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Rajoy no quiere ‘verle las orejas al lobo’


El dicho “verle las orejas al lobo” se usa coloquialmente para expresar que hemos visto un posible peligro y que, por eso, hemos cambiado o vamos a cambiar nuestra actitud o nuestra forma de actuar. También supone sufrir un escarmiento con algún daño o contrariedad que, en sí mismo, nos anima a prevenir otro mayor.

En sentido contrario, cuando no se quiere verle las orejas al lobo, se está despreciando la evidencia de hechos y circunstancias que nos avisan de peligros inminentes y ya casi insalvables. El grito “¡Que viene el lobo!”, ha quedado fijado así en la cultura popular precisamente como expresión y última advertencia de la desgracia que terminará convertida en realidad, con consecuencias que, en el caso de la política, podrían haberse evitado con un poco de tacto, prudencia y reacciones inteligentes...

Y eso es lo que significan tanto para Rajoy como para el PP las encuestas de valoración política y los sondeos de opiniones y actitudes pre electorales que, en sus continuas y periódicas ediciones (tanto de carácter público como privado) vienen enseñando las orejas del lobo que, en el fondo, supone el comportamiento ciudadano en las urnas, a veces con resultados ciertamente dramáticos.

 

EL PSOE YA SUPERA AL PP EN INTENCIÓN DE VOTO

Desde que Rajoy se desentendió de las promesas electorales que le llevaron a la Presidencia del Gobierno, optando por no tomar las drásticas medidas en materia de reformas económicas, políticas e institucionales esperadas por el conjunto de la sociedad, incluidos por supuesto sus propios votantes, la caída electoral del PP ha sido continua y sin punto de inflexión. Hasta situarse en un ‘empate técnico’ con el PSOE según el último Barómetro de Metroscopia (mes de Septiembre), que es el publicado habitualmente por El País, a pesar del desastre que supuso el segundo mandato presidencial de Rodríguez Zapatero, todavía fresco.

De hecho, por primera vez desde las elecciones generales de 2011, la ‘estimación del resultado electoral’ en el supuesto de celebrarse comicios legislativos de forma inminente (con una participación del 62 % frente a la del 71,7 % de hace dos años), sitúa por primera vez al PSOE por delante del PP en la estimación del resultado electoral. Así, al día de hoy, los socialistas -ver para creer- lograrían ganar dichas elecciones con el 30,5 % de los votos válidos frente al 30,1 % que obtendría el PP. Eso supone que el PP ha llegado a perder progresivamente el 14,5 % de los votos sobre el 44,6 % obtenido el 20-N, mientras que el PSOE -aún con su lamentable historia más reciente- ha crecido casi 2 puntos sobre el 28,7 % que obtuvo en aquella misma ocasión.

Pero es que este resultado estimativo, que de momento ya refleja un empate electoral, se balancea mucho más a favor del PSOE en la ‘intención directa de voto’, en la que la formación socialista alcanza un 12,3 % frente al 11,1 % del PP. Además, parece obvio que sus ‘desertores’ más radicales tiene una opción clara de trasvase hacia IU, que desde el 20-N ha crecido de forma continuada 4,7 puntos, pasando del 6,9 % de los votos reales al 11,6 % de los previsibles.

Por otra parte, UPyD, que es el otro partido minoritario de ámbito nacional, con capacidad para arrebatarle al PP muchos votos de sus ‘desencantados’, crece todavía con mayor velocidad relativa ya que ha dado un paso gigantesco pasando del 4,7 % de los votos reales a una estimación de voto del 9,0 %, de momento.


Además, IU y UPyD, que son las dos formaciones políticas capaces de romper el ‘bipartidismo imperfecto’, muñido de forma interesada en la Transición a través de la Ley Electoral y de los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, consolidan su progreso electoral con cifras muy significativas de ‘voto decidido’: un 10,4 % para IU y un 7,3 % para UPyD.

Claro está que la suma en voto decidido de lo que se podría definir como ‘mayoría de progreso’ (PSOE + IU), es muy superior a la suma de los que corresponderían al ‘centro-derecha’ (PP + UPyD): el 22,7 % frente al 18,4 %. Reparto ideológico apriorístico que en la realidad post-electoral se puede desequilibrar todavía más, porque si bien parece que buena parte del respaldo electoral al PP puede estar derivando a UPyD, pocos analistas políticos ven a su líder, Rosa Díez, acomodada cerca del partido de Rajoy, sino más bien enfrente (las próximas elecciones municipales marcarán con claridad la tendencia de los nuevos pactos políticos de gobierno).

Ello con independencia del bocado electoral que Ciutadans (C’s), el partido liderado por el joven Albert Rivera, también ‘emergente’, le dio al PP en las elecciones catalanas del pasado 25 de noviembre (19 escaños para el PP y 9 para C’s): otro ejemplo ‘termométrico’ que debería poner los pelos de punta a Mariano Rajoy y su barba en remojo.

Porque si esto no es verle las orejas al lobo, que el presidente del Gobierno y del PP vaya a graduarse la vista y el olfato político por vía de urgencia, ya que es bastante obvio que está encaminando a su partido hacía un desastre electoral de proporciones descomunales. Tres son las tendencias reflejadas con suma claridad en todas las series de encuestas políticas: el evidente declive del PP, el alza del PSOE -muy moderada pero alza sin ambages- y la consolidación de dos partidos nacionales hasta ahora minoritarios (es decir, hasta ahora castigados por la Ley D’Hont en el reparto de escaños), IU y UPyD, con lo que eso comporta en cuanto a la ruptura del bipartidismo y a un posible nuevo modelo de pactos o coaliciones post-electorales al margen de los partidos de ámbito autonómico.

Una situación -insistimos- ya marcada como ‘tendencia’, con pocas jugadas disponibles para que el PP pueda ‘salvar los muebles’, y con alguna todavía a favor de la recuperación del PSOE (quizás sirviera para ello una simple e inteligente renovación interna del partido), aunque este desigual reparto de problemas y oportunidades sea debido al demérito del PP más que al mérito del PSOE. Y sin olvidar la amenaza para ambos que supone la consolidación de posiciones de los dos partidos ‘intermedios’ (IU y UPyD).

Bien que mal, y a pesar del lastre que supone para el PSOE tener a Pérez Rubalcaba liderando el partido in artículo mortis -un histórico contaminado al cien por cien en el desastre ‘zapateril’-, las maniobras renovadoras del PSOE en Galicia y Andalucía han dado pie a un aparente ‘tocado de fondo’ al menos en dos comunidades en las que la corrupción política, integrada de forma natural en su paisaje y en su paisanaje, parece no conmover las urnas en exceso. De cualquier forma, todo indica que, una vez más, se dará el fenómeno de que las próximas elecciones legislativas no las gane la oposición, sino que las pierda el Gobierno, como sucedió en el 2004 y en el 2011 (lo que quedaría por ver son los márgenes del batacazo).

 

RAZONES Y SINRAZONES DE LA CAIDA ELECTORAL DEL PP

Pero ¿cuáles son las razones y sinrazones que juegan de forma tan clara en contra del PP…? Unas ya hemos dicho que tienen su lógico origen en el incumplimiento radical -no circunstancial- de su programa electoral, y otras, más graves, devienen de decisiones y actuaciones políticas diametralmente opuestas a lo esperado y no cumplido. Sirva ilustrar este segundo paquete de ‘sinrazones’ el hecho no de haber olvidado la prometida despolitización del Poder Judicial, claramente demandada por el conjunto de la ciudadanía, sino el haber politizado la institución todavía más de lo que estaba, por ejemplo; cosa igualmente visible en la última renovación del Tribunal Constitucional, en la que se ha llegado al desvergonzado límite de colocar en su presidencia a un militante radical del PP de ‘carnet y cuota’…

Es decir, antes de utilizar la mayoría absoluta otorgada por los electores como instrumento para reformar el país en todo lo que hace falta, que es mucho y muy necesario, el PP la está utilizado en buena medida para hacer exactamente todo lo contrario de lo que haría cualquiera persona con dos dedos de frente, considerando sobre todo cómo se produjo la estrepitosa derrota del PSOE. Pero, desentendiéndose del claro mandato electoral recibido, y yendo más allá de los consabidos incumplimientos al uso, que no piensen el señor Rajoy, su Gobierno ni su partido, que van a torear al personal como intentó torearlo con otros registros el PSOE de Rodríguez Zapatero.


Otra razón que descuenta y seguirá descontando votos al PP es, sin duda alguna, la crisis económica, pero no tanto en sí misma (ya se sabe que es un tema de culpas compartidas) sino por la evidente incapacidad mostrada por el Ejecutivo para comprenderla y atajarla, sin que se vislumbre además la menor intención rectificadora, ni con reformas verdaderamente eficaces, ni con decisiones prácticas urgentes, ni con reajustes ministeriales más que obligados (o sea sin actuaciones creíbles ante los ojos de la ciudadanía, que es en lo que está el lánguido Rajoy). Una gobernación política incompetente y partidariamente suicida en la que ni siquiera se ha tenido el reflejo de poner en la picota de la justicia a los saqueadores de las cajas de ahorro más visibles, por ejemplo.

Y desde luego hace falta estar ciego para no darse cuenta que la agenda política del Gobierno, centrada en la economía, sigue sin satisfacer a la opinión pública. De hecho, analizando el último Barómetro de Metroscopia, se observa que la percepción de los españoles sobre el contexto económico apenas ha variado con respecto a meses anteriores: la práctica totalidad (el 94 %) sigue pensando que la situación de la economía española es mala; un 76 % considera que esta situación no va a mejorar en los próximos meses y un 70 % cree que el paro no va a descender, por lo menos a medio plazo.

Aún más, la mayoría de los españoles (el 52 %) cree que en los próximos meses no se va a producir ningún cambio económico positivo y que la crisis seguirá discurriendo como hasta ahora; mientras las familias españolas como unidad de consumo también siguen sin apreciar ningún atisbo de mejora: el porcentaje de hogares que califican positivamente la economía doméstica sigue instalado -desde hace más de tres años- por debajo del 50 %. El único dato que cabe interpretar como esperanzador es que el 67 % de los españoles cree que la mala situación económica ya ha tocado fondo: un optimismo relativo, acaso inducido por el machaqueo propagandista del Gobierno con los inexistentes ‘brotes verdes’, y en todo caso muy moderado porque la clara mayoría (el 59 %) considera que la recuperación va a ser lenta…

Claro está que, como hemos mantenido en varias Newsletters, en el grave descrédito del PP juega un papel muy importante el ‘caso Bárcenas’ (que en realidad es el ‘caso Gürtel-Bárcenas’) y su pésima gestión política. Ese es el sumidero por el que están desaguando de forma lastimosa los apoyos electorales cosechados por el PP el 20-N, hasta el punto de que en este momento el partido tan sólo cuenta con la fidelidad del 38 % de quienes le votaron en las pasadas elecciones generales.

El tratamiento político del caso, todavía con un largo recorrido judicial y mediático pendiente, ha servido para apuntalar, e incluso acrecentar, las críticas generadas dentro del propio electorado que ya se habían recogido en anteriores oleadas del Barómetro de Metroscopia: dos de cada tres votantes del PP (un 64 %) piensan que los dirigentes populares no están colaborando debidamente con la Justicia y una proporción aún mayor, nada menos que tres de cada cuatro votantes propios (el 73 %), cree que la intención del Gobierno y de su partido de no hablar más del tema y darlo por cerrado, manifestada por Rajoy, es una decisión desacertada.

Paréntesis: Al iniciarse la rentreé política, en el programa televisivo ‘El Objetivo’ que dirige la periodista Ana Pastor (La Sexta 08/09/2013), la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, insistió en que no se explica “los silencios de Rajoy” y en que el jefe del Ejecutivo se ha equivocado en la gestión del ‘caso Bárcenas’. Poniendo por delante que le considera una persona “honrada”, afirmó: “Yo no le compro todo a Mariano Rajoy”, añadiendo que “llaman mucho la atención sus silencios y esa forma de actuar”. El pasado junio, Quiroga ya calificó este asunto de “vomitivo”, mostrándose convencida de que los militantes del PP estarían “asqueados” por las informaciones desveladas al respecto.

Es decir, el intento de Mariano Rajoy de desviar la atención del escandaloso ‘caso Bárcenas’ para hablar de otras cuestiones más importantes para los españoles -según él-, ni siquiera concita el acuerdo de sus correligionarios ni, por supuesto, el de sus propios votantes. De hecho, la percepción de que el Gobierno ‘improvisa sobre la marcha’ es atribuible tanto a la gestión de la economía como a la del ‘caso Bárcenas’, y no sólo para la mayoría de los ciudadanos (un 70 %), sino también para los que declaran expresamente haber votado al PP en las últimas elecciones generales (un 50 %).

Y lo mismo podría aplicarse a la poca confianza que logra transmitir Rajoy: un 87 % de los españoles y un 64 % de los votantes del PP no confían en el Presidente. El Gobierno y el PP, ambos bajo la dirección del mismo anodino personaje, siguen atorados en los dos temas que marcaron la agenda del pasado curso político y que sin la menor duda les están desgastando de forma brutal, con visos de seguir haciéndolo y de forma irreversible.

 

DE LO YA DESCONTADO A LO QUE QUEDA POR DESCONTAR

Pero si tenemos en cuenta que el trabajo de campo del último Barómetro de Metroscopia se realizó los días 4 y 5 de septiembre, sobre lo ya descontado electoralmente al PP en relación con las razones y sinrazones comentadas, que mantendrán una dinámica propia siempre negativa para los populares, habría que tener en cuenta otras cuestiones ex novo y aún otras más que, siendo ya conocidas, en cualquier momento pueden adquirir gravísima entidad. Con independencia, claro está, de otros problemas que puedan sobrevenir, algo que no suele faltar en ninguna legislatura.

Dentro de este nuevo paquete de posibles daños electorales, que se irán confirmando mes a mes en los nuevos sondeos demoscópicos, está, sin ir más lejos, el fiasco del ‘Madrid 2020’. Porque, gracias a la campaña de propaganda gubernamental, ‘sobrada’ por los cuatro costados, las personas encuestadas por Metroscopia estarían seguramente convencidas de que la sede de las Olimpiadas del 2020 sería Madrid, y que a su sombra y cobijo se restauraría la imagen internacional de España y se abriría una salida a la actual crisis económica; ilusión que, una vez perdida, no dejará de generar decepción, malestar social y hasta una sensación de ridículo y vergüenza ajena que no se puede traducir de ninguna forma en votos para el PP.

El fracaso del ‘Madrid 2020’ ha sido un palo muy fuerte para Ana Botella y un nuevo hito importante en su desprestigio político tras el trágico suceso del ‘Madrid-Arena’, con consecuencias electorales negativas para el PP tanto en el ámbito capitalino como en el regional, pero que también tendrá su efecto a nivel general dado el gran número de escaños que la circunscripción tiene asignados en el Congreso de los Diputados (36 sobre un total de 350). Y todo ello al margen de que ya antes del verano los sondeos de opinión política anunciaran la perdida de la mayoría absoluta del PP en su gran feudo de Madrid, de forma que los pactos entre PSOE, IU y UPyD para desalojarle del poder también son bien conocidos en los círculos políticos de la Villa y Corte (de momento, en la CAM el PP conseguiría 54 escaños, 30 el PSOE, 29 IU y 16 UPyD).

En todo caso, y pendientes aún de incorporar la incidencia del descalabro olímpico dentro del declive electoral del PP, lo que no ofrece la menor duda es que el impacto público de la celebración de la Diada (Día Nacional de Cataluña) del pasado 11 de septiembre, culminada con una demostración del músculo separatista muy importante, acrecentará aún más la mala imagen del Gobierno y la desconfianza ciudadana en su capacidad para gestionar el ‘problema catalán’, y que, precisamente por esa falta de conducción política, cada vez se muestra en términos de fondo y forma más graves.

En nuestra Newsletter del 7 de julio de 2013 (ver Rajoy se fuma un puro con el ‘Concert per la Llibertat’ ) ya reclamábamos (por supuesto de forma infructuosa) una mayor atención y decisión del Gobierno y de la propia Corona al auge del independentismo catalán, precisamente porque ese crecimiento se debe en gran medida al pasotismo político e institucional con el que se está contemplando, sin decisiones ni acciones que lo embriden, lo reconduzcan, lo diluyan o lo aborten. Porque lo peor de todo es dejar que el cáncer del separatismo y del enfrentamiento civil llegue a la metástasis en una España que muchos políticos han preferido desde siempre dividida e invertebrada: ahí está, sin ir más lejos, la concepción del propio Estado de las Autonomías, absurdamente nacido con vocación inconclusa y que en el fondo responde al conocido lema político del ‘divide y vencerás’.


Las imágenes y la puesta en escena del ‘Concierto por la Libertad’ celebrado el pasado 29 de junio en el Camp Nou, incluido el espectacular mosaico que se formó en las gradas con el slogan Freedom Catalonia 2014 (reproducido en inglés para que el mensaje llegara mediáticamente con mayor facilidad a todo el mundo), fueron arrolladoras, se quiera o no se quiera reconocer, y por ello en efecto muy preocupantes. Más de 90.000 personas abarrotaron el emblemático estadio azulgrana con una sola voz y con una sola bandera (las del independentismo), convocadas por diversas organizaciones civiles catalanas para reivindicar el derecho a decidir sobre su propio futuro.

Y la realidad, ya contrastada con el Concert per la Llibertat y apenas dos meses después con la espectacular celebración de la Diada, es que el movimiento independentista catalán se está organizando y consolidando y que ya no puede decirse que sea minoritario. De hecho, ha entrado en una dinámica inédita en la historia del catalanismo nacido en el siglo XIX, impulsada por la experiencia negativa de los últimos años con la reforma estatutaria y del sistema de financiación, que ha llevado a buena parte de los catalanes a concluir que su futuro colectivo pasa por la desvinculación del Estado español.

No vamos a insistir en el grave riesgo de ruptura política que hoy late en España, amenaza también viva en el País Vasco, para no repetir análisis y argumentos ya reiterados en otras muchas Newsletters. Pero cada vez es más evidente que Rajoy, investido para ello de mayoría parlamentaria absoluta, debería afrontar, con las consecuencias derivadas, una reforma constitucional que recondujera el actual desvarío competencial del Estado de las Autonomías. Por supuesto, sin dejar de reconocer las especificidades y singularidades históricas y culturales de Cataluña y el País Vasco, junto con otras igual de razonables como las forales de Navarra o las ultra-periféricas de Canarias…

El ‘café para todos’ descubierto en la Transición como fórmula magistral para la organización del Estado y la convivencia nacional, se ha mostrado perfecta y crecientemente inservible en el transcurso del tiempo, sobre todo por sus incontenidos desbordamientos competenciales. Y a Rajoy compete, aquí, ahora y con mayoría parlamentaria absoluta, solucionar el problema, ponerle el cascabel al gato y dar la talla de estadista que no está dando, entre otras cosas para evitar que el lobo electoral que le está enseñando las orejas de forma bien patente en las encuestas políticas, se lo termine comiendo en las urnas.

Al inicio de nuestra andadura editorial, en la Newsletter 20, editada el 29 de julio de 2012, ya nos pronunciamos sobre el origen, las debilidades y la “España sin futuro” a la que nos ha conducido el frangollo político del Estado Autonómico (leer El insostenible descalabro de las Autonomías). Un modelo devenido en arrasador, pero protegido a cal y canto por la actual clase política -y ahora de forma particular por el PP- como instrumento para realimentar la corrupción general del sistema y amparar el pesebrismo partidista.

 

RAJOY Y EL CUENTO DE CAPERUCITA ROJA

Esta actitud política de los partidos mayoritarios (la torpe pasividad de Rajoy y la torpe actividad de Pérez Rubalcaba), reconvertidos de consuno en una dictadura encubierta que, más allá de su identificación como ‘casta política’, ya podríamos definir como los nuevos ‘Hermanos Musulmanes de Occidente’, señalan cada vez con mayor claridad -y téngase esto bien en cuenta- al derrumbe definitivo del sistema político vigente… Claro está que, en su caso, con la Corona saltando por los aires y muchos lobos comiéndose a las Caperucita Roja del momento allí donde las pillen.

Añadamos también a la cesta electoral esta percepción ciudadana sobre la mala gestión de la cuestión catalana por parte de Rajoy, con la estimación pertinente con la proximidad y el descomunal tamaño real de las orejas del lobo que se empeña en no querer ver. Y ello sin considerar los problemas que puedan sobrevenir de aquí a que se inicien las próximas elecciones generales, precedidas de las europeas y las autonómicas y locales; entre otros posibles, las nuevas reivindicaciones y exigencias de los abertzales vascos y los vinculados a la salud del rey Juan Carlos y de la propia Corona.

Fumándose, pues, puro tras puro tumbado en su cheslong de La Moncloa, el lánguido Rajoy no solo confunde los componentes y soluciones de la crisis general (en su triple vertiente económica, política e institucional), sino que también confunde los problemas, las prioridades y las estrategias evidentes en cada plano, en la misma o peor línea seguida por el alumbrado ZP. Y entretenido, además, canturreando y cogiendo florecillas por el bosque, como hacía Caperucita Roja mientras el lobo feroz se tomaba el aperitivo a costa de su abuelita, con la boca hecha agua esperando devorar a su tierna nietecita.

Lo dicho: Rajoy no quiere verle las orejas al lobo… hasta que éste se lo coma con patatas fritas.

Fuente


 

De como Luis, Iñaki y Joseph hicieron tambalearse el mundo.

Son sólo tres personas. Tres hombres que hacían "sus cosas" a espaldas del resto del mundo. Obviamente no lo hacían solos, tienen muchas, muchísimas personas que están tan cubiertas de mierda como ellos. O tal vez más. Y obviamente nos son los únicos responsables de que gobierno, corona e iglesia estén pasando la peor crisis de la historia. Pero si es cierto que han sido como los estornudos en un gripazo: los primeros síntomas de que hay una infección que va a ir a más y no para bien.

Luis o "Luis el cabrón" o Bárcenas como se le llama en todas partes, es la piedra angular sobre la que se tambalea el estado de derecho español. Gracias a él sabemos que el Partido Popular se ha enriquecido a costa de los españoles, robando dinero y parte guardándolo en paraísos fiscales y parte metiéndoselo en bolsillos envuelto en sobres. También hemos sabido sus escarceos con los imputados del vaso Gürtel y con el ex marido de la ministra Ana Mato.


Iñaki, el yerno guapo del Rey, casado con la hija guapa del Rey que resulta que no sólo era guapo, también muy listo.... o no tanto. No sólo robaba bajo el nombre de Noos, también firmaba como Duque Em-palma-do, se reunía en Zarzuela con Barberá y Camps para proponerles negocios muy sucios, etc. Este pelotazo llegó junto con la cacería del que era el Presidente de Honor de la WWF, vamos el suegro, vamos el Rey y sus disculpas tristes y bochornosas. La Infanta Cristina también está en el ajo, pero no quieren que la princesa se llene de mierda, así que está por ver que acaba pasando... Quién falta? Claro hombre, Sofía! Pues aqui tenéis un video muy, muy, gracioso. Bueno, gracioso para nosotros. Para ella, no creo.


 

Y nos queda el yayo, el nono, el abuelete: Joseph.Cómo? Que no sabéis quién es? Y si os digo "Equis, uve, palito"! Si! El papa. Bueno, casi ex papa. Si amigos, después de casi 600 años va Joseph y decide dimitir. Qué queréis que os diga, pero si ya en su día sonaba mal, hoy por hoy con tooooodo lo que está saliendo... Os dejo otro video.


Y a todo esto mañana empieza una semana nueva, con lo que dan de sí ultimamente!!! Estoy casi segura de que esta nota quedará mas que obsoleta el domigo que viene.


 

“En política no existe la presunción de inocencia. Si te acusan, dimites”


Empatado con Botsuana, España se sitúa en el puesto número 30 del mundo -13 en Europa- en el último Índice de Percepción de la Corrupción presentado por Transparencia Internacional hace apenas dos meses. Manuel Villoria (Madrid, 1957), miembro del Consejo de Dirección en España de esta única organización no gubernamental a escala mundial dedicada a combatir la corrupción -además de catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de varias obras sobre el tema como 'La corrupción política' (Síntesis)-, desgrana las causas y consecuencias que los actuales escándalos podrían acarrear para la maltrecha salud de nuestra democracia.

Un Gobierno que se ha visto salpicado por un grave escándalo de corrupción en sus más altas instancias, incluido el presidente, ¿debe dimitir, como pide la oposición?

Hay factores que aconsejarían la dimisión, pero también es cierto que desconozco qué agenda europea o económica tendrá y si eso podría dañar o no los intereses de España. También en su momento, por otras razones, se pensó que José Luis Rodríguez Zapatero tenía que dimitir cuando de alguna forma tuvo que traicionar todo su programa, pero también era un momento en el que era muy difícil. Cualquier decisión puede tener sus pros y sus contras. Desde una perspectiva general, visto desde fuera, a lo mejor sería higiénica su dimisión, pero desde una perspectiva de gobernabilidad también habría un gran lío en este momento.

¿Qué clase de lío?

El tema es cuánta gente le apoya y sobre todo qué alternativa hay. Ahora mismo, probablemente, la alternativa no serían unas elecciones generales, sino una renovación en el PP. Y eso abriría una guerra civil interna en el partido. Aún suponiendo que él quisiera dimitir, hay muchísimos factores a considerar.

Según la doctrina del mal menor, ¿hemos de asumir entonces un presidente bajo sospecha?

Por poder, se puede. Cuánto tiempo ha estado Berlusconi con temas mucho más graves…

Pero esto, para la salud de una democracia, ¿no es un poco preocupante?

Sí, desde luego. Es propio de una democracia como la nuestra, con tantos mecanismos de representatividad y tanto énfasis en la gobernabilidad. Entonces aquí, como lo fundamental es la estabilidad, hemos diseñado un sistema que tiene una dificultad de adaptación y de renovación enormes. Los partidos están anquilosados con sus élites ahí atrincheradas. Si abres una dinámica interna para sustituir a un líder no sabes por dónde puede acabar eso. Es un asunto que en otros países está mucho más flexibilizado.

¿El problema está, entonces, en el diseño institucional?

En efecto. El diseño institucional que hemos construido a partir sobre todo de la Transición democrática es un diseño que favorece mucho la gobernabilidad: que el Gobierno mande, que esencialmente haya dos partidos, que en cada partido el que manda mande mucho, con mucha posibilidad de controlar todo, que los dos partidos juntos puedan definir prácticamente hasta modificaciones constitucionales en 24 horas y que, sobre todo, dominen todos los órganos de control: el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo e, incluso, el Poder Judicial. Claro, esto da estabilidad y gobernabilidad, pero incita a la corrupción, a los abusos de poder, y hace que la ciudadanía tenga problemas de representatividad. No nos sentimos representados porque no podemos modificar candidatos, no podemos salirnos de un sistema que está muy bloqueado.

¿Qué ha pasado con la separación de poderes?

Creo que el tema de garantizar de alguna manera una mayor independencia del sistema judicial y un reforzamiento de su imparcialidad sería positivo, igual que sería positivo tener unos parlamentarios menos sometidos a la disciplina de voto y más capaces de decir lo que piensan, de representar a sus votantes y no tanto a las ejecutivas de los partidos.

¿Hay una definición de corrupción?

Es un concepto muy debatido, se ha llegado a una solución de mínimos y la corrupción es considerada como un abuso de poder para beneficio privado, sea este directo o indirecto, un grupo, un partido... Puede ser en el sector público, en el sector privado, en un nivel u otro de gobierno…

¿Es España un país corrupto?

Por naturaleza, no. Es un país con bastante corrupción política, pero no con corrupción sistémica. Un país con corrupción sistémica es aquel en el que para llevar al niño al colegio hay que pagar un soborno, o para poder ir al médico, a los policías…


Hay quien trata de justificar nuestra situación por el tópico de la “picaresca española”.

No creo que forme parte de nuestro carácter. Hay países que tienen un elevado nivel en un determinado momento histórico, pero luego se puede reducir. Hasta Suecia tuvo un nivel de corrupción alto en la primera mitad del siglo XIX y luego lo fue corrigiendo. No estamos condenados a la corrupción, hay factores que pueden considerarse puntuales que tal vez favorezcan, pero creo que el problema fundamental ahora mismo es que el conocimiento de tantos escándalos da la sensación de que hay tanta corrupción que mucha gente dice: si todo el mundo lo hace, por qué yo no.

¿La corrupción incentiva la corrupción?

Hay datos bastante sólidos que indican que cuando uno desconfía muy fuertemente de las instituciones y de los representantes políticos, que es el caso español, eso al final influye también en desconfianza intersubjetiva, entre las personas. La confianza social se va deteriorando y entonces se rompen los lazos de cooperación, cada uno tira por su lado, se genera una sensación de que es más lícito saltarse las normas, el tejido social se va diluyendo y eso es lo que puede ser realmente grave.

¿Y la ciudadanía también se vuelve corrupta?

Sí, sobre todo porque aunque tú creas que no está bien la corrupción, intentas aprovecharte de ella. Dado que todo el mundo lo hace, yo no voy a ser el único tonto.

¿Es muy elevada la desconfianza en las instituciones españolas?

Hay una gran desconfianza en su funcionamiento. Aunque ha mejorado ahora un poco con la reacción de los jueces frente a los desahucios, históricamente está bastante consolidada la desconfianza en el Poder Judicial. Pero también hay una desconfianza altísima en el Parlamento y una desconfianza fuerte en el Ejecutivo.

Usted ha escrito que el problema de fondo es la “ruptura de un contrato moral entre políticos y ciudadanía”.

Sobre todo en el sentido de que un político está para servir. Aquí tenemos por desgracia una cultura política, que yo creo que se transmite también a los futuros políticos, de que no se está para servir sino para mandar. Dónde está mi coche, mi secretaria, cuántos funcionarios tengo… No se está pensando en servir, sino en mandar y eso es un problema grave.

¿La corrupción es el principal motivo de desafección de la ciudadanía a la política?

Hay dos motivos fundamentales: uno es la corrupción y otro, la sensación de ineficacia. Ahora la ciudadanía está más informada, es más crítica en consecuencia y con esta situación de crisis observa que hay una gran ineficacia política. No nos resuelven los problemas. Y después, además de eso, son deshonestos. Deshonestos porque son corruptos, porque mienten o, en general, porque no actúan de acuerdo con la moralidad que deberían: el servicio al interés general. Está muy generalizada la idea de que los políticos se preocupan sobre todo de sus intereses y no de los intereses generales. Eso es lo que hace que la suma de los dos nos den estos resultados tan fuertes de desafección.

¿Habría forma de atajar el problema de la corrupción en nuestro país?

Creo que se podría reducir muchísimo si se tomaran las medidas adecuadas por parte de los órganos políticos.

¿Qué tipo de medidas?

Hay muchísimas. En el último libro que publicamos en Transparencia Internacional, El marco de integridad institucional en España, hablamos de 47 medidas. Claramente, reforzar y garantizar la independencia del Poder Judicial es una de ellas, para ello creo que el Consejo General del Poder Judicial debería ser seleccionado por sorteo entre juristas de reconocido prestigio y magistrados del Tribunal Supremo, por ejemplo, sin intervención de los partidos para nada.

Este reparto de cuotas de los grandes partidos también estamos acostumbrados a verlo en otros organismos como el Tribunal de Cuentas.

Sin duda, hay que reforzar también la independencia del Tribunal de Cuentas y su capacidad de evaluación y análisis de la eficacia-eficiencia.

¿Y con respecto a los partidos?

Ahí hay muchas medidas a tomar. Una de ellas, reforzar la democracia interna. Si no totalmente, una parte de las listas deberían ser abiertas y generar en consecuencia un nuevo régimen electoral, introducir mucha más transparencia en el funcionamiento de los partidos, mucho más control en sus finanzas… Por la vía del Legislativo, lógicamente generar mucha más responsabilidad de los diputados frente a los ciudadanos que los eligen. Hoy en día los diputados sirven a su señor, que no es el pueblo, sino las ejecutivas de los partidos, que son las que les ponen o les quitan. De momento, habría que tomar un modelo casi de big-bang, introducir seis o siete normas que cambiaran un poco la tendencia. Leyes, pero también procesos y órganos que las ejecuten, porque las leyes por sí solas mucha gente se las salta y no pasa nada. Se podría reducir muchísimo la corrupción en España si se tomaran las medidas adecuadas por parte de los órganos políticos, pero también por parte de la sociedad civil. Tenemos una sociedad que a veces es un tanto complaciente con la corrupción.

En ese sentido, ¿por qué cree que después de grandes escándalos hay partidos que siguen alcanzando mayorías absolutas?

Hay muchísimos factores. Lo cierto es que la ciudadanía no tiene posibilidades para discriminar candidatos y no tiene por qué acusar de escándalos particulares a todo un partido. También se da mucho ahora la tendencia de pensar que todos los partidos son iguales y que el que se elige es el menos malo. En el caso de España, una gran parte de los partidos y políticos que han tenido éxito, a pesar de ser corruptos, tenían detrás una presunta fama de eficacia y de hacer grandes aportaciones sobre todo en forma de obras públicas a la sociedad… Ahora se está viendo cómo todo era falso y, detrás de lo que parecía eficacia, lo que había era despilfarro. No obstante, es un fenómeno que se da en muchos países: votar a políticos corruptos.

Una vez caída la máscara y con la actual situación de crisis, ¿esto no se modificará?

Hay una parte que se puede modificar, pero hay otra que no: si yo no puedo discriminar candidatos, tengo que votar una lista cerrada y tengo que votar o por un partido o por otro. Si yo creo que los dos partidos son iguales, tiendo a votar lógicamente a aquél que está más cercano ideológicamente a mí o que me da más seguridad de que va a resolver mis problemas. Eso lleva a que se puedan encontrar políticos corruptos y se sostengan partidos que no toman medidas adecuadas para luchar contra la corrupción. Es un tema de régimen electoral, en gran medida, y de modelo de partidos. También es un problema de los partidos internamente.

¿En qué sentido?

En el sentido de que como los partidos tienen el sistema de listas cerradas y bloqueadas, muchas veces aquellos que tienen más poder territorial imponen candidatos y situaciones. Entonces, aunque la militancia estuviera en contra o quisiera rebelarse no podría hacer nada porque el sistema de los partidos es muy oligárquico.

¿Ese puede ser el motivo de que un imputado en el caso Gürtel como Jesús Sepúlveda haya estado recibiendo un sueldo de su partido o que Luis Bárcenas mantuviera un despacho en Génova, o tiene más que ver con salvaguardar algunos secretos?

Lo que está claro es que tal y como están diseñados los partidos hay unas élites que tienen una enorme información que no tiene el resto. También es cierto que el Partido Popular ha estado funcionando como lo ha hecho durante todos estos años y ahora que empieza a levantarse la alfombra no sabemos qué es lo que puede haber ahí. No sé... Me extraña tanto que Rajoy no se haya querellado hasta ahora contra Bárcenas. Que el partido esté tan asustado con el caso Gürtel como para apoyar a personas impresentables durante tanto tiempo. Qué habrá ahí, bueno, creo que todo nos hace oler que el Gürtel es simple y llanamente la expresión más putrefacta del sistema de financiación que tenía instalado el Partido Popular durante estos años. Desde luego, eso es lo que parece.

¿Le resulta creíble que un presidente no esté al tanto de lo que pasa en su partido?

La reacción de Rajoy, a mí personalmente, me ha producido un tremendo desánimo. Es tratarnos a todos como si fuéramos tontos. Como creer que cuando llega el lobo, con cerrar los ojos el lobo desaparecerá. Lo niego todo y ya está. A esperar a ver qué me pueden demostrar. Entonces abre la veda para que cientos de periodistas se pongan manos a la obra. Y en un momento como éste, con las nuevas tecnologías de información y comunicación, con todo lo que se puede analizar, creo que a medio plazo eso no hay quien lo resista. Es un verdadero error. Pienso que en estos momentos con una opción mucho más transparente, abierta y responsable, hubiera sido posible. A la ciudadanía nos hubiera sentado mal, pero creo que menos mal que el que nos tomen por tontos.


Los políticos se quejan de que parece que ya no existe la presunción de inocencia. ¿Es así?

Es que en política no existe la presunción de inocencia. Cuando se enteren de eso a lo mejor empiezan a reaccionar. En política, si te acusan, dimites. Después, te defiendes. Y, si tenías razón, que te vuelvan a nombrar. Esa es la responsabilidad política propia de cualquier democracia seria. Lo que pasa es que nuestro modelo se basa en concepciones absolutamente decimonónicas, del derecho del gobernante a gobernar. Como ya comentábamos, nuestros políticos, sobre todo algunos, creen que cuando se les nombra es para mandar, no para servir. Eso me parece indignante.

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2012 , España ocupa el puesto 30. ¿Vive nuestro país, en estos momentos, sus índices máximos de corrupción?

Al ser un fenómeno oculto, la corrupción es muy difícil de medir. Utilizamos tres formas: por una parte, medimos la percepción de la corrupción, que es bastante subjetiva, y en última instancia no sabemos lo que la gente entiende por corrupción. Este es un índice que, de cualquier modo, es interesante porque al final mide bastante bien un estado de situación que refleja una realidad más o menos difusa, pero una realidad. En segundo lugar, tenemos las encuestas de victimización, que es preguntar a la gente: ¿le han pedido a usted o a alguien de su familia un soborno en los últimos 12 meses?

¿Responden?

Aunque pueda haber mucha gente que no diga la verdad, los datos de victimización dan información objetiva y son interesantes, nos dicen que en España hay poca corrupción burocrática, administrativa, de los funcionarios, pero sí hay mayor corrupción política.

¿Y tercero?

Los datos judiciales: causas abiertas, condenas… Nos hablan de la mayor o menor eficacia del sistema, pero no si realmente hay muchos otros casos que no se están tratando, que no se conocen o si hay más o menos impunidad.

Ustedes, en Transparencia Internacional, utilizan los datos de percepción. ¿A qué conclusiones han llegado?

Estos datos nos dicen que España es uno de los países de Europa donde mayor percepción de corrupción hay. Es altísima y no se corresponde luego realmente con datos objetivos, de victimización o causas abiertas. España tiene mucha percepción de corrupción en este momento, quizá uno de los momentos más altos.

¿Comparable a…?

También hubo un momento altísimo durante los escándalos de la etapa final del Gobierno de Felipe González. Probablemente había bastante corrupción también. Luego la percepción bajó muchísimo en la época de Aznar. Y, sin embargo, todos los casos que hay ahora, incluido Bárcenas, son de la época de Aznar, sobre todo a raíz del boom inmobiliario. Ese fue el gran momento de la corrupción en España.

¿Nuestra percepción va entonces con retraso, al ritmo de la Justicia?

Claro. Yo, como experto, diría que ahora hay más instrumentos de lucha que nunca y eso hace que salgan muchos más casos. Con lo cual, aunque la percepción sea la más alta, probablemente no es el momento de mayor corrupción de la historia reciente de España.

La lentitud parece una constante a la hora de perseguir la corrupción. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, revisa en estos momentos los datos de los partidos de 2008 (año del caso Gürtel), pero los delitos prescriben a los cuatro años. ¿Para qué sirve este sistema?

El problema que tiene el Tribunal de Cuentas es que tiene que hacer frente a esto y a todo lo demás y su productividad debe de ser bastante baja. En el caso de partidos políticos es donde más se trabaja y no son capaces de dar abasto. Pero, claro, con ese retraso, efectivamente, no tiene ni pies ni cabeza.

Sáenz de Santamaría ha dicho que la Ley de Transparencia está destinada a convertirse en un “antídoto contra la corrupción”.

Bueno… Algo ayudará, claro, pero así por sí misma, pues poco… La norma, tal y como va, necesita mejoras evidentes.

El proyecto de ley que han presentado excluye a la Corona.

Lógicamente, todo el que maneje dinero público debería estar sujeto a la Ley de Transparencia. La Corona es un tema más simbólico que importante, porque tampoco gestiona tanto dinero en comparación con los partidos. En efecto, el caso de Urdangarín ha hecho mucho daño pero más que por la cuantía, es un tema de impacto, de quién es la persona que lo hace y cómo reacciona ante ese tipo de situaciones, como ocurrió con Carlos Dívar en el Consejo General del Poder Judicial.


¿Gozan los políticos de impunidad elevada?

Sí, tienen una impunidad muy elevada. Ese es un hecho que se está viendo ahora mismo con el caso Gürtel y todas sus derivaciones. Cuando son castigados o sancionados siempre tienen la posibilidad del indulto pero, además, la capacidad de conseguir que muchos de los delitos prescriban. Tienen muchos abogados, mucha capacidad de presión…

¿Sobre los jueces?

Ahí está el caso Garzón. Hoy en día para un juez es más fácil apoyar la corrupción que combatirla, para su carrera y su bienestar. Entonces, que un juez se atreva a enfrentarse con todo este conjunto a veces de redes criminales es muy complicado y tiene que ser muy valiente porque seguro que le están esperando.

¿El juez Ruz corre peligro?

Igual que lo corrió Garzón, Torres y todos los que de alguna manera se enfrentan con las redes de criminalidad política.

¿Está justificada la creciente indignación de la ciudadanía?

Para la gente es muy indignante tanta impunidad y me parece normal. Que sea tan difícil que un político dimita y que, además, sea realmente castigado sobre todo cuando tiene una alta responsabilidad... El caso de Ana Mato es escandaloso. Que esta señora continúe de ministra me parece… En ningún país de Europa pasaría esto. En un país democrático, con un mínimo de estabilidad y experiencia democrática eso no puede admitirse. Los datos están ahí, la propia policía lo dice, son datos objetivos, no hay ninguna interpretación, es pura realidad. Su marido sigue cobrando, ella está ahí y ha estado disfrutando de todos esos privilegios que una trama corrupta le ha dado. No puede seguir en el Gobierno bajo ningún concepto.

¿Tienen los gobernantes en estos momentos legitimidad para pedir esfuerzos a la ciudadanía?

Pues tienen menos legitimidad, lo que pasa es que la ciudadanía no tiene que esperar tanto de los políticos. Tenemos que ser nosotros mismos los que tomemos la iniciativa y entendamos qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no. Estamos demasiado pendientes de nuestra clase política y eso es un error. Tenemos que empezar a movernos: redes sociales, sistemas de solidaridad interna y cooperación porque la verdad es que esta la clase política ha llegado ya a su límite. No veo que vaya a ser capaz de cambiar por sí misma. Necesitamos una nueva clase política.

Pero, de momento, esa clase política gestiona los impuestos y marca las leyes que repercuten directamente en las vidas de las personas: en las oportunidades laborales, la educación, la sanidad… ¿Qué puede hacer la ciudadanía entonces?

Ese es el gran problema. Podríamos decir: como no me gusta el Gobierno, voto a la oposición. Pero también la oposición está en una situación bastante dramática, con muy poca credibilidad. Entonces, si el Gobierno está más o menos chapoteando en la corrupción y la oposición no nos da credibilidad, pues el sistema está bloqueado.

¿Y los demás partidos?

Hay terceros y cuartos partidos que a lo mejor podrían en estos momentos iniciar el camino de sustitución, pero no veo que tengan capacidad para gobernar este país. Creo que estamos en una situación de bloqueo. La ciudadanía lo mejor que podría hacer es empezar a pensar que necesita reforzar su capacidad de presión para que surja una nueva clase política que renueve el sistema político y las actitudes y la forma de entender la política.

Esta falta de legitimidad y credibilidad, ¿cómo afecta a nuestra democracia? ¿Corre peligro?

Ahora mismo no creo que la democracia esté en peligro, pero sí es cierto que está en peligro un modelo de democracia que tenía unos ciertos rasgos de calidad y estabilidad. Entramos en un modelo de democracia que se caracteriza por la inestabilidad, la inseguridad, el desconcierto… Veremos ahora si las instituciones que hemos creado con la Constitución son suficientemente fuertes como para sostener este entramado. No sólo me preocupan las instituciones formales, me preocupan también mucho las informales, la propia ruptura de los vínculos cooperativos en la sociedad civil. Que cada uno empiece a ir por su lado, a saltarse las normas, a creer que no merece la pena vivir en comunidad… Entonces sí que habremos entrado en una dinámica absolutamente destructiva. La clave es que los ciudadanos mantengan de alguna forma redes de solidaridad, que creamos en nuestra capacidad para salir de este problema, que confiemos en nosotros mismos y que presionemos para el cambio de la clase política, pero que se mantengan las redes de solidaridad y de cooperación social es clave.

De no tomarse medidas ¿qué consecuencias cree que traerá la situación que vivimos?

Podría haber dos escenarios: uno sería el reforzamiento del cinismo tradicional del español frente a la política y un cierto fatalismo que llevara a que la nuestra fuese una democracia de muy baja calidad y con constantes sustos por culpa de la corrupción y los incumplimientos de las normas. Es, en última instancia, el modelo italiano. Lo cual es terrible, sería volver otra vez a un 1898 y todo lo que supuso en aquel momento esa depresión nacional. La otra posibilidad es que, en un determinado momento, la gente saliese a la calle, no mil ni cien mil, sino diez millones. Ese día en España habría un verdadero terremoto político, con todo lo que esto conlleve, y tal vez a partir de ahí se podrían empezar a tomar medidas y los propios partidos fueran capaces de desarrollar sus mecanismos de renovación. Si no, desde la calle saldrían nuevas plataformas de acción política. España necesitaría un Mani Pulite, un proceso como el italiano, pero que acabara bien, porque el italiano acabó fatal, forzando casi el cinismo y la desafección a la política. Aquí, si consiguiéramos hacer un buen Mani Pulite sería estupendo.

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