El parte del servicio policial de la noche del Madrid Arena está....desaparecido....



José Miguel Horcajo, policía municipal de Madrid, ha anunciado en Espejo Público que el parte de policía que se realizó la noche del 31 de octubre, desapareció el día siguiente. "No ha desaparecido, en algún sitio estará, pero no a disposición de los compañeros", remarcaba Horcajo.
En este parte aparecerían los indicativos y los nombres de las personas que estarían trabajando ese día en el Madrid Arena. Tras casi un mes después de la tragedia, se conoce el número de personas que estaban trabajando esa noche, pero no se sabía el día siguiente, cuando supuestamente fue robado.
Afirma que, a posteriori, sí que se ha podido ver que el número de efectivos era insuficiente, aunque añade que quien debe juzgar eso es el Inspector de Coordinación y Planificación, y aclarar por qué se mandaron entre doce y catorce policías al Madrid Arena, donde se estaba realizando un botellón y otros cuantos al programa del Hormiguero, que esa noche contaba con un grupo de música americano y muchos jóvenes se acercaron al lugar para tratar de verle.
No obstante, destaca la actuación de los policías que estuvieron en el Madrid Arena que lo único que podían hacer era facilitar la libre circulación de personas y vehículos, "y poco más podían hacer", señala Horcajo.
Cuando se celebran actos donde va a haber aglomeración de gente, como pueden ser la noche del 31 de diciembre en la Puerta del Sol, los policías retiran materiales peligrosos que puedan ser lanzados como botellas de cristal "y (la noche del Madrid Arena) se podría también haber hecho". Sin embargo, siendo catorce policías, señala, no se podía hacer más.
Su labor era la de regular el tráfico y la circulación de la gente en el exterior, pues, remarca, que del interior del recinto se encargaba la empresa que hubiera sido contratada. Respecto al botellón, ha insistido en que, si éste se produjo dentro de las vayas que rodean al Madrid Arena, aunque sea al aire libre, eso era competencia de la empresa de seguridad.
El problema de fondo, explican en Espejo Público, es que el operativo, calificado de alto riesgo, no era posible llevarlo a cabo con catorce policías.
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El juez admite que el pelotazo que mandó a Chelo a la UCI es delito, pero desestima la denuncia


El pasado 11 de julio y cuando participaba en las movilizaciones de la Marcha Minera, Chelo Baurín recibió el impacto de una pelota de goma disparado por un antidisturbios, un golpe que pudo costarle la vida y que le costó dos meses de hospital y lesiones que todavía padece. El juez ha reconocido que se cometió un delito, pero ha desestimado su denuncia por no identificar al anitdisturbios que disparó.
Un hemotorax, una rotura de costillas, de vértebras y problemas en el hígado son las lesiones que sufrió Chelo Baurín tras el impacto de una pelota de goma que le disparó un antidisturbios el pasado 11 de julio. Estuvo ingresada un mes y medio en la UCI con sedación y otros 15 días en planta.
“Voy a continuar luchando”
Ahora, un juez ha desestimado su denuncia por la agresión que sufrió a pesar de que reconoce que hubo delito, según han apuntado en los informativos de laSexta. La razón es que no se ha identificado al policía que disparó contra Baurín. La agredida ha declarado que está “frustrada” pero también “enfadada”, por lo que “voy a continuar luchando”. “Parece que los jueces son unos cobardes que no quieren enfrentarse con la policía”, apunta.
Una denuncia recurrente
Más allá de la dificultad de identificar a quien se dispone a dispararte, en los incidentes en las manifestaciones de los últimos meses ha sido una denuncia recurrente la de que los policías no llevan la obligatoria identificación. Esa denuncia ha llegado incluso desde la asociación Jueces para la Democracia cuando alertaron del uso “desproporcionado” de la fuerza con motivo del 25-S.
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El Gobierno: no sólo se emigra por la crisis, también por el espíritu 'aventurero'



La realidad de que muchos profesionales españoles en paro y jóvenes que no encuentran empleo se marchan al extranjero a probar suerte es de sobra conocida. Cada día es más habitual conocer algún caso cercano. Hoy en Madrid se ha presentado un informe que apunta a esta tendencia pero se reconoce que no puede aportar una cifra concreta porque aún no hay datos oficiales ni contrastados.
En la presentación de este estudio de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha estado presente la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, quien ha explicado su versión sobre este fenómeno social cada día más cotidiano. Así, ha puesto en cuestión que toda la responsabilidad sea de la crisis económica y la falta de empleo. Del Corral ha calificado de "desvirtuados" estos discursos que apuntan a que este tipo de migración se debe exclusivamente a esa situación.
A su juicio, existen otros factores que explican la marcha de los jóvenes cualificados, entre ellos, la supresión de las fronteras en la UE, la internacionalización de la economía española, la gran preparación de los profesionales españoles y "por qué no decirlo, al impulso aventurero de la juventud".
La secretaria general de Inmigración y Emigración ha insistido en que debe valorarse como "esencialmente positivo" que los trabajadores españoles cualificados "hayan dejado por fin de ser 'locales'", para ponerse, a su juicio, "a la altura de los trabajadores cualificados de nuestros socios europeos en cuanto a proyección internacional".
El informe de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) "La emigración de profesionales cualificados: una reflexión sobre las oportunidades para el desarrollo" analiza la situación actual y el ingreso de España en el 'club' de los países "exportadores" de profesionales cualificados.
La investigadora que ha realizado el estudio, Ana Díaz, ha argumentado que las dificultades en el mercado laboral y las oportunidades que estos profesionales encuentran fuera son algunos de los motivos más importantes por los que se haya incrementado el flujo de españoles cualificados que emigra.
Se estima que en el mundo el 30% de las migraciones las protagonizan los profesionales cualificados, lo que supone 75 millones de personas aproximadamente, pero precisamente por la falta de este tipo datos en España no se puede concretar cuántos españoles han hecho las maletas en busca de un futuro mejor.
Se buscan sanitarios, ingenieros y arquitectos españoles
Díaz ha sostenido que los trabajadores españoles cualificados "están muy reconocidos" en el extranjero. A partir del análisis de la información facilitada por los colegios profesionales, asociaciones, federaciones y sindicatos, entre otros, el informe subraya que los profesionales españoles del área de la sanidad, preferentemente médicos, fisioterapeutas, y enfermeros, son de los más demandados.
Del sector de la arquitectura y la ingeniería, fundamentalmente ingenieros superiores industriales, mecánicos, electrónicos, aeronáuticos, informáticos y especialistas en nuevas tecnologías son también los que experimentan mayor reclamo internacional.
A ellos hay que sumar los perfiles científicos y de investigadores, que continúan con su "éxodo internacional".
Los países que logran atraer un mayor número de profesionales españoles son Alemania, Reino Unido y Francia, además de algunos países del este de Europa, como Polonia.
Ante esta situación, la OIM propone en el informe que el objetivo de la acción pública debe ser el fortalecimiento de las condiciones nacionales y del tejido productivo para que la migración no sea una necesidad ante la ausencia de demanda de calidad de estos profesionales en el propio país.
Subraya que España no puede permitirse el riesgo de permanecer mucho más tiempo sin tener una idea articulada de cómo enfrentar el flujo continuo de salida de profesionales para lo que reclama una política integral, transversal de todos los actores implicados, coherente con estrategias nacionales de competitividad, desarrollo, educación, empleo, inversión e investigación.
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Cifuentes: "Los policías infiltrados no provocan disturbios" Ya, y su marido es inocente, solo está jugando al escondite.


La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, está de actualidad permanente desde la nombraron hace once meses. Su gestión de la seguridad y el orden público en las cerca de 3.000 manifestaciones convocadas este año en la capital la han hecho famosa. La caña que recibe en la redes sociales, las cargas de los antidisturbios, los policías infiltrados y las tensiones políticas tras la tragedia del Madrid Arena son algunos de los temas que abordamos en esta entrevista con una política que parece no temer a la sobreexposición, cuando la tendencia política imperante es mantenerse a resguardo mientras pasa el temporal.
¿Qué siente cuando ve las imágenes de los mossos golpeando a un niño en la cabeza o a personas de la tercera edad que han resultado heridas?
Siento lo mismo que vosotras. A mí no solo no me gusta, sino que me desagrada profundamente ver a una persona que ha resultado lesionada por una intervención policial. Siento lo mismo que cuando veo a un policía que resulta lesionado, que también los hay. En la manifestación de los mineros, la mitad de los atendidos por el SAMUR fueron policías, en los altercados del 25S un policía ha perdido la visión de un ojo, aunque de esto no se habla.
No se puede comparar cómo van armados y protegidos los policías con los ciudadanos.
Respondo de lo que hace la Policía Nacional en Madrid. Las intervenciones policiales son proporcionales a las situaciones que se encuentran. No me gusta la violencia ni que la policía tenga que intervenir.
Vivimos el 25S detrás de las vallas del Congreso, en la Carrera de San Jerónimo. Delegada, hubo un momento en que aquello no era proporcionado.
Seguro que no conocéis todo lo que pasó ese día, pero yo sí que lo sé. ¿Cuántos policías había allí cargando y cuánta gente tenían alrededor? Lo que más me indigna, de ese día y de otros, es que las cargas policiales no las provocan los que estaban allí, las provocan unos grupos que están, en muchos casos, perfectamente localizados. Que fueron a reventar la manifestación.
Pero los policías también pueden perder los nervios y volverse incontrolables...
Esto lo niego. En una operativa especial en la que tienen que intervenir más de lo normal, seguro que ha habido errores porque ellos están en mucha tensión. Pero lo que niego de plano es que fueran policías infiltrados lo que provocaron los disturbios. Los disturbios los provocan grupos que estaban detectados, que iban con sacas con palos afilados y que se fueron distribuyendo perfectamente. El problema es que la policía de información no puede actuar donde hay miles de personas. Cuando va detrás de alguien que ha estado tirando piedras o rompiendo un escaparate, y resulta que lo detienen en otra calle aledaña, la gente dice: '¿Pero qué están haciendo? Están deteniendo a este señor que no ha hecho nada'. Te ponen una foto delante que puede ser muy dura, pero hay que conocer la sucesión de los hechos.
¿Cual es la diferencia entre skinreds, grupos antisistema y anarquistas? ¿Cuántos policías hay para para vigilarles?
De cifras nunca hablo, porque los operativos policiales no son fijos. Puedes tener una previsión y luego de repente la situación se desborda y van más. O al contrario, al final la situación no es lo que parece y se retiran. La Brigada de Información hace un trabajo esencial, estar en contacto con este tipo de grupos y hacer un seguimiento. Ojo, yo no quiero decir que todas las personas de ideología anarquista sean violentos o radicales, ni que vayan a las manifestaciones a reventarlas. Habrá anarquistas muy pacíficos. Lo que hay es grupos que van con intención de provocar incidentes violentos.
¿Era necesario crear la unidad Bronce, en apoyo de los antidisturbios?
Es una reorganización de las brigadas de seguridad ciudadana. La unidad Bronce tiene tres objetivos básicos: labores de prevención en materia ciudadana, de delincuencia en zonas conflictivas; tareas de apoyo en movilizaciones ciudadanas, porque hay veces que la presencia de las UIP (Unidades de Intervención Policial) es excesiva y estas son unidades intermedias entre los Zetas -que son los que patrullan- y las UIP, e intervención en situaciones de catástrofe. Están concebidas como una unidad de reacción inmediata. Algo parecido a la UME (Unidad Militar de Emergencias) en el Ejército.
¿Por qué te pueden detener en una manifestación?
Por provocar un hecho delictivo y contrario a la ley.
Cuando se detiene o multa a algún periodista o fotógrafo que está trabajando, ¿qué razón existe?
Cuando se realiza una detención no se pregunta al ciudadano cual es su profesión. Se detiene bien cuando hay una agresión a la policía o cuando hay resistencia a la autoridad. Lo que hemos tratado de propiciar, porque los periodistas están cumpliendo una labor que es informar y se debe facilitar, es un acuerdo con la asociación de la prensa para que vayan acreditados con los chalecos. Porque en una manifestación cualquiera puede llevar una cámara y ejercer de periodista sin serlo. Y más hoy en día, cuando cualquier información se puede subir a la red.
¿Hacer fotos es ilegal? ¿Hay problema en que cualquiera las haga?
No, no es ilegal. Por supuesto que lo puede hacer cualquiera. Y eso no es un motivo de detención en Madrid. A mí no me consta que se haya detenido a una persona por hacer fotos ni por grabar. Ni tampoco que haya habido una denuncia a ningún policía por este tipo de detención.
Las multas ¿han sido una manera convincente de desanimar?
Lo de iniciar procedimientos sancionadores, más que poner multas con sanción económica, es el cumplimiento de la ley. Las sanciones se imponen cuando los requisitos no se cumplen. Por ejemplo en las no comunicadas, se inician procedimientos sancionadores a los organizadores o promotores. Quien no esté de acuerdo con la sanción tiene abierto un periodo de alegaciones y puede recurrir por lo contencioso administrativo. Es un procedimiento muy garantista.
La realidad es que las multas son un revulsivo...
No pretendo desanimar en absoluto. Lo que pretendo es que la gente participe en manifestaciones legales, no en manifestaciones ilegales. Y que esas manifestaciones, que se pueden realizar en número ilimitado como estamos viendo, se hagan de forma pacífica. Además una manifestación en cuanto deja de ser pacífica, se convierte automáticamente en ilegal, según la ley. De las 2.600 manifestaciones que ha habido, solo se ha producido intervención policial en 30 o 40, porque la mayoría son manifestaciones pacíficas.
¿Quién ha decidido que los antidisturbios lleven la chapa de identificación por debajo del chaleco?
Ellos tienen su uniforme, pero el chaleco no les pertenece y hay problemas para poner su identificación en un chaleco que no es suyo. Esto se va a resolver porque se va a sacar a concurso, para que cada uno tenga su chaleco con su identificación. No hay ningún interés en que no se les identifique.
¿No cree que la gente tiene razones para manifestarse y para estar muy cabreada?
Habrá gente que tenga razones para estar muy cabreada y seguro que las hay. Tanto si tienes razones como si no, cualquier persona que quiera manifestarse tiene derecho. Yo creo en ese derecho pero tienen que hacerlo de manera pacífica y ordenada.
¿Se quieren equiparar las sanciones administrativas a las que se usaron con la kale borroka?
No tiene nada que ver. Una manifestación pacífica no se puede comparar con la kale borroka. También he oído que dicen que es una medida recaudatoria, pero las sanciones no las recauda la Delegación. Hacienda somos todos. Yo no sé lo que se recauda, no lo hago con ese afán sino para que se cumpla la ley.
¿Es consciente del efecto psicológico del helicóptero sobrevolando Madrid? ¿Es solo por seguridad o también para disuadir?
El helicóptero es un medio preventivo que buscar mantener la seguridad. No es un elemento amenazador pero hace ruido y es molesto. Más molestias padecen los comerciantes del centro que cuando hay manifestación tienen que cerrar los comercios y vienen a decirme que se van a la ruina.
 
EL CASO MADRID ARENA, "LO PEOR DE ESTOS 11 MESES"

Usted se ofreció a comparecer en la comisión del Madrid Arena pero no la han llamado ¿Para qué sirve una comisión en la que no se cita a las personas que tienen más información?
Yo no tengo inconveniente en acudir a la comisión, siempre que la comisión lo apruebe. Espero que la comisión sirva para esclarecer los hechos. Tengo gran confianza en la investigación de la policía y en la instrucción del juez. Creo que la comisión de investigación es más política.
O sea, un paripé.
Yo no he dicho eso.
Ha dicho que confía en el juez y en la investigación de la policía. Por omisión...
La comisión es política y lo que quieren los políticos es explicar en qué circunstancias se produjeron los hechos. Pero la búsqueda de responsabilidades es algo que corresponde al juez y a la investigación policial.
Cuando dentro de unos días acabe la comisión, no ve lógico que los ciudadanos piensen 'estamos hasta el gorro de nuestros políticos'? ¿No se hubiera sentido mejor si hubiese podido ir a la comisión a explicarse?
Prejuzgar el resultado de una comisión cuando acaba de empezar sería imprudente. Yo solo me habría sentido mejor si no hubiera pasado lo que pasó en el Madrid Arena, si no hubieran muerto cuatro niñas y otra estuviera tan grave en el hospital. Para mí, de todo lo que ha sucedido en estos once meses, lo del Madrid Arena es lo peor que ha pasado mientras he sido delegada.
LA POLÍTICA, LOS SUELDOS DE LOS POLÍTICOS, Y EL REY
Cada vez más gente piensa que los políticos llegan a la política por dinero.
Evidentemente yo no estoy por dinero. Cobro menos que lo que cobraba cuando estaba en la universidad. No es que cobrara mucho, pero ahora gano menos. Se hace mucha demagogia y los sueldos en la política tienen que estar dignificados.
¿Qué entiende por dignificados?
Es muy relativo hablar de dignificados cuando muchos millones de españoles están en el paro. Me parecen demagógicos quienes plantean que la política tiene que ser una actividad que no esté retribuida. Solo se conseguiría que los multimillonarios pudieran dedicarse a esto. Es cierto que algunos han aprovechado la política para enriquecerse. En todos los partidos. Pero la inmensa mayoría de la gente que está en política es honrada y honesta. Mi ejemplo: tengo una carrera, un par de masters, una posición y una cualificación profesional mediana, tirando a alta. Trabajo más de doce horas al día. En cualquier empresa privada tendría una retribución mayor, pero no me quejo en absoluto de mi retribución actual. Nunca me oirán decir que estoy mal pagada, porque creo que para dedicarse a la política hay que tener vocación de servicio público.
Entonces ¿qué le parece que Cospedal decida no pagar a los parlamentarios de su Comunidad?
Hombre... es una medida que ha tenido que tomar quizá provocada por la situación de su Autonomía. No me parece bien ni mal. También es verdad que no es una excepción. En Madrid, sin ir más lejos, la mayor parte de los concejales que hay en municipios no cobran nada. Todo depende un poco de la dedicación que tengas. Y Cospedal no les ha quitado la retribución. Lo que ha hecho ha sido quitarles el sueldo fijo para que ellos luego tengan su profesión fuera.

Eso es contradictorio con lo que usted decía al principio. En ese escenario, solo los más cualificados y los más ricos pueden ejercer la política.
No necesariamente. Yo por ejemplo, en Madrid he estado mucho tiempo sin tener dedicación exclusiva y trabajando en la Universidad. Depende. Pero comprendo que Cospedal tenga que hacer determinados gestos de cara a la ciudadanía. Pero en general, insisto en que el político debe estar retribuido. Si no, ¿quién nos gobierna? Vamos a un sistema que es todavía peor.
¿Sigue siendo republicana?
Por supuesto, es una cuestión ideológica.
¿Cuántos republicanos hay en el PP?
No tengo idea. Pero yo explico siempre que no voy en contra de la Monarquía ni voy en contra del Rey Juan Carlos. Para mí es un concepto más intelectual. Yo creo en las instituciones con carácter representativo y electivo, sea la más alta institución del Estado, como la Jefatura del Estado, o sea la última concejalía del último pueblo. No entiendo que en el siglo XXI haya una institución cuya transmisión se haga con carácter hereditario. No creo que en el momento actual se deba hacer un cuestionamiento de la Monarquía. No sería positivo para el país. Lo que hay que hacer es reforzar las instituciones.
Y este tema ¿lo ha hablado con el Rey? ¿No le ha dicho: Señor preséntese usted para que le votemos?
No, ese tema no lo he abordado. Yo le saludo amablemente siempre. Hay que saber estar en cada sitio. Al Jefe del Estado hay que tenerle un respeto enorme. Yo, desde luego, se lo tengo.
¿Cómo ha logrado usted que en un año los ciudadanos le pongan cara y nombre? Es difícil que un delegado del Gobierno se haga famoso.
A algunos delegados se les conoció mucho. A Ana Tutor seguro que la gente la recuerda muy bien.
Incluso la gente de su partido la acusa de usar la Delegación como un trampolín para su carrera política. De alcaldesa o de presidenta de la Comunidad...
Esos comentarios son completamente absurdos. Cualquiera que me conozca sabe que yo no tengo ambición política. Estoy encantada con lo que hago. Es un trabajo muy interesante y mi único objetivo es acabar la legislatura como delegada del Gobierno haciendo las cosas lo mejor que puedo.
¿Alguien en algún momento le ha insinuado algo sobre poder ser alternativa a Ana Botella o a Ignacio González?
Quienes están diciendo eso son personas que tienen ganas de enredar. Están poniendo en circulación ese tipo de rumores. No discuto que lo diga algún compañero, pero es un debate que no va a ningún sitio. Y tajantemente, yo jamás he participado en ese debate ni lo voy a hacer.
¿Con quién tiene más feeling de los dos?
¿Político o personal?
En ambos aspectos.
Hombre, yo he trabajado más tiempo con Ignacio González. Con Ana Botella tengo menos relación personal. Lo del feeling es muy relativo. No tengo problema con nadie en el partido. Fijaos si tengo poco problema que estuve casi doce años trabajando con Gallardón y luego casi nueve con Esperanza Aguirre.
@ccifuentes: "MI TWITTER LO ESCRIBO YO"
Utilizó muy pronto Twitter, ¿las redes sociales la han ayudado en su carrera política?
No. Twitter es un instrumento más que te permite, sobre todo, estar en contacto con los ciudadanos. Al menos yo lo concibo de esa forma. Intento seguir, aunque es verdad que he tenido que modificar mi forma de interactuar.
Usted ya estaba en twitter antes de que se pusiera de moda entre los políticos....
En Twitter voy a cumplir ya cuatro años. Soy de las primeras. Hay mucha gente que dice: dile al becario que ponga en Twitter tal... Mi Twitter lo escribo yo. Es verdad que ahora tengo muy poco tiempo para hacerlo y que muchas veces me es imposible contestar a todos. Y también es verdad que tengo que tener cuidado. Todo lo que digo se puede sacar de contexto. A veces me echan en cara que diga determinadas cosas, pero es un Twitter personal. El hecho de que yo ahora sea delegada del Gobierno no significa que el mío sea el Twitter de la Delegación. Con todo, hay muchas veces en que no puedo decir a algunas personas lo que les diría, igual que ellos me dicen a mí.
¿Por ejemplo ?
Pues antes me dolía darle al bloq (bloquear) y ahora tengo que hacerlo. A las personas que insultan. Por supuesto a las que amenazan. Los que son deliberadamente impertinentes de manera reiterada y no entienden que Twitter es como cuando abres la puerta de tu casa a alguien. No la abres para que te mente a tu familia, para que se acuerde de tí y para que te diga unas impertinencias de tomo y lomo. Ahora soy más cuidadosa. La gente cree que por el hecho de ser político tienes que aguantar que te digan todo tipo de cosas. Y yo creo que no. La educación y el respeto están por encima de todo.
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Burdeles, contrabando y extorsión: así es el negocio 'español' de la mafia china



Abandonó la cárcel en un Mercedes. Un error judicial puso este jueves en libertad a Gao Ping, cabecilla de la trama china desmantelada en la 'operación Emperador', y a otros 11 detenidos, entre ellos su mujer y el supuesto jefe del grupo de sicarios a sus órdenes. En total, son ya 16 los excarcelados. La Audiencia Nacional decretó el pasado 22 de noviembre la nulidad del auto de prisión provisional de uno de los imputados porque supuestamente se había superado el plazo máximo de 72 horas de detención.
Una artimaña legal que han usado varios detenidos más para provocar su puesta en libertad. El juez que instruye el caso dejó claro que acata la resolución, pero que no la comparte. Y ha puesto medidas cautelares para los imputados: la retirada del pasaporte, la prohibición de que salgan de España y la obligación de comparecer cada día en la Audiencia Nacional.
Fuentes policiales mostraron a 20 minutos su preocupación por la libertad de los detenidos tras muchos meses de investigación y señalaron que esta operación (casi 110 arrestos) ha sido la más importante contra la mafia china en España, sobre todo porque esta red ha blanqueado mucho dinero procedente de negocios legales e ilícitos. "La operación sigue abierta y sus tentáculos son extensos en toda España y en el extranjero. Intentamos seguir el rastro del dinero y calcular cuánto han movido". El blanqueo es uno de los principales 'negocios' de la mafia china en España
El blanqueo es uno de los principales 'negocios' de la mafia china en España. Las Fuerzas de Seguridad han detectado una decena de grupos activos en nuestro país, pero los últimos golpes policiales (no solo la operación Emperador) han mermado mucho su operatividad. Aun así, las triadas instaladas en España se dedican al contrabando de tabaco y productos falsificados, la inmigración ilegal, la extorsión y el chantaje a compatriotas, el tráfico de drogas y, sobre todo, la prostitución.
Burdeles clandestinos instalados en pisos normales en grandes ciudades están controlados por tramas chinas. Es fácil distinguirlos en Madrid y Barcelona mezclados entre las pensiones, porque tienen un marca en los telefonillos, como un punto rojo. Este año han sido procesados 40 proxenetas chinos que controlaban unos 30 burdeles en Barcelona, en los obligaban a prostituirse incluso a menores, algunas de 13 años. Ha habido mafias que han sacado en nuestro país 800.000 a mensuales gracias a los prostíbulos que regentaban. En España se han detectado integrantes de la Triada de los 14 Kilates, una de las más peligrosas y cuya sede europea está en Holanda.
"La comunidad china es muy hermética y las mafias explotan, amenazan y chantajean a los de su comunidad", señalan fuentes policiales. "Investigamos casos de secuestros de hijos de pequeños empresarios chinos para pedir rescates". La Policía Nacional también ha desarticulado este año una de las principales organizaciones que introducían en España drogas de síntesis para distribuir en karaokes y prostíbulos. La droga venía de Holanda en coches y escondida en envases de zumo. Se llama Kai Xin Guo (fruta feliz), un potente psicotrópico diseñado por la Triada de los 14 Kilates cuyo precio triplica al de la cocaína.
La implicación del inspector
Uno de los imputados en la 'operación Emperador' es un importante inspector de Policía Nacional, jefe de grupo en la Brigada de Extranjería de Madrid y experto en mafias chinas. Sus compañeros lo apodan cariñosamente Mini Yo. Fuentes cercanas a su defensa se han mostrado confiados en poder demostrar su inocencia. "No hay nada contra él. Ha podido demostrar que los viajes que hizo a China estaban justificados, así como las invitaciones que recibía al palco de un importante equipo de fútbol".
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El controvertido indulto a los mossos torturadores no ha sido el único: conozca todas las cifras



El Gobierno ha concedido 404 indultos este año con datos hasta el 31 de octubre, lo que supone un 6,89 por ciento de todas las peticiones de indulto que, durante 2012, suman un total de 5.863.
Desde 2001, el promedio de indultos concedidos sobre los solicitados es del 6,43%. El año con menos indultos (301) fue el pasado 2011, mientras que durante 2007 se alcanzaron los 521, la cifra máxima en esta serie histórica.
Sin embargo, fue en 2004, el año de transición entre el Gobierno de José María Aznar y el de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se registró el menor porcentaje de indultos concedidos, tan sólo un 3,77%. Por contra, en 2007 fueron favorables el 11,26% de las peticiones.
Críticas de los jueces
El indulto reciente a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra condenados por torturas ha provocado la reacción de decenas de jueces. Cerca de 200 magistrados han firmado un manifiesto criticando el uso "grosero y desviado" de la institución del indulto por el Gobierno.
Suscrito, entre otros, por los magistrados del Tribunal Supremo Perfecto Andrés y Joaquín Giménez, así como por la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles, el comunicado considera el indulto autorizado en el último Consejo de Ministros supone "una afrenta al Poder Judicial", además de "una actuación contra la dignidad humana" al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, más cuando lo realizan agentes a su servicio.
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Los palestinos celebran su admisión como estado observador en la ONU



La plaza de Yaser Arafat, en el centro de Ramala, estalló en júbilo tras conocer los resultados de la votación en la Asamblea General de la ONU que aprobó la aceptación de Palestina como estado observador no miembro en el foro multinacional
Cientos de personas habían seguido con atención en la plaza a través de una pantalla gigante el discurso del presidente Mahmud Abás, que pidió al mundo que "emita un certificado de nacimiento para el estado de Palestina".
La animada muchedumbre aplaudió, gritó y se abrazó para celebrar lo que muchos consideran un pequeño paso en el largo camino hacia la independencia y el fin de la ocupación israelí.
Los asistentes aplaudieron poco antes la intervención de Abás, al tiempo que ondeaban banderas palestinas, carteles con la foto del presidente y banderas amarillas del movimiento nacionalista Fatah, que este encabeza.
Miles de palestinos siguieron el plenario en la ONU pegados a sus televisores en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.
"Las cosas van a cambiar porque todo el mundo nos está reconociendo. Hasta ahora éramos una tierra ocupada y ahora por lo menos tenemos un estado aunque Israel siga haciendo lo que quiera con nosotros", declaró a Efe en Ramala Hanim El Hashra, empleada de un laboratorio de 32 años.
"Todavía no es lo que queremos pero espero que sea un paso más para poder ser algún día libres e independientes", sentenció.
Mucho más escéptico se declara Adam, oficial de policía también presente en la atiborrada plaza, que asegura que "nada va a cambiar porque todos los grandes países están con Israel", aunque considera que, de todos modos, la iniciativa de esta noche es buena para los palestinos.
"Pensábamos que cuando (Barak) Obama ganó las elecciones habría muchos cambios pero se ha demostrado que nada ha cambiado", dice.
También tiene sus dudas sobre los beneficios del reconocimiento internacional Mayala, una mujer de 36 años en paro que siguió atenta el discurso con su hijo de 3 años sobre los hombros.
"No me gustan los políticos, trabajan para ellos mismos no para el pueblo", señaló, aunque mostró su esperanza de que Abu Mazen (Mahmud Abás), que le gusta mucho menos de lo que le gustaba Arafat, "trabaje duro y consiga algo que sea bueno para la gente de la calle" como ella, que llevo mucho tiempo buscando trabajo infructuosamente.
La enorme pantalla en la plaza no emitió la intervención que siguió a la de Abás, la del representante israelí en la ONU, Ron Prosor, que echó en cara al líder palestino que no controla la mitad del territorio que pretende sea considerado un estado.
Carteles que pedían el retorno de los alrededor de seis millones de refugiados palestinos, mostrando el mapa de la Palestina histórica y la llave, símbolo de los que se fueron tras la creación del estado de Israel, en 1948, adornaban esta noche la plaza de Arafat, donde los altavoces emitían música nacionalista.
Otros carteles mostraban imágenes del histórico Arafat junto a Abás y de un campesino con una alambrada delante que rompe con una espiga, mientras un gran letrero azul rezaba "Estado de Palestina, miembro de la ONU".
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En apenas un mes los madrileños hemos visto como mucha mierda sale a flote.


En apenas un mes los madrileños han vuelto a darse cuenta, esta vez de sopetón, que la noche está repleta de empresarios sin demasiados escrúpulos que se sienten seguros al amparo de la oscuridad y de la autoridad competente. Unos empresarios corruptos presuntamente protegidos y mimados por aquellos que tenían la obligación de haberlos controlado y vigilado; unos empresarios a los que se les ha permitido creer que todo vale, que es lo mismo ocho que ochenta y muy parecido 7.000, 9.650, 10.600, 12.000, 16.791 o 20.000 personas. Ya sea por unos o por otros, porque los ciudadanos no pueden impedir que este tipo de negociantes deleznables circulen por la ciudad pero sí esperar y desear que las autoridades les ponga muy difícil ser lo que son, ya sea por los primeros o por los segundos el caso es que cinco familias viven la peor y más horrible de sus pesadillas imaginables: cinco chicas de entre 17 y 20 años de edad –Katia, Cristina, Rocío, Belén y María Teresa– perdieron la vida, la última de ellas ayer mismo, tras ser aplastadas por el gentío que asistía a un multitudinario concierto en el Madrid Arena en las primeras horas del ya fatídico 1 de noviembre.
En apenas un mes los madrileños han descubierto, también, que a Ana Botella, su alcaldesa, la que llegó a Cibeles cuando Alberto Ruiz-Gallardón salió en estampida hacia el Gobierno de Mariano Rajoy, el traje le viene tan grande que asusta; no se sabe bien si falta cuerpo o sobra tela pero el resultado, tratándose de la capital de España y una de las urbes más importantes del mundo, no deja de sorprender, entristecer e incluso indignar. La tragedia del Madrid Arena ha dejado a la alcaldesa de la capital tan expuesta, tan retratada, tan incapacitada para continuar jugando con el regalo que le cayó del cielo que no hay milagro que la haga remontar salvo que los plomos de la memoria colectiva se fundan y la ciudadanía acepte de buen grado que el cargo pase a ser prácticamente virtual, donde el elegido/a no se tenga que ver en la penosa necesidad de construir cuatro frases legibles o de contestar a aquello que no se sabe o no se quiere responder.
Grabados en la citada memoria colectiva quedarán sin duda los dos viajes de placer de Botella a Portugal, el primero de ellos horas después del siniestro; su sorprendente rueda de prensa multitudinaria (no sólo de periodistas, que también, sino de compañeros de mesa y hasta de sala cuyo trabajo consistía en no dejarla responder a ella); su más sorprendente todavía comparecencia sin derecho a preguntar (nuevo modelo de rueda de prensa que seguro creará escuela entre una cierta clase política); y, finalmente, su pertinaz negativa a contestar cualquier tipo de preguntas relativas al caso.
Tampoco se va a olvidar fácilmente la defensa a ultranza que de la empresa organizadora del trágico evento hizo el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva a las pocas horas de saberse la magnitud de la tragedia. Y tampoco caerá en saco roto cómo el propio Villanueva hizo suya y del Ayuntamiento la interesada teoría empresarial de la bengala como detonante de la mortal avalancha. Luego vendrían las renuncias a Satanás que el citado Miguel Ángel Villanueva hizo de Miguel Ángel Flores, propietario de Diviertt, organizador del concierto en el que murieron las cinco muchachas. En conversación con el que esto firma, Villanueva aseguró tajantemente que no eran amigos, como se estaba diciendo, y que conocía mínimamente a Flores de su época de responsable de Economía del Ayuntamiento. Finalmente se ha demostrado la fragilidad de su memoria cuando el propio vicealcalde ha reconocido que ha casado a su hermano José María -firmante, por cierto, del contrato del concierto-, que ha celebrado sus últimos cumpleaños en las discotecas de Flores, que ha asistido también a algunas fiestas organizadas por el citado promotor y que ha coincidido con él en Ibiza durante algún verano.
A todo esto habría que unir el estupor que causa que Diviertt fuera, para el Ayuntamiento, una de las 12 empresas "de contratación preferente" cuando Flores tiene sendas demandas contra el consistorio en las que le reclama 13 millones de euros además de un sinfín de querellas de todo tipo y condición pisándole los talones. O que con la espada de Damocles de estos 13 millones de euros, el pasado mes de septiembre Madrid Espacios y Congresos, dependiente de la concejalía del ya dimitido Pedro Calvo, le renovara el contrato por el que se le cedía el Madrid Arena durante tres años y prácticamente en exclusiva. Un acuerdo que era exactamente igual, en todos sus aspectos, al ya firmado dos años antes.
Y no es esta la primera vez que se relaciona al ahora vicealcalde con este promotor nocturno. En noviembre de 2005, Miguel Ángel Villanueva y el citado Pedro Calvo salieron en defensa de Flores cuando este quiso reabrir la tristemente famosa discoteca Alcalá 20 –donde perecieron 82 personas el 17 de diciembre de 1983– y el entonces concejal de Centro, Luis Asúa, se negó a concederle la licencia de funcionamiento por no cumplir las preceptivas medidas de seguridad. En la trifulca tuvo que intervenir el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón quien en un primer momento se puso del lado de Asúa y bloqueó la reapertura. Flores no conseguiría abrir Alcalá 20, con el nombre de Adraba, hasta 2010, –de ahí vienen la demanda interpuesta contra el Ayuntamiento al que culpa del retraso y de las consiguientes pérdidas–, pero en la siguiente legislatura (2007) Luis Asúa sería trasladado de Centro a Retiro y ya en las elecciones municipales de 2011 se cayó de las listas de Ruiz-Gallardón sin explicación alguna.
En apenas un mes la tragedia del Madrid Arena ha dejado también en el filo de la sospecha la actuación de la Policía Municipal durante la noche de autos. No la de sus agentes, que simplemente cumplieron las órdenes que les fueron dadas, pero sí la de sus responsables políticos y policiales. La dejadez y laxitud de la que hicieron gala en la madrugada del 1 de noviembre –no los agentes que allí estaban, insisto, sino aquellos que teniendo la capacidad, obligación y responsabilidad de haber ejercido un control mucho más férreo sobre lo que allí podía suceder hicieron una evidente dejación de sus funciones y prefirieron mirar para otro lado– lleva a preguntarse el porqué de esta actitud tan benévola con quien había vendido al menos el doble de las entradas que decía. ¿Acaso no resultaba evidente y hasta bien visible que allí había al menos el doble, sí, el doble del número de personas de las que deberían haber podido entrar en el Madrid Arena sin que se viera afectada su seguridad?
Pasará también a la historia más negra del Ayuntamiento de la capital la sonrojante comisión de investigación que arrancó el pasado martes y que desde su nacimiento ha buscado justo lo contrario de lo que su nombre indica. Ha sido el remate bochornoso: una comisión cuya única misión ha sido la de blanquear sin pudor alguno la actuación de los personajes clave del Consistorio de Ana Botella, y de la que desapareció, incluso antes de empezar, Izquierda Unida que vio como, en aras a la transparencia, le eran rechazadas las 15 últimas comparecencias "irrenunciables" que había solicitado. Pero no sólo IU se ha negado a formar parte en este simulacro: algunos altos cargos del PP han rehusado amablemente la oferta de participar tras recomendárseles "una cierta sensibilidad" hacia el Ayuntamiento a la hora de testificar. "Haber si matamos (sic) la comisión en tres días y nos empezamos a olvidar todos del Madrid Arena", fue lo que confesó tras la primera jornada un miembro del equipo de Gobierno de Ana Botella, ante el estupor de algunos presentes.
El Ayuntamiento no ha tenido mejor idea para defenderse de lo que le caía encima por su mala cabeza, su peor gestión y su nula/inexistente política de comunicación que poner en marcha el viejo y manido ventilador, repartir responsabilidades a diestro y siniestro y sacarse de la manga antiguas peleas y mediocres excusas. Ignorando que el camino más corto y más fácil siempre es la verdad y la asunción de responsabilidades si ha lugar, y que la autocrítica no sólo hace bien sino que resulta justa y necesaria, han preferido sacar del trastero para la ocasión las trasnochadas rencillas Aguirre-Gallardón.
Han explicado a quien quisiera escucharles, de redacción en redacción y de plató en plató, que todos los ataques recibidos desde algunos medios -especialmente desde este- no son sino una cortina de humo para llevar a la ex presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, al Ayuntamiento de Madrid en detrimento de Ana Botella. Incluso han querido ver en las críticas a la gestión del vicealcalde Villanueva no se sabe bien qué prejuicios que la vergüenza y el decoro impiden poner negro sobre blanco no por vergonzosos sino por estúpidos. Análisis tan someros vienen a confirmar, una vez más, que la estulticia es infinita y la inteligencia escasa.
En apenas un mes... Ana Botella se ha diluido como azucarillo en un vaso de agua a las primeras de cambio. Villanueva y Calvo han quedado en evidencia por su relación con un empresario ambicioso y sin escrúpulos que posiblemente no era la primera vez que vendía el doble de entradas de las permitidas en eventos que se celebraban en instalaciones municipales. Miguel Ángel Flores ha confirmado ser ese empresario ambicioso y sin escrúpulos que todos, excepto el Ayuntamiento de Madrid, pensaban. La Policía Municipal, sus jefes políticos y policiales, no han estado a la altura de lo que la ciudadanía espera de sus fuerzas de seguridad. Y mientras unos y otros juegan al terrible divertimento de quitarse estos muertos de encima, cinco familias desgarradas y destrozadas por el dolor no dejan de sufrir ni un instante desde el pasado 1 de noviembre.

 
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La amenaza sobre el futuro de las marcas blancas



Los consumidores y las cadenas de distribución andan alerta ante la amenaza que se dibuja en el horizonte sobre las exitosas y baratas marcas blancas. El Gobierno quiere legislar sobre el funcionamiento y los precios de la cadena alimentaria, es decir, el sistema que permite que un producto llegue desde el campo o la granja a casa. El temor es que limite la agresiva política de precios de estos productos que tanto éxito han tenido entre los consumidores.
El texto del anteproyecto de ley para la mejora del funcionamiento de esa cadena elaborado por el Ministerio de Agricultura persigue regular la guerra que enfrenta a las marcas que utilizan las empresas de distribución frente a las de los fabricantes. El control de la cadena comercial por parte de los primeros, los agresivos precios de sus productos, su elaborada estrategia de marketing, y la profunda crisis económica han propiciado que sus enseñas controlen buena parte del mercado y que la tendencia sea creciente.
Una situación que contrasta con la de hace apenas diez años, cuando las marcas de los fabricantes eran las que tenían la posición hegemónica en los lineales de las cadenas de distribución.
El texto del anteproyecto sostiene que un análisis de la situación actual de la cadena de valor evidencia claras asimetrías en el poder de negociación, lo que deriva en una falta de transparencia en la formación de precios y en prácticas comerciales potencialmente desleales y contrarias a la competencia que distorsionan el mercado y tienen un efecto negativo sobre la competitividad de todo el sector agroalimentario. Lo que puede interpretarse como un ataque a la línea de flotación de las marcas de los supermercados, que ya han avisado que debe ser el libre mercado el que permita la fijación de precios. Por eso, sin oponerse todavía a la iniciativa legal del ejecutivo, advierten que una intervención de este debe estar muy justificada y evitar la discriminación. El tema es trascendente, sobre todo si tenemos en cuenta la crisis de consumo que atraviesa España.
Este año, por ejemplo, el consumo en los hogares españoles, generadores del 60% del consumo total nacional, se reducirá un 0,72% para situarse en el entorno de los 83.000 millones de euros, según el informe sobre el sector agroalimentario elaborado por la agencia de gestión integral del riesgo comercial Cesce. La pérdida de poder adquisitivo, el descenso de la renta bruta disponible, los recortes y el incremento del IVA se sitúan como los principales causas de este descenso en las ventas, una tendencia que continuará en el futuro.
En este contexto, las marcas de fabricantes quieren frenar la sangría que están sufriendo a la hora de llenar la cesta de la compra. Esgrimen, por ejemplo, un informe de Esade sobre el «Impacto económico y social de las marcas de fabricante, que sostiene que el trasvase desde las marcas de fabricantes a las blancas ha provocado desde 2008 en el mercado doméstico una destrucción neta de valor añadido superior a 800 millones, un descenso total del 20% en I+D+i, la pérdida de 86.000 empleos, además de 1.600 millones de euros en impuestos». Su aportación al PIB español en 2011 se sitúa en un 6,8% frente al 1,7% de las otras marcas.
La asociación Promarca -que engloba a la mayor parte de los fabricantes de marcas líderes de alimentación, bebidas, droguería y perfumería de España- considera que si la distribución redujera los márgenes que aplica en los productos que les sirven, los precios de estos últimos podrían caer el 20% y hacer la competencia a los de marca blanca. La clave de todo este conflicto es que no haya discriminación en los precios según quien elabore el producto y que se preserve la competencia.
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Gallardón replica a los jueces: 'El indulto es potestad del Ejecutivo y no del Judicial'

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha replicado a los jueces contrarios al indulto concedido a cuatro mossos condenados por torturas que esta medida de gracia es potestad del Gobierno y no competencia del Poder Judicial.

Al ser preguntado en los pasillos del Congreso de los Diputados, sobre el manifiesto firmado por 200 jueces contra el ejercicio "abusivo y desviado" del indulto por parte del Gobierno, el ministro ha subrayado que la Constitución otorga esta facultad al Ejecutivo, por lo "no puede de ninguna de las formas pensarse que otros poderes del Estado pueden asumir competencias que no son suyas".

Ha destacado que el derecho otorga al Gobierno de España la facultad de "poder modular lo que es la aplicación concreta de la ley en aquellos supuestos donde está justificado" y que las excepciones establecidas en la legislación sobre la concesión del perdón "no eran aplicables" al caso de los cuatro mossos.

"Tengo que decir, que respetando las coincidencias o discrepancias, lo que no puede de ninguna de las formas es pensarse que otros poderes del Estado pueden asumir competencias que no son suyas porque la Constitución se las da al Gobierno de España y el indulto no es una facultad del Poder Judicial, sino que es una facultad del Poder Ejecutivo", ha respondido.

Cerca de 200 jueces han firmado un manifiesto criticando el uso "grosero y desviado" de la institución del indulto por el Gobierno tras la concesión de la medida de gracia a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra. Habían sido condenados por torturas conmutándoles los dos años de prisión por 7.200 euros de multa pese a que la Audiencia de Barcelona ordenó que ingresaran en la cárcel antes del 10 de diciembre.

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El rey habría tenido que esperar 154 días para operarse en la sanidad pública y otros 100 para la rehabilitación



El rey Juan Carlos continúa ingresado en el hospital privado Quirón San José, donde está recibiendo "fisioterapia intensiva" por la operación del pasado viernes en la que le implantaron una prótesis en la cadera izquierda que tenía deteriorada por la artrosis. Sin tiempos de espera ni listas para ser tratado, vive 'a cuerpo de rey' una situación muy diferente a la que se enfrenta cualquier otro paciente que acude a la sanidad pública.
Hablemos de un paciente X, llamémosle Juan Carlos. Juan Carlos tiene molestias en la cadera y va a su médico a pedir una cita con el especialista. Según explica a El HuffPost el doctor Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, el tiempo de espera medio para ver a un traumatólogo es de 53 días en España. Esto en el mejor de los casos. Un 39,8% de españoles tendrían que esperar más de 60 días para poder ser diagnosticados de su lesión.
Con su diagnóstico, Juan Carlos espera a poder ser operado. Pasarán 101 días hasta que sea ingresado en el hospital. Si tiene mala suerte, como ocurre en el 21,13% de los casos en nuestro país, el paciente tendrá que esperar más de 180 días para que se le implante la prótesis.
En total, Juan Carlos tendría que esperar 'solo' 154 días para operarse de su lesión de cadera en un hospital público desde que fue al médico. En el peor de los casos, la espera se ampliaría hasta los 240 días, es decir, 8 meses. Y esto sin tener en cuenta los tiempos para las pruebas necesarias antes de someterse a una operación de este tipo.
La operación de Juan Carlos ha sido un éxito. Si todo va bien, recibirá el alta en 4 o 5 días. El doctor Sánchez explica que en los hospitales públicos se favorece la movilidad de los pacientes por varios motivos. Uno de ellos es la necesidad de que haya una "rotación mayor" por la escasez de camas que existe en la sanidad pública y otra porque en una lesión de este tipo, la falta de movilidad puede derivar en una "pérdida de masa muscular".
El paciente recibe el alta y se va a su casa. Es el momento de la rehabilitación. Mientras que el rey la recibe en el propio hospital para evitarle desplazamientos, nuestro Juan Carlos tendrá que esperar más de 100 días para poder recibir un tratamiento fisioterapéutico en el hospital, unos tiempos que varían de media en función de la gravedad del paciente. Habrán pasado 254 días desde que Juan Carlos fue al médico por primera vez por su artrosis en la cadera.
TIEMPOS DE ESPERA EN MADRID
El portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública denuncia el "secretismo" que existe en torno a los tiempos de espera en la Comunidad de Madrid. Las estimaciones medias se realizan con los datos de otras 16 comunidades, entre las que no se encuentra Madrid, que sigue otro baremo en el que se miden los tiempos desde que el paciente visita al anestesista.
"Los tiempos de espera en Madrid son más secretos que los papeles del Pentágono", denuncia el doctor Sánchez.
En medio de las jornadas de lucha que está viviendo estos días la sanidad pública madrileña, Sánchez Bayle denuncia que en Madrid el número de especialistas por habitante es muy bajo y reclama una mejor utilización de los servicios públicos. Máquinas de resonancias magnéticas, necesarias para un diagnóstico de este tipo, "no se utilizan por las tardes o los fines de semana" por falta de personal y para reducir costes.
Sánchez también denuncia que son necesarias un mayor número de camas de larga estancia para que los pacientes que lo necesiten puedan ser tratados correctamente. Madrid es una de las comunidades que menos camas tiene por cada 1.000 habitantes (3,41 camas) y como el resto de España está muy por debajo de los datos de Europa (5,3 de media comunitaria según Eurostat).
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Manifiesto de 180 jueces contra el indulto del Gobierno a cuatro mossos torturadores

Más de 180 jueces han firmado un manifiesto público contra el indulto concedido por el Gobierno el pasado viernes a cuatro agentes de los Mossos D'Esquadra condenados por torturas, por considerar que supone una "afrenta al Poder Judicial" y una actuación contra la dignidad humana, "impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible". Además, creen que incentiva comportamientos que deben ser erradicados de cualquier cuerpo policial.

El durísimo alegato, bajo el título "Contra el indulto como fraude, en defensa de la independencia judicial y de la dignidad", lleva la firma de magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo como Joaquín Giménez y Perfecto Andrés Ibáñez, de la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles, del juez de la Audiencia Nacional Ramón Sáez, del exfiscal jefe de Catalunya José María Mena o del actual portavoz de Jueces para la Democracia Joaquim Bosch.

Los firmantes manifiestan que "la actuación del Gobierno en este caso supone un menosprecio a los miles de agentes de policía (de cualquiera de sus cuerpos) que en todo el Estado cumplen a diario con sus funciones democráticas, que no son otras que defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía".

Añaden que "es un ejercicio abusivo por el Poder Ejecutivo de la facultad de indulto alejada de las funciones de esta institución, que supone una afrenta al Poder Judicial. Por último, y sin embargo más importante, supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio".

Para estos magistrados, "los derechos fundamentales y las garantías procesales no son frenos a la actuación policial. Por el contrario, son el fundamento de su actuación. Y proteger los derechos de la ciudadanía es la finalidad fundamental de todas las Policías en un Estado Democrático. Así lo entienden la inmensa mayoría de las personas que conforman los diversos cuerpos policiales".

"Indultar a quienes vistiendo un uniforme policial han realizado hechos tan rechazables es menospreciar a todos los miles de agentes que día a día luchan precisamente contra cualquier acto que vulnere derechos fundamentales. Reducir esas penas, además, parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial", sostiene el manifiesto.

Los jueces recuerdan que ell Derecho Penal constituye el recurso más extremo de los Estados para asegurar el cumplimiento de sus leyes. En los Estados Constitucionales, la legitimidad para establecer sus presupuestos sólo puede recaer en el órgano que representa la soberanía popular: el Parlamento. "Y la legitimidad para aplicarlas corresponde con exclusividad al Poder Judicial, el cual, además, no puede dejar de imponerlas si en el marco de un proceso equitativo quedan acreditados sus presupuestos".

"Los principios de legalidad e igualdad así lo exigen --prosiguen--. En casos excepcionales, la estricta aplicación judicial de las leyes penales puede producir resultados injustos. El indulto es un mecanismo que permite dar solución a tales supuestos. Puede discutirse qué poder del Estado debe ser competente para su otorgamiento, y a través de qué procedimiento, pero lo que no es susceptible de discusión es su carácter excepcional y su finalidad correctora de tales resultados".

Para quienes suscriben el manifesto, "el indulto implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena. Sólo se justifica cuando el cumplimiento de aquélla no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada. En ambos casos, bien debido al cambio sobrevenido en las circunstancias de la persona inicialmente condenada, bien debido a las singulares particularidades del hecho que hacen que no merezca (o no merezca ya) ese reproche".

Por ello, creen que "no existe motivo razonable alguno para un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido. Los hechos declarados probados son muy graves y contrarios a la dignidad humana. Conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la institución. Al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la Judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional".

En su extenso alegato, añaden que la tortura es uno de los peores actos realizables contra la dignidad de la persona. "Esta dignidad es el fundamento de un orden constitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado Español por no investigar estos hechos. El Gobierno ha dado un paso más. Cuando la Justicia actúa, investiga y condena, el Gobierno indulta. Desde luego, parece difícil explicar ante ese Tribunal Europeo semejante comportamiento".

Todas las personas, sin excepción, están sujetas a las leyes. Este signo distintivo del Estado Constitucional marca la diferencia con los regímenes autoritarios, donde los detentadores del Poder están exentos del cumplimiento de las normas. "La decisión del Gobierno es impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible. Por ello no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo a un uso tan desviado de la institución del indulto y advertir que sus efectos, en términos comunicativos, son devastadores", concluyen.

La Audiencia Provincial de Barcelona condenó en el año 2008 a cuatro agentes de policía como autores de delitos de tortura tras declarar probado que habían realizado unos hechos gravísimos, destaca el manifiesto. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que sólo estimó en parte alguno de los recursos.

Las penas impuestas, como en cualquier supuesto idéntico, suponían el ingreso en prisión de las personas condenadas. El Gobierno decidió en febrero de este año indultar a los agentes condenados para reducir sus penas a dos años de prisión y sustituir la inicial inhabilitación por la suspensión, permitiendo el reingreso en el cuerpo. La Audiencia Provincial de Barcelona, de nuevo en estricta aplicación de lo previsto en el Código Penal, acordó el cumplimiento de la pena que quedaba tras el ejercicio del indulto por el Gobierno.

El Gobierno ha decidido conceder un nuevo indulto a esas personas condenadas para sustituir la pena de prisión por pena de multa.

Pincha AQUI para leer el manifiesto.

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Las excepciones del decreto ‘antidesahucios



Historia con final feliz. María del Pilar Honrado, de 65 años, se salva del desahucio. La fecha prevista era este miércoles, día 28, pero el banco ha parado el procedimiento. Su historia es la de miles de personas que sufren cada día esta situación: en 2008 su hija le pidió que avalara la hipoteca de su casa, en la localidad madrileña de Leganés, donde María del Pilar vive desde hace 40 años. La hija y su pareja no llegaron a pagar ni los seis primeros meses de cuotas del préstamo de 205.000 euros que les había concedido el banco Barclays. La deuda hoy asciende a 341.000 y Pilar, viuda con una pensión de mil euros, no puede hacer frente a ella.
Su caso, en principio, encaja en el perfil de familias vulnerables contemplado en el decreto ley de de medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios que este jueves convalida el Congreso de los Diputados: su renta no llega al mínimo de 1.597 euros al mes, vive sola y este piso es su única vivienda. Sin embargo, es avalista, no propietaria, y corre riesgo de que le quiten el piso. Intentó encontrar soluciones que, sin saberlo, podrían haber empeorado la situación. “Me parece un absurdo que hayan concedido un crédito de 38 años a la pareja de mi hija, que tenía 48 en aquel entonces. Yo fui a buscar uno para intentar pagar esta deuda, que no es mía, pero a esta edad ya nadie me da nada”, explica.
Después de hablar con dos abogados de oficio, y con el auxilio de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, organización que conoció a través de una asistente social de Leganés, empezó a vislumbrar una solución a su problema. “Cuando me enteré, ya habían subastado mi pisito, por 40.000 euros. Era casi imposible seguir aquí, pero yo estaba dispuesta a pagar un alquiler social si fuera necesario, solo para poder continuar viviendo en esta casa”, cuenta llorosa, aún sin creer que seguirá durmiendo allí las siguientes noches.

Cuando me enteré, ya habían subastado mi pisito, por 40.000 euros.


La buena noticia se la ha dado por teléfono su abogado, Mario Guimerans Iglesias. Cuando ya se preparaba para lo peor, Pilar recibió la llamada de la tranquilidad. No podía contener las lágrimas y sus piernas temblaban. Lleva meses en tratamiento psiquiátrico y su cuadro empeoró desde que recibió el aviso del banco, el 30 de diciembre de 2011. Según su informe clínico, sufre crisis de ansiedad y en varias ocasiones ha tenido ganas de suicidarse, “de quitarme de medio de todo esto, vamos”, añade. En su casa, ya vacía y casi sin muebles, le consolaban algunos vecinos que la han apoyado durante todo el proceso. Pilar se plantea el caso de otros afectados, con hijos pequeños, en paro y sin otro destino que la calle. Dice que en situaciones como esta, más allá de la presión psicológica, se deshacen también los lazos familiares. “Desde hace dos años no sé nada de mi hija, es lo que más me duele”, lamenta.
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Los vecinos que Botella quiere desalojar amenazan con denunciar por mobbing inmobiliario



Los vecinos de las viviendas sociales a los que el Ayuntamiento de Madrid quiere desalojar de sus casas han pasado al ataque. Después del pánico inicial producido por las cartas de desalojo recibidas por parte del Consistorio, los vecinos han buscado asesoramiento legal y han diseñado su ofensiva. O la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS) y la compañía Renta Corporación desisten en sus negociaciones para vender los cinco edificios de viviendas sociales por 21 millones de euros o recibirán una querella por mobbing inmboliario.
“Si no se echan atrás en el contrato en el plazo establecido nos veremos obligados a interponer una querella por unos hechos que entendemos que pueden ser calificados de mobbing inmobiliario y que están teniendo repercusión en la "situación física y psicológica de los vecinos”, explica a Público Endika Zulueta, abogado de los afectados, quien añade que en caso de que esta querella sea interpuesta los “políticos” y “financieros” responsables del contrato de opción de compra “tendrán que pagar por los daños a los vecinos”.

Los abogados defienden que todos los contratos son indefinidos.


El contrato de opción de compra firmado por la EMVS y la empresa Renta Corporación, de la que Ignacio López del Hierro (el marido de María Dolores de Cospedal), establece que la compañía compradora tiene de plazo hasta el 18 de diciembre para desistir de la compra de los cinco edificios sin perder un euro de los 363.000 euros ya depositados. Si, por el contrario, desistiera de la compra entre el 18 de diciembre y el 18 de enero (fecha en la que caduca la opción de compra) Renta Corporación perdería el dinero ya entregado que se encuentra depositado en una notaría de Madrid.
Por ello, los vecinos, asesorados por sus abogados, advierten a Renta Corporación de que no piensan abandonar sus casas y le aconsejan retirarse a tiempo de una operación financiera que sólo les puede ocasionar problemas y pérdidas de capital. “La EMVS no tiene legitimidad jurídica ni moral para hacer esta venta y la empresa no tiene capacidad jurídica para comprarla. Además, económicamente la compra no le va a salir tan rentable a la empresa compradora porque va a comprar un inmueble lleno de vecinos. La gran mayoría no piensan irse”, asegura Endika.
En los próximos días, los abogados de los afectados remitirán a Renta Corporación un escrito con las firmas de los vecinos en el que recomendarán a la empresa poner fin a “esta broma de mal gusto, irse a su casa y dedicarse a comprar otro tipo de inmuebles que no sean de viviendas sociales”. “Le emplazamos a que desistan de la compra antes del 18 de diciembre porque si no perderán los 363.000”, advierte Endika.
Función inmobiliaria
La pieza central del esquema que barajan los abogados se asienta en el argumento de que los contratos de alquiler de los inquilinos son todos de carácter indefinido, siempre y cuando no varíen las condiciones que les han hecho merecedores del mismo. Esta interpretación de los contratos se asienta en la legislación de 1986. La Administración, por su parte, aplica la normativa de 1995.
“Vamos a decirles mediante una carta [a la EMVS] que entendemos que se han equivocado en la interpretación de la ley. De la misma manera que para ellos es una casualidad que la empresa compradora tenga como consejero al marido de una conocida política quizá también de manera casual ellos se han equivocado en la interpretación de la ley”, ironiza el letrado.
En virtud de esta posición, los abogados y los vecinos que han recibido las cartas de desalojo responderán a la EMVS advirtiéndoles de que no abandonarán su hogar y aconsejarán a la EMVS que “pidan perdón por las molestias” y que se dedique “a lo que tiene que dedicarse” que es a “crear mecanismos para que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y adecuada y no a trabajar como si fuera una inmobiliaria”.
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SUP denuncia que un mando de UIP instruye a antidisturbios a disparar pelotas de goma a ciudadanos



El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) remitirá mañana jueves una carta al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la que denuncia que un responsable de las Unidades de Intervención Policial (UIP) ha instruido a los antidisturbios para que disparen pelotas de goma directamente a los ciudadanos y no contra el suelo como establece el protocolo.
Según el escrito, este martes miembros de distintas UIP estaban realizando el proceso de reciclaje ordinario en el centro de entrenamiento de Linares (Jaén) donde el jefe de estas unidades "insistió permanentemente en que había que ser más contundentes y manifestó su disconformidad con lo 'blandas' que son dichas unidades en algunas de sus actuaciones".
El SUP cree que "fruto de esas instrucciones erróneas tres escudos de protección resultaron rotos por el impacto de pelotas de goma, de lo que cabe concluir que se dieron instrucciones de vulnerar el protocolo de actuación no disparando al suelo sino directamente a los escudos para que en futuro se haga sobre los ciudadanos". Además en el marco de este entrenamiento añade la nota que ocho miembros de las UIPs resultaron heridos de distinta consideración.
"Las instrucciones impartidas y el desarrollo del reciclaje es una barbaridad que pretende establecer prácticas de actuación ilegales y peligrosas para los ciudadanos, pudiendo conducir a lamentables consecuencias en el futuro tanto con graves lesiones físicas para las personas como en desprestigio del Cuerpo Nacional de Policía", advierte este sindicato policial.
El SUP acusa al Gobierno al ministro, al director general de la Policía, Ignacio Cosidó y algunos mandos policiales de actuando "desde la estrategia de que la Policía sea el escudo, soporte y receptora de una parte del gran malestar social existente por las políticas que aplica el Gobierno". "Sólo así cabe entender determinadas actuaciones, y ya solo falta que instruyan a los miembros de las UIPs para que actúen al margen del protocolo en los conflictos sociales".
"¿Está usted y su Gobierno buscando un muerto en España, sea ciudadano o policía, que distraiga la atención y justifique actuaciones futuras de más contundencia hacia quienes se manifiestan contra su Gobierno?", pregunta al ministro la nota.
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¿Un codo o un pecho? Para Facebook, es lo segundo



Los autores del sitio web 'Theories of The Deep Understanding of Things' ('Teorías del Entendimiento Profundo de las Cosas') quisieron poner a prueba a Facebook.


Tras las quejas de varias madres, que vieron cómo la red social borraba fotos en las que salían dándole el pecho a sus hijos, decidieron subir en su perfil una imagen algo confusa.
La instantánea muestra a una mujer en una bañera. Se asume que está desnuda, y cubierta de espuma. Pero, realmente, lo único que se puede ver es su cara y ambos brazos. La confusión viene a la altura del codo izquierdo que, por su aspecto y posición, puede confundirse con un pecho.
Eso es lo que debieron pensaron desde Facebook ya que rápidamente censuraron la imagen. Actuaron como suelen hacer con las imágenes en las que se muestran desnudos. Primero las retiran por cuenta propia y si el usuario reincide, le cierran su perfil.
Aunque se puede ver como un simple juego, lo cierto es que este ejemplo de fallo en la política de censura de la red social ya ha sido recogido por varios medios de comunicación de diferentes países, poniendo en jaque una vez más a Facebook.
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@Salvados hace pupita a los gigantes de este país y lo quieren callar. ¡¡No lo permitamos!!



Démosle el Domingo la máxima audiencia a Jordi Evole en la Sexta y evitar el cierre de su programa, por culpa de ciertos individuos que forman parte del oligopolio de la energía y que piden la cabeza de Jordi Évole.
Estos individuos se han dirigido a Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta (que controla Antena 3 y la Sexta) para intentar cerrar el mejor programa de este país.
"Parece que el programa del pasado domingo de "Salvados" (recordad, en la Sexta a las 21:30) ha causado un gran revuelo en el sector de las eléctricas. Y es que por primera vez un periodista se ha atrevido a denunciar lo que todos sabemos por experiencia: la situación de oligopolio, la falta de transparencia, la complicidad con los políticos y sus beneficios exagerados a cuenta de nuestros bolsillos. Estos gigantes no sólo tienen en su nómina a ex ministros y ex presidentes (¿como pago de favores?), también engordan a un buen número de periodistas para que defiendan con la pluma sus intereses. Y además, debido a la situación de crisis de los medios de comunicación, utilizan el arma de la inversión en publicidad para garantizar que siempre tendrán tratamientos favorables.
Lo de Jordi Évole los ha descolocado. Por primera vez un periodista quijotesco se atreve a arremeter contra los colosales molinos. ¡Y con un 12% de audiencia! Porque no les importaría si lo siguiesen cuatro gatos, pero eran varios millones los que estaban viendo el programa. Esto ha provocado una airada protesta (o amenaza) del oligopolio, que se ha dirigido a Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta (que controla Antena 3 y la Sexta) para exigirle un espacio en el que poder lavar su imagen.
Me temo que la temeridad de Jordi Évole, el periodista más valiente que tenemos hoy en España, puede costarle el programa. Por favor, no os lo perdáis el próximo domingo. Hay que darle un 15% de audiencia para que, si Lara cede a la presión de los ladrones del oligopolio y retira el programa, que no se diga que fue por falta de seguidores. Es necesario proteger a los que dan la cara por todos.
Queremos remarcar lo tremendamente valiente que es Jordi évole al atacar la corrupción y monopolios de este país, sabemos perfectamente que el periodismo esta lleno de mercenarios que no merecen el nombre de periodista. Por eso consideramos fundamental que todos apoyemos la labor de JORDI."
El follonero, se ha ganado los respetos de los periodistas más renombrados de este país, es un periodista, que saca los colores a todos estos sinvergüenzas que roban a los ciudadanos.
Fuente: @wwwformy


 

Jueces y fiscales piden el cese de Gallardón. Dan por "muerto" al ministro como interlocutor y piden que Rajoy asuma la negociación.

Las asociaciones de jueces y fiscales han decidido esta tarde rechazar como interlocutor para buscar una solución al conflicto judicial al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por su "pasividad" y solicitan que sea el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el que asuma la negociación.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, ha asegurado que las asociaciones judiciales "dan por muerto" a Gallardón como "interlocutor". Por ello, dejan en manos de Rajoy la decisión de "mantenerle o cesarle".

Asimismo, estas asociaciones van a convocar un paro de una hora el próximo día 12 de diciembre para intentar frenar las reformas previstas en la administración de justicia como la ley de tasas y la reforma de la ley del poder judicial que recorta los días de permiso de los togados y el régimen de sustituciones. Además, si esta reforma ve finalmente la luz, los jueces y fiscales están dispuestos a convocar una huelga el próximo enero.

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La web del Senado que costó 450.000 euros, reproducida a coste cero



"Este es un proyecto con fines educativos, sin otro propósito que la promoción de los sistemas de código abierto en el marco institucional”. Con estas palabras empieza el material que acompaña una réplica exacta de la web del Senado. Lo que las diferencia es que la original, que se estrenó el 12 de noviembre, costó unos 450.000 euros y requirió casi un año de trabajo de tres equipos de expertos. La web alternativa ha sido realizada por un solo ingeniero, en una semana y sin gastarse un euro en licencias.
En los primeros párrafos del tutorial que acompaña su prueba se indica que 250.000 euros han sido empleados para pagar licencias de software, cuando hay sistemas open source gratuitos para hacer exactamente lo mismo. Tal y como se publicó en este diario el 1 de noviembre, varios expertos se escandalizaron al conocer el coste de la web del Senado, definiéndolo como "desproporcionado" y asegurando que por lo menos cuadruplica la inversión habitual en estos encargos. Sin embargo ahora alguien demuestra que es posible hacerlo por cero euros.
“Dentro de los sistemas para la gestión de contenidos que podría haber elegido, he instalado el más sencillo. El conocido Wordpress que funciona en PHP y MySQL, por lo tanto la web es funcional. Se podría haber desarrollado con softwares más complejos como Joomla, Drupal y Typo3, también gratuitos y open source o, si se quisiera llevar también una gestión documental con sistemas tan potentes como ezPublish, Nuxeo o Alfresco. Las demás aplicaciones, como los formularios, el foro o la tienda, están creadas y funcionan. Como es lógico, de cada apartado he puesto solo unas líneas de contenido, que son corta y pega de la web original”, explica E.G.H., un ingeniero industrial riojano, de 39 años de edad, que trabaja desde 1997 en Internet, como autónomo freelance y que prefiere mantener el anonimato.
“No tengo nada que ocultar, pero ni busco publicidad ni quiero meterme con la gente del sector. Si he decidido hablar y contrastar datos es porque he llevado y gestionado grandes webs de la administración publica. Claro, apartados pequeños, porque en ese tipo de proyectos trabaja mucha gente. Sin embargo, sé cómo funcionan, y el por qué de esos costes”, continúa E.G.H, que ha duplicado todas y cada una de las aplicaciones del Senado.es, como el calendario, el hemiciclo con la ficha de un senador y funciones como la gestión de idiomas y otros detalles.
El coste de los 450.000 euros tampoco se justifica con el cascabel de la seguridad, ya que hay ejemplos de webs basadas en sistemas gratuitos y que exigen la máxima seguridad como es el caso de la página de la Casa Blanca, la del Gobierno del Reino Unido o de Francia.
E.G.H. no ha trabajado sólo sobre los contenidos dirigidos al público, sino también sobre lo que hay detrás, lo que la gente no ve. “Los contenidos antes de ser presentados al público pasan por un sistema de flujos de trabajo, donde según privilegios unos pueden escribir, publicar, editar, etc. Además se podría haber implementado un sistema de gestión documental completo. Por supuesto, no pude ver como está configurado todo eso en la web oficial. Las alternativas con open source con licencias gratuitas podrían haber sido Drupal (la Casa Blanca funciona con el) o ezPublish (la Interpol lo tiene instalado), entre otros”, explica el ingeniero.
Trabajar con código libre, además del coste cero, implica más ventajas. “Con el código libre se pueden desarrollar aplicaciones propias y customizar lo que sea necesario. Al tener el código accesible, el equipo de programadores de la Administración podría hacer sus propios cambios, según las necesidades de actualización. En España hay decenas de empresas, que serian capaces de ‘meter mano’ a ese código y customizar todo el sistema. Por otro lado, lo más interesante sería adoptar un sistema estándar en toda la administración pública española y tener optimizadas todas las aplicaciones web, con un open data completo de todo el trabajo”, asegura.
A este propósito también matiza que no todo el código o los programas open source son gratuitos. "Yo en este caso he usado open source gratuito, porque tiene la ventaja que puedes mirar el código, copiarlo, retocarlo y mejorarlo, si sabes. No se tiene que confundir con sofwareFREE, que son programas gratuitos, pero sin acceso al código”.
Según Sebastián Puiggrós, diseñador y desarrollador de webs, responsable del nuevo sitio del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) en 2003, que analizó el pliego de condiciones del concurso para realizar la web del Senado, “E.G.H ha hecho un gran trabajo”.
“Evidentemente no pretendía hacer una copia al 100%, sino demostrar que una sola persona, en una semana, con 0 euros, ha podido hacer casi casi lo mismo por lo que han pagado 450.000 euros… y eso lo ha conseguido”. Puiggrós considera que el diseño de la web original del Senado “es realmente malo, la acaban de estrenar y ya parece desfasado”. “Ya que abogan por la transparencia a estas alturas del debate estaría bien que publicasen, qué empresas, cuántas personas y por cuánto tiempo han trabajado en este proyecto y sus presupuestos desglosados”, concluye Puiggrós.
A las pocas horas de su estreno, la web del Senado tenía un fallo que permitía a cualquier internauta insertar un mensaje. El error fue rápidamente subsanado, pero los mensajes de burla ya habían dado la vuelta al mundo a través de millones de tuits.
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