Feijóo, cazado: el presidente gallego tuvo entre sus amigos más íntimos a un narcotraficante

Alberto Núñez Feijóo, considerado por muchos como el delfín de Rajoy –es de hecho uno de los barones más cercanos al presidente- llegó a la Xunta de Galicia haciendo gala de pulcritud, a pesar de que varias informaciones, algunas publicadas por ELPLURAL.COM, han vertido manchas de chapapote sobre su historial político. Este domingo, el diario El País desvela que el actual presidente de Galicia mantuvo amistad con uno de los principales narcotraficantes del país, Marcial Dorado Baúlde, actualmente en prisión. Su relación se inició después de que el también contrabandista de tabaco hubiera sido detenido en dos ocasiones en importantes redadas policiales.

Mientras era alto cargo de la Xunta

Feijóo mantuvo su estrecha relación con Dorado en los años 90, mientras ocupaba altos cargos en la Xunta y en el Gobierno central, durante la Presidencia de José María Aznar. El narcotraficante ya era muy conocido como uno de los principales jefes del contrabando de tabaco en Galicia y había sido detenido en 1983, en la primera gran redada contra el negocio ilegal del tabaco en las Rías Baixas, y en 1990, por orden del juez Baltasar Garzón, dentro de la Operación Nécora, aunque fue excarcelado y no llegó a ir a juicio. Dorado cumple actualmente una condena de 14 años por narcotráfico.

Cuando Feijóo inició su relación con el contrabandista era número dos de la Consejería de Sanidad, que dirigía José Manuel Romay Becaria, uno de los padres políticos del actual presidente de la Xunta.

Entabló su amistad a través de un chófer de la Xunta

Núñez Feijóo entabló su amistad con el contrabandista a través de un militante del PP en Ferrol y chófer oficial de consejeros de la Xunta como el propio Romay Becaria. El nombre de este hombre era Manuel Cruz López, ya fallecido en un accidente de tráfico. Con Cruz, Feijóo visitó por primera vez la mansión de Dorado en A Illa de Arousa, en Pontevedra, donde se celebraban comidas y reuniones a las que asistían, también, según El País, algunos mandos uniformados.

Veraneos en Vigo, paseos en yates, viajes…

Feijóo fue estrechando su amistad con el contrabandista y durante tres años, entre 1995 y 1998, acudió durante los veranos a otra casa que Dorado tenía en Baiona, cerca de Vigo y le acompañó en paseos a bordo de sus yates, incluido el Oratus, que tenía fondeado en Ibiza, y que sería intervenido en 2003, en el marco de una operación contra el blanqueo de dinero vinculada a un cargamento de cocaína. Además, viajó con el narcotraficante a Portugal, donde este tenía negocios, y a Andorra.

Las alegaciones de Feijóo

El presidente gallego ha alegado en su defensa, en respuesta a El País, que su relación con Dorado se limitó al ámbito personal en reuniones en su tiempo de ocio en las que participaban más amigos. Ha admitido que estuvo en su barco, en su casa y que hizo al menos un viaje con el narcotraficante, pero ha rechazado que su relación haya influido en ninguna de sus decisiones como cargo público.

Comunicado de Feijóo, publicado a medianoche

Con la publicación de la exclusiva de El País, el presidente gallego ha hecho público un COMUNICADO la pasada medianoche, reproducido por Europa Press, en restringe su amistad con el narcotraficante a una relación “por coincidencia” de “hace casi dos décadas”. Feijóo precisa que las fotografías en las que se le ve en el yate con Dorado corresponden a “mediados de los años noventa, hace casi dos décadas”.

El presidente gallego subraya que, por entonces, Dorado “no había sido condenado por ninguna de las causas por las que años después lo ha sido”, aunque era ya un conocido contrabandista y había sido detenido en dos ocasiones. “Rompí el contacto con esta persona, por indirecto que fuese, cuando tuve conocimiento de que mantenía causas abiertas con la Justicia”, dice Feijóo en su comunicado de medianoche.

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El Rey, a la moda: también tiene cuentas en Suiza

Queridos twighardianos, he intentado publicaros un artículo más completo, pero El Mundo sólo facilita un enlace de pago. Para los que queráis más, os dejo aquí el ENLACE.




El monarquía española ha tenido cuentas en paraísos fiscales. Según revela este domingo el diario El Mundo, el conde de Barcelona legó a sus hijos bienes y fondos por un valor de 1.100 millones de pesetas tras su muerte, el 1 de abril de 1993, de la que mañana se cumplen 20 años. La mayor parte de ese patrimonio se encontraba fuera de nuestro país, en tres cuentas en Suiza, dos en Lausanne y una en Ginebra. En ellas había fondos depósitados por un valor de 728,75 millones de pesetas, que al cambio actual, y aplicando el IPC de estos últimos 20 años, serían unos 7,85 millones de euros. A esa cantidad se sumaría un patrimonio inmobiliario cercano a los 350 millones de pesetas, entre el que destacan el chalet familiar de Puerta de Hierro en Madrid, un edificio en la Gran Vía de la capital y un apartamento en la ciudad portuguesa de Estoril.


Siempre según el diario El Mundo, el grueso de las cantidades depositados en las cuentas suizas de Juan de Borbón acabó en manos del rey. En concreto, unos 375 millones de pesetas. Juan Carlos de Borbón los recibió a través de tres cheques que fueron ingresados el 21 de octubre de 1993, momento en el que se procedió al reparto de la herencia, en la cuenta 10.031 de Sogenal -Société Générale Alsacienne de Banque-, de Ginebra. Se desconoce que sucedió a partir de ese momento con ese dinero depositado en el paraíso fiscal. Tampoco se saba qué ha sido de la cuenta.


Buena parte de los fondos que recibió el rey procedían de una de las cuentas de Lausanne denominada en el testamento "cuenta de usufructo". Esta cuenta, de la Société de Banques Suisse, fue parcialmente vaciada, pero siguió abierta con un saldo de 24 millones de pesetas. Los albaceas recomendaron al rey y sus hermanas, que recibieron 172 y 131 millones cada una, que no repatriaran la fortuna para no levantar sospechas sobre el patrimonio del conde de Barcelona, de quien siempre se dijo que no contaba con importantes bienes.


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Cuando la Iglesia registra a su nombre los edificios que han levantado los vecinos

Los consistorios reunidos en la Comisión de Ayuntamientos de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro vuelven a hacer un llamamiento a las entidades locales para reclamar al Arzobispado de Pamplona los bienes que este lleva inscribiendo a su nombre desde el año 1998, en lo que miembros de la plataforma consideran un "auténtico expolio" de patrimonio público.

En el origen de este conflicto que enfrenta al Arzobispado con algunos ayuntamientos y que se repite en todo el estado, está la percepción sobre la propiedad de muchos bienes sin inmatricular (primera inscripción de un bien en el Registro de la Propiedad) que, hasta su registro por parte de la Iglesia, los pueblos consideraban como comunes.

Uno de los ayuntamientos que conforman la comisión integrada en la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro es el del Valle de Baztan, regido por Garbiñe Elizegi. Considera que desde siempre, "el dinero que se ha invertido en la construcción y arreglo de las casas parroquiales o las iglesias del valle ha sido de los pueblos, bien a través de las aportaciones de los vecinos o del trabajo en auzolan".

Este auzolan, como se conoce en Navarra al trabajo comunitario llevado a cabo por los vecinos y vecinas, es el que está detrás de la limpieza de bosques municipales o la recogida de leña, pero también de la restauración de las casas de las hacedoras, el mantenimiento de cementerios o la construcción de muchas ermitas navarras. Eso, sumado a las aportaciones públicas a través de subvenciones, como por ejemplo, los 321.345 euros concedidos por el Gobierno de Navarra para la rehabilitación de la ermita de San Martín en Izagaondoa, o a la documentación histórica sobre la titularidad de los bienes, lleva a muchos consistorios y poblaciones a considerar parte de estos propiedad municipal.

Y eso aunque nunca los hubiesen inscrito en el Registro de la Propiedad, ya que los lugares de culto como ermitas o iglesias no podían ser registrados por nadie hasta 1998, cuando se reformó la Ley Hipotecaria. Por otro lado, en el caso de fincas, bosques o viviendas porque, según Pascual Larumbe, de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, "hubo una cierta desidia o inercia sociocultural. La casa del cura era como la casa del maestro, que seguro que en muchos sitios sigue sin inmatricular. Todo el mundo sabe que es una casa mantenida por el pueblo".

Sin embargo, fue el Arzobispado de Pamplona quién registró todos ellos a partir de 1998, gracias a los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria que rige que la Iglesia Católica, a la que atribuye la misma potestad que a las administraciones públicas, "cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan". Para ello, y de forma unilateral, solo tiene que emitir ella misma, a través de los diocesanos, a los que equipara así a funcionarios públicos, un certificado de propiedad para registrarlos, a pesar de carecer de otros documentos que prueben su titularidad. El coste de este procedimiento ha sido hasta ahora de entre 25 y 30 euros. Los términos de esta reforma de la Ley Hipotecaria vinieron precedidos, según Larumbe, de un "evidente pre acuerdo del Gobierno de Aznar y la Conferencia Episcopal".

Según esto, y contrariamente a la opinión del ayuntamiento, la Iglesia se considera propietaria, solo en el valle del Baztan de doce parroquias, ocho ermitas, una basílica, dos fincas y un arbolado que registró a su nombre hasta 2007. En toda Navarra se han producido más de mil registros o inmatriculaciones de bienes de este tipo, Unas inmatriculaciones con las que según Elizegi, la Iglesia "se está apropiando indebidamente de patrimonio público", cosa que, además, ha hecho "a escondidas".

"Que lo decida un juez"

Ante esto, los ayuntamientos se han dirigido tanto al Gobierno de Navarra como al propio Arzobispado para reclamar la anulación de estas inmatriculaciones y el registro de los bienes a nombre de los municipios. Eso hizo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Otsagabia al que el Arzobispado recibió con un "que lo decida un juez".

Sin embargo, una reclamación por vía judicial puede suponer para un pequeño consistorio más de 5.000 euros, como los que ha tenido que afrontar el pueblo de Garisoain, de apenas una treintena de vecinos, para recuperar la ermita del Pilar. La Audiencia Provincial de Navarra acaba de fallar en contra de la primera sentencia que atribuía la propiedad al Concejo, pero van a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra ante lo que consideran "un litigio entre la cúpula de la Iglesia y sus feligreses", según Javier Ilzarbe, hasta ahora presidente del Concejo.

El próximo 9 de abril, todos estos consistorios estarán presentes en la asamblea que, a instancia de la Comisión de Ayuntamientos de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, se ha organizado con el objetivo de acordar "una estrategia común". Una asamblea en la que quede claro, una vez más, según Larumbe, que "lo importante es el corporativismo municipal, que haya una voz unánime sobre que no estamos atacando a nadie sino tratando de recuperar lo que nos han robado. Y eso es competencia directa de los ayuntamientos".

"Muskilda es nuestra"

También en Navarra, el Patronato de Muskilda y la Villa de Otsagabia están a punto de presentar la demanda judicial por la que reclaman la propiedad municipal de esta ermita que el Arzobispado de Pamplona inscribió a su nombre. Este caso no está dentro de aquellos reclamados por la plataforma, por su especial idiosincrasia, pero también se inscribe en la política de inmatriculaciones que el Arzobispado lleva desde 1998.

Sin embargo, la alcaldesa de Otsagabia es rotunda, "Muskilda es nuestra", afirma Marisa Sáez. Considera que este caso es diferente al de la mayor parte de las inmatriculaciones reclamadas por la plataforma, porque "la ermita se rige por un patronato desde hace 600 años. La Iglesia se ha querido meter en Muskilda desde hace tiempo, pero hay sentencias hasta de 1600 que dicen que la ermita es del pueblo que la construyó y la mantuvo en auzolan". La ermita se levanta en terreno municipal y las llaves las tiene la hacedora o ermitaña. El consistorio paga anualmente a un párroco por el culto.

Ante el litigio se muestra optimista, porque considera que tienen "muchas pruebas" de la propiedad municipal de Muskilda. Pruebas que ocupan más de mil folios y que espera que sean las necesarias para que los tribunales les den la razón frente al Arzobispado en un caso "que es muy sangrante y que le duele en el alma a todo el pueblo".

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El PP justificó en el pasado el acoso a los políticos



Los escraches promovidos en los últimos días por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han conseguido que tanto el Partido Popular (PP) como otras autoridades políticas pongan el grito en el cielo denunciando la legitimidad de esta forma de acción colectiva, llegándose incluso a plantear la posibilidad de denunciar a sus responsables.

Sin embargo, la doble moral, tan recurrida en casos como éste, vuelve a evidenciarse cuando descubrimos que los que hoy sonactos comparables con la kale borroka para el PP, en otro tiempo fueron considerados un ejercicio lícito de protesta. Ya en 1993 Alberto Ruiz Gallardón, entonces presidente del grupo popular en el Senado, entendió que un fuerte abucheo contra Felipe González en la Universidad Autónoma de Madrid fue "un reflejo de la situación actual del país"; mientras que cuando algo semejante sucedió en una conferencia donde participaba el ministro José Ignacio Wert el rasero fue distinto, pues Eloy Carmona, secretario general del PP en Sevilla, declaró: "Unos fascistas de izquierdas han cercenado la libertad de expresión" del ministro.

No obstante, no es necesario retroceder dos décadas para ver cómo cambian las opiniones de algunos dirigentes. Rosa Díez, sin ir más lejos, ayer mismo publicaba un artículo en el diario El Mundo donde aseguraba lo siguiente: "No es aceptable que se justifiquen actos que violan los derechos más esenciales como la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio o la protección de los menores". Posiblemente la cofundadora de Unión Progreso y Democracia (UPyD) no tuvo en cuenta sus palabras cuando en 2003 increpó duramente a Juan José Ibarretxe a las puertas del Palacio de Ajuria Enea, residencia oficial del Gobierno vasco, durante una manifestación convocada por la plataforma Basta ya.

Rosa Díez denuncia los escraches cuando en 2003 participó en una manifestación que llegó hasta el
Palacio de Ajuria Enea

Dos años más tarde, en 2005, el antiguo ministro de Defensa,José Bono, fue insultado y agredido por varios militantes del PP antes de abandonar una marcha de la Asociación de Víctimas Contra el Terrorismo (AVT) mientras la multitud profería insultos contra el Gobierno y vítores a favor del Partido Popular. En aquel caso Ignacio García Vinuesa, portavoz del PP en Alcobendas, salió en defensa de sus compañeros declarando esto: "Tuve conocimiento de los hechos minutos después de que se produjeran. Es cierto que hubo gente que increpó al señor Bono, pero hubo otra serie de personas que le aplaudieron y recriminaron a los que le insultaban. Entre los que recriminaban a los agresores estaban estos militantes del PP".

En 2009 tuvo lugar un suceso más parecido a lo que estamos viendo estos días, pues un grupo deNuevas Generaciones se presentó en la residencia personal de Manuel Vázquez, el secretario general del PSdeG-PSO, con pancartas donde se leía, entre otros mensajes: "Pachi, Hacienda somos todos. Paga lo que debes". En aquella ocasión el escrache pasó prácticamente desapercibido para las autoridades.

Un caso más reciente aún es el de los polémicos abucheos que recibió José Luis Rodríguez Zapatero durante el desfile que tuvo lugar el 12 de octubre de 2010. Aquellas protestas, que el PSOE atribuyó a miembros de la extrema derecha, fueron recogidas con indignación por el entonces portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, quien calificó de "vergonzosa" la forma en que la organización trató de "alejar al público para proteger a Zapatero de los abucheos de la gente". Según Pérez, en aquel momento se hizo "todo lo posible para salvarle la cara al presidente, auténtica ingeniería, para impedir que se acercara la gente, que había madrugado muchísimo para participar en una fiesta que es de todos". Rafael Hernando, diputado del PP, se manifestó ante los medios de comunicación y justificó la protesta contra el Gobierno: "Es una forma de expresar ese enorme descontento que no sólo afecta a las personas, como algunos pretenden, de un color político, sino que, como se ve en las encuestas, también afecta a los votantes del Partido Socialista".

Anteriormente, en mayo de ese año, el PSOE acusó al PP de Badajoz de haber organizado un abucheo contra la ministra de Defensa, Carme Chacón, y el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, cuando éstos asistían a un acto de jura bandera. La agrupación local del PSOE hizo público un comunicado donde lamentaba que el PP quisiera "remarcar sus intereses partidistas y propiciar episodios de desobediencia civil aprovechando un acto oficial y de tanto calado patriótico como es la jura de bandera y ante la presencia de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire".





Gloria Casanova: la profesora a la que las NNGG si tendrían que denunciar.

“Aunque tu marido te sea infiel, la verdadera prueba de amor es seguir amándole con lágrimas en los ojos, como Jesús lloraba en la cruz”. Frases como esta, como “las mujeres maltratadas no deben separarse porque eso es amor”, o del tipo “el aborto en el caso de violación no es tolerable porque dentro de lo terrible de la violación sacas algo bueno, que es un hijo, un don de Dios”, colmaron este martes la capacidad de aguante de buena parte de los alumnos de tercero de Periodismo de la clase de Doctrina Social de la Iglesia que impartió Gloria Casanova, profesora de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Moncada (Valencia).

“Ha sido intolerable, clases así no se pueden aguantar”, relató a este diario uno de los universitarios que se encontraban en el aula y que recogió las manifestaciones de Casanova. Varias personas más confirmaron esta misma versión. EL PAÍS trató, sin éxito, de obtener la opinión de la profesora, que también trabaja en la Universidad Católica de Valencia.

La asignatura Doctrina Social de la Iglesia es obligatoria hasta tercero de Periodismo en el CEU. Los alumnos que asisten a las clases de esta docente están acostumbrados al tono de sus lecciones, constantemente escoradas hacia las posturas más conservadoras de la Iglesia. Este martes, el tema versaba sobre la homosexualidad y el matrimonio gay. Y, según varios testimonios, Casanova dio varias vueltas de tuerca a su discurso habitual. “Se ha pasado de la raya, ha habido gente que salía ofendida de la clase porque no podía soportarlo más”, relata otro alumno.

Entre los comentarios con los que aderezó la lección —toda hablada, la docente no emplea libro de texto— Casanova también aludió a la existencia de supuestos estudios “que demuestran que los niños de padres homosexuales tienen más trastornos de personalidad” o que la homosexualidad es como una enfermedad que “se puede reconducir”.

"Ya estamos acostumbrados a otros comentarios. A veces señala que los animales no tienen derechos ni dignidad, y en otras ocasiones nos ha planteado que los que no creen en Dios son unos trepas o unos terroristas... pero lo de hoy ha sido demasiado", añade otro estudiante.

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Sanchis, ‘el mentiroso’: ahora sí reconoce una operación de 3 millones con su amigo Bárcenas



Las contradictorias declaraciones del extesorero del PP Ángel Sanchis, imputado por el juez Pablo Ruz este martes, ponen en evidencia que tiene más que ocultar que lo quiere hacer creer. Hoy, quien fuera hombre fuerte en las finanzas de Alianza Popular con Fraga y procesado por el caso Naseiro ha dicho a través de fuentes vinculadas a su defensa, citadas por El País, que no tiene “nada que ocultar ni temer” y que sólo hizo una “operación sencilla” para Bárcenas. “Me dio un crédito de tres millones de euros. Y el dinero fue de un banco importante en Suiza a un banco importante en Nueva York (HSBC), y a una empresa en la que yo tenía intereses”. Sin embargo, hace dos meses, Sanchis negó que hiciera ninguna operación financiera para Bárcenas y aseguró que se había limitado a preguntar sobre su cuenta en el banco suizo.


La operación se hizo el mes que Bárcenas fue imputado


Sanchis, que se encuentra a bordo de un crucero disfrutando de un viaje por el Océano Índico, ha dicho, a través de las citadas fuentes, que los tres millones de euros entraron “en la contabilidad” de la sociedad Brixco en Estados Unidos. “Fue un dinero transferido de modo visible de acuerdo con un contrato que obra en poder de las autoridades bancarias de Nueva York, y que no tendré ningún problema en entregarle al juez Ruz cuando me interrogue”, añadió. El dinero salió del Dresdner Bank de Suiza al HSBC en Nueva York. La operación se hizo en 2009, a través de un contrato cerrado en febrero, casualmente coincidiendo con el estallido del caso Gürtel y la primera imputación del extesorero en el mismo.


“Creía más a mi amigo que a la prensa”


“Lo único que sabía era lo que había dicho la prensa sobre Bárcenas. Y yo creía más lo que decía mi amigo que lo que decía la prensa. Él me decía que no había nada y, además, aunque estaba imputado tenía que elevarse aún su caso al Supremo para que lo investigara”, ha trasmitido Sanchis, quien según sus voceros está dispuesto a “colaborar con la justicia y a contestar las preguntas del juez”.


Hace dos meses negó que hiciera alguna operación


En enero, en una entrevista en el diario Levante, la versión de Sanchis fue diferente a la ofrecida hoy. Entonces, al responder sobre su actuación respecto a la cuenta de Bárcenas el extesorero afirmó que “no es verdad” que llevara a cabo ninguna operación. “Lo que me dio es una autorización para que pudiese preguntar sobre su cuenta del banco, pero ningún poder. Me pidió que preguntase por su cuenta, pero no quiero hablar más de este tema. Le puse en contacto con Brixco, que es cliente mía, y nada más que eso”.


Viajó a Suiza en febrero de 2009


Preguntado sobre por qué viajo a Suiza exactamente en febrero de 2009, Sanchis respondió que “tenía que ir por asuntos míos que no eran bancarios”. El extesorero añadió que ponía la mano en el fuego por su amigo “de la infancia” Bárcenas. “Porque soy un hombre de honor y una persona cabal y sensata y amigo de mis amigos (…) Y no soy ni su juez, ni su fiscal, ni la policía. Soy amigo, y como amigo no me declaro solidario de cualquier equivocación o negligencia que haya tenido, pero no por eso dejo de ser su amigo”.


Negó los sobresueldos en ‘B’ en el PP


Ángel Sanchis también defendió al PP al considerar falso lo de la contabilidad B y los sobresueldos a cargos populares. “Si hubiesen dicho que era un reparto a una persona, podría dar crédito. Pero ¿a docenas de personas y muchas de ellas conocidas mías? He de decirle que ni ellos son tan listos ni yo tan tonto para que me hayan engañado y no haya surgido la más mínima sospecha sobre qué estaba ocurriendo. Alguien se habría podido ir de la lengua y decir «esto está pasando». No me lo creo”.


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TODO ES ETA. Por Ignacio Escolar

Tú eres ETA. Yo soy ETA. Nosotros somos ETA y cualquiera que proteste es siempre ETA. Solo ellos no son ETA. En esencia, los españoles nos dividimos en dos grupos: los "ciudadanos de bien" (marca registrada) y el resto, los etarras. En esa nueva clasificación enfurecida que eleva un grado o dos cualquier gesto de disidencia, la manifestación pacífica es una algarabía, la resistencia pasiva se transforma en violencia y la violencia, aunque sea solo verbal o incluso imaginaria, se califica de terrorismo o golpismo, según el día.

El terrorismo se extiende y ya hasta las asociaciones de padres y alumnos son ETA, o al menos parte de su entorno. "Yo, cuando iba al instituto, las huelgas las organizaba Batasuna, no los padres", ha dejado dicho Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso. Manifestarse contra los recortes en la educación también es ETA o, siendo suaves, "de izquierda extrema radical y antisistema", como asegura José Ignacio Wert, verbo florido, aún sorprendido de que hasta los sindicatos de la educación más conservadores se movilicen contra sus recortes.

Que todo sea ETA no es novedad: criminalizar al que protesta es parte del manual de la derecha que distingue entre la sana protesta democrática –la suya– y los pancartistas que ladran su rencor por las esquinas. Repasen esta recopilación de frases para la historia sobre la catástrofe del Prestige y quédense con lo que dijo hace diez años Jaime Mayor Oreja: "En el País Vasco estamos padeciendo las consecuencias de grupos como Nunca Máis. Lo que estamos padeciendo es la batasunización de la sociedad por parte de ETA. Su estrategia siempre ha sido crear estructuras sociales que, sin llamarse ETA, estaban al servicio de ETA". Quejarse por el chapapote de los "hilitos de plastilina", por supuesto, también era ETA.

Lo más sorprendente es que mientras media España es ETA, va ETA y se disuelve. O eso es lo que ellos quieren que pensemos porque para las mentes preclaras que nos gobiernan –las que hoy excarcelan etarras sin que nadie esté esta vez de rodillas ante ETA– la realidad es otra. ETA no se va, sino que se reencarna en todos nosotros, terroristas de la violencia pacífica.

 

 

La princesa tonta que parecía lista y resultó ser más tonta.



El otro día Lucía Etxevarría escribió un artículo muy, muy completito en el que contaba cosas sobre la Infanta Cristina muy interesantes. Ojo! Nada inventado, eh? Todo basado en el sumario del caso Noos en el que ella no está implicada, aunque si cobraba, pero no sabe nada... Os lo dejo aqui.





La Infanta Cristina recibía de Aizoon cada semana entre 600 y 700 euros por unos servicios que no se han llegado a detallar.


La hija del Rey cobraba de la inmobiliaria por la presentación de facturas como si fuera un proveedor más. La Infanta, según el sumario, ganó en tres años a través de esta empresa no menos de 510.000 euros. La Infanta tenía que saber que Aizoon no había alquilado ni vendido un piso en su vida.


Aparte, la Infanta Cristina recibía 72.000 euros del Rey y cobró 250.000 de La Caixa en 2004. La infanta Cristina es directora del Área Social de la Fundación La Caixa, entidad para la que se supone que trabaja, aunque viva en Guachintón y no acuda a oficina ninguna.


Según afirman la Fiscalía , el abogado y su marido, la infanta Cristina sufre cierta disminución psíquica, o quizá es analfabeta.


Porque una mujer que firmaba cuentas anuales y presentaba cada semana facturas de 600 euros firmadas por ella misma a una sociedad inmobiliaria que en la vida alquiló o vendió un piso, y no se dio cuenta de que era una tapadera fiscal, no está, evidentemente, en pleno uso de sus capacidades. O quizá no sabe leer.


Si la infanta Cristina es disminuida psíquica o analfabeta -como afirman su marido, el abogado de su marido y la Fiscalía Anticorrupción- que alguien me explique a santo de qué es Directora del Área Social de la Caixa y por qué cobra 250.000 euros anuales por un trabajo que, está claro, no está en condiciones de realizar.


Según su abogado, y según su propia declaración, el cociente intelectual de Iñaki Urdangarín debe rondar los 70 puntos dado que firmaba papeles que le incriminaban pero él no tenía ni idea de lo que firmaba. Y además, tiene un problema cognitivo muy serio porque no recuerda prácticamente nada de lo que hizo hace dos años.


Por cierto, Iñaki es sordo, o eso alegó cuando se libró de la mili. Si Iñaki Urdangarín es bobo y no tiene siquiera acabada la carrera de empresariales, aparte de tener un serio problema cognitivo, que alguien me explique por qué trabaja en Telefónica con un sueldo de 1,4 millones de euros anuales y por qué Telefónica le paga su mansión en Guachintón, los colegios de los niños y los viajes a España. O sea, en total, dos millones de euros anuales.


Si Iñaki Urdangarín es más corto que el pelo de Sinéad O’Connor, como según él mismo se presenta, y tiene un serio problema cognitivo de ubicación en el espacio-tiempo, no me explico por qué se le pudieron conceder 17 MILLONES DE EUROS del erario público por la cara sin necesidad de que se presentara a concurso público alguno.


Y en fin, si respecto a Iñaki Urdangarín ha reconocido el propio Rey que le pidió a César Alierta en su momento que alejara a su yerno de España y del escándalo que se avecinaba, es evidente que tanto el Rey como el Presidente de Telefónica son culpables de haber encubierto un delito.


El argumento de “nos sale más barato tener Familia Real que un presidente de la República ” no se sostiene, dado que el mantenimiento de la tal Familia nos sale a todos los españoles por un pico:


Los Presupuestos detallan un gasto de 25 millones, pero mantienen en secreto las partidas que pagan los ministerios de Hacienda, Interior y Defensa. A ello hay que sumar 34 millones para conservación de palacios y jardines (Por cierto: se consumieron en el ejercicio 2010-2011 unos 8,5 millones de kilovatios de electricidad y unos 27 millones de euros de gas, así como 0,2 millones de litros de agua. Se recibieron unas 700.000 llamadas telefónicas y se ingresaron hasta 1,8 millones de euros por la venta de un helicóptero que estaba en leasing. Se gastaron unos 120.000 euros en limpiar candelabros, otros 16.800 en instalar un sistema para proteger las botellas de vino de las bodegas de palacio y otros 550.000 en una sala privada de cine. Para que os hagáis una idea).




Pero incluso si se sostuviera ese argumento de que ” la Monarquía nos sale muy barata” (que no se sostiene por parte alguna) díganme ustedes si es moral que tengamos que mantener los dispendios de unos señores entre todos solo porque nacieron en una familia y no en otra.


- Cuando tenemos un Rey que por lo visto encubre delitos y cuya fortuna de 1.790 millones de euros nos resulta cuanto menos sospechosa, dado que siempre nos han contado que la Familia Real española carecía de recursos económicos propios; que durante el exilio sobrevivieron gracias a la ayuda de las familias monárquicas; y que, tras la coronación de Juan Carlos I, los Borbones se mantenían con fondos del erario público y eran un ejemplo de austeridad en comparación con otras casas reales.


- Cuando su esposa, la Reina Sofía , no tuvo reparos en confesar a Pilar Urbano (numeraria del Opus Dei), para que lo publicara en el libro La Reina muy de cerca, que está en contra del matrimonio entre homosexuales, el aborto y la eutanasia, pero a favor de la impartición de clases de religión en las escuelas, es decir que está en contra de la mitad de los ciudadanos españoles, los cuales, naturalmente, están en su derecho de no reconocerla como “su” Reina.


- Cuando la hija mayor, Elena, cae mal a todo el mundo, es famosa por su mala leche y no nos representa en ninguna parte.


- Cuando su hija menor, Cristina, según nos cuenta su propio marido, el abogado y la Fiscalía Anticorrupción , ronda el cociente intelectual de una niña de dos años, dado que ni siquiera es capaz de leer lo que firma, y se ha casado con un señor que se reconoce a sí mismo también como un débil mental, a quien le engañan con un dos de pipas.


- Cuando su hijo, el Príncipe, ni cae ni bien ni mal sino todo lo contrario, pero fama de listo no tiene precisamente.


- Cuando resulta que la única que cae bien de la Familia (pero que no lleva sangre de la Familia ) parece que lleva tiempo enferma, pero nadie nos lo quiere confirmar.


- Y cuando nos han dejado claro que, por ser quienes son, les colocan en puestos para los que no están ni de lejos capacitados, y les regalan dinero del erario público en cantidades bochornosas sin que tengan que pasar por concurso público ninguno. ( La Infanta Elena cobra 200.000 euros anuales por “integrar laboralmente a personas discapacitadas y niños con problemas de exclusión”. ¿No habrá personas con más formación y con salarios más económicos para este empleo? ¿Qué sabrá la infanta de integrar laboralmente a personas discapacitadas que no sean miembros de la realeza?).


O sea, que les tenemos que mantener porque tienen unas niñas muy monas que quedan muy bien en las fotos. Y no porque nos salgan más baratos que una República, porque resulta que nos salen carísimos. Pues resulta que yo tengo una niña preciosa y fotogénica y mis impuestos al día. Dado lo cual, me postulo para Reina, Princesa o Infanta ya mismo.


Y todavía no he acabado la diatriba, que conste. Lista de las facturas personales que constan en el sumario del caso Nóos. En esto se gasta la infanta los impuestos de los españoles:


- Gastos de los móviles de la familia: 16.000 euros en cinco años (¿llamaban a Pekín cada tarde o qué?).


- Alquileres de coches: 48.000 euros.


- Catering de comida japonesa para una fiesta: 5.000 euros.


- Acondicionamiento de la bodega del palacete de Pedralbes: 30.000 euros. Compras de partidas de vino de Baigorri (6.500).


- Más de 6.000 euros por estancias en hoteles de Roma, África y Estados Unidos.


- 2.114 euros de vuelos entre Minneapolis y Baltimore.


- Una vajilla de 1.741 euros y compras personales de la propia Cristina de Borbón.


…Y no sigo con toda la lista porque el sumario tiene 4.000 folios. Todo esto, claro, pagado con dinero público, y no precisamente el dinero que España paga al Rey “para el mantenimiento de su casa y su familia”.


Lucía Etxebarria




 


 


 

El 'cura verdugo' del penal de Ocaña



Estos versos anónimo escritos por presos republicanos de la cárcel de Ocaña en 1941 bajo la supervisión de Miguel Hernández, según relató el militante comunista Miguel Nuñez en sus memorias, es el único documento escrito que da fe de los crímenes cometidos por “el cura verdugo de Ocaña”, tal y como los reos le bautizaron. Se trataba del capellán del penal de esta localidad toledana, también conocido entre los familiares de los reclusos como el “cura asesino”. Un religioso entre cuyas funciones se encontraba dar el tiro de gracia a los republicanos condenados a muerte.


“Todos sabíamos que era el cura. Participaba en las palizas y después gustaba de coger su pistola y dar el último disparo. Pero poco sabíamos de él. No se dejaba ver por el pueblo y un buen día desapareció de la prisión. Ni siquiera recuerdo su nombre”, cuenta a Público Teófilo Fernández, de 75 años. Su abuelo, de quien heredó el nombre, fue fusilado el 8 de julio de 1939 por “el gran delito de pertenecer a Juventudes Comunistas”.


En la memoria de este hombre, sin embargo, sí ha quedado marcada una imagen: la de decenas de presos caminando desde el penal hasta el cementerio en mitad de la noche. En una larga y profusa fila. Presos cabizbajos seguidos de una camioneta militar. Los registros dan fe de que una noche llegaron a ser 57 los fusilados. “A veces, cuando eran pocos, iban todos en la camioneta”, recuerda. Después llegaba el silencio más absoluto y, por último, el ruido de una ametralladora que los verdugos apoyaban sobre un montón de piedras.


Los registros recogen hasta 57 fusilamientos en una noche También recuerda Teófilo las mañanas en las que acompañaba a su madre al cementerio para poner flores a la fosa común donde descansan los restos de su padre. Las tres fosas del pequeño cementerio permanecieron abiertas hasta 1945 y él, siendo un niño de 5 años, podía ver los cuerpos de los fusilados comidos por la cal. Entre ellos, el de su progenitor


Otros días, llegar hasta la fosa se hacía imposible. “Muchas veces tuvimos que salir corriendo y escondernos en cualquier lugar cuando íbamos al cementerio. Las familias de derechas nos señalaban, nos insultaban y temíamos que nos mataran”, señala este hombre. El miedo no es de extrañar. Además de su abuelo, murieron otros tres familiares fusilados en el penal.


1.300 fusilados


Sólo en Ocaña, un pueblo de apenas 11.000 habitantes de la provincia de Toledo, se registraron entre 1939 y 1959, fecha del último fusilamiento, 1.300 víctimas de la represión franquista. En su pequeño cementerio se concentran tres fosas comunes. La mayoría murieron fusilados, pero un gran número de ellos lo hicieron enfermos dentro de la prisión. La Asociación de Familiares de Ejecutados en la Cárcel de Ocaña, tras examinar los registros del penal, señala que en invierno la lista de fallecidos aumentaba considerablemente debido a las penosas condiciones de vida a las que estaban sometidos los presos. En muchos casos los verdugos ni siquiera necesitaban balas para cometer sus crímenes.


“Hemos encontrado varias partidas de defunción de bebés, que morían en la cárcel. Era habitual que las presas tuvieran allí a sus hijos. De hecho, conozco un caso escalofriante”, narra Carmen Díaz, vicepresidenta de la asociación. “Una presa fue condenada a muerte pero tenía un bebé en edad de lactancia. Las monjas permitieron que la presa continuara con vida hasta que el bebé cumplió dos años. Entonces, se lo quitaron de los brazos y la fusilaron. El bebe fue abandonado entre los matojos, aunque me consta que logró sobrevivir”, cuenta esta mujer, cuya historia familiar no es menos trágica.


Su abuelo murió en la prisión tras ser juzgado tres veces: una para condenarle a muerte, otra para conmutarle la pena por 30 años de prisión y, finalmente, una última ocasión, en la propia cárcel, para condenarlo de nuevo a muerte. La sentencia fue ejecutada inmediatamente sin avisar a los familiares. “Sospechamos que el último juicio fue un fraude ya que no aparece en ningún registro. Simplemente, querían verlo muerto”, cuenta a Público Carmen.




Marcos Ana y Hernández


La cárcel de Ocaña ha pasado a la historia como uno de los símbolos de la represión franquista. Tanto por el alto número de fusilados como por el nombre de los presos que albergó. Entre sus barrotes estuvieron Miguel Hernández y el poeta Marcos Ana en el año 1940-41, el primero, y a partir de 1944, el segundo. A pesar de la breve estancia de Hernández en la prisión, su figura se ha transmitido en la historia oral de los familiares de las víctimas.


“Siempre se ha contado que Miguel Hernández enseñaba a leer y a escribir a los presos republicanos y que, a escondidas de los guardias, organizaba clases de poesía. El poema de El cura verdugo surgió de esas clases”, asegura Julián Ramos, cuyo abuelo fue fusilado en el cementerio de Ocaña por ser el alcalde socialista de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo).


La versión de Julián del poema fue corroborada por el militante comunista Miguel Nuñez, fallecido en 2008, quien estuvo preso en el mismo municipio en aquellos años y relató este episodio en sus memorias. No obstante, este diario no ha podido corroborar la autoría del poema tras consultar biógrafos y expertos de la vida y obra de Hernández.


Marcos Ana, el reo político que pasó más tiempo en las cárceles franquistas (23 años), describió para el documental ‘Memoria Viva’ las condiciones de vida del penal de Ocaña, donde estuvo preso hasta 1946.


“En el penal de Ocaña conocí lo más duro para un condenado a muerte: la soledad. Me llevaron a una pequeña celda, de unos dos metros de largo y tan estrecha que con los brazos en cruz tocaba las paredes. Una puerta de hierro, un retrete en un rincón, un colchón de esparto y un pequeño y alto tragaluz enrejado iban a formar mi nuevo universo. Nos dejaban salir al patio dos veces al día, una hora por la mañana y otra por la tarde”, detalla el poeta, que añade que el momento más triste del día era el atardecer, cuando se despedían unos de otros “sin saber si aquél sería el último abrazo”.


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La policía registra el apartamento de Christine Lagarde, directora del FMI

Las autoridades francesas están registrando el apartamento en París de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.

Este registro se produce en el marco de la investigación contra el empresario Bernard Tapie, según ha informado el abogado de la también exministra de Economía francesa.

El Tribunal de Justicia de la República de Francia abrió en 2011 una investigación a Lagarde, por un presunto delito económico cometido en 2008, cuando era ministra de Economía de Francia.

Las autoridades investigan el uso de un arbitraje en lugar de dejar actuar a la justicia ordinaria en un litigio entre el empresario Bernard Tapie y el banco Crédit Lyonnais, de antigua propiedad estatal, por la venta del grupo Adidas en 1993, lo que permitió a Tapie obtener 400 millones de euros.

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Bermúdez suspende las declaraciones de Bárcenas y Lapuerta

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha suspendido "provisional y cautelarmente" las declaraciones judiciales de los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y de diez supuestos donantes del Partido Popular (PP) que aparecían la supuesta contabilidad B de esta formación, al considerar que su práctica antes de resolver el recurso que presentó la Fiscalía podría causar "indefensión" a esta parte.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 "suspende la práctica de las diligencias acordadas" hasta que se resuelva la inhibición en favor del juez Pablo Ruz que el Ministerio Público pidió a Gómez Bermúdez en primera instancia y a la Sala de lo Penal si no accede a esta petición.

Gómez Bermúdez sostiene que, si las diligencias se practicaran, el recurso podría quedar "sin contenido" y se podría causar "indefensión" a la parte recurrente. Al mismo tiempo, mantiene su petición de reclamar al juez Ruz los autos que ha dictado para defender su competencia para investigar los denominados 'papeles de Bárcenas', al considerar que los necesita para resolver sobre la inhibición y que "de este trámite no se deriva daño alguno a la parte ni a la causa".

La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado 14 de marzo un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal que después rectificó para que resolviera Gómez Bermúdez en reforma con el objetivo de impedir que el juez continuara investigando la supuesta contabilidad B del PP.

"DEJAR SIN EFECTO" LAS DECLARACIONES

En su escrito, el Ministerio Público defendía la necesidad de "dejar sin efecto la práctica de las diligencias" acordadas por el juez instructor, al considerar que eran "innecesarias y desproporcionadas" y no resultaban pertinentes "para cumplir y satisfacer la finalidad perseguida".

En un auto dictado el pasado 11 de marzo, Gómez Bermúdez admitió a trámite la querella presentada por Izquierda Unida (IU) y citó a declarar entre el 25 y el 27 de marzo a Bárcenas y Lapuerta y a diez supuestos donantes que aparecían en la supuesta contabilidad B del PP atribuida al extesorero 'popular'.

Se trataba del presunto número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo; y los empresarios José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy) Juan Manuel Villar Mir (OHL), Luis de Rivero (Sacyr Vallehermoso), Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Fernández (Aldesa), José Mayor Oreja (Fomento de Construcciones y Contratas), Antonio Vilella (Construcciones Rubau) y Adolfo Sánchez.

PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN

El juez también ordenó a los empresarios contra los que se dirigía la querella que "en el improrrogable plazo de siete días" aportaran "copia o relación de los ingresos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002 y 2009 por administraciones gobernadas por el Partido Popular".

También requirió al PP para que en ese mismo plazo aportara copia o relación de los ingresos que por el concepto "donaciones" ha recibido entre 2002 y 2009 de los empresarios que figuran en los deminados 'papeles de Bárcenas', que el diario 'El País' publicó el pasado el 31 de enero, y que el juez también reclamó.

El juez también pidió a la Tesorería General de la Seguridad Social la vida laboral y la historia de bases de cotizaciones de Bárcenas entre los años 2009 y 2013, y a la Agencia Tributaria la Declaración Tributaria Especial a la que se acogió el extesorero a través de la empresa Tesedul.

De igual modo, pidió las declaraciones de IRPF que realizaron algunos de los cargos que habrían recibido dinero, según la contabilidad B atribuida a Bárcenas, entre los que se encuentran el presidente del Senado, Pío García Escudero, Santiago Abascal, Juan Ignacio del Burgo, Eugenio Nasarre, Calixto Ayesa o Jaume Matas.

También solicitó al Tribunal de Cuentas que le remitiera "copa auténtica de las cuentas presentadas por el PP correspondientes a los años comprendidos entre 2002 y 2009 , así como los informes o dictámenes que tal organismo haya emitido respecto de dichas cuentas".

De igual modo, solicitó a este organismo que informara si en alguna de las auditorías que ha realizado a las cuentas del PP entre 1990 y 2009 aparecen donaciones realizadas por los empresarios contra los que se dirige la querella.

La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, se dirige contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008. De los querellados, Bárcenas, Crespo y García Pozuelo están ya imputados en la investigación sobre la trama 'Gürtel'.

A todos ellos los querellantes les atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.

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Por qué, si ya había denuncias, las torturas por parte del Ejército español en Irak no fueron investigadas



Flayeh es conocido por buena parte de los periodistas que hemos trabajado en Irak. Ejerció como traductor de muchos reporteros, y también del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI). Las tropas estadounidenses lo detuvieron el 22 de marzo de 2004, acusándole de haber facilitado información a los insurgentes iraquíes sobre los despazamientos de los agentes del CNI asesinados en Irak en un ataque contra el convoy en el que viajaban.


El Gobierno español no informó ni de su arresto ni de su paradero. Flayeh pasó cuatro días bajo custodia española y posteriormente fue entregado al Ejército estadounidense. Permaneció en las cárceles de Abu Ghraib y Camp Bucca durante casi un año. Después fue puesto en libertad sin que se presentara contra él ningún cargo o acusación.


Entrevistado por el periodista español Gervasio Sánchez, denunció haber sido torturado por parte de soldados españoles durante su estancia en Base España, en Diwaniya. Contó que, interrogado por cuatro agentes del CNI, le encapucharon, le ataron las manos a la espalda y le golpearon la cara la cabeza. No le dejaban dormir y le insultaban continuamente.


También fue golpeado e insultado por los soldados españoles cuando fue trasladado a Bagdad para ser entregado al Ejército de Estados Unidos.


“Tengo el dolor aún instalado en el corazón. Aquello fue muy duro”, me dijo en 2011 cuando me reencontré con él en Bagdad.


La historia de Flayeh, difundida por el periodista Gervasio Sánchez, fue publicada en diversos medios de comunicación. Sin embargo, no se impulsó una investigación sobre su arresto aparentemente arbitrario, a la vista de los resultados, ni sobre su denuncia de malos tratos.


Es más, el Ministerio de Defensa no informó al juez Andreu, magistrado de la Audiencia Nacional, sobre su detención. Este juez fue el que abrió las diligencias sobre la muerte de los siete agentes del CNI asesinados en Irak.


El 13 de febrero de 2004, un mes antes de la detención de Flayeh, el juez declaró el sobreseimiento provisional del caso, pero sujeto siempre a la aparición de nuevos datos.




El auto señalaba que el sobreseimiento se hacía “sin perjuicio de que, de existir nuevos datos referidos a la identidad de los autores, de la naturaleza y de las circunstancias de los hechos denunciados se pueda acordar [...] la reapertura de las diligencias”.


¿Por qué el juez Andreu no fue avisado de una detención relacionada con el caso de los siete agentes del CNI asesinados? ¿Por qué el Gobierno español no informó de la detención de Flayeh?


¿Por qué no se investigó el paradero de Flayeh una vez que fue entregado a las tropas estadounidenses? ¿Por qué no se investigaron las denuncias de Flayeh sobre su tortura?


Otras denuncias


En el área de Diwaniya, en el año 2004, no era difícil encontrar a población local que diera por sentado que las tropas españolas maltrataban a sus prisioneros. “Es un secreto a voces”, me aseguró por aquél entonces un iraquí al que conozco desde hace tiempo.


En diciembre de 2005 un oficial de inteligencia destinado en Base España declaró a la revista Interviú: “Los españoles no torturamos ni humillamos, pero sí metemos presión. Se seguían algunos manuales norteamericanos: les colocábamos sacos terreros en la cabeza a los que no colaboraban para que perdieran el sentido de la orientación. A los más rebeldes les poníamos un CD de heavy metal de Metallica [...]. Se les inyectaba por la nariz una jeringa con líquido, no hace ningún daño permanente, no deja huella, pero pasas diez minutos chillando como un gorrino”.


Un soldado español destinado en Irak declaró a la revista La Clave en su número 3-9 de marzo de 2006:


“En un conflicto siempre existen las torturas, pero nunca salen a la luz. Lo que está saliendo sobre los americanos y los británicos pasa a diario. Cuantas más informaciones se obtienen, menos bajas provoca en las propias fuerzas. Lo que la opinión pública no comprende es que éstas se hacen para protegerse. O por puro compañerismo, para procurar que todos regresemos a casa”.


Si estas afirmaciones fueran ciertas, se constataría el uso por parte de militares españoles destinados en Irak de algunas técnicas de interrogatorio aprobadas por el Departamento de Defensa estadounidense en abril de 2003, y consistentes en torturas.


Cuántos detenidos hubo y qué fue de ellos


Ya en el año 2004 se conocieron testimonios sobre las detenciones de ciudadanos iraquíes por las tropas españolas destinadas en Irak. El Gobierno español tardó tiempo en ofrecer datos sobre el número de personas arrestadas, y de hecho las cifras bailaron y se contradijeron a menudo.


El número total de detenidos no fue ofrecido por el Gobierno hasta abril de 2006: 111 personas arrestados por militares españoles. Nunca se facilitó los nombres de los arrestados.


También fue contradictoria la información facilitada por el Gobierno de entonces sobre las fuerzas a las que los detenidos fueron entregados por el Ejército español.El 25 de mayo de 2004 el entonces ministro de Defensa José Bono, en comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, afirmó:


“El General Muñoz una mañana me llamó y dijo: '¿Qué hacemos con un detenido?' Le dije: 'Inmediatamente a la policía iraquí o a las fuerzas ocupantes, que son las que por Naciones Unidas tienen autoridad para administrar el país”.


Sin embargo, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del 24 de enero de 2006, Bono, ante la pregunta de la diputada del Grupo Mixto Uxue Barkos sobre el destino de los detenidos por el Ejército español, respondió que ninguno de ellos fue entregado a las tropas estadounidenses, ya que todos se entregaban a la policía iraquí.




Posteriormente, en una respuesta dada por escrito en abril de 2006 el Gobierno indicó que 78 de los 111 detenidos por las tropas españolas fueron entregados a la policía iraquí, y los 33 restantes al Centro de Confinamiento de la Coalición en Bagdad. Es decir, existe la posibilidad de que alguno fuera destinado a la cárcel de Abu Ghraib, donde entonces las tropas estadounidenses torturaban a los prisioneros, o a centros de detención bajo control del Ministerio del Interior iraquí, donde también se registraron numerosos casos de torturas.


Se desconocen también las garantías exigidas por el Gobierno español sobre el trato que recibirían los detenidos que sus tropas entregaban, sobre todo después de que fueran públicos, con fotos incluidas, los abusos cometidos en la prisión de Abu Ghraib.


Médicos españoles en cárceles estadounidenses


Desde el 11 de abril hasta el 6 de junio de 2003 se desplegó en la cárcel de Camp Bucca, controlada por el Ejército estadounidese, una unidad sanitaria del Escalón Médico Avanzado del Ejército español. Un médico militar español declaró al diario El Mundo el 13 de mayo de 2004:


“Vimos muchas contusiones, fracturas y algunas entradas de bala, pero nunca supimos su origen, nos decían que los iraquíes se peleaban mucho entre ellos, tratamos a los prisioneros lo mejor que pudimos. No prestamos ayuda psicológica, por lo que sabemos sí hubo vejaciones o humillaciones a los iraquíes”.


En el libro "El hombre mojado no teme la lluvia" que publiqué en el año 2009 con la editorial Debate incluí el testimonio directo de un hombre que pasó por la cárcel de Camp Bucca, donde fue torturado y sometido a todo tipo de vejaciones.


El propio Informe Taguba, realizado por el General estadounidense Antonio Taguba, jefe de la investigación realizada por el Ejército estadounidense a raíz de que salieran los primeros escándalos de torturas, indicaba las siguientes prácticas en Camp Bucca:


“Detenidos golpeados, pateados y apaleados; obligados a saltar descalzos; grabaciones y fotos de detenidas y detenidos desnudos; forzar a los detenidos a posar en posiciones sexuales explícitas para fotografiarles; forzar a los detenidos a quitarse la ropa y permanecer desnudos durante varios días; forzar a detenidos desnudos de género masculino a ponerse ropa interior femenina; forzar a grupos de detenidos de género masculino a masturbarse mientras son grabados o fotografiados; apilar los detenidos desnudos y saltar sobre ellos [...]; colocar una cadena de perro sobre el cuello de un detenido desnudo y hacer una foto con una soldado de género femenino que le sujeta; usar perros (sin bozal) para intimidar y atemorizar a los detenidos, que al menos en un caso mordió e hirió gravemente a un detenido”


La Asociación Politeya interpuso en mayo de 2004 una querella ante la Audiencia Nacional en la que acusaba a militares españoles de encubrir las torturas a prisioneros iraquíes de Camp Bucca. Dicha querella consideraba que tales hechos eran contrarios al Tercer Convenio de Ginebra, y por ello entendía necesario el enjuiciamiento de los mismos por la jurisdicción penal española.


En la querella se hace referencia a una ocasión en la que los médicos españoles atendieron a un preso con tuberculosis agravada porque había pasado cuatro días sin comer; ante su estado, uno de los médicos que le trató llegó a declarar que no había visto nada igual en su vida. El “informe Taguba” menciona como una de las especialidades de maltrato amordazar a los presos después de introducirles una pelota de beisbol en la boca. Uno de estos presos estuvo cuatro días sin comer ni beber, con la pelota dentro de su boca.


La Audiencia Nacional desestimó la querella, diciendo que las conductas descritas “quedarían comprendidas en el ámbito estrictamente castrense”.


Los maltratos


Algunos de los periodistas que trabajamos en Irak y que mantuvimos contacto con iraquíes a nuestro regreso acumulamos testimonios de personas que fueron arrestadas y torturadas en la cárcel de Abu Ghraib, en Camp Bucca, en la cárcel del aeropuerto de Bagdad o en otros centros de detención controlados, al igual que estos, por tropas estadounidenses.


También se recabaron denuncias de maltratos por parte de militares españoles, como es el caso ya mencionado de Flayeh al Mayali. Sin embargo, una vez que las tropas españolas salieron de Irak en general se corrió un tupido velo sobre la actualidad en el país ocupado.


“Irak ya no es noticia”, se decía en muchas redacciones españolas, hasta el punto de que casos como el de las torturas en la cárcel de Abu Ghraib, contados por las víctimas, no encontraron hueco en las páginas de información hasta que los medios de comunicación estadounidenses lo publicaron, con fotografías incluidas. Solo entonces se creyó.


Ahora pasa algo parecido. Hemos tenido que esperar a la existencia de un vídeo para que lo que ya apuntaban algunos testimonios tenga credibilidad.


Poco después de la salida de las tropas españolas de Irak, fuentes del Ministerio de Defensa admitieron que había que pasar página para no provocar malestar en el Ejército. Irak quedó relegado a un segundísimo plano. En los medios de comunicación 50 muertos diarios no eran suficiente para convertirse en categoría de noticia. El Gobierno decidió olvidar y las cuestiones pendientes, investigaciones incluidas, se guardaron en un cajón.


En el año 2006 una prestigiosa organización no gubernamental elaboró un informe sobre las tropas españolas en Irak, en el que se relataban algunas de las cuestiones aquí mencionadas. Nunca fue publicado por la ONG.


Los aniversarios de la invasión son para muchos iraquíes una fecha que abre las compuertas de dolorosos recuerdos. Este décimo aniversario, con el vídeo publicado por El País, puede servir para abordar de una vez las cuestiones pendientes con respecto a Irak, y para dejar de mirar al fin hacia otro lado.


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Cosas que hay que saber sobre la Ley Lasalle



¿Por qué se llama Ley Lasalle? ¿Es que ya es una ley en vigor? Me voy del país ahora mismo.


No, no está en vigor. Se le está denominado así para abreviar y en honor a su máximo impulsor (José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura), como sucedió con la Ley Sinde, a la que se llamaba de este modo incluso cuando solo era una propuesta.


Antes de preguntarte cómo deja la Ley Lasalle la copia privada y qué pasa con las descargas de internet, quiero preguntarte cómo está la copia privada a día de hoy para poder valorar la diferencia.


La copia privada quedó en poco menos que nada con la reforma que se hizo en julio de 2006, en la que se incluyó el requisito de que la copia es privada, y por tanto legal, solo si se hace a partir de obras a las que se haya accedido legalmente. Aunque parece claro que esto se incluyó para dejar fuera a las descargas de internet, lo cierto es que el concepto "acceso legal" no se define en la ley y da opción al debate jurídico. Este concepto impreciso está presente también en otras legislaciones como las de Alemania y Austria, donde también ha generado debates interpretativos, unos dándole el significado más generoso posible de cara al que hace la copia y otros al contrario.


¿Y cómo quedaría la copia privada con la Ley Lasalle?


Lo que hace la Ley Lasalle es terminar con ese debate en España decantándolo a la opción más favorable a la industria de los contenidos. La Ley define ahora expresamente lo que es "acceso legal" y lo restringe a las copias que se hagan de un soporte original -por lo que la obra ha de estar adherida a un soporte- y siempre que lo hayas adquirido en propiedad por haberlo comprado, excluyendo así copias de obras originales pero alquiladas e incluso las que se hacen de un original que te presta un amigo. Además se exige que esa copia del original que has comprado la hagas por tus propios medios, si la haces "con asistencia de terceros", será ilícita.


¿Y ya está? ¿No hay más copias que sean legales que las que haces del original que has comprado?


Solo se permiten esas copias y las que se hagan de la tele o la radio, siempre que sea exclusivamente con el propósito de ver u oír la obra en un momento "más oportuno".


¿Cómo? ¿Entonces volvemos a los tiempos de hacer colecciones de pelis que hemos grabado de la tele? Pero si eso lo dejó de hacer la familia Alcántara allá por la temporada 11.


No, ni eso. Esta ley no permite esas colecciones más propias de los tiempos del vídeo Beta. Como digo, la ley aclara que es una grabación que solo se puede hacer para disfrutar de la obra en un momento que te sea "más oportuno", no para guardarla de forma permanente. Para dejarlo aún más claro, la ley matiza que se tratará de una "reproducción temporal", es decir que esto es para que veas el programa o la película en un rato que te venga mejor, no para que te hagas una videoteca.


¿Qué pasa con la Comisión Sinde en esta ley?


La refuerzan en todos los sentidos. Hasta la fecha no he hecho más que recibir notificaciones de la Comisión donde sacaban argumentos que yo no veía en ley alguna. Pues bien, con la Ley Lasalle ya la tienen. La Comisión consigue que sus argumentos se transcriban fielmente en el texto de la Ley y prácticamente con las mismas palabras que ellos venían utilizando. Esto también quiere decir que la Comisión, muy adelantada a su tiempo, habría estado apelando a leyes futuras, a lo película de ciencia ficción.


¿Quiere esto decir que ahora podrán ir contra las famosas webs de enlaces?


Antes de pasar a eso déjeme aclarar este punto otra vez: la Comisión Sinde-Wert no solo puede ir contra webs de enlaces, puede ir contra cualquier página "denunciada" y que a su juicio vulnere derechos de propiedad intelectual. El hincapié que se ha hecho siempre en las páginas de enlaces es porque la Comisión parece haber sido creada expresamente para acabar con ellas saltándose a los jueces. No obstante, aunque siempre se pongan estas páginas como ejemplo, nada impide que el procedimiento ante la Comisión Sinde-Wert se dirija contra cualquier otro tipo de web, como de hecho ya está sucediendo a día de hoy. Es más, ni siquiera se requiere lucro por parte de la web, sino que basta con que su actividad "sea susceptible de causar un daño patrimonial".


Pero si yo había leído en los periódicos que esta ley solo iba contra páginas piratas de esas que ganan millones de euros. ¿Cuál es la fuente de esas noticias?


Creo que es Times New Roman.


Entiendo. En cualquier caso, ¿cómo deja la Ley Lasalle a las páginas de enlaces?


La Ley Lasalle dice que el procedimiento administrativo ante la Comisión Sinde se podrá seguir contra los que vulneren "directamente" derechos de propiedad intelectual. Es una redacción muy pobre pero que parece querer decir que se dirigirá contra aquellos que alojan el contenido, es decir, los que realizan los actos de reproducción o comunicación pública de las obras. Sin embargo, subsidiariamente, y si esa obra está alojada en una web extranjera "o cuando concurran otros motivos que impidan la eficaz salvaguarda de los derechos vulnerados" -clásica fórmula abierta en la que ya cabe todo-, podrán dirigirse contra las páginas de enlaces. Esta es la típica opción subsidiaria que, paradójicamente, no será la excepción a lo norma sino que será la regla general. Según mi experiencia en los procedimientos iniciados ante la Comisión Sinde, el 100% de las webs que alojan el contenido enlazado desde este tipo de webs están fuera de España (rapidshare, letitbit, uploaded.to, etc.,) por lo que en todos esos casos ahora el procedimiento se dirigiría directamente contra la web de enlaces.


¿Entonces con la Ley Lasalle pueden cerrar Google?


No, la ley está hecha a medida de los requerimientos de la industria de los contenidos, así que define con cierta precisión a quién se refiere cuando habla de páginas de enlaces, evitando inquietar a gigantes como Google. La ley matiza que el procedimiento se puede dirigir contra aquellos que tengan como actividad principal la de facilitar de manera masiva la localización de obras, pero siempre y cuando esa actividad se realice de forma específica, activa y no neutral ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a obras que indiciariamente se difunden sin autorización. Incluyendo -y esto es muy importante- los casos en los que los enlaces son proporcionados por los propios usuarios de la web y no por su administrador.


Además de darles argumentos para dirigirse contra páginas de enlaces, ¿la Comisión obtiene refuerzos de otro tipo?


Sí, la Comisión se convierte de hecho en una especie de tribunal de excepción para los casos relacionados con propiedad intelectual y será quien imponga todas las acciones coercitivas necesarias para que se cumplan sus propias resoluciones. La Comisión podrá adoptar medidas para que se interrumpan aquellos servicios que considere infractores y para retirar contenidos. Eso en realidad ya lo tenían con la Ley Sinde-Wert original pero además ahora podrán extender estas medidas de retirada o interrupción, no sólo a los contenidos objeto del procedimiento, sino en general a todas las obras que estén representadas por la empresa o entidad de gestión que lo ha iniciado. De esta manera la web no podría limitarse a quitar los contenidos que expresamente se le indiquen en una resolución sino que puede hacerse una solicitud genérica de retirada de todo el catálogo de la "denunciante" que, obviamente, se irá actualizando y ampliando con el tiempo.


De esta manera se estaría trasladando a las webs cuyos contenidos son aportados por sus propios usuarios la obligación de supervisarlos y controlarlos previamente para evitar que se suban contenidos o se escriban enlaces que dirijan a obras del catálogo de una entidad de gestión o de una empresa, algo que será imposible en los muy habituales casos en los que esas aportaciones se realizan de forma masiva y continuada. Esta obligación de supervisión es contraria al artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE, que dice expresamente respecto los servicios cuyos contenidos son aportados por sus propios usuarios que los Estados miembros no podrán imponerles "una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas".


¿Y las potestades sancionadoras son de índole económica o solo de este tipo que has explicado?


También económicas. Para empezar, si no retiras voluntariamente los contenidos o los enlaces, la Comisión podrá pedir a la empresa de publicidad de la web que deje de darte ese servicio para asfixiarte económicamente. Si esa empresa no colabora, podrá imponerle una multa de 150.001 a 600.000 euros. Además el incumplimiento por dos o más veces de requerimientos de retirada de contenidos por parte de las webs contra las que se dirige el procedimiento conllevará una multa de entre 30.000 a 300.000 euros.


¿Y basta con retirar los enlaces o los contenidos y ya te libras de la multa?


No es tan fácil. Si la Comisión considera -como hasta ahora viene considerando sin tener esta ley- que tienes una obligación de supervisar los contenidos aportados por tus usuarios y que tienes que retirar no solo las obras que te han especificado sino todas las del catálogo de una entidad de gestión o de una empresa, ahora tendrían una base legal para imponer la multa incluso si has retirado el contenido pero después un usuario la ha vuelto a subir (o a enlazar) o incluso si el contenido que sube o enlaza el usuario es distinto pero pertenece a la misma empresa o entidad de gestión que inició el procedimiento.


Además la Comisión podrá también obligar a la web que se haya considerado infractora a publicar la resolución que le sanciona y al cese de la actividad durante un año. La Comisión, para asegurarse de que se cumpla esta medida, podrá incluso exigir el bloqueo de la web al proveedor de acceso a internet o exigir a tu proveedor de hosting que quite tu web del mapa, también bajo amenaza de multa de 150.001 a 600.000 euros si no colaboran.


Pues, además de fuga de cerebros y de Yola Berrocal, va a haber fuga de webmasters en España ¿no?


Sí, aunque si se van fuera de la Unión Europea y dirigen sus servicios específicamente a territorio español, la Comisión podrá también pedir medidas para bloquear el acceso desde España a esos servicios durante un año. Bienvenidos a China.


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El abogado que demostró que el Gobierno miente con los desahucios.



Cuando Mohamed Aziz le explicó sus problemas con la hipoteca, Antonio Moreno ya padecía el cáncer que le mató un año después. Habían sido vecinos y esa proximidad les convirtió en amigos. Antonio pasaba las tardes cuidando con mimo su pequeño huerto en una granja de Martorell, a 40 kilómetros de Barcelona. Mohamed, que entonces se ganaba la vida como obrero, cuidaba de su familia, llegada de Marruecos.


Un día, Mohamed se encontró a Antonio en una farmacia y le contó que se había quedado en paro, que había dejado de pagar cuotas de la hipoteca y que el banco amenazaba con echarle de casa, como así ocurrió después, en enero de 2011. Antonio no podía ayudarle, pero sabía quién podía hacerlo: su hijo Dionisio, un modesto abogado con piso y despacho en el casco viejo de Martorell.


“Antonio me dijo: ‘No te preocupes, voy a hablar con Dionisio y él te ayudará’. Desde entonces, Dioni, yo le llamo así, siempre me ha llevado de la mano”, cuenta Aziz sobre su “abogado y amigo”, protagonista silencioso del caso que ha puesto patas arriba el sistema español de desahucios y ha dado esperanza a miles de personas que han perdido sus casas —o están camino de hacerlo— porque no pueden saldar sus deudas con los bancos.


Dionisio Moreno, separado, de 43 años, vecino y “militante de Martorell y su historia milenaria” es un hombre peculiar; para quienes le conocen, excepcional: “Es una persona que engancha, que ha dado una lección de valores humanos y éticos”, asegura Verónica Dávalos, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha pasado horas en su compañía para apoyarle. “Como este chico hay pocos, siempre ayuda a los pobres y sin pedir nada a cambio”, ratifica Aziz.


Sus periquitos —ahora tiene siete— ocupan un lugar central de la casa. “Aquí no les molesta el ruido: ni veo la tele ni escucho la radio”, explica Moreno. Los domestica lanzándolos contra las cortinas rosas del comedor, que filtran la luz del sol. “Luego los regalo, sobre todo a familias con niños, que son muy cariñosos”. “Yo, de hecho, soy como un niño, tengo juguetitos por toda la casa”, añade sentado frente a dos figurillas de caballeros de la Edad Media que hay en su despacho, el lugar donde alumbró una idea que se ha demostrado brillante: invocar los derechos del consumidor de la UE para denunciar cláusulas abusivas en el préstamo hipotecario de Mohamed.


La inspiración, como se dice, le pilló trabajando. La pista para vencer a Caixa Tarragona y evitar el desahucio del amigo de su padre se la dio otro banco, que le había enviado “una de esas cartas de publicidad”. Hablaba de unos productos financieros. El abogado trazó en su mente una línea de conceptos (productos, clientes, consumidor...) que le llevó a dar con la tecla adecuada. “Ha trabajado de forma magistral. Lo que ha hecho tiene mucho mérito, ha renunciado a otros proyectos profesionales por ayudar a un amigo”, sugiere Dávalos.


Prudente, Moreno no ha querido vender la piel del oso antes de cazarlo. Por eso se ha mantenido en un silencio monacal hasta el jueves, cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Entonces, toda la tensión acumulada estalló en forma de lágrimas. “Vaya, así me siento una persona importante”, bromeaba tras conocer la buena nueva, rodeado por cámaras de televisión. Él insiste en que es un abogado “sencillo y sin medios”, que vive solo, sin más compañía que sus periquitos, y que vio en el caso de Aziz “una injusticia” que debía ser subsanada.




El pleito le ha hecho perder dinero, pero no ha perdido la sonrisa. “Ha sido como un hermano. Ha trabajado sin cobrar nada, todo lo ha pagado él. No me dejaba pagar nada, ni las fotocopias. Hasta me ayudó a comprar comida para mi familia”, recuerda el hombre desahuciado, eternamente agradecido a su defensor. Cuando el banco le reclamó cuatro meses atrasados de la hipoteca, Moreno se ofreció a poner de su bolsillo una parte.


El abogado de Martorell ha vivido a través del caso Aziz una epopeya personal y profesional que tuvo su culmen en el estrambótico viaje a Luxemburgo para comparecer ante al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “El hecho de que Dioni fuera a aquella vista fue determinante; los jueces vieron de qué iba esto”, defiende Dávalos. “Me ha contado tantas veces las anécdotas que parece que haya viajado con él”, añade.


El abogado tenía previsto aprovechar la vista a la Curia, en Luxemburgo, para pasar un par de días en París con su pareja. Al final, para no distraerse, fue solo. Compró los billetes más baratos que encontró en una compañía de bajo coste y, desde el aeropuerto Charles de Gaulle, viajó a Luxemburgo en coche. Como la hora de entrada al hotel ya había pasado cuando llegó, se quedó sin alojamiento. Deambuló por Bruselas hasta encontrar “un restaurante chino donde se podía leer chambres [habitaciones]”. Allí pudo ducharse y dormir unas horas. Al día siguiente, a las nueve de la mañana, tenía que defender el caso.


No fueron mejor las cosas el día del juicio. “¡Me encontré un atasco descomunal para entrar a Luxemburgo!”. Se perdió varias veces. Primero fue a parar a “un tribunal que no era”. Después, por culpa de unas obras, acabó “en medio del bosque”. Hasta que un alma caritativa le indicó el camino. Tras “rodear todo el edificio”, encontrarse “un par de puertas cerradas” y colocarse precipitadamente “una toga francesa, con un pañolón delante”, entró a la sala justo cuando hablaba el abogado del banco. “Hice una reverencia y me bebí todo el agua que había. Luego me llamaron al atril y tuve que hablar sin mirar ningún papel. Estaba muy nervioso, pero fue bien”.


“Ha sido toda una aventura, pero no sé si querría vivir otra así”, concluye Moreno, del que sus amigos destacan, como virtud primordial, la bondad. Pese a esas dudas, el abogado dice, con cierto aire enigmático, que sigue investigando sobre el drama de las hipotecas. “Creo que no fueron los mercados, sino los bancos, quienes pusieron precio a los pisos. Y lo hicieron en función de los préstamos que estaban dispuestos a conceder”. Lo hará, dice, paso a paso y en silencio. “Su triunfo es el triunfo de la hormiguita”, subraya la abogada de la PAH.


Más que abogado, en realidad Dionisio Moreno quería ser arqueólogo. “Pero no pude rechazar la beca de un banco —ríe— para estudiar Derecho. Me gustaba estudiar y el trato con la gente”, dice. Tras pasar unos años en un despacho “corriente”, se lo montó por su cuenta. Ahora tiene su sede en una pequeña habitación de casa. Como Carrie Mathison, la espía de la CIA de Homeland, el abogado ordena sus pensamientos en un enorme tablón de corcho que cuelga en la pared.


Al margen de su faceta altruista, a Moreno le gusta la novela histórica, la cocina —el jueves preparó dos tartas de manzana para celebrar la sentencia— y “salir al campo a buscar cosas”. “No encuentro restos arqueológicos, pero sí espárragos”, ironiza. Siempre ha estado en contacto con la naturaleza. De adolescente, trabajó en la granja de su padre, junto a la que más tarde vivió Aziz. “Teníamos un terrenito con gallinas y conejos. Mohamed, al que mi padre llamaba cariñosamente El Negro, y un amigo suyo, venían a comprar huevos”.


El caso Aziz ha convertido a Moreno, a la fuerza, en un experto en desahucios, a los que no es del todo ajeno. “De vez en cuando debo algunas cuotas de mi hipoteca. Siempre voy justo, pero por ahora llego a tiempo para pagar”. Para él, el caso no ha sido solo una lucha por buscar soluciones contra el drama de los desahucios en España, sino también una especie de terapia personal que le ha ayudado a superar el duelo por la muerte de su padre. “Ha sido el juicio de mi vida; tapé esa pérdida trabajando mucho”.


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