Ayer se celebraron concentraciones en las principales capitales de España, en las que se leyó un manifiesto que suscribe la Comisión Interasociativa de jueces y fiscales y en el que se exige al Ministro que retire el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, redactado de espaldas a los jueces y que restringue su autonomía. También exigen reforzar las funciones y competencias del Consejo General del Poder Judicial como organizador del trabajo de los jueces. Y, por supuesto, exigen más medios económicos para reforzar los juzgados y para ofrecer una auténtica justicia de calidad.
La concentración en Madrid se celebró frente a la sede del Ministerio de Justicia y los concentrados cortaron la calle San Bernardo durante veinte minutos, pidiendo la dimisión del ministro y oponiéndose a la implantación de las tasas judiciales. Pese a que la mayoría de cánticos y carteles se referían a las tasas judiciales, lo cierto es que, el manifiesto leído, recoge esa oposición en el último punto y no pidiendo su derogación sino su moderación. La mayoría de asociaciones no se oponen frontalmente a ellas sino a su desproporcionada cuantía y al hecho de que hayan de pagarse al principio, en lugar de ser abonado al final del proceso, por el que haya sido vencido.
El Juez Decano de Madrid y portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, fue el encargado de la lectura en Madrid. Armengol insistió en que la huelga está encima de la mesa si sus peticiones no son escuchadas. ” Se pretende tapar el atasco de la justicia con un parche que cercena el acceso de los ciudadanos a la justicia”, dijo en relación a las tasas judiciales. Solicitó un incremento del número de jueces y fiscales y una reforma de calado en la justicia.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, se refirió a a implantación de las tasas que sólo se explica desde un desmesurado afán recaudatorio, que no tiene en cuenta los efectos sociales de la medida y castiga a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y puso fecha a la posible huelga: la semana del 10 al 14 de diciembre. Esta asociación, junto con la Unión Progresista de Fiscales (UPF) son las únicas que se oponen frontalmente a la instauración de un sistema de tasas, que ataca el derecho a la tutela judicial efectiva y restringe el uso del servicio público de la justicia a la mayoría de la población.
También el órgano que aglutina a los abogados, el Consejo General de la Abogacía, se opone de manera frontal a las tasas judiciales, solicitando de partidos políticos y del Defensor del Pueblo que presenten recursos para denunciar su inconstitucionalidad. El presidente del Consejo, Carlos Carnicer, se reunió hace unos días con jueces y fiscales para apoyarles en sus reivindicaciones.
La ley que regula las tasas judiciales debía haber entrado en vigor el pasado jueves pero ha tenido que retrasarse al no estar disponibles los modelos de autoliquidación de tasas, habiendo quedado aplazada su exigibilidad hasta que se publique la Orden Ministerial que regule dichos impresos.
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