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Cuidado con sacar el dinero del banco y guardarlo bajo el colchón

 

La desaparición de las cajas de ahorros, la nacionalización de algunos bancos o escándalos como el de las preferentes han provocado que en los últimos meses un número creciente de españoles se plantee la posibilidad de sacar todos sus ahorros de las entidades financieras y ponerlos a buen recaudo guardándolos debajo del colchón.

Esta es una opción en auge, pero ¿es legal? En principio no hay ningún impedimento para guardar fuera de un banco todo el efectivo que se desee y que se haya ganado de manera lícita. En pocas palabras, cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera.

Hasta ahí todo bien, o no tanto. Custodiar en casa nuestros ahorros puede convertirse en un quebradero de cabeza, y en un importante problema fiscal, si en algún momento decidimos volver a ingresar ese dinero, o una parte, de nuevo en un banco.

 

La mitad para Hacienda
Según explica en su blog el abogado Alejandro del Campo Zafra, tras consultar con Hacienda, la Agencia Tributaria no tiene inconveniente alguno para que cualquier persona disponga como quiera de su patrimonio en efectivo. Eso sí, con una condición: si alguna vez decide reintegrar ese dinero a una cuenta corriente tiene que poder acreditar el origen de ese dinero de manera inequívoca.

Así por ejemplo, “si una persona retira 100.000 € y pocos meses después ingresa la misma o similar cantidad, sería creíble que se trata del mismo dinero”, explica Del Campo Zafra. Sin embargo, si ese dinero permanece más tiempo escondido y no se va reflejando en ninguna declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, Hacienda no tiene por qué creerse que es el mismo dinero y lo consideraría una ganancia patrimonial no justificada sujeta a un IRPF de hasta el 52%.

 

Medidas preventivas
Es decir, si no tomamos las medidas apropiadas, la mitad de nuestro dinero -o incluso más- podría acabar en las manos del fisco únicamente por sacarlo del banco y volverlo a ingresar al cabo de un tiempo considerable.

Para evitar esta desagradable situación, el abogado propone que quienes están decididos a custodiar sus ahorros vayan al notario para que prepare un acta notarial con fotocopias de los billetes, con su correspondiente numeración, y dé fe de que están en nuestro poder. Luego, cuando decidamos que el peligro ha pasado y deseemos volver a ingresarlo, deberemos volver al notario a realizar una nueva acta en el que se acredite que son los mismos billetes.

Otra opción es que el Banco del que retiramos el dinero nos certifique la numeración de los billetes que nos entregan, y que haga lo mismo el Banco en el que reingresamos el dinero algún tiempo después para acreditar que se trata del mismo dinero.

 

Legal sí, pero ¿es seguro?
En el caso de guardar el dinero bajo el colchón, Hacienda no será la única de nuestras preocupaciones: sólo en el primer trimestre de 2013 se han cometido un total de 33.782 robos a casas en España, un 6,1% más que en el mismo periodo de 2012. Esto significa que cada día en nuestro país hay 375 familias que se llevan un buen susto al volver a casa y ver que los cacos les han hecho una visita.

Un robo es el más frecuente de los peligros que conlleva el hecho de guardar el dinero en casa. Pero además, incendios, inundaciones, terremotos, o morir sin decir dónde estaba la "hucha" son otros riesgos frecuentes.

Es aconsejable, por tanto, para quien ya no confíe en el banco, no guardar todo el dinero en casa, sino solo lo necesario para hacer frente a los gastos corrientes durante un periodo aproximado de medio año. El resto, mejor depositarlo en una caja de seguridad en una entidad financiera.

 

Fuente

 


 

No pagues la guerra: Haz objeción al gasto militar en la declaración de la renta

A) SI HACES LA DECLARACIÓN MANUALMENTE

El impreso de la declaración de la renta no incluye ninguna casilla ni epígrafe para hacer objeción fiscal. Por tanto, debemos aprovechar uno de los epígrafes que sí recoge el impreso pero que no vamos a utilizar. Escogeremos cualquiera de los incluidos en las DEDUCCIONES EN CUOTA (“Doble imposición internacional” u otro), lo tacharemos y escribiremos al lado “Objeción Fiscal” y, en la casilla correspondiente a la cantidad, la cantidad objetada. Así, la cantidad objetada se sumará al resto de las deducciones en cuota y la cantidad final “a devolver” será mayor que la cantidad que nos saldría si no hubiéramos hecho objeción fiscal (tanto mayor cuanto mayor sea la cantidad objetada). O, si la declaración nos sale “a pagar”, la cantidad que finalmente paguemos será menor que la que nos saldría si no hubiéramos objetado.

NO OLVIDES:

• Ingresar la cantidad de tu Objeción Fiscal al Gasto Militar en el proyecto alternativo que hayas elegido. Pide que en el concepto del recibo que dan en el banco aparezca “Objeción Fiscal al Gasto Militar” y adjunta a tu declaración el justificante del ingreso.

• Adjuntar a tu declaración una carta al Consejero o Delegado de Hacienda en la que informas sobre los motivos de tu desobediencia civil. Te proponemos un modelo de carta (ver en el enlace de más arriba) pero, evidentemente, puedes personalizarla.

• Enviarnos la encuesta o escribirnos diciendo que has hecho Objeción Fiscal al Gasto Militar. Así podremos saber cuántos somos.

B) SI HACES LA DECLARACIÓN A TRAVES DE UNA ENTIDAD COLABORADORA (por ejemplo, a través de tu banco o caja de ahorros) o si te la hacen basándose en un programa informático

En tal caso, el programa informático no suele admitir “variantes” ni enmiendas o tachaduras. Por tanto, tienes dos posibilidades:

1.- Pedir que te la hagan pero que no la envíen a Hacienda. Solicitas que te la hagan y te la impriman, te la llevas a casa y copias los datos en un impreso de IRPF - que puedes comprar en cualquier estanco - introduciendo al final la objeción fiscal en la forma explicada en el apartado anterior. No olvides modificar la cantidad final - más a devolver, menos a pagar - para que realmente exista una objeción fiscal.

En este caso, también adjuntarás a tu declaración el recibo y la carta señalados en el apartado A).

2.- Puedes solicitar que te la hagan y envíen desde el mismo banco o entidad colaboradora pero tendrás que indicarles que, en cualquiera de los epígrafes incluidos en las deducciones en cuota, te incluyan la cantidad objetada. En tal caso, tendrás que entregar el justificante de ingreso de la cantidad objetada y una carta explicativa en la que explicarás que la cantidad que te has deducido - por ejemplo, por “doble imposición internacional” - es, en realidad, la cantidad que has objetado al gasto militar. Si, por lo que fuere, el Banco o la entidad colaboradora no te deja adjuntar el justificante y la carta explicativa -no deberían hacerlo pero, en ocasiones, se niegan a recibir la documentación propia- puedes enviarlos a Hacienda Tributaria adjuntos a una instancia en la que solicitarás que esa documentación se una a tu declaración de IRPF.

En cualquiera de los dos casos, envíanos también la encuesta o tus datos (a efectos de cómputo del número de objetores fiscales).

C) SI TE ENVÍAN LA DECLARACIÓN HECHA DESDE HACIENDA.

Si es así y quieres hacer objeción fiscal al gasto militar, no debes aceptarla. En lugar de aceptarla, puedes comprar un impreso y hacer una nueva declaración manual con los mismos datos - sólo tendrás que copiarlos en los epígrafes correspondientes - y añadir la objeción fiscal en el epígrafe elegido según se ha expuesto en el apartado A). No olvides modificar la cantidad final - más a devolver, menos a pagar - para que realmente exista una objeción fiscal.

También en este caso adjuntarás a tu declaración el recibo y la carta señalados en el apartado A) y, si no es mucha molestia, nos enviarás la encuesta o tus datos para nuestra particular estadística.

Dudas y preguntas, campañas y cifras de otros años, AQUI


Algunas preguntas comunes

¿Qué es la Objeción Fiscal al Gasto Militar? Es la no disposición a colaborar con el Estado en los gastos de preparación de guerras y mantenimiento de la estructura militar, desobedeciendo activamente en el momento de realizar la declaración de la renta (IRPF). Consiste técnicamente en aprovechar la declaración del IRPF para desviar una parte de la totalidad de nuestros impuestos a un proyecto que trabaje en la defensa de un progreso social solidario.

Actualizado: Ahora se propone ampliar esta objeción al 25% de la declaración de la renta, porcentaje correspondiente a un cuarto de los Presupuestos Generales del Estado, destinados a partidas repudiables tales como el pago de la deuda (23,06%), gasto militar (4,02%) e Iglesia (1,67%), y actuando en consecuencia. Por supuesto, es una propuesta, y lo ideal es que cada cual elija aquellas partidas a las que se declara insumiso, calculando su propio porcentaje. De esta forma se quiere mostrar oposición al ataque a las necesidades reales de la población que estamos viviendo, mientras cada vez una parte mayor del dinero de los impuestos va destinado a alimentar los intereses de una minoría. Por ello se plantea la desobediencia económica como una forma no sólo de denuncia, sino de acción, derivando una parte de nuestros impuestos a proyectos autogestionados que repercutan sobre el bien común, recuperando de esta forma lo genuinamente público.

¿Por qué nos declaramos insumisos? Porque el Estado está demostrando que no sabe gestionar nuestro dinero, siendo su prioridad la protección de la casta política y de una minoría privilegiada, a costa de bienes y servicios públicos básicos (sanidad, educación, …). Por eso, ya que el Estado no sabe emplear el dinero público en el interés público, creemos que es nuestro derecho y deber, el de gestionar nosotras mismas ese dinero, destinándolo a los proyectos que de verdad velen por el interés común.

¿Quién puede objetar? Cualquiera, ya seas trabajadora, parado, estudiante o no hayas trabajado nunca, y da igual si te sale a pagar o a devolver, siempre que no hayas realizado ya la declaración (confirmando el borrador, por ejemplo).

¿Que cantidad puede objetar? Desde 1€ hasta... Cada persona decide lo que quiere/puede objetar. Aparte del hecho simbólico de la objeción, la entidad receptora recibirá una sustentación para poder desarrollar su labor (cosa que cada día es más difícil, por cierto....).

¿En qué tradición y estrategia política se encuadra? La OFGM es una campaña de Desobediencia Civil pura, y como tal se encuadra en la tradición y estrategia de la No violencia. La Noviolencia es estilo de vida, modelo de sociedad hacia el que se quiere caminar y método de lucha revolucionaria. Se basa en valores como: verdad, legitimidad, coherencia entre medios y fines, horizontalidad y respeto máximo a la persona humana sea cual sea el rol social que desempeñe. La Desobediencia Civil es una herramienta de la Noviolencia. Consiste en desobedecer y quebrantar pública y colectivamente una ley o norma que se considera injusta buscando su superación por la sociedad. La DC no busca la represión, pero la asume cuando llega e intenta rentabilizarla como medio para llegar a la conciencia de la mayoría de personas de la sociedad. Campañas conocidas de DC fueron las de Gandhi en la India, pero también la Objeción de Conciencia-Insumisión en el Estado Español fue una exitosa campaña de DC. La OFGM es una DC sencilla de hacer, y al alcance de casi cualquier persona debido a su bajo nivel de riesgo. Precisamente por ello facilita la circulación del discurso antimilitarista y no violento en la sociedad.

¿Se hace en otros estados? Desde hace décadas, en estados como Alemania, Holanda, Canadá, EE.UU, Francia, Italia, etc. se organizan campañas de OFGM. El tipo de campaña depende mucho de las realidades del Movimiento Pacifista de cada estado. En unos, la OFGM está orientada a la lucha antinuclear, en otros, en cambio tiene un fondo más antimilitarista.

¿Por qué es necesaria hoy día? Es necesaria en tanto y en cuanto siga habiendo guerras y sigan existiendo los ejércitos. Sin embargo en nuestro Estado se hace más acuciante que nunca crear iniciativas ciudadanas que paren el desaforado crecimiento de los presupuestos militares y la creciente vocación belicista de los sucesivos gobiernos. El ejército en el Estado Español, actualmente y cada día más, ya no está para “defender la integridad del Estado” sino que se emplea en unas y otras guerras de invasión justificadas bajo diversos pretextos, pero en las que subyacen siempre intereses económicos. Es lo que podemos ver en intervenciones en Magreb y Oriente Medio (Iraq, Afganistán, Libia...) en las que el interés claro y en algunos casos confeso es participar en el negocio del petróleo en las últimas décadas de explotación de este recurso. En misiones como la del Océano Índico, en las que se busca favorecer tal o cual sector económico español. en este caso el pesquero. O en actuaciones más “periféricas” (Haití, Bielorrusia, Congo, Líbano...) donde se colabora con los intereses geoestratégicos de EEUU a cambio de ventajas para multinacionales españolas (Repsol, Endesa, Unión Fenosa, Telefónica, BBVA, Banco de Santander...) en su penetración en mercados y fuentes de materias primas. El ejército español, que se ha profesionalizado hasta ser una especie de ejército de mercenarios, es cómplice (cuando no ejecutor directo) de muertes de civiles, de violaciones de derechos humanos, de saqueo de países pobres etc. El militarismo español está en auge. Por otra parte -como veremos más abajo- el gasto militar no deja de crecer y cada vez obtiene una cantidad mayor de dinero en los Presupuestos Generales del Estado en detrimento de otras partidas.

¿Cual es su finalidad política? El fin de la OFGM es la total eliminación de los ejércitos, la investigación militar y el entorno militar industrial mediante una reducción progresiva de los gastos militares. Haciendo OFGM mostramos el rechazo social que tiene el gasto militar en particular y el militarismo en general, al mismo tiempo que nos solidarizamos con otras luchas por el progreso social que se dan en nuestra sociedad.

¿Adónde va el dinero desviado? Con el dinero desviado se promueve el trabajo por la Paz, la justicia social, la cooperación para el desarrollo, la mejora del medio ambiente, los derechos humanos, el apoyo a luchas transformadoras en otros estados etc. Con este dinero se consigue hacer realidad proyectos que no reciben subvenciones, proyectos que permiten seguir trabajando por una sociedad más justa y equitativa. Tú eliges, se propone Grupo Tortuga u otros grupos antimilitares, el periódico Diagonal (que también difunde la campaña) o la ONG o colectivo por los derechos sociales que elijas

¿Cómo realizo la insumisión?

1. No confirmes el borrador de tu declaración de la renta. Puedes hacerla con el programa Padre o manualmente. Especifica en la casilla 752 la cantidad porcentual de insumisión fiscal y calcula la cuota resultante.

2. Ingresa la cantidad correspondiente a la insumisión fiscal en el proyecto o colectivo que hayas elegido. Guarda el comprobante.

3. Rellena la carta de insumiso/a fiscal.

4. Entrega tu declaración junto a la carta de insumiso/a fiscal y el comprobante en cualquier delegación de Hacienda o en la oficina bancaria donde tengas cuenta.

5. Informa de tu insumisión (cantidad y proyecto) a tu Oficina de desobediencia económica

¿Qué opinará Hacienda de mi insumisión fiscal?

Lo más probable es que no detecte nuestro caso, lo admita y no reclame nada

En caso de detectarlo, nos comunicará un error en nuestra declaración, enviando una declaración complementaria, imponiendo un recargo en concepto de intereses por la demora en el pago. La sanción no es habitual y tiene ya alguna sentencia en contra.

Para cualquiera de estos problemas se ha dispuesto una caja de resistencia que figura en la lista de proyectos, para afrontar las posibles penalizaciones.

Desobediencia económica La insumisión económica es sólo una de las muchas herramientas que proponemos para materializar nuestra desobediencia económica a un Estado que vela por los intereses privados de una minoría elitista, mientras ataca reiteradamente las necesidades de su población. Herramientas colectivas como las cooperativas integrales nos permiten volver a empoderarnos de nuestras vidas protegiendo tanto económica como legalmente nuestros proyectos, tomando consciencia del poder que surge de la unión y organización, planteando alternativas reales. Para la difusión y aprendizaje de estas herramientas se están abriendo Oficinas de desobediencia económica.

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Arturo Fernández: "¿Que le debo a la Seguridad Social tres millones? Pues sí, a mucha honra"

El vicepresidente de la CEOE y presidente de CEIM, Arturo Fernández, ha recalcado este viernes que todavía se encuentra en un "periodo de reflexión" sobre su futuro después de que algunos de sus empleados hayan denunciado supuestos pagos en dinero negro.

En declaraciones al programa Más vale tarde de laSexta, Fernández ha restado importancia a los aplazamientos de pago que sus empresas tienen con la Seguridad Social o con Hacienda, algo que ha reiterado en varias ocasiones que son habituales en un momento de crisis como el actual.

"¿Que le debo a la Seguridad Social tres millones? Pues vale. Si te digo la verdad no sé lo que le debo al Estado. ¿Que debo a la Seguridad Social? Pues sí señora a mucha honra, como muchos los españoles", ha señalado el vicepresidente de la CEOE.

No obstante, a su favor ha destacado que "ningún trabajador ha dejado de cobrar", ningún proveedor ha dejado de cobrar, los bancos están todos estupendamente y tienen todos sus cumplimientos cumplidos".

"¿Tengo aplazamientos en la Seguridad Social? Pues claro, como tienen 800.000 empresas en este país. Y tengo débitos en la Hacienda y he pedido aplazamientos, se están pagando y cumpliendo con las garantías oportunas", ha concluido.

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Cospedal admite que omitió 7.000 euros de ingresos en su declaración

La presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, María Dolores de Cospedal, cobra aún más de los 158.388 euros que aseguró ingresar en 2011 en su declaración de bienes (ver páginas 54, 55 y 56 del PDF). La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha reconocido este sábado que en el texto inicial, que es el que se publicó en el Diario Oficial de la región, no se incluyeron los 7.000 euros que percibió la secretaria general del PP como diputada autonómica.

Fuentes de la Junta de Comunidades han explicado a la agencia Efe que la omisión de esa cantidad fue un error en el volcado de datos de la declaración de IRPF a la declaración de bienes. Y el motivo del error, según esas mismas fuentes, es que esa cantidad está exenta de tributación.

Al percatarse del error, agregan, Cospedal envió una carta el día 2 de enero, dos días después de salir publicado, al director general de Coordinación y Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Julián Gómez-Escalonilla, para corregirlo. Además, la Junta ha indicado que su presidenta, pese a que el formulario le pedía la declaración de ingresos netos, después de impuestos, prefirió ofrecer más información y declarar sus ingresos íntegros.

"La bien pagá"

El PSOE castellano manchego había pedido ayer mismo explicaciones a la presidenta regional por ocultar esa cuantía. "La política mejor pagada es la misma que está exigiendo sin cesar sacrificios a los ciudadanos", denunció la portavoz de los socialistas, Cristina Maestre, antes de recordar que fue la propia número dos del PP la que impulsó la reforma de la ley que ha acabado con los sueldos de los diputados de Las Cortes.

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Falciani, la pesadilla de los evasores a Suiza, puede quedar libre con el apoyo de la Fiscalía



La historia de Hervé Falciani está siendo, cuando menos, turbulenta. Después de casi seis meses recluido en una prisión española, el ladrón de datos suizo ha pedido que le dejen en libertad, para lo que cuenta con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Hace tan sólo unos meses temía que si salía de la cárcel su vida correría peligro, teniendo en cuenta que posee el nombre de miles de evasores fiscales de todo el mundo que llevaron su dinero no declarado al banco HSBC, en Ginebra, donde él era un empleado, según señalan fuentes jurídicas.
De un simple empleado de banca pasó a ser uno de los hombres más buscados por todos aquellos poderosos que han engañado al fisco de sus países. En España, hay confirmado un ejemplo: el del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, quien tuvo que devolver 200 millones de euros que había desviado a cuentas suizas sin conocimiento de la Hacienda española. Sólo en nuestro país, hay cientos de políticos y empresarios cuyos nombres podrían aparecer en esos listados, bien custodiados para que no se hagan públicos.
Desde que Falciani fue detenido en junio cuando intentaba entrar en España por barco a través de Barcelona, la Fiscalía ha mostrado su total apoyo para no enviarle de vuelta a Suiza, donde se le reclama por el incumplimiento del secreto bancario, un delito penal en el país helvético que, por el contrario, no está tipificado en nuestro país.
La fiscal Dolores Delgado remitió ayer mismo un informe a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solicitando su inmediata puesta en libertad hasta que se decida sobre su extradición. Según fuentes del Ministerio Público, no existe ninguna necesidad de que se le mantenga retenido hasta que la Justicia tome una decisión sobre su entrega.
Falciani tiene muchos enemigos, pero también muchos apoyos. El propio Gobierno de Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy para que lo deje bajo su paraguas y le conceda el estatus de testigo protegido para, a su vez, llevarlo a tierras norteamericanas, donde podría haber hasta 3.000 evasores que deban dar la cara ante la Justicia gracias a los documentos de Falciani.
Si la Sala escucha a la Fiscalía y le deja en libertad provisional a la espera de resolver la extradición, Falciani podría preparar su huída, siempre y cuando cuente con el apoyo de otro Gobierno que le proteja. Fuentes del Ministerio Público muestran sus dudas sobre el delito por el que se le persigue en Suiza.
Consideran que el hecho de ofrecer datos para perseguir el fraude fiscal no es delito en España, a lo que se añade que la información ofrecida ha servido y servirá para reclamar el dinero extraído ilegalmente de España, convirtiéndose Falciani en un colaborador.
Por estas razones, el Ministerio Público se opone radicalmente a que el reo sea enviado a Suiza, donde le esperan hasta siete años de prisión. Entiende que, en el fondo, es muy discutible el carácter delictivo de la acción. Aún así, queda mucho camino por recorrer, un camino que dejará la pelota en el tejado del Gobierno, cuando a través de su Consejo de Ministros deba ratificar o modificar la extradición de Falciani, en el caso de que la Audiencia Nacional la estimara. Hay que aclarar que fuentes jurídicas explican que el caso no es tan sencillo porque, aunque en España no exista ese delito, Suiza ha colaborado en muchas ocasiones con la Justicia española y se le debe una reciprocidad.
Este exempleado del HSBC pirateó 130.000 ficheros informáticos de supuestos evasores fiscales que habrían defraudado miles de millones de euros a decenas de países, entre los que se encuentra España. La historia se remonta a 2006, cuando Falciani intentó alertar a las autoridades suizas de las irregularidades bancarias. Ahí comenzó su calvario. Consiguió huir hasta Francia, donde entregó parte de los ficheros. Suiza pidió al país vecino que le entregase a Falciani y todos los datos, pero Francia decidió utilizarlos e identificó a más de 8.000 supuestos defraudadores franceses, a quienes invitó a regularizar su situación fiscal, recuperando así unos 1.200 millones de euros.
Las autoridades francesas también entregaron datos al Gobierno español, ayudando a localizar a 659 defraudadores que habrían evadido más de 6.000 millones de euros, entre ellos el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. La decisión del país galo supuso un conflicto diplomático con Suiza. Falciani, de 40 años, huyó a España en el mes de junio, pero fue retenido a su entrada en el país y, desde entonces, está a la espera de ver cómo se resuelve su futuro judicial, aunque, eso sí, jugando sus cartas.
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Los inspectores de Hacienda quieren investigar a todos los que se han apuntado a la amnistía



Los inspectores de Hacienda, que se han opuesto desde el principio a la amnistía fiscal, están decididos a investigar todas las regularizaciones practicadas en este proceso, algo que Tributos aseguró que no se haría precisamente para atraer más defraudadores a esta medida. Existe una batalla entre los profesionales y Hacienda sobre la interpretación de las normas que han regido la amnistía y la clave es si estos contribuyentes se incluirán automáticamente en la lista de inspección. En todo caso, los inspectores se resignan a aplicar el criterio de prescripción aplicado en la amnistía, que permite regularizar sin pagar los patrimonios anteriores a 2008.
El director general de Tributos, Diego Martín-Abril, dijo en varias ocasiones durante el roadshow de la amnistía fiscal que no se iba a "hacer sangre" con este tema y que las regularizaciones no pasarían automáticamente a las listas de inspección, según fuentes presentes en esos encuentros. "Esta declaración de intenciones fue decisiva para que muchos defraudadores se animaran a regularizar; si piensas que por hacerlo te van a inspeccionar automáticamente, nadie lo habría hecho", según una de estas fuentes.
Pero las palabras se las lleva el viento y lo que cuenta es lo que está escrito. Y lo que está escrito es un informe que esta Dirección General emitió en junio en el que se dice que "no resulta procedente la comprobación aislada de la declaración tributaria especial por cuanto que la misma, a pesar de tener la naturaleza de declaración tributaria, no se presenta en cumplimiento de una obligación tributaria (en los términos del artículo 19 y siguientes de la Ley General Tributaria), ni tan siquiera de carácter informativo". Ahora bien, añade a continuación "sin perjuicio de que, una vez invocada la misma por el obligado tributario en el curso de un procedimiento de comprobación de una concreta obligación tributaria (concepto y periodo definidos), la Administración tributaria pueda efectuar dicha comprobación al efecto de verificar el ajuste a la realidad de lo en ella manifestado".
Esto significa que la declaración especial (el modelo 750) de la amnistía fiscal no se puede inspeccionar por separado, sino en dentro de una inspección más amplia de las obligaciones del contribuyente. Ahora bien, los inspectores entienden que este informe no es vinculante, puesto que los informes de Tributos no lo son salvo que lo digan expresamente. Y este no lo dice. Por tanto, entienden que no hay ninguna norma que les impida comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas en la amnistía fiscal. Hacienda, en cambio, entiende que este informe sí es vinculante para todo el mundo.
Hacienda tiene que demostrar que el contribuyente ha mentido
Sea como fuere, las fuentes consultadas consideran que la batalla no está en el carácter vinculante del informe ni en si se debe inspeccionar esta declaración en un proceso más amplio, sino en si los que han regularizado se incluirán en las listas de inspección o no. La respuesta que dan es que la Agencia Tributaria no va a hacerlo de forma automática, pero sí podrá inspeccionar aquellos casos más llamativos.
Eso no significa que los que sean inspeccionados tengan que demostrar que lo que han consignado en esta declaración es correcto, sino que es Hacienda la que tiene que demostrar que es falso. Esta era una de las grandes preocupaciones de los afectados, porque en muchos casos la documentación que respalda ese dinero negro es muy endeble. "Lo importante no es poder demostrar de dónde viene el dinero ni que está prescrito, sino que Hacienda no pueda demostrar que no es así. Si el que se ha acogido a la amnistía ha dicho la verdad, puede estar tranquilo", explican desde una importante asesoría.
Resignados a aceptar la prescripción
Por otro lado, los inspectores han renunciado a otro de sus objetivos: que los defraudadores paguen el 10% de todo su patrimonio, no sólo del que no ha prescrito. La exención del patrimonio anterior a 2008 -que es lo que ha permitido que se regularicen al menos 20.000 millones sin pagar un euro- también se incluye en el citado informe de junio; y como los inspectores no lo consideran vinculante, planteaban exigirlo. Pero fuentes de este colectivo aseguran que han recibido instrucciones precisas a este respecto, con lo que tendrán que adaptarse a ello.
De hecho, este colectivo se quejaba de esta laxitud con la prescripción en un comunicado de prensa el lunes pasado: "Una de las razones que explica la reducida recaudación estriba en la generosa interpretación de la Dirección General de Tributos hizo aplicando la institución de la prescripción a esta medida, cuando la propia ley extraordinaria no la regula. Ello provoca que una parte importante de los activos aflorados se hallen prescritos".
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A Gerardo Díaz-Ferrán la declaración de la renta le salía a devolver

El IRPF de 2010 dio un resultado negativo para Gerardo Díaz Ferrán, a pesar de que fue el mismo año en el que comenzó a recibir los 100.000 euros mensuales fruto del pacto secreto firmado con el empresario, Ángel de Cabo, que según fuentes jurídicas, no constan en la declaración. Según información del caso que se sigue contra Gerardo Díaz Ferrán en la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso la SER, la declaración de la renta le salió a devolver. En concreto, un total de 2.052,47 euros.

Y eso pasó el mismo año en el que el expresidente de la patronal empezó a cobrar 100.000 euros al mes del empresario Ángel de Cabo, su socio en el entramado descubierto por el juez Velasco, a cambio de transferir los activos de sus empresas y sus bienes personales y familiares para escapar de los acreedores. Esos ingresos mensuales no figuran en la declaración de la renta de Díaz-Ferrán, según fuentes jurídicas.

Díaz Ferrán ha estado en la enfermería de la cárcel de Soto donde ingresó anoche al no poder pagar la fianza de 30 millones impuesta por blanquear capitales y alzar bienes, entre otros delitos. También ha tenido que ingresar en la enfermería Ángel de Cabo, porque ayer sufrió un ataque de ansiedad al entrar en prisión, según su abogado. Seis de los acusados ya han pasado al módulo de ingreso.

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Hacienda busca a la Infanta Elena para cobrar 500 euros de deuda

Año 2007, La Infanta Elena y por aquel entonces su marido, Jaime de Marichalar, deciden poner fin a su convivencia. Un terremoto recorre la familia real española. El reparto de bienes comunes y el acuerdo de divorcio conducen a Elena de Borbón y sus asesores más cercanos a constituir una empresa en la que inicialmente pensaban cargar los gastos familiares y domésticos.

Esa empresa es Global Cinoscéfalos, creada en junio de 2007 en un bufete de abogados de Madrid. Su propiedad fue traspasada directamente a la Infanta Elena en noviembre de ese mismo año. Ella constaba entonces, y sigue constando hoy, en el Registro Mercantil como administrador único de la sociedad y propietaria al 100% del capital, fijado en 3.600 euros. Sus hombres de confianza, los hermanos Carlos y Javier García Revenga asumieron respectivamente los cargos de administrador único y apoderado.

CincoDías informó en febrero de 2008 de la constitución de la sociedad, cuyo objeto social era tan amplio que podía, entre otras, cosas promover inmuebles o dedicarse al asesoramiento en materia económica, contable y financiera, según constaba en sus escrituras de constitución. A raíz de la información de este diario, la Casa Real, que inicialmente defendió el pleno derecho de la Infanta a hacerlo y argumentó, para no dar detalles sobre el destino final para el que se creó Global Cinoscéfalos, que era un tema íntimo, personal y privado, aseguró a los diez días de publicarse la noticia, que la propia Infanta Elena había decidido liquidar y disolver la empresa. No hubo más explicaciones. No se dio más información. Todo parecía claro y todo el mundo lo olvidó.

Todo el mundo, menos los servicios dependientes de la Agencia Tributaria. "La sociedad nunca se liquidó, aseguró la pasada semana a CincoDías, el portavoz de la Casa Real, Javier Ayuso. Cometimos un error. Los abogados de la Infanta Elena dieron por hecho que el departamento jurídico de la Casa Real se encargaría de los trámites legales pertinentes para proceder a la liquidación formal, legal y efectiva de la compañía, y este departamento pensó que quienes se encargarían de hacerlo eran los asesores legales de la Infanta Elena. Pero nadie lo hizo".

Y al no hacerlo, las obligaciones tributarias de Global Cinoscéfalos se comenzaron a amontonar en la Agencia Tributaria, que puso en marcha la búsqueda de los responsables de la empresa en el domicilio social de la misma para que se pusieran al día con Hacienda. Pero nadie contestó.

Durante estos cinco años la Agencia Tributaria ha estado buscando a la Infanta Elena, como propietaria de Global Cinoscéfalos para que cumpliera con su deber de ciudadana, pero nadie respondió. "Y no porque no quisiera atender sus obligaciones fiscales, sino porque todo, aparentemente, había quedado resuelto y cerrado en 2007", explica Ayuso.

Como resultado de la "no respuesta", la Agencia Tributaria publicó el pasado 24 de julio una resolución en su tablón deanuncios en la que se anunciaban "notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos". Es "un trámite legal -explica el portavoz de la Agencia Tributaria-, que da a los interesados a los que no se ha podido localizar por las vías normales de notificación por carta, veinte días hábiles para presentarse en Hacienda y pagar las deudas o recurrirlas. Pasado ese plazo, si no hay comparecencias, se pone en marcha el procedimiento de embargo".

La citada resolución afectaba a un número enorme de empresas con deudas tributarias en España, pero en la página 28 del listado aparecía Global Cinoscéfalos.

La confidencialidad con la que la Agencia Tributaria maneja la situación fiscal de todos y cada uno de los ciudadanos contribuyentes, impidió a su portavoz dar a CincoDías, más detalles sobre la cuantía que el fisco español demanda a la Infanta Elena y a su empresa.

"Efectivamente, a raíz de la llamada de CincoDías, hemos comprobado que sobre la empresa pesan seis requerimientos de la Agencia Tributaria. Son tres por una deuda de 120 euros cada uno y otros tres por 50 euros. Y básicamente, por lo que hemos podido averiguar hasta ahora, la mayor parte de ellos, se deben a que la empresa no ha remitido información sobre sus cuentas y sobre su actividad, explica Javier Ayuso. Que continúa, "ya hemos identificado la deuda, nos hemos puesto en contacto con la Agencia Tributaria para abonar lo que se debe. Y ahora sí, solucionaremos el error, con lo que Global Cinoscéfalos se liquidará definitivamente".

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Hacienda halla aviones comprados por fundaciones de carácter social

Hacienda visitará en noviembre un millar de fundaciones acogidas al régimen especial que les permite tributar por el 10% de las rentas no exentas. Quiere comprobar si cumplen su carácter social o si en realidad son empresas y deberían pagar el 30% ya que, entre otros ejemplos, algunas han adquirido incluso aviones o yates.

Estas fundaciones, organizaciones constituidas sin ánimo de lucro por empresas, e incluso por comunidades autónomas, gozan de un sistema tributario especial. Sobre ellas siempre ha recaído la sospecha de que en muchos casos no realizan las actividades sociales que manifiestan y se ha criticado su falta de transparencia.

Estos aviones o coches de lujo posiblemente hayan sidos usados por los directivos de la sociedad que figura detrás de este mecenazgo. Además de tributar por el 30% del Impuesto de Sociedades, si se comprueba que estas fundaciones son, en realidad, empresas también deberían pagar el resto de impuestos de los que están exentas. Por ejemplo, el IBI, Impuesto de Actividades Económicas y plusvalías, que ingresan los ayuntamientos, o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que tienen transferido las autonomías.

En la actualidad, hay censadas 14.346 fundaciones y Hacienda va a realizar en noviembre la visita de al menos un millar de ellas. El peinado lo realizará inicialmente el departamento de gestión y, si se comprueba que no cumplen los requisitos o sus funciones, el expediente podría pasar a labores de la inspección porque se estaría cometiendo un fraude.

Fuente

 

Hacienda quitará a los funcionarios la retención de la extra de Navidad que no cobrarán

Los funcionarios que cotizan por clases pasivas cotizarán por la paga extra de Navidad como si la hubieran cobrado, con el correspondiente descuento en su nómina, según indicaron fuentes del Ministerio de Hacienda.

La razón es que en el decreto antidéficit del 13 de julio, en el que se suprimió la paga extra de diciembre de los funcionarios, no se introdujo ninguna modificación respecto a lo que dispone la Ley de Clases Pasivas del Estado en su artículo 23, que obliga a estos trabajadores a cotizar por las catorce pagas.

Así, se mantendrá lo presupuestado en las cuentas anuales del Estado para 2012, aprobadas el 29 de junio, dos semanas antes del decreto, en cuyos cálculos se incluye el descuento en la nómina correspondiente a la paga extra de Navidad.

Los afectados por esta doble imposición son los funcionarios que cotizan en el régimen de clases pasivas, esto es, la práctica totalidad de los empleados de la Administración General del Estado, del Ejército, de la Justicia o de la Agencia Tributaria, que suponen alrededor de 900.000 personas, según cálculos de sindicatos de funcionarios CSI-F.
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