.
En las primeras dos horas de declaración, Flores ha contestado a las preguntas del fiscal. Pasadas las 12.00 horas se hacía un receso y el empresario salía de sala para ir al baño visiblemente compungido y resoplando. La expectación por la declaración del dueño de Diviertt era máxima. Tanto es así que en varias ocasiones han tenido que salir funcionarios a pedir silencio en los pasillos de la segunda planta, donde está la sala, por el jaleo que había ante tanto medio de comunicación.
Solicitan la declaración de Ana Botella
Además, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha adelantado que solicitará al juez que declare como testigo la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, una diligencia que pedirá los próximos días.
La citación de Flores se produce en aras a que aclare al magistrado instructor diversos aspectos de la investigación judicial, entre los que destaca determinar el número de entradas que se vendieron para el evento, así como el plan de seguridad que montó para esa noche.
El juez del caso tiene previsto también tomar declaración el miércoles al representante legal de Kontrol 34, empresa encargada del control en los accesos y en el interior del recinto.
El magistrado investiga las posibles responsabilidades en el suceso ocurrido la madrugada del 1 de noviembre, cuando una avalancha en uno de los pasillos del Madrid Arena provocó la muerte de Katia Esteban Casielles, Rocío Oña Pineda, Cristina Arce, de 18 años, y de Belén Langdon, de 17, y causó heridas muy graves a María Teresa Alonso, de 20, que permanece ingresada.
Cifuentes defiende a la Policía Nacional
Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha querido dejar claro que la Policía Nacional ni inspeccionó ni dio el visto bueno al Madrid Arena antes de la fiesta de Halloween porque no era su competencia.
Cifuentes afirma que los dos agentes de ese cuerpo que acudieron al recinto simplemente recogieron la documentación administrativa pertinente, para su posterior traslado a los órganos competentes, como los certificados de instalación de estructuras, ignífugos, instalación eléctrica, servicios asistenciales, sanitarios y Plan de Vigilancia a cargo de la empresa organizadora.
Además, la Policía Nacional verificó la apertura de puertas y estableció un dispositivo exterior importante ante la posibilidad de que pudiera haber algún incidente, como suele ocurrir en grandes concentraciones, ha indicado. Después, cuando "se produjo la desgracia, la Policía realizó una evacuación ejemplar, de persona a persona, y evitó una tragedia mayor, una avalancha descontrolada de personas. Esa fue la actuación de la Policía Nacional".
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El juez del Madrid Arena imputa al organizador y las empresas de seguridad y control

El juez que investiga la avalancha humana que mató a cuatro adolescentes en el pabellón municipal Madrid Arena ha imputado en la causa al organizador del evento, Miguel Ángel Flores, y a los representantes legales de las empresas Kontrol 34 y Seguriber, subcontratadas para ocuparse del control de acceso y aforo y de la seguridad exterior del recinto la noche del 1 de noviembre, respectivamente.
El concejal Pedro Calvo preside la empresa pública que alquiló el pabellónEduardo López Palop, responsable del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid y que se encontraba en funciones de guardia en el momento de los hechos, también ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que le comunique con carácter inmediato qué concejalía es la encargada de tramitar la cesión de los locales municipales para este tipo de eventos, con el fin de llamar a declarar como testigo al concejal titular de la misma.
En el caso del Madrid Arena, el contrato de cesión se firmó con la empresa pública Madrid Espacios y Congresos, que depende a su vez del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, cuyo responsable es Pedro Calvo Poch. El concejal ha defendido que el Madrid Arena no necesita licencia de funcionamiento, de la que carece, y que Madrid Espacios y Congresos podía alquilar el Madrid Arena a Diviertt, la empresa de Miguel Ángel Flores, aunque esta tuviese deudas con la Seguridad Social y con la SGAE.
Entre uno y cuatro años de cárcel
La imputación es genérica y no se circunscribe a ningún delito concreto por el momento, según explicó a 20minutos.es un portavoz del Tribunal Superior de Justicia. Fuentes jurídicas apuntaron que los imputados podrían llegar a ser responsables de un delito de homicidio por imprudencia si el juez determina que la cadena de irregularidades cometidas (superación del aforo permitido, falta de control en el acceso de menores, falta de personal de seguridad etc.) agravaron o condujeron a la avalancha mortal. El delito se pena con entre 1 y 4 años de cárcel en el Código Penal, además de las correspondientes indemnizaciones.
El administrador único de Kontrol 34 es un conocido neonaziEl juez espera que los comparecientes comiencen a pasar por el juzgado a finales de esta semana o principios de la siguiente. En el caso de Seguriber y Kontrol 34 —que se ha desvinculado de la fiesta— deberán nombrar a un representante legal. El administrador único de Kontrol 34 es un conocido neonazi.
A grandes rasgos, la diferencia entre ir al juzgado como imputado o como testigo es que los primeros tienen garantizada su defensa jurídica al asistir con su abogado. Los testigos no pueden mentir al juez y el magistrado puede imputarles en la causa tras tomarles declaración.
Simulación por ordenador del aforo
Entre las diligencias ordenadas por López Palop también está ofrecer a las familias de las chicas fallecidas (Katia Esteban, Rocío Oña Pineda, Cristina Arce y la menor de edad Belén Langdon) y a la familia de la que permanece ingresada en estado grave (María Teresa Alonso) personarse como acusación particular en la causa. La alcaldesa, Ana Botella, ha anunciado que el Ayuntamiento se personará en el proceso, aunque es el juez quien debe admitirlo valorando si el Consistorio está implicado y si, como parte del proceso, debe tener o no a su disposición los documentos y las decisiones que tome el juzgado.
Con el objeto de fijar el número de asistentes al acto, el juez ha pedido a la Policía Científica una simulación por ordenador para establecer las personas que caben en el Madrid Arena y las que realmente había la noche de las muertes. Los investigadores del Grupo V de Homicidios comunicaron al juez en su atestado que el aforo estaba "sobradamente sobrepasado". Además, según adelantó 20minutos.es, le trasladaron de palabra una primera estimación de asistencia de alrededor de 23.000 personas. La simulación aclarará si esa cifra es correcta.
Este martes visita el recinto
La comisión judicial, encabezada por López Palop, visitará el Madrid Arena este martes a partir de las 10.00 horas para realizar una inspección ocular. El recinto permanece cerrado mientras dure la investigación. El Ayuntamiento, que ha cerrado otros dos pabellones por problemas de seguridad similares a los del Madrid Arena, quiere mantener abierto este último.
Tres policías que estaban en el Madrid Arena fuera de servicio acompañarán al juezEl juez estará acompañado por representantes del Ministerio Fiscal, la Policía Científica y miembros de la Brigada de Homicidios que se encarga de la investigación de los hechos, así como de tres agentes, dos policías nacionales y un policía municipal que se encontraban en el pabellón fuera de servicio. El juez ya ha tomado declaración a los tres.
Al menos uno de ellos, el policía municipal, es un agente perteneciente a la zona de Vallecas que habría estado trabajando como portero para Kontrol 34 esa noche, lo que le acarrearía una sanción por incompatibilidad con su puesto de funcionario. Este agente ha sido identificado como el que rescató de entre los jóvenes aplastados a María Teresa Alonso, la joven ingresada en estado crítico en la Fundación Jiménez Díaz.
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Un diputado autonómico del PP Raul De La Hoz (@raulhoz) pidió el embargo del paro de una desahuciada

El diputado en las Cortes de Castilla Leon, Raúl de la Hoz (@raulhoz) intentó que un juez embargase la prestación por desempleo de una mujer a la que Bankia reclamaba dinero tras la ejecución de una hipoteca. Raúl de la Hoz es el número 3 del PP en esa comunidad autónoma y ostenta la portavocía para temas económicos en ese parlamento. A su trabajo de parlamentario se suma el de abogado. La petición, denegada por el juez el pasado mes de septiembre, se realizó a favor de Bankia a quien el diputado prestó asistencia letrada durante el proceso judicial.

El diputado popular pretendía embargar la prestación por desempleo a una mujer, por la deuda hipotecaria que contrajo tras la compra de una vivienda que posteriormente se quedó su exmarido tras la sentencia de divorcio. Aunque el abogado de la mujer, Jesús Guinea, argumentó en el juicio que el piso había sido adjudicado en sentencia al ex marido, De La Hoz, en representación de Bankia, intentó que la entidad bancaria recibiese también los 598 euros de prestación por desempleo que suponían los únicos ingresos fijos de ella. La entidad bancaria, para entonces, ya había ejecutado la hipoteca y embargado el inmueble que disfrutaba el marido tras el divorcio de ambos.

Según el abogado de la mujer, Jesús Guinea, "reclamar el embargo de una prestación por desempleo carece de sentido y es contrario a derecho". "La prestación por desempleo es prácticamente inembargable", dice Guinea en conversación con eldiario.es.

Sólo unos meses antes de la decisión judicial, el diputado y joven abogado del PP defendía los intereses de Bankia desde la arena parlamentaria. El pasado mes de Julio, el PP se opuso en el parlamento de Castilla León a una proposición socialista que planteaba obligar a las entidades financieras que se beneficien del rescate a renegociar las condiciones de las hipotecas cuyos titulares estén involucrados en algún proceso de desahucio.

Durante ese debate, De la Hoz dijo consideró la propuesta socialista como "una aberración" y señaló que, de llevarse a la práctica, España se convertiría en una república bananera. El debate parlamentario se produjo en el mes de junio. Tres meses después, un auto del magistrado de primera instancia número 12 de Valladolid obligó a Bankia a darse por satisfecha con la entrega de un inmueble como pago de las rentas pendientes con la entidad. Según el auto el juez consideró "antisocial" amparar la pretesión de la entidad de ahorro de cobrarse fondos de la prestación por desempleo. De la Hoz perdió el juicio.

La resolución judicial supone el reconocimiento de facto de la dación en pago a la que De La Hoz se opuso en sus debates parlamentarios. El auto, al que ha tenido acceso esta redacción, señala que "la continuación de ejecución frente a deudores con una evidente carencia de medios económicos le arrojará a una situación próxima a la exclusión social".

Raúl de la Hoz es Coordinador de Organización del PP de Castilla y León, ostenta la portavocía para asuntos económicos y tiene un destacado papel en el seno del partido. En el último Congreso del PP de Castilla León celebrado en Mayo a de La Hoz se le encargó la redacción de la ponencia que marca las pautas que rigen la relación del partido de Rajoy con la ciudadanía de aquella Comunidad Autónoma.

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