Gallardón obliga a suspender la cita de jueces y fiscales con el Grupo Popular

Ni fisuras en el partido o en el Gobierno ni el más mínimo gesto que pueda interpretarse como cesión o debilidad en sus planteamientos. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, está dispuesto a quemar todas las naves en defensa de la polémica reforma de la Justicia que ha emprendido, y en los últimos días ha hecho llegar de forma clara a todas las asociaciones judiciales y de fiscales que se han opuesto a sus medidas muestras claras de su posición rocosa.
Además de las contundentes declaraciones de los últimos días, en las que ha descalificado a jueces y fiscales llamándolos ‘corporativistas’ e insinuando que sólo se movilizaban por la supresión de la paga extra de Navidad, el ministro Gallardón impuso ayer la suspensión de una reunión en el Congreso que iba a sentar en la mesa a diputados del PP y representantes de jueces y fiscales.
La reunión, que ya estaba fijada, la había solicitado tiempo atrás a todos los grupos parlamentarios la Comisión Interasociativa de la Justicia, que agrupa a las principales asociaciones de jueces y fiscales de España. Tras la concentración de protesta del pasado día 23 de noviembre, la Interasociativa se reunió con los portavoces de Justicia del PSOE y de Izquierda Unida para exponerles sus planteamientos. El Grupo parlamentario Popular, que no había contestado a la invitación, lo hizo esta misma semana, a raíz, presumiblemente, de la huelga de una hora que tuvo lugar el miércoles.
La cita era para la una de la tarde de ayer con el presidente de la comisión de Justicia del Congreso, el diputado popular Alfredo Prada. Debe suponerse que al ministro Gallardón no debió de sentarle bien la convocatoria de la reunión porque el miércoles mismo, a última hora, los representantes de la Comisión Interasociativa recibieron una llamada de teléfono suspendiendo sine die la reunión.
Las fuentes de la Interasociativa consultadas por El Confidencial no tienen ninguna duda de que ha sido el propio ministro Gallardón el que ha abortado la reunión porque, según explican, en los contactos previos realizados con el Grupo Parlamentario se mostraron dispuestos a mantener la reunión para, en la medida de lo posible, distender el ambiente eléctrico de enfrentamiento que se vive entre el Ministerio y esas asociaciones. De hecho, la única explicación oficial que se ofrece para anular la reunión ha sido que el Grupo Parlamentario Popular se encuentra en estos momentos concentrado en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, lo que otras fuentes añaden es que el ministro Gallardón se opuso frontalmente a la cita al entender que era a él a quien dejaba en mal lugar porque se interpretaría como una señal de debilidad y un ‘puenteo’ dentro de su propio partido.
La Comisión Interasociativa, que agrupa a la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales, es la que hace de catalizadora de la protesta del colectivo contra la reforma planteada por Ruiz Gallardón. Tras las primeras concentraciones de protesta en noviembre, ya descartaron a Gallardón como interlocutor válido y solicitaron la mediación directa de Mariano Rajoy.
Tras cegarse la nueva vía de diálogo que podría haberse abierto hoy en el Congreso, las fuentes consultadas de la Interasociativa destacaron que seguirán esperando una reunión como la suspendida, en este mismo mes de diciembre, para intentar reconducir el conflicto y rebajarle la tensión actual. Si nada ocurre, y el Gobierno continúa adelante con el calendario de aprobación de la reforma, se mantendrá la huelga prevista para enero.
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Adelson quiere más: se reunió con González para sacar una tajada mayor de Eurovegas

Sheldon Adelson, el magnate estadounidense que tiene previsto invertir 6.000 millones de euros en un macrocomplejo de ocio y juego en Madrid, pasó ayer por la mañana por Madrid en una visita relámpago desde Israel para corregir “algún error” en el traje legal y fiscal que el Gobierno autonómico está tejiendo a medida antes de anunciar dónde levantará definitivamente Eurovegas. Es el tercer cara a cara entre el equipo regional y los promotores estadounidenses, que están dispuestos a levantar cuatro hoteles, dos casinos, restaurantes y otras instalaciones de ocio, generando 72.000 puestos de trabajo de aquí a 2016.
En la reunión que el equipo más cercano de Adelson mantuvo ayer en la Real Casa de Correos con Ignacio González, presidente de la región, y su número dos, Salvador Victoria, se discutió sobre todo la naturaleza que van a recibir los Centros Integrados de Desarrollo, la nueva figura que ha creado la comunidad para definir a Eurovegas y sus posibles versiones, incluyéndola entre los Proyectos de Alcance Regional, que hasta ahora afectaban a infraestructuras, hospitales o vivienda protegida. Eurovegas quedará así eximida de ser regulada por los instrumentos de ordenación del territorio. Entre otras ventajas, el suelo en el que se levante podrá ser expropiado por la Administración en beneficio de un particular, lo que evitaría a Adelson tener que negociar con los propietarios de los terrenos donde quiera levantar el complejo. Sin embargo, el equipo de Adelson pide todavía alguna carta más para tener más derechos sobre los terrenos adquiridos y los colindantes una vez que anuncien el lugar definitivo donde se levantará Eurovegas.
Miembros del equipo regional simplemente se limitan a reconocer que “se están cerrando los últimos flecos” antes de que los estadounidenses anuncien finalmente dónde se ubicará el proyecto, que prácticamente se da por asegurado que será en Alcorcón. De hecho, el Consorcio de Transportes de Madrid ya tiene encima de la mesa un boceto de lo que podría convertirse, en unos años, en un tren lanzadera para unir el aeropuerto de Barajas con el Distrito Norte de Alcorcón, el lugar donde se ubica La Venta de la Rubia, el paraje que está llamado a convertirse en el gran centro de convenciones del sur de Europa.
La Ley de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012 aprobada el 4 de julio fue la que permitió que proyectos privados como Eurovegas pudieran ser considerados de interés regional, modificando la normativa del suelo. El 27 de septiembre, a la vez que se publicaban los Presupuestos Generales del Estado, se anunciaba en el Congreso la modificación de la Ley de Haciendas Locales, como denunció la Plataforma 'Eurovegas No', y que supone aceptar las exenciones tributarias más importantes que pedía Las Vegas Sands: hasta un 95% de rebaja en impuestos como el IBI o el ICIO, sólo con que la Administración local decida arbitrariamente que el proyecto es de “interés general”.
La Plataforma 'Eurovegas No' se opone
En noviembre, un mes antes de las últimas modificaciones legislativas, el director general de Las Vegas Sands, Michael Leven, explicaba a los miembros del consejo que “nuestra operación en Madrid continúa. Nosotros seguimos reuniéndonos con el Gobierno. Continúa la actividad en materia de ayudas e incentivos, en los ámbitos de licitación, adquisición de terrenos y financiación. Las autoridades esperan que les presentemos nuestros planes con cierto detalle a principios de enero. Será entonces cuando tendremos más información sobre qué leyes van a aprobar a nuestro favor”.
Con los nuevos cambios legislativos que se están tramitando en la Comunidad de Madrid, el Gobierno autonómico está actuando “como mero gestor de los intereses de esta trasnacional, legislando en áreas que los ejecutivos de Las Vegas Sands conocen meses antes que las fuerzas sociales y la ciudadanía madrileña”, denuncia la Plataforma 'Eurovegas No'.
Con la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013, se rebajará la tributación sobre el juego del 45% anterior a no más de un 10%, se bonificará con el 9% las inversiones efectuadas para la compra de material e inversiones inmobiliarias que formen parte del activo no corriente, se podrá aplicar una bonificación anual de 9.000 euros por cada trabajador que integre la plantilla, independientemente de que sea personal fijo o temporal, y se aplicará una bonificación del 95% sobre la cuota que resulte por cualquier operación sujeta al Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.
La Plataforma, que se opone frontalmente a la llegada de Adelson a Madrid, asegura que, teniendo en cuenta el impacto producido por la bonificación de la tasa sobre el juego (de 2.530 a 75.710 millones de euros en diez años), del IBI (de 55 millones de euros en diez años), de la bonificación del ICIO (de 216 a 252 millones), de la aportación de infraestructuras (alrededor de 2.000 millones de euros), y sin haber valorado por falta de información otros beneficios fiscales como la cotización a la Seguridad Social, el IVA, transferencia de patrimonio, financiación, etc., “el balance no parece muy positivo para las Administraciones públicas” que, mediante el impuesto de sociedades, “podrían recaudar como máximo 3.102 millones de euros en esos años”.
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Falciani, la pesadilla de los evasores a Suiza, puede quedar libre con el apoyo de la Fiscalía

La historia de Hervé Falciani está siendo, cuando menos, turbulenta. Después de casi seis meses recluido en una prisión española, el ladrón de datos suizo ha pedido que le dejen en libertad, para lo que cuenta con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Hace tan sólo unos meses temía que si salía de la cárcel su vida correría peligro, teniendo en cuenta que posee el nombre de miles de evasores fiscales de todo el mundo que llevaron su dinero no declarado al banco HSBC, en Ginebra, donde él era un empleado, según señalan fuentes jurídicas.
De un simple empleado de banca pasó a ser uno de los hombres más buscados por todos aquellos poderosos que han engañado al fisco de sus países. En España, hay confirmado un ejemplo: el del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, quien tuvo que devolver 200 millones de euros que había desviado a cuentas suizas sin conocimiento de la Hacienda española. Sólo en nuestro país, hay cientos de políticos y empresarios cuyos nombres podrían aparecer en esos listados, bien custodiados para que no se hagan públicos.
Desde que Falciani fue detenido en junio cuando intentaba entrar en España por barco a través de Barcelona, la Fiscalía ha mostrado su total apoyo para no enviarle de vuelta a Suiza, donde se le reclama por el incumplimiento del secreto bancario, un delito penal en el país helvético que, por el contrario, no está tipificado en nuestro país.
La fiscal Dolores Delgado remitió ayer mismo un informe a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solicitando su inmediata puesta en libertad hasta que se decida sobre su extradición. Según fuentes del Ministerio Público, no existe ninguna necesidad de que se le mantenga retenido hasta que la Justicia tome una decisión sobre su entrega.
Falciani tiene muchos enemigos, pero también muchos apoyos. El propio Gobierno de Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy para que lo deje bajo su paraguas y le conceda el estatus de testigo protegido para, a su vez, llevarlo a tierras norteamericanas, donde podría haber hasta 3.000 evasores que deban dar la cara ante la Justicia gracias a los documentos de Falciani.
Si la Sala escucha a la Fiscalía y le deja en libertad provisional a la espera de resolver la extradición, Falciani podría preparar su huída, siempre y cuando cuente con el apoyo de otro Gobierno que le proteja. Fuentes del Ministerio Público muestran sus dudas sobre el delito por el que se le persigue en Suiza.
Consideran que el hecho de ofrecer datos para perseguir el fraude fiscal no es delito en España, a lo que se añade que la información ofrecida ha servido y servirá para reclamar el dinero extraído ilegalmente de España, convirtiéndose Falciani en un colaborador.
Por estas razones, el Ministerio Público se opone radicalmente a que el reo sea enviado a Suiza, donde le esperan hasta siete años de prisión. Entiende que, en el fondo, es muy discutible el carácter delictivo de la acción. Aún así, queda mucho camino por recorrer, un camino que dejará la pelota en el tejado del Gobierno, cuando a través de su Consejo de Ministros deba ratificar o modificar la extradición de Falciani, en el caso de que la Audiencia Nacional la estimara. Hay que aclarar que fuentes jurídicas explican que el caso no es tan sencillo porque, aunque en España no exista ese delito, Suiza ha colaborado en muchas ocasiones con la Justicia española y se le debe una reciprocidad.
Este exempleado del HSBC pirateó 130.000 ficheros informáticos de supuestos evasores fiscales que habrían defraudado miles de millones de euros a decenas de países, entre los que se encuentra España. La historia se remonta a 2006, cuando Falciani intentó alertar a las autoridades suizas de las irregularidades bancarias. Ahí comenzó su calvario. Consiguió huir hasta Francia, donde entregó parte de los ficheros. Suiza pidió al país vecino que le entregase a Falciani y todos los datos, pero Francia decidió utilizarlos e identificó a más de 8.000 supuestos defraudadores franceses, a quienes invitó a regularizar su situación fiscal, recuperando así unos 1.200 millones de euros.
Las autoridades francesas también entregaron datos al Gobierno español, ayudando a localizar a 659 defraudadores que habrían evadido más de 6.000 millones de euros, entre ellos el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. La decisión del país galo supuso un conflicto diplomático con Suiza. Falciani, de 40 años, huyó a España en el mes de junio, pero fue retenido a su entrada en el país y, desde entonces, está a la espera de ver cómo se resuelve su futuro judicial, aunque, eso sí, jugando sus cartas.
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El Gobierno ordena a la Guardia Civil que le dé cuenta de a qué políticos está investigando

El Gobierno quiere saber con antelación a qué políticos va a detener la Guardia Civil y en qué condiciones. Una circular interna de la Guardia Civil insta a las unidades del Instituto Armado a informar con una semana de antelación a la dirección general de las posibles implicaciones de cargos públicos o registros de sedes oficiales en aquellas operaciones que se vayan a llevar a cabo.
Precisamente, fue la Guardia Civil la que detuvo esta semana al diputado del Partido Popular Santiago Cervera, por su supuesta participación en un presunto chantaje al Presidente de Caja Navarra.
La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha aprovechado la presencia del Director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para hacer pública esta circular en la que se insta a las unidades de la Guardia Civil a informar al Director Adjunto Operativo (DAO), Cándido Cardiel, de los cargos públicos que se vean implicados en operaciones que vayan a realizarse de manera inminente.
Oramas ha leído de forma íntegra esa circular -vigente desde el 19 de abril- que, según ha dicho, le ha "sido facilitada". "Se recuerda a todas las unidades de que por orden del DAO se debe emitir antes de las 11 horas de las cada miércoles y hasta nueva orden una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente".
Según ha continuado la diputada canaria, en la citada circular se insta a informar de "los siguientes extremos: nombre de la operación y unidad participante, concepto de la operación, fecha previsible y número previsible detenidos e implicados, registros de inmuebles que se prevea practicar, posibles implicaciones de cargos públicos de personas y de registros de sedes oficiales".
A su juicio, la existencia de esta circular resulta "gravísima" y ha preguntado al director general de la Guardia Civil si la conocía, si se trata de una iniciativa suya, del DAO o del propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. También ha pedido saber si esa información se traslada al director operativo.
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Wert concede ayudas públicas a películas vistas en los cines por 282 personas

Yankuba es un documental del año 2010. Financiado con la colaboración de TV3, disecciona el día a día de los campamentos ilegales de inmigrantes instalados en la orilla del río Segre durante la temporada de cosecha. La producción fue vista en la salas de cine por 282 personas. Ciudad oculta, con la que comparte género, se sumerge en Villa 15, enclave bonaerense que los militares aislaron con un muro para esconderlo de los turistas durante el Mundial de Fútbol de 1978. Acudieron a verla 354 cinéfilos. Pese a su escasa audiencia, el Gobierno acaba de conceder a ambas películas subvenciones para su amortización. La primera sale a casi 320 euros de dinero público por espectador; la segunda supone 229 euros.
Según una resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo ha concedido este año ayudas para sufragar la financiación de largometrajes por importe de 34,45 millones de euros. Aunque Yankuba y Ciudad oculta son los casos más extremos, hay otros ejemplos que reflejan la desafección entre fondos públicos e interés del público por las películas financiadas. Por ejemplo, recibieron subvenciones cintas de escaso recorrido como Cuidadores –que concitó en salas a 1.803 espectadores; Sin alma –vista por 2.396 personas-, Nagore –seleccionada por 4.883-, Retornos –con un seguimiento de 6.853 espectadores- o Elisa K –que fue elegida por 7.836-.
Un escenario que avala la necesidad de cambios en el sistema, en un momento en que las televisiones han elevado el tono de sus críticas al 5% que destinan de su facturación a la producción audiovisual. De hecho, la semana pasada se constituía la Comisión Mixta sobre el Modelo de Financiación del Cine, que buscará un pacto entre industria y Gobierno para modificar el actual statu quo. El presidente de los productores y uno de los promotores de la iniciativa, Pedro Pérez, negaba la mayor tras la primera reunión: “La Administración no se tiene que mover según el resultado de la taquilla, sino que tiene que poner unas reglas del juego iguales para todos y un modelo estable para poder planificar”.
El modelo en vigor reconoce dos tipos de ayudas a la amortización de largometrajes: una general y otra complementaria. La primera –de menor cuantía- es resultado de multiplicar el 15% del número de espectadores que vieron la cinta durante sus doce primeros meses de exhibición por el precio medio de la entrada. La segunda –más elevada en importe- se calcula multiplicando 10.000 euros por los puntos que obtenga la película en función de un sistema de méritos que establece la ley. Por ejemplo, se puntúa por la participación en festivales o por tratarse de una producción independiente o un documental. Eso sí, para esta segunda subvención se establecen algunos umbrales, como que el largometraje tenga un coste superior a dos millones de euros y haya sido visto al menos por 60.000 espectadores.
Antena 3, al copo
Bajo la aplicación de este sistema, la película que recibió la mayor subvención en 2012 fue Tres metros sobre el cielo, protagonizada por Mario Casas y María Valverde, que recibió dos millones de euros. El coste total de la cinta -sufragada por Antena 3, Charanga Films, Globo Media y Zeta Cinema- alcanzó los 5,74 millones de euros. Le siguen en recepción de ayudas públicas Balada triste de trompeta –de Castafiore Film y Tornasol Film-, con 1,68 millones, y un trío de largometrajes que se embolsó 1,5 millones de euros por película. Se trata de Conocerás al hombre de tus sueños –de Woody Allen, producida por Mediaproducción y Versátil Cinema-; Los ojos de Julia –Antena 3 y Rodar Cine y Televisión-, y Lope –Antena 3, El Toro Pictures e Ikuru Films-.
Como publicó El Confidencial, las televisiones quieren aprovechar la negociación abierta para que el Ejecutivo flexibilice el actual sistema y que, en años de vacas flacas, puedan aplazar la factura que abonan. La inversión obligatoria en cine español, una queja eterna de las privadas, dolía menos cuando en años como 2008 se embolsaban un beneficio neto conjunto cercano a los 375 millones de euros. Este año, sin embargo, pintan bastos. Hasta septiembre, Mediaset, Antena 3 y Digital+ –los principales operadores en abierto y de pago- no ganan juntos ni 100 millones de euros. Y según los datos agregados recopilados por la patronal del sector, las cadenas privadas tendrán que invertir por ley en largometrajes nacionales casi 90 millones durante 2012. Las cuentas no les salen.
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Hoy, en "Lo Creeré Cuando Lo Vea": Algunos alcaldes perderán más de 30mil€ con la reforma dl Gobierno

El Partido Popular, en su tira y afloja con los alcaldes propios y del PSOE para reformar y recortar la Administración municipal, pretende bajar los sueldos de los principales responsables de los ayuntamientos hasta un 30%. El PP mantiene el criterio de que ningún alcalde sobrepase en ingresos el nivel de un secretario de Estado (68.000 euros brutos anuales) y que sólo alcancen esa cifra los regidores de las ciudades más grandes.
Pese a las congelaciones salariales y los recortes en la Administración, todavía quedan muchos alcaldes que ganan más que el presidente del Gobierno (72.600 euros brutos anuales) y algunos que superan esa cifra holgadamente. Encabeza la clasificación el de Barcelona, Xavier Trias (de CiU), con 109.900 euros de base y unos ingresos por dietas y complementos que alcanzaron en el último ejercicio otros 36.000 euros.
En segundo puesto está el alcalde de Zaragoza, el socialista Juan Alberto Belloch con 105.000 euros y otros 33.000 por dietas y asistencia a Consejos de sociedades municipales. En el caso de Madrid, Ana Botella no llegará este año a los 100.000 por haberse quedado sin paga extra como el resto de los servidores públicos, aunque para el próximo año tiene presupuestado como salario los 101.000 euros oficiales. Madrid siempre ha pagado bien a sus alcaldes. Como prueba de ello está el hecho de que Botella vaya a ganar un 23 por ciento menos de lo que cobraba su antecesor en el cargo hace diez años.
En cuarta posición figura el regidor nacionalista de Bilbao, uno de los más veteranos en el cargo: Iñaki Azkuna. No alcanza el listón de los 100.000 euros, pero se queda muy cerca, en 96.000. Entre las grandes ciudades está también el caso de Valencia, donde la decana de las alcaldesas, Rita Barberá, se queda en los 93.000 euros. A continuación, se da una gran salto de ingresos entre los primeros ediles de las capitales más pobladas. Juan Ignacio Zoido (PP) en Sevilla se queda en 59.000 euros.
El objetivo del Gobierno es acabar con el principio de que cada consistorio fije el sueldo que quiera a su alcalde y que los ingresos no tengan nada que ver con el peso de la población de la ciudad. Por eso propone el Partido Popular que los Ayuntamientos mayores como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla equiparen su pagas a las de secretario de Estado (68.000 euros), las siguientes capitales se queden con el nivel de subsecretario (unos 8.000 euros menos) y así hasta la categoría inferior de director general.
En la otra parte de la negociación, la de los ayuntamientos, se asegura que no hay tanta diferencia salarial con la Administración Central. Aducen que los secretarios de Estado tienen, en efecto, ese sueldo base de 68.000 euros, pero que por complementos varios pueden llegar luego a pasar de los 90.000 en algunos ministerios. En fuentes del PP añaden que el problema de los sueldos no está tanto en las grandes capitales sino en las poblaciones de menor tamaño que tienen estipulados también pagas iguales a las grandes ciudades.
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Ataca a una empleada de una gasolinera en Badajoz mientras usaba el coche oficial

Juan B., uno de los cinco chóferes que trabaja para la delegación del Gobierno en Badajoz, agredió la pasada tarde del lunes a la empleada de la gasolinera Cepsa situada en la localidad de Lobón (Badajoz). Los hechos sucedieron sobre las 20.00 horas, cuando el agresor llegó a la estación de servicio situada en el kilómetro 367 de la autovía A-5 con el coche oficial en el que habitualmente viaja la subdelegada del Gobierno en la provincia, Pilar Nogales Perogil.
El chófer del alto cargo extremeño, natural de la localidad vecina de Arroyo de San Serván, permaneció durante unos diez minutos en el interior de la tienda, según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad que ya han sido puestas a disposición judicial. Cuando el establecimiento estaba totalmente vacío, agarró a la empleada de la cabeza, la sacó a la calle y la arrastró durante veinte metros hasta la puerta del vehículo mientras le gritaba “venga, vamos, tira, tira”, según consta en la denuncia que la empleada puso tras el suceso. Un camionero llegó a tiempo para auxiliar a la joven, a quien el agresor rompió la nariz de un puñetazo antes de darse a la fuga.
Desde el restaurante contiguo a la tienda, el testigo y la agredida llamaron a la Policía Municipal, que confirmó que la matrícula recogida por el testigo pertenecía a un vehículo oficial. El agresor fue detenido minutos después de su huida a la altura de Guadajira, un pueblo situado a seis kilómetros del lugar de la agresión. La víctima, que permanece en estado de shock dos días después del suceso, reconoce no conocer “de nada” al agresor. En la denuncia, alega que Juan B. la agredió, la sacó a la fuerza y la intentó meter en el coche sin su consentimiento.
Orden de alejamiento
La Policía Local ha puesto en libertad condicional al agresor con una orden de alejamiento. Su entorno más cercano lo califica como una persona “normal”. El trabajador público, casado y con hijos, entró a formar parte de la flota móvil de la Delegación del Gobierno en 2005. El pasado febrero, tras el cambio de Gobierno en Extremadura, pasó de encargarse del servicio de incidencias a chófer de la nueva subdelegada. Fuentes próximas al parque móvil reconocen que únicamente "en caso de que el conductor tuviera un servicio a primera hora de la mañana" el conductor puede utilizar un vehículo oficial sin estar de servicio.
Nacida en Fregenal de la Sierra, Nogales había sido la jefa de sección de asuntos jurídicos en la Secretaría General de la Consejería de Salud y Política Social antes de dirigir la Subdelegación del Gobierno en Badajoz, cargo al que le corresponde vehículo oficial y chófer. Este diario trató insistentemente de ponerse en contacto con la Delegación del Gobierno en Badajoz para conocer la situación laboral del autor de la agresión, pero no recibió respuesta durante todo el día de ayer.
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Soria aparca el pacto sobre el dividendo digital por la sentencia del Supremo sobre la TDT

“Estamos todavía en estado de shock”, admitía ayer un alto ejecutivo de una cadena, apenas 24 horas después de que el Tribunal Supremo anulara el último reparto de canales para la TDT realizado por el Gobierno Zapatero. Una sentencia que amenaza con dinamitar el sector audiovisual y abrir un nuevo frente en la relación entre las televisiones y el Ministerio de Industria, que ha tomado ya sus primeras medidas. “El Gobierno ha retirado el real decreto sobre el dividendo digital que tenía previsto estudiar el viernes en Consejo de Ministros. Incluso se había remitido al Consejo de Estado para que lo informara”, explican fuentes del sector.
Sin embargo, el Ejecutivo ha preferido esperar a que se aclare el impacto de la sentencia del Supremo. La resolución declara nulo el acuerdo del 16 de julio de 2010 del Consejo de Ministros por el que se entregó un múltiplex completo -con capacidad para emitir cuatro canales convencionales- a Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo7, Net Televisión y la Sexta. El Alto Tribunal argumenta que la concesión no se ajustó a derecho al haberse realizado “sin la realización de concurso público”. La peor interpretación arrebataría a los actuales propietarios nueve canales: tres al grupo Antena 3 (más la Sexta) y dos a Veo 7 (Unidad Editorial), Net TV (Vocento) y Telecinco-Cuatro, respectivamente.
“Nadie lo esperaba. Ni el Gobierno ni las televisiones. Los abogados del Estado están trabajando para desentrañar la sentencia, que es confusa. También las cadenas han puesto a trabajar a sus equipos jurídicos. La mejor de las lecturas pasaría por entender que la posición del Supremo debe aplicarse a futuras concesiones, pero que no afecta a lo que se ha hecho hasta ahora. Pero ahora mismo es difícil de decir qué va a pasar. Sobre todo si se pide la ejecución de la sentencia. Es prematuro”, añaden estas fuentes. De hecho, la patronal de las televisiones (Uteca) tenía previsto reunirse hoy por la mañana para buscar una posición común ante el desaguisado.
¿Soluciones? Las cadenas ayer se mordían las uñas. El Ministerio de Industria compartía la inquietud. Y es que la sentencia no permite recurso alguno al proceder del Supremo y no afectar a ningún derecho fundamental. “Si no cabe una interpretación generosa, la única solución es convocar un nuevo concurso. Claro que eso no se puede hacer de cualquier manera”, rematan estas fuentes. En ese caso, el embrollo sería fenomenal. Por ejemplo, se podrían poner en cuestión las mismas fusiones Telecinco/Cuatro y Antena 3/la Sexta. Una hipótesis respaldada por el cambio en las circunstancias administrativas respecto al momento en que se cerraron.
Seguridad jurídica
También plantea problemas el hecho de que alguna de esas compañías tenga canales arrendados a grandes productoras internacionales como Discovery, Disney o Paramount. Según estas fuentes, algunas de ellas ya habría expresado su incomprensión por la vuelta atrás en la concesión, siempre con las críticas a la seguridad jurídica del país como telón de fondo. Precisamente ayer, el embajador estadounidense en Madrid, Alan D. Solomont, se dirigía en conference call a unas 40 multinacionales norteamericanas para explicar la situación real de España. Entre las empresas presentes, Warner. Las firmas de EEUU no dejaron de expresar sus dudas por los problemas regulatorios en sectores como la energía.
No obstante, lo más inmediato es que el real decreto sobre el dividendo digital tendrá que esperar. Y no es poca cosa. La fecha marcada en rojo en el calendario es el 1 de enero de 2014. Ese día, las telecos deben tener a su disposición para servicios de banda ancha el espacio en el espectro radioeléctrico que hoy ocupan las televisiones. De hecho, ya han pagado 1.800 millones por ello. La migración de las cadenas llevará todo 2013 y amenaza con convertirse en un caos. Y es que durante ese año, y según el modelo en tres fases que plantea el Gobierno, los canales se verán en más de una frecuencia una vez se hayan trasladado a su nueva ubicación mientras se produce el apagón en la antigua. Las televisiones rechazaron de plano el plan del Ejecutivo a principios de noviembre.
Además, el tiempo es un factor importante. No en vano, la preocupación adicional de las cadenas es que su negocio se vea lastrado por la pérdida de audiencia. Y es que temen que los hogares que lo necesiten se confíen y demoren su antenización, lo que les haría perder televidentes cuando se produzca el apagón de los múltiplex antiguos el 1 de enero de 2014. Según los cálculos que efectúa el sector, entre 1,2 y 1,4 millones de antenas tienen que modificarse para adecuarse a las nuevas frecuencias. El secretario de Estado, Víctor Calvo-Sotelo, ya dejó claro que serán los consumidores quienes tendrán que hacer frente a ese coste y cifró el gasto en 20 euros por familia.
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Surrealismo en el Congreso: el PSOE vota contra una ley de Zapatero que ya no existe

El Congreso vivió ayer una votación parlamentaria tan insólita que bordea el surrealismo. Los diputados socialistas rechazaron al unísono la reforma laboral impulsada en 2010 por José Luis Rodríguez Zapatero, ya derogada, y que el PSOE respaldó entonces casi sin fisuras. Lo que el Pleno votó este martes fue una iniciativa legislativa popular (ILP) puesta en marcha nada menos que hace dos años, con el respaldo de más de un millón de firmas ciudadanas, en contra de aquella reforma laboral, que el PP tumbó el pasado mes de junio y reemplazó por su propia legislación, mucho más dura que aquella.
Los diputados del PSOE, junto a los de IU, PNV, ERC, UPyD y BNG, votaron anoche a favor de esa ILP, impulsada a principios de 2011 por UGT y CCOO para que el Congreso modificara los aspectos de la reforma que ambos sindicatos consideraban más perjudiciales para los intereses de los trabajadores. CiU se abstuvo, pero los votos del PP, que goza de mayoría absoluta en la Cámara Baja, fueron suficientes para tumbar esa tardía y ya desfasada expresión de democracia directa, cuyo requisito es contar con el aval de la firma de al menos 500.000 ciudadanos.
La diputada socialista Concha Gutiérrez, en un intento de justificar la extravagante pirueta de su partido, aseguró que el PSOE apoyó ayer esa vieja ILP por "coherencia democrática", obviando la abrumadora incoherencia de haber votado a favor de una iniciativa que rechazaron de plano cuando estaban en el Gobierno. Para tratar de justificarse, Gutiérrez argumentó que, aunque la reforma laboral de Zapatero fue repudiada por los sindicatos, "ello no impidió que prosiguiera el diálogo social". En otras palabras: la reforma socialista era mala, pero la de Mariano Rajoy es mucho peor, vino a decir la diputada por Jaén.
La votación de ayer también certificó que las iniciativas legislativas impulsadas por los ciudadanos, el único instrumento de participación política directa, no sirven de nada. La estadística es demoledora: las 66 ILP presentadas en el Congreso en las tres últimas décadas han sido tumbadas, y apenas unas cuantas lograron pasar la criba inicial de la Mesa -el órgano de gobierno de la Cámara-, que ni siquiera las admitió a trámite. El derecho de los ciudadanos a impulsar proposiciones de ley está recogido en el artículo 87.3 de la Constitución, aunque la ley orgánica que regula su ejercicio no fue aprobada hasta 1984, gobernando Felipe González.
"Hipocresía política"
El PP, consciente de la incomodísima posición del PSOE en el debate de ayer, trató de sacar los colores a su rival. Rafael Merino, portavoz popular, reprochó a los socialistas su "hipocresía política" por ir contra una reforma que en su día impusieron ellos mismos, y que sólo un diputado del PSOE, Antonio Gutiérrez, exsecretario general de CCOO, tuvo entonces el coraje de rechazar, precisamente por coherencia. Claro que el PP tampoco anda sobrado de ella: en 2010, su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, echó en cara a Zapatero que aquella era "la reforma laboral del despido". Hoy la cifra de parados roza los seis millones.
¿Por qué la iniciativa popular contra aquella reforma ha llegado ahora al Congreso, cuando esa ley ya está derogada? UGT y CCOO pusieron en marcha la recogida de firmas a principios de 2011, seis meses después de que el Gobierno socialista aprobara el real decreto ley que abarataba el despido. Hasta junio de aquel año no presentaron los avales, y cuando lo hicieron fue para exhibir músculo: más de un millón de firmas, pese a que habría bastado con medio millón. En otoño se convocaron elecciones y se disolvieron las Cortes, por lo que la ILP ya no pudo ser tramitada en la anterior legislatura. Y ahora, como se vio ayer, ya era demasiado tarde.
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Un borrador del CGPJ duda sobre la constitucionalidad de la reforma de Gallardón

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles ha emitido un informe en el que considera inconstitucional la reforma del Código Penal promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, fundamentalmente en lo que se refiere a la prisión permanente revisable.

También critica la nueva regulación de las medidas de seguridad por no establecer un límite máximo, y lo que "suscita mayores recelos es la custodia de seguridad", regulada "como una medida privativa de libertad a cumplir" tras la pena de prisión, lo que también "resulta de una cuestionable inconstitucionalidad".

Según el informe, al que ha tenido acceso Efe, "resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable" con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución.

Recuerda en este sentido que "las penas privativas de libertad de carácter temporal no excluyen el reingreso del penado al entorno social" una vez cumplida la condena, "lo que no tendría lugar cuando se le aplicara la prisión permanente revisable".

Destaca que en su día el legislador impuso que las penas de la Corte Penal Internacional "no excedieran de la máxima admitida por nuestra legislación, a efectos del cumplimiento de tales penas en España", ya que "la reclusión a perpetuidad prevista en el catálogo de penas recogido en el Estatuto de la CPI no se consideró compatible" con la Constitución española.

A su juicio, introducir esta medida "en el catálogo de penas privativas de libertad, reformar el actual sistema de medidas de seguridad y modificar el régimen jurídico establecido para la continuidad delictiva debería limitarse a dejar constancia de las razones de oportunidad que le han llevado (al legislador) a proyectar estas medidas, sin ampararse en el pretexto de mejora del funcionamiento e imagen de la Administración de Justicia".

Según Robles, la Justicia "precisa de otro tipo de reformas que, sin menoscabo de los derechos ciudadanos, agilicen la sobrecarga que gravita sobre numerosos órganos judiciales".

Por ello propone reflexionar "sobre la conveniencia de establecer un régimen diferenciado sobre la base exclusiva de la singularidad del delito cometido".

Desaconseja "mantener una regulación diferenciada -más severa- para los delitos vinculados con el terrorismo, y en consecuencia se sugiere establecer un régimen jurídico uniforme para todos los delitos castigados con prisión permanente revisable".

Respecto a las medidas de seguridad privativas de la libertad para los delincuentes considerados peligrosos, critica que se acumulen a la pena y se elimine el sistema actual que permite abonar a las penas, en caso de ser condenado a prisión, el tiempo de cumplimiento de ese tipo de medidas.

Además no se ha establecido un límite máximo de duración de esas medidas, "lo que conduce a un sistema de medidas de seguridad de duración indeterminada y no previsible, sin un control cierto y claro".

La custodia de seguridad se impondrá por contra tras la pena de prisión, y "aunque la ley fija una duración máxima" de diez años, tras ella "se impondrá de modo obligatorio la medida se seguridad de libertad vigilada, que puede llegar a ser ilimitada"

También muestra su oposición a la nueva regulación del delito de lesiones que exige denuncia previa para la persecución de lesiones de menor entidad o malos tratos, "lo que resulta inaceptable en atención al bien jurídico protegido, significando un retroceso de lo que es la afirmación del monopolio estatal frente a la violencia" y cree que debe ser suprimido ese requisito.

En cuanto a la reforma del delito de atentado para introducir en el "aquellos comportamientos que, en un contexto principal de resistencia pasiva, presentan algún episodio de violencia activa de carácter leve", supone "equiparar comportamientos cuya gravedad es desigual".

Sobre la nueva regulación de la suspensión de condenas (por enfermedad o por cometer delitos por adicción a las drogas) y la libertad condicional, Robles cree adecuada "la pretensión de crear un sistema de suspensión de pena único", pero considera que "queda en un simple desideratum" que debe concretarse "con mayor precisión".

Echa de menos "la articulación de un trámite en el que sea oído el penado y su abogado, el ministerio fiscal y demás partes acusadoras si las hubiere" y califica de "acierto" que esa suspensión se acuerde "en sentencia siempre que sea posible".

También considera "positivo" el requisito de cumplir con la responsabilidad civil para obtener la suspensión de la condena en función de la "capacidad económica", pero "parece que sería preciso fijar" un plazo para el cumplimiento de ese pago, ya que de no ser satisfecho se revocaría la suspensión.

Sin embargo, en la reforma se ha omitido la obligación de no cometer delito en el plazo de la suspensión, por lo que Robles recomienda que se subsane.

El informe de Robles será elevado ahora a la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ para su debate, tramitación en la que puede sufrir modificaciones antes de llegar al Pleno, donde se determinará su aprobación o no.

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