González: “Se archivó el caso de los espías y ahora cambian las declaraciones”

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González se ha desvinculado del caso de los espías en una entrevista en la cadena SER: “Se archivó el caso de los espías y ahora cambian las declaraciones”. González ha insistido en el argumento del archivo del caso, pero ha olvidado recordar que la Audiencia Provincial ha reabierto la causa también dos veces más arguyendo que "de lo actuado aparecen indicios suficientes de la comisión de un delito de malversación de caudales públicas".

Este periódico hizo pública ayer la confesión del agente que confesó a la juez el espionaje político en la Comunidad de Madrid e Ignacio González está directamente implicado, según las acusaciones. “Gamón y Castaño [director y subdirector general de Seguridad] nos trasladan a principios de 2008 de forma verbal tanto a los tres policías [fichados también como asesores de seguridad] como a los tres guardias civiles una relación de personas a las que denominan objetivos, de los cuales el vicepresidente D. Ignacio González [hoy presidente autonómico] tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos”, señala el guardia civil en el escrito firmado que su abogado, Ramón González Bosch, remitió al juzgado este pasado 8 de enero.

El presidente de la Comunidad de Madrid ha defendido el fichaje del exconsejero de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, por una empresa que asume el servicio de análisis clínicos que el privatizó el Gobierno madrileño: "Güemes lleva tres años fuera de la Consejería". Además, ha añadido: "Me parece muy bien aprovechar la experiencia de la Administración para la empresa privada"

González tiene además un frente abierto en las calles de la capital. El domingo salió a la calle la segunda marea blanca del año, donde personal sanitarios y ciudadanos protestaron contra la privatización de seis hospitales y varios centros de salud. El presidente de la Comunidad de Madrid aprobó también el euro por receta, que entro en vigor el pasado uno de enero. El Gobierno de Mariano Rajoy decidió el viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional la medida por considerar que invade competencias exclusivas del Estado. González defiende su iniciativa: "Es legítima".

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