Ser hacker, querer ayudar y que te estigmaticen por ello




“Yo odio a los pedófilos y lo único que quería era ayudar a desmantelar este tipo de páginas. Ahora ya no se me vuelve a ocurrir hacer nada por nadie”. Con estas palabras da comienzo, o finaliza (según se mire), el relato del experto en seguridad que ha creado una herramienta por la que por primera vez se puede rastrear la red Tor. Sus implicaciones en la búsqueda de redes de pederastia por lo profundo de la web le ha costado la detención y que fuera tratado como a uno de sus perseguidos.


“Fue en noviembre [de 2012] cuando desarrollé un programa que rastreaba e indexaba esas webs ocultas y lo tuve ejecutándose un par de meses, en los que obtuve más de 100.000 webs catalogadas por diferentes etiquetas para identificar el tipo de páginas que eran”, explica el implicado al que llamaremos Hache.


“Aparecieron multitud de páginas y foros de pederastas, incluso te encontrabas con mensajes de los administradores regocijándose porque llevaban x años online y que nunca les había ocurrido nada... como si fuera una ciudad sin ley donde pueden campar a sus anchas”.


Es en la denominada Deep Web donde confluyen todo tipo de actividades ilegales como venta de armas, tráfico de drogas, pedofilia, asesinos a sueldo, y cuyo sistema imperante es la red TOR (The Onion Router) prácticamente imposible de rastrear y de identificar la identidad del usuario impidiendo así cualquier intervención externa. De ahí la importancia de la creación de un programa capaz de rastrear este submundo cibernético. Sin embargo, En España, la reforma del Código Penal de 2010 añadía el artículo 197/3 en relación con el acceso a sistemas, que establece que: "El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años”. Es decir, no distingue entre si son intrusiones para comprobar medidas de seguridad o si son intrusiones con finalidad ilícita.


“Sabía de las implicaciones legales -explica Hache-, pero continué y en varias webs conseguí encontrar fallos que permitían extraer toda la base de datos, incluido el listado de usuarios (en uno de ellos había más de 30.000 pedófilos registrados). Realicé varias aplicaciones para extraer la base de datos de forma semi-automática de estas páginas con fallos y envié los programas al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil (GDT) por si les era de utilidad”.


Atrapado en la red


Dos meses más tarde, siete agentes de la Policía judicial le esperaban en el garaje de su domicilio con una orden de registro en la mano prestos a realizar la detención.


“La investigación procedía del FBI y la Europol y por mucho que dijeran que habían rastreado mi IP desde el foro concreto del que se me acusaba una supuesta pertenencia, esta red va cifrada” asegura Hache, “la única forma que hay de obtener datos es monitorizando nodos origen, donde las comunicaciones van sin cifrar, algo que hace el FBI de forma habitual”. Por lo que parece toda la operación surgiría de un servidor del FBI por el que controlan y monitorizan las conexiones que pasan por ahí para tener controlado a quien se descargue imágenes y eso, en principio, según fuentes jurídicas de la Fiscalía, podría ser un agente provocador, una figura que no está contemplada en nuestro derecho, y que haría impune los delitos investigados.


“En cuanto al trato, aparte de que uno a uno me iban presionando, a su forma, para que 'cantara', en general puedo decir que no se portaron mal, salvo el típico borde que te humilla psicológicamente con preguntas o sugerencias como que soy gay, neonazi, que necesito ayuda psicológica, que es mucha casualidad que me pasara dos veces, etc. A pesar de todo, quiero que conste que la GDT hizo todo lo posible por ayudarme y sacarles del error”.


En el registro realizado en el domicilio de Hache, aún en el supuesto de haber encontrado imágenes, éstas se habrían almacenado de forma temporal en el ordenador por lo que no es delito. “En su día hubo una propuesta para que en la última modificación del Código Penal en 2010 se incluyera como delito, pero no se llegó a hacer”, informan desde la Fiscalía. “Si hubiera un canal tipo youtube para ver ese material en principio no sería delito. Sería del que pusiera el video a disposición de los demás. Pero descargar el archivo para guardarlo sí es posesión”.


“En España luchar contra esta gente es complicado porque la ley siempre les ampara” afirma el hacker, “pero sería muy sencillo realizar una aplicación que descargara todas esas fotografías de niños y anotara los hashes o huellas de los ficheros, de manera que luego se puedan buscar en las redes P2P o en los ordenadores incautados de pedófilos”


Lo que sí hicieron, en su caso, fue llevarse todos los dispositivos electrónicos, discos duros, memorias, portátil, Ipad, discos multimedia, “hasta las antenas wifi”. Según las mismas fuentes jurídicas de la Fiscalía, “la unidad que lleva a cabo las periciales informáticas, para examinar los ordenadores y hacer la pericial que puedan valer en el juicio, es muy pequeña, de 14 ó 16 personas para toda España, por lo que tienen un atasco de materiales pendientes de análisis de varios años de retraso. Pasarán varios más hasta que devuelvan el material incautado”.


El hecho de que él colabore con el cuerpo de Policía no le ha dado ningún estatus especial. “La coordinación entre las diferentes fuerzas del estado es deplorable, no tienen información cruzada. Si se hubieran informado antes habrían visto quién soy realmente”, se lamenta Hache.


Cuidad sin ley


No era la primera vez que Hache colaboraba “por iniciativa propia” con los diferentes cuerpos policiales del Estado. “Fue en agosto de 2010 cuando llegué a una web donde se hablaba de un foro 'pedo', y donde todo el mundo estaba alarmado por la libertad con la que la gente escribía de temas de menores en él. Como analogía, imagina que un hombre le está pegando a una mujer en mitad de la calle y hay un corro de gente mirando y diciendo cosas...pero nadie ayuda. Decidí hacer una auditoría de seguridad de la web y hallé una serie de cosas”.


Las pesquisas de Hache le llevaron a descubrir que a pesar de estar registrada tras un dominio anónimo y tratarse de un foro internacional, la IP estaba en Barcelona y pertenecía a un cliente de Jazztel, y que tras el dominio había muchas carpetas ocultas con copias de otros foros previamente desmantelados por las fuerzas del estado en anteriores operaciones policiales. “Además, como la web era una versión antigua de Joomla, intenté buscar fallos de seguridad para extraer los datos de los pedófilos, pero tenía bastantes protecciones y finalmente desistí”. Después de denunciarlo a través de internet a los diferentes cuerpos policiales del Estado, alertó a algunas asociaciones antipedofilia, y así quedó la cosa.


Cuatro meses más tarde, a las ocho de mañana, siete agentes de la Guardia Civil y un agente judicial con una orden de registro, aparecieron en la puerta de su casa y, tras entregarle una denuncia, procedieron a inspeccionar el domicilio. Dicha denuncia indicaba la web a la que supuestamente había accedido y que el motivo del registro era una posible vinculación a un grupo de pederastas.


“Al principio estaba desorientado, pero tras leerlo y reconocer la web en cuestión, les conté todo y les mostré los mails con las denuncias. Acto seguido llamaron a sus superiores en Madrid -era una operación de los Mossos d’Esquadra- y en unos minutos cancelaron la orden de registro y únicamente se llevaron mis dos discos duros del PC, por rutina”. Esta vez no hubo detención. Le llamaron a declarar al cuartel y un mes más tarde ratificó la declaración en el juzgado con su abogado.


El delito de ser hacker


“[Hache] es un hacker reputado, ha dado conferencias sobre seguridad en la web y sobre los peligros de TOR”, dice al diario.es otro miembro de la escena hacker que prefiere mantenerse en el anonimato, “sus denunicas de gente por conductas relacionadas con pornografía infantil han acabado con la desarticulación de algún foro de pederastas”. El foro al que se refiere, y el que relataba Hache, fue el de protegenos.com, que fue desmantelado en 2010 y que se saldó con 8 detenidos y una veintena de registros.


Este es uno de los muchos foros y páginas que transitan por la periferia de internet y pueblan un submundo oscuro y depravado. Según la Interpol a comienzos de 2013 su base de datos tenía 3.000 víctimas identificadas en 40 países. Solo en España se han detenido a más de 16.000 pedófilos.


En este sentido, fuentes cercanas a la Fiscalía de delitos informáticos se expresa: “De los primeros escarceos policiales en los 90 con piratas informáticos, que eran una vergüenza, a ahora que son una de las unidades más eficaces de Europa, ha mediado un mundo de formación y preparación y muchas veces ha sido gracias a la colaboración de gente como esta. No es cuestión por tanto de tirarnos tiros a nuestro propio pie estigmatizando a la gente que desde el ámbito privado nos está ayudando. Interesa, en virtud de la justicia, que lo mismo que los culpables sean condenados, que los inocentes queden libres de toda culpa lo más rápido posible”.

Para Hache, su servicio ha terminado.
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Ya hay jueces que alzan la voz contra el exceso de protección hacia la Casa Real



El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y otros tres jueces del órgano judicial han calificado como inaceptable el hecho de que los miembros de la Casa Real gocen de una mayor protección de su honor que el resto de ciudadanos.


Los cuatro jueces han firmado un voto particular en el que se oponen a la confirmación de la sentencia que condenó el pasado mes de marzo al pago de una multa de 6.480 euros al coronel retirado Amadeo Martínez Inglés por un delito de injurias graves a la Corona que cometió al escribir un artículo en el que, entre otras cosas, calificaba de "despreciable" a la Familia Real y llamaba "putero, borracho y cabrón" al rey.


Grande-Marlaska, Ramón Sáez Valcárcel, José Ricardo de Prada y Guillermo Ruiz Polanco indican que el rey y su familia deben someterse, por contra, a un mayor escrutinio y crítica pública. "Cuanto más arriba en la pirámide de poder, mayor sometimiento al control", dice el voto particular.


Los magistrados recuerdan que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo impuso a España el pago de una indemnización de 20.000 euros al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi que había sido condenado por llamar al monarca "jefe de los torturadores".


Contra el interés público


El voto agrega que la condena penal de este tipo de "críticas" disuade del cuestionamiento de la forma de Gobierno en detrimento del interés público "que demanda una opinión plural, informada y formada". "La política en democracia significa un cuestionamiento permanente de la legitimidad de ejercicio de los poderes instituidos", añade.


En opinión de los cuatro jueces, la posición dominante que ocupa la Corona "requiere de las autoridades que demuestren contención en el uso de la vía penal".


Recuerdan también que el coronel retirado condenado "no llamó al Rey borracho ni putero ni ninfómana" sino que los dirigió contra una dinastía, la de los Borbón. "En ese ámbito de valoración histórica no hay privacidad, ni honor, ni prestigio ni reputación", concluyen.


La mayoría de los integrantes de la Sala de lo Penal, 14 magistrados, se han inclinado por confirmar la condena impuesta por un artículo de Martín Inglés publicado el 12 de diciembre de 2011 en el periódico digital 'Canarias semanal' con el título '¿Por qué te callas ahora?'.


En él criticaba la actuación del rey ante las actividades que se le imputan a su yerno, el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, en el marco del 'caso Nóos', y cuestionaba que jefe del Estado hubiera acudido a un gran premio de Fórmula 1 utilizando un avión militar.


De igual modo, señalaba que Juan Carlos de Borbón creía "provenir del testículo derecho del emperador Carlomagno" cuando en realidad lo hace "de la pérfida bocamanga del genocida Franco" y aseguraba que es el "último representante en España de la banda de borrachos, puteros, idiotas, descerebrados, cabrones, ninfómanas, vagos y maleantes que a lo largo de los siglos han conformado la foránea estirpe real borbónica".


"Háblanos de todas las irregularidades y presuntos delitos cometidos por tu regia persona", pedía el coronel en el articulo antes de advertir al monarca de que "a todo cerdo le llega su San Martín". "A ti, y a toda tu familia y parentela más o menos cercana de enchufados, vagos y maleantes de toda laya, parece ser que está a punto de llegaros", agregaba.


La sentencia confirmatoria defiende que la libertad de expresión del condenado no puede justificar "un pretendido derecho al insulto" o intervenciones que afecten al núcleo último de la dignidad de las personas.


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El PP lleva la contraria al certificado de vida laboral de Bárcenas. Qué cosas...

Ni "indemnización en diferido" ni "simulación de contrato", Luis Bárcenas estuvo contratado por el Partido Popular al menos hasta enero de 2013. Así lo demuestran los documentos que obran en poder del juez Ruz y que ha remitido el Ministerio de Empleo al instructor de la causa. Esa documentación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, demuestra que Bárcenas siguió a sueldo del PP hasta que esta redacción destapó que esa era la situación real de las relaciones entre Génova y quien fue su tesorero.


Según la vida laboral de Luis Bárcenas, se mantuvo en activo hasta marzo de 2013. La última aportación a la Seguridad Social que figura en la documentación remitida al juez se refiere a enero de 2013. Todo ello, muchos años después de iniciarse la instrucción del caso Gürtel con Bárcenas como uno de sus principales imputados.


Eldiario.es publicó en febrero que Bárcenas no había sido despedido. Según la vida laboral del extesorero, aportada al juez Ruz, su contrato se mantuvo en activo hasta mediados de marzo. La información remitida por la Seguridad Social incide en esa idea al señalar que hasta enero de este año, el partido de Rajoy cotizó por los servicios prestados por su extesorero.


Mientras Bárcenas seguía cobrando de Génova, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, se enzarzó en una guerra abierta contra el extesorero que acabó con la presentación de una demanda motivada por los papeles atribuidos al segundo. Este estadillo de cuentas desnuda a un PP donde el cobro de sobresueldos y otro tipo de favores se insinúa como una práctica habitual y extendida en el tiempo.


La última novedad sobre estos privilegios fue aportada por esta redacción en relación al actual vicesecretario del PP, Esteban González Pons. Según la información desvelada por eldiario.es, González Pons reside en Madrid en un piso pagado por el partido y alquilado por una de las principales empresas relacionadas con la trama Gürtel. La empresa, Everland S.L., pertenece a la familia de otro exalto cargo del PP, Jesús Merino, imputado por el presunto cobro de comisiones a cambio de intermediación en la concesión de obras.


La situación de Bárcenas se repitió con otro de los imputados de la Gürtel, Luis Sepúlveda. El pasado 3 de febrero, eldiario.es desveló que Génova seguía pagando el sueldo del exmarido de la ministra Ana Mato. Los de Rajoy mantuvieron a Sepúlveda a sueldo solo hasta que trascendió la noticia de que la nómina del PP le seguía llegando mes a mes. Todo ello, a pesar de los escándalos sobre regalos y tratos con la Gürtel que se han ido publicando sobre su Mato y su exmarido.




 


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Carta de un padre al usurero Javier Fernández-Lasquetty

No puedo hablar desde una experiencia de años y años porque no he vivido tanto, pero si puedo afirmar que en 35 años jamás he visto los niveles de crispación social que se viven hoy en día. Si es cierto que gente descontenta con el partido político que tocase esa legislatura, ha habido siempre. Pero no creo que haya nadie que me pueda convencer (ojo, que he dicho convencer, usar argumentos y tal. Nada de llevarme la contraria de forma gratuita...) de que lo que está pasando hoy en día no se sale de la norma.


Este gobierno está tensando las cuerdas amparándose en el, llamémosle aguante español (por no decir atocinamiento ibérico) sin pararse a pensar qué puede llegar a pasar si una de esas cuerdas se rompe. Y detrás, otra. Y otra...

Aquí os dejo una muestra escrita de unas cuantas hebras de una de esas cuerdas que, con toda la razón, ya se ha roto. No es más que la rabia e impotencia de un padre que ve como el robo de la sanidad pública le afecta (nos afecta) mientras sanguijuelas como el señor Lasquetty (¿señor? Bueno, dejemoslo así, tal vez si digo usurero sin escrúpulos haya quién se ofenda) se enriquece pasando por encima de la salud del pueblo ante el que, no nos olvidemos, debe responder.

Despreciable y ponzoñoso mercachifle:

Te escribo con el mayor ánimo del mundo de ofenderte. Quisiera causarte el daño personal que con tu actuación nos causas tú a los demás. Quisiera que sintieras la humillación que he sentido yo esta mañana, cuando he llevado a mi hijo a una revisión medica rutinaria al Hospital Niño Jesús y me he topado, por primera vez y cara a cara con vuestros putos recortes. Este es el objetivo principal, y no otro, de esta carta que escribo presa de la ira más violenta. Aunque supongo que no la leerás. Eres un cobarde por no acudir a los centros de salud y a los hospitales a dar la cara y a explicarnos a los madrileños y a las madrileñas que los usamos lo que nos estás haciendo, y el mal que nos estas causando. Ya me he calmado un poco, pero esta mañana, en el Hospital, si te hubiera visto, habríamos tenido un problema. Tú de salud, y yo legal, porque no habría dudado en caer sobre ti hecho una hidra. Tus decisiones políticas, tu ánimo de enriquecer a tu despreciable clase social, están causando graves perjuicios a muchas personas.


Debes saber que he pasado la mañana en el Hospital Infantil Niño Jesús, un hospital público, orgullo de la ciudadanía madrileña, por la calidad de sus servicios y por sus médicos, que si no son autoridades científicas de reconocimiento internacional en una cosa, lo son en la otra. He pasado toda la mañana esperando a ser atendido en una consulta de revisión para la que tenía cita mi hijo. Durante horas, he deseado fervientemente que te pille el peor de los ébolas catalogados y conocidos. La cita era a las 10 de la mañana. Nos han atendido a las 12:00 y es la una cuando escribía estás líneas, sentado en una sala de espera masificada, presa de la ira más destructiva. Y ahora, tras la consulta, me queda al menos otra hora de espera, nada menos que para pedir cita para la próxima visita.

Desde que mi hijo Artur vino a España, tras el proceso de adopción en Rusia, está sometido a controles médicos periódicos en el Servicio de Pediatría Social de dicho hospital. No tiene nada grave, pero como seguro que sabes, los niños y niñas adoptados en Madrid son asignados a uno de los servicios de Pediatría Social, donde son especialistas, entre otras cosas, en el tipo de trastornos que suelen traer quienes han sufrido abandono y han pasado por un periodo más o menos largo de institucionalización antes de la adopción. En los tres años que llevo acudiendo varias veces al año a este servicio no he tenido mayores problemas ni molestias que alguna espera moderadamente larga. Nada grave, en cualquier caso. Esta mañana, sin embargo, he percibido hasta qué punto están afectando a la calidad del servicio y de los cuidados que reciben nuestros hijos e hijas los recortes en las políticas sociales que estáis llevando a cabo vosotros, ponzoña que sobra en el mundo, con el único objeto de robar el dinero que la sociedad invierte en su sistema sanitario público. Y he percibido también el desprecio con el que vosotros, partida de malnacidos pijos peperos de mierda, tratáis a los usuarios de la sanidad madrileña. No puede explicarse de otra forma la nueva política de solicitud de citas que habéis implantado, que más parece un castigo al usuario de la sanidad pública que otra cosa.

Cuando llegamos al hospital sobre las 9:45 y anunciamos que vamos al servicio de Pediatría Social, nos encontramos con que les han desalojado del edificio principal y les han mandado a un barracón prefabricado que hay en el patio. Es que hay obras, nos aseguran, avergonzados, los empleados a los que preguntamos. Llegamos al barracón y segunda sorpresa: no hay personal auxiliar. Sólo una administrativa para atender a varios médicos, y no da abasto con el teléfono, las citas, las idas y venidas de historiales…. Pero no sólo ella está agobiada: según podemos comprobar, el número de médicos del servicio es ahora menor, y el que nos atendía habitualmente ya no está. Nos va a atender otro doctor. La confianza en los médicos del Hospital Niño Jesús es absoluta, eso no me preocupa demasiado, lo que me preocupa, nos preocupa, es que ahora, la mitad de médicos tengan que atender a los mismos pacientes. Dos horas más tarde de la cita que nos dieron, pasamos a ver al médico, que nos atiende estupendamente, aunque, como no conocía a Artur, nos dedica casi una hora, para leer su historia, reconocerle y hablar con nosotros. Lo dicho: los médicos son estupendos. Nos pide que le hagamos al niño una radiografía, cosa que hacemos en el momento, y que pidamos cita con él en 20 días para ver el resultado.

Tercera sorpresa: ya no se puede pedir cita por teléfono, ni por correo electrónico, ni mediante ninguna web. Sólo se puede pedir cita de manera presencial. Es decir, que si trabajo y mi hijo necesita ir al médico, tengo que pedir permiso en el trabajo, y perder al menos dos o tres horas en desplazarme al hospital para allí, de manera presencial, pedir la cita, y echar la mañana en ello, porque para pedir cita, hay que hacer cola, y una cola muy larga. Cuando llegamos a admisiones, que es dónde se pide cita, nos encontramos con que tenemos el turno 91. Por delante de nosotros hay 82 personas: van por el 9. La sala de espera es minúscula, y sólo dos personas atendiendo a la gente, y en muchos casos, especialmente para las primeras visitas, repitiendo el indignante mantra que les mandáis desde el PP: “hay una espera de tres meses. Si quiere usted, le podemos derivar a una de estas clínicas“… y recitan un listado de clínicas privadas. Un médico, después, nos aseguró que es mentira, y que algunos servicios sólo están masificados como consecuencia de la desaparición de facultativos.

Si de mí dependiera, os lanzaba vivos al Océano Pacífico desde un avion militar. ¿Cómo tenéis la desfachatez de destrozar un hospital público que era una referencia, para mandar a los pacientes a clínicas privadas, de los que probablemente sois accionistas vosotros o vuestros testaferros?¿Pero qué tipo de mangantes sois? ¿Es que no tenéis vergüenza, ponzoña? Sois peores que los terroristas. Mucho peores.

Término con un deseo: que sufras en la enfermedad las mismas humillaciones y padecimientos físicos que estáis causando a los usuarios de la sanidad madrileña, que son muchos…

Me despido manifestándote mi mas absoluto desprecio, y te advierto que por desprecio no debes entender ignorancia, sino odio.

Ricardo Royo-Villanova

Usuario de la sanidad pública madrileña.

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González Pons eleva un grado más las burlas del Gobierno hacia el pueblo

 

Entre ‘sobresueldos’ e ‘indemnizaciones’ el PP, partido que gobierna España con mayoría absoluta, no gana para disgustos. En Génova 13 no dan abasto a fabricar y repartir argumentarios, pero a raíz de las declaraciones del número cuatro del partido (por detrás de Rajoy, Cospedal y Arenas), Esteban González Pons, el PP debería prohibir terminantemente el uso de la palabra ‘indemnización’. Resulta que a Esteban González Pons, azote del PSOE, le pagan el alquiler de su piso en Madrid dos veces, una su partido y otra el Congreso de los diputados. Y para justificar el cambalache el político valenciano dice que se trata de una “indemnización” por ser diputado, es decir que a Pons le parece tan duro dedicarse a la política que no solo cobra un sueldo por ello, sino que además hay que indemnizarle.

Los hechos

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, cobra de su partido 1.455 euros mensuales por el alquiler de la vivienda en la que reside cuando está en Madrid. Pero además, como es diputado de provincias, el Congreso de los Diputados le paga 1.823,26 euros mensuales en concepto de gastos de alquiler y desplazamientos. En total, para costearse su vivienda en Madrid Pons recibe casi 40.000 euros al año (39.339,12 euros) que para sí quisieran muchos asalariados de este país.

Para colmo resulta que el piso de González Pons lo alquila la empresa Everland, relacionada con la trama Gürtel, asunto sobre el que el diputado del PP afirma: “el piso no lo alquilo yo, sino el PP”. En definitiva, el piso en el que vive Pons en Madrid pertenece a una empresa relacionada con la trama Gürtel, lo alquila el PP para que resida en él Esteban Goznález Pons, y además el PP le paga a su diputado 1.455 euros para que pague el alquiler.

La empresa Everland tiene como administradora única a Isabel Gutiérrez Benito, mujer del exdiputado del PP Jesús Merino. Según la investigación que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, Everland era una de las empresas que supuestamente utilizaba Jesús Merino para cobrar comisiones de las empresas vinculadas a la trama Gürtel.

“Indemnización”, la palabra favorita del PP

Los papeles de Bárcenas han puesto al descubierto que casi un centenar de dirigentes del PP cobran sobresueldos (y generosos además), que no les afectó en absoluto la crisis, y que los jueces investigan de donde procede ese dinero o cómo es posible que el PP manejara tanto dinero como para pagar campañas electorales, tener miles de personas en nómina, pagar generosos sobresueldos y no tener deudas.

El colmo fue la explicación de la número dos del PP, Dolores de Cospedal, cuando se descubrió que el ex tesorero Luis Bárcenas, no había sido despedido en el 2.010, sino que siguió cobrando del PP hasta el 31 de diciembre de 2012, además de mantener su despacho en la sede nacional del partido, coche del partido y secretaria cuyo sueldo pagaba el partido. Descubierto el pastel, el PP tuvo que ‘prescindir’ de Bárcenas, y éste les demandó por despido improcedente. Para justificar las nóminas pagadas a Bárcenas, Cospedal argumentó la famosa “indemnización en diferido”, figura que no existe en el ordenamiento jurídico laboral español. Ahora Pons habla de “indemnización por ser diputado”. Nadie en España sabía que a los diputados había que indemnizarles mensualmente por ocupar un escaño. En declaraciones recogidas por Europa Press, Pons asegura que recibe una “ayuda” del Congreso de los Diputados en concepto de “indemnización por ser diputado”.

Pons: “es una indemnización”

Esteban González Pons ha afirmado en declaraciones al Canal 24 horas que “Basta con ir a la página Web del Congreso de los Diputados para ver que esa ayuda no son dietas sino que es una indemnización, y que no es para vivienda sino para el gasto propio del ejercicio de cargo de diputado”. En la misma entrevista explicó que su casa está en Valencia, que es donde reside su familia, y por ello el PP le ha ofrecido una vivienda en Madrid que ocupa temporalmente.

 

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El Gobierno prepara una Ley mordaza sobre lo que comemos

El Grupo Popular en el Congreso pretende prohibir por ley estos estudios independientes que analizan irregularidades en los alimentos. Para ello han presentado una enmienda al Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Recordemos que, como en el caso de la carne de caballo, estos estudios realizados por asociaciones de consumidores jamás han sido rebatidos y siempre se han demostrado como veraces, despertando un gran interés social.

Desde el Partido Animalista apoyamos todas las medidas que favorezcan a la sociedad el acceso a la información a través del etiquetado de los alimentos, que nos permita como consumidores éticos elegir qué productos compramos y cuáles dejamos de consumir.

Con esta medida se pretende impedir que asociaciones de consumidores, medios de comunicación y en definitiva cualquier persona física o jurídica den a conocer los fraudes en el etiquetado de los alimentos.

El Gobierno podría ordenar así la retirada de publicaciones que incluyesen las conclusiones de estos estudios o su eliminación de páginas web, incluyendo sanciones para los responsables de las publicaciones.

Al igual que la asociación de consumidores FACUA, el Partido Animalista denuncia que la medida es claramente inconstitucional, ya que atenta contra los derechos fundamentales a la información, la salud y la protección de los consumidores, derechos éstos que defiende el Partido Animalista.

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Las facturas que el PP le paga a Wert

Inspire Consultores, la empresa que José Ignacio Wert fundó a finales de 2005 centrada en el asesoramiento sobre los campos de la comunicación, la opinión pública y la responsabilidad social corporativa, ha facturado al Partido Popular 453.180,80 euros desde el año 2006.

Un buen cliente

Así consta en la contabilidad oficial que el PP ha remitido a la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM. En concreto, cuando el actual ministro de Educación, Cultura y Deporte era dueño de Inspire Consultores encontró en el Partido Popular uno de sus mejores clientes.

Los pagos año a año

Tanto es así que desde el año 2006 Inspire Consultores no dejó de recibir encargos del Partido Popular. En 2006 los populares abonaron a la empresa fundada por el ministro 48.140 euros. Cifra que se dobló en 2007, cuando el PP transfirió a Inspire Consultores 107.936 euros. En 2008 los pagos alcanzaron los 64.728 euros y al año siguiente rondaron los 100.000 euros (98.785,60 euros). 2010 fue el año en que la empresa consultora de Wert obtuvo menos ingresos de manos del Partido Popular (40.240,20 euros). Cifra que se aumentó de forma muy considerable en 2011, facturando 93.361 euros a Génova 13.

Ministro desde 2011

Cuando en diciembre de 2011 José Ignacio Wert fue nombrado ministro de Educación, Cultura y Deportes abandonó la presidencia de Inspire Consultores. La documentación que obra en manos del juez Ruz refleja las cuentas del Partido Popular hasta el mes en que Rajoy le nombró ministro, y por tanto no consta si desde Génova 13 han seguido trabajando de forma tan estrecha con Inspire Consultores.

La versión del PP y del ministro

Este periódico se ha puesto en contacto tanto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, como con el Partido Popular con el objetivo de conocer en qué consistían los trabajos que Inspire Consultores realizó por valor de casi medio millón de euros. A falta de obtener respuesta del Gabinete de Wert, desde la Oficina de Prensa del PP defienden que estos pagos que se enmarcan en la “legalidad y normalidad”. “Se pagó a la consultoría por trabajos profesionales. Absolutamente”, indican desde Génova 13.

El último ministro

La información en exclusiva de José Ignacio Wert se suma a las que este periódico ya ha publicado sobre otros dirigentes del Partido Popular como Alberto Ruiz-Gallardón, Pío García-Escudero, Ana Mato o Alicia Sánchez-Camacho, quienes por diferentes motivos aparecen en la contabilidad oficial que investiga la Audiencia Nacional a raíz de la publicación de los denominados papeles de Bárcenas.

 

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Los médicos que operaron a Aguirre y Fabra se libran de la quema.

 

El proceso "no ha sido transparente", se ha hecho de forma "apresurada" y se han tomado "decisiones arbitrarias". Es la valoración compartida que los representantes de los principales sindicatos del sector y el colegio profesional hacen de la forma en que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid jubiló forzosamente a 455 de sus 650 médicos mayores de 65 años a mediados de mayo, según datos oficiales.

Entre los trabajadores del sector sanitario el runrún es similar. ¿Por qué unos han logrado quedarse y otros no? Aunque pocos se atrevan a decirlo en público, en las salas de descanso y los pasillos de los hospitales y los centros de salud se habla de amiguismos, de parcialidad y de viejos ajustes de cuentas. Lo cierto es que entre los que se han salvado –el último Plan Regional de Ordenación de Recursos Humanos concretaba que sólo un 30% del personal que cumpliera 65 años podría quedarse– hay varios profesionales muy vinculados con el Partido Popular.

Según aseguran fuentes cercanas a los facultativos y han confirmado a infoLibre los hospitales para los que trabajan, entre los salvados se encuentran los doctores José María Román, que estuvo al frente del equipo quirúrgico de Patología de la Mama que operó a la expresidenta Esperanza Aguirre; el patólogo Vicente Furió, integrante del mismo equipo, o Enrique Moreno, el cirujano que practicó un trasplante de hígado al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. Este último, de 74 años, aunque es personal emérito, todavía sigue operando en el Hospital 12 de Octubre, donde ha habido 152 jubilados. Los dos primeros siguen ejerciendo en el Clínico. Todos superan los 65 años. Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con ellos para que ofrecieran su versión. Además, según reveló Público, Ricardo González Liberal, familiar del presidente madrileño Ignacio González, también continúa como neurocirujano en el hospital de la Princesa. Tiene 68 años.

Aunque su trayectoria no puede ponerse en duda, en algunos casos quedan muy claras su simpatías por los dirigentes del partido que gobierna en la Comunidad de Madrid. El doctor Román, por ejemplo, y según puede leerse en la revista del hospital Clínico, no escatimó en halagos a la todavía presidenta madrileña cuando ésta fue intervenida por su equipo. "Destaco su inteligencia, su capacidad de observación y análisis. Tiene una personalidad muy atractiva y un poderoso don de gentes", aseveró.

El proceso
Para solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo, según se recoge en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), los profesionales debían presentar una memoria que recogiera su trayectoria profesional y acreditar su excelencia y la posesión de méritos, así como un proyecto de actividad a realizar durante el período para el que se solicitaba la prolongación. Además, dependiendo de su ámbito de actividad (atención primaria, hospitales, urgencias…) debían presentar datos referidos al volumen de actividad durante los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud.

Estos documentos iban acompañados por un informe del servicio de prevención sobre la capacidad funcional del profesional en cuestión y un informe de la Gerencia del centro. Toda esta información se remitía a la dirección general de Recursos Humanos de la Consejería, responsable última de la decisión. No existe, por tanto, un procedimiento con baremos objetivos, como denuncian sindicatos y organizaciones profesionales. Algunos de los médicos jubilados han presentado demandas individuales. A preguntas de este diario, un portavoz de la consejería admitió que algunos profesionales están utilizando la vía de recurso que incluye el procedimiento, aunque no especificó cuántos.

“No ha sido un proceso transparente porque los criterios no son objetivos”, señala Rosa Cuadrado, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO Madrid. Su organización ha presentado un recurso al procedimiento. Su homóloga en UGT, Carmen Medranda, defiende una posición similar: “No se sabe bien quién ha intervenido en las evaluaciones de los centros. El sistema es arbitrario, se trata de un ERE encubierto en toda regla”, señala.

El doctor Gutiérrez Millet, nefrólogo de 68 años con cuarenta de dedicación exclusiva en el hospital 12 de Octubre de Madrid, es uno de los afectados. Quería seguir trabajando. "Es mi vida", dice con resignación. Y a pesar de estar jubilado de forma oficial sigue asistiendo tres veces por semana a las sesiones clínicas de su departamento "para seguir aprendiendo". "No han valorado nuestros currículos ni los méritos profesionales. Aunque no creo que haya habido una criba en base a la ideología política. Yo siempre he sido de derechas y he votado al PP y estoy fuera. Me consta que hay otros más cercanos al PSOE que han permanecido. Sí han influido las amistades personales", señala.

A su juicio, sus jubilaciones son un componente más de la "voladura controlada del sistema público" iniciada por el partido al que ahora ha retirado su confianza. Es también un mecanismo de presión de las gerencias de los centros sanitarios para que las personas que les sustituyan –sólo un 10% del total de jubilados puesto que la tasa de reposición es la misma que para el resto de funcionarios y que tendrán contratos eventuales– "no se muevan de la línea".

No obstante, advierte, el mayor peligro de sus ausencias es el "deterioro asistencial grave" que ya se está produciendo en los centros sanitarios. Y deja dos datos para la reflexión. "En mi departamento las listas de espera se han disparado en dos semanas de diez a 31 días. Y en el servicio de Radiología del 12 de Octubre, donde han jubilado a 14 médicos, se están dando citas para ecografías y TAC para el primer trimestre de 2014. Antes el máximo era octubre de 2013".

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Cuidado con sacar el dinero del banco y guardarlo bajo el colchón

 

La desaparición de las cajas de ahorros, la nacionalización de algunos bancos o escándalos como el de las preferentes han provocado que en los últimos meses un número creciente de españoles se plantee la posibilidad de sacar todos sus ahorros de las entidades financieras y ponerlos a buen recaudo guardándolos debajo del colchón.

Esta es una opción en auge, pero ¿es legal? En principio no hay ningún impedimento para guardar fuera de un banco todo el efectivo que se desee y que se haya ganado de manera lícita. En pocas palabras, cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera.

Hasta ahí todo bien, o no tanto. Custodiar en casa nuestros ahorros puede convertirse en un quebradero de cabeza, y en un importante problema fiscal, si en algún momento decidimos volver a ingresar ese dinero, o una parte, de nuevo en un banco.

 

La mitad para Hacienda
Según explica en su blog el abogado Alejandro del Campo Zafra, tras consultar con Hacienda, la Agencia Tributaria no tiene inconveniente alguno para que cualquier persona disponga como quiera de su patrimonio en efectivo. Eso sí, con una condición: si alguna vez decide reintegrar ese dinero a una cuenta corriente tiene que poder acreditar el origen de ese dinero de manera inequívoca.

Así por ejemplo, “si una persona retira 100.000 € y pocos meses después ingresa la misma o similar cantidad, sería creíble que se trata del mismo dinero”, explica Del Campo Zafra. Sin embargo, si ese dinero permanece más tiempo escondido y no se va reflejando en ninguna declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, Hacienda no tiene por qué creerse que es el mismo dinero y lo consideraría una ganancia patrimonial no justificada sujeta a un IRPF de hasta el 52%.

 

Medidas preventivas
Es decir, si no tomamos las medidas apropiadas, la mitad de nuestro dinero -o incluso más- podría acabar en las manos del fisco únicamente por sacarlo del banco y volverlo a ingresar al cabo de un tiempo considerable.

Para evitar esta desagradable situación, el abogado propone que quienes están decididos a custodiar sus ahorros vayan al notario para que prepare un acta notarial con fotocopias de los billetes, con su correspondiente numeración, y dé fe de que están en nuestro poder. Luego, cuando decidamos que el peligro ha pasado y deseemos volver a ingresarlo, deberemos volver al notario a realizar una nueva acta en el que se acredite que son los mismos billetes.

Otra opción es que el Banco del que retiramos el dinero nos certifique la numeración de los billetes que nos entregan, y que haga lo mismo el Banco en el que reingresamos el dinero algún tiempo después para acreditar que se trata del mismo dinero.

 

Legal sí, pero ¿es seguro?
En el caso de guardar el dinero bajo el colchón, Hacienda no será la única de nuestras preocupaciones: sólo en el primer trimestre de 2013 se han cometido un total de 33.782 robos a casas en España, un 6,1% más que en el mismo periodo de 2012. Esto significa que cada día en nuestro país hay 375 familias que se llevan un buen susto al volver a casa y ver que los cacos les han hecho una visita.

Un robo es el más frecuente de los peligros que conlleva el hecho de guardar el dinero en casa. Pero además, incendios, inundaciones, terremotos, o morir sin decir dónde estaba la "hucha" son otros riesgos frecuentes.

Es aconsejable, por tanto, para quien ya no confíe en el banco, no guardar todo el dinero en casa, sino solo lo necesario para hacer frente a los gastos corrientes durante un periodo aproximado de medio año. El resto, mejor depositarlo en una caja de seguridad en una entidad financiera.

 

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El Gobierno Rajoy ‘trabaja’ para hacerse con el control de PRISA

 

Una fuente política advertía este martes a ELPLURAL.COM: “no hay que perderse la foto de esta tarde en París”. La ‘foto’ a la que se refería la fuente era la que iba a producirse en la capital francesa durante la clausura de unas jornadas sobre Europa organizadas por la Fundación Nicolas Berggruen. Y los protagonistas de la foto: Juan Luis Cebrián y Mariano Rajoy.

 

Significativa coincidencia en París
El presidente del Gobierno estaba anunciado como el orador protagonista en el acto de cierre de las jornadas. El presidente de PRISA justificaba su presencia porque, igual que Felipe González, es miembro del llamado ‘Consejo para el Futuro de Europa’ de la Fundación Berggruen desde que este multimillonario franco-alemán capitaneó el desembarco del fondo de inversiones Liberty en la empresa editora de El País.

Una ‘foto’, nos venían a decir, que enseña mucho más. Una ‘foto’ que en realidad retrata, nos advertían, toda una operación política y de comunicación que se está montando desde hace un tiempo y que podría acelerarse dadas por un lado las necesidades económicas de la empresa que preside Cebrián, y por otro de apoyos en los medios de comunicación de Rajoy.

 

Una empresa con la deuda al cuello
Es bien conocida la crítica situación económica de PRISA. Su deuda, superior a los 3.100 millones de euros, mantiene a la empresa acogotada y con respiración asistida. En concreto quienes aportan el ‘aire’ a la compañía son los bancos que, a menudo ‘forzados’, han financiado al grupo en los últimos años. Incluso en un momento desesperado de PRISA, y ante la inminencia de la quiebra del Grupo, las entidades bancarias no tuvieron más remedio que aceptar la conversión de parte de esa deuda en acciones, y convertirse así, aún a su pesar, en los verdaderos dueños de la empresa que en su tiempo fue de la familia Polanco (la familia apenas tiene ahora un 15% de las acciones de la empresa)

La situación de PRISA es, sin embargo, tan desesperada que nada basta para taponar sus vías de agua. Mucho menos aún en estos tiempos de crisis económica y, por tanto, de sequía publicitaria. La empresa necesita refinanciar su deuda mientras llega la solución, que no es otra que el despiece y la venta parte a parte de la compañía. Una refinanciación que tiene muchos problemas para lograr, y en la que la ‘presión’ política a favor, o en contra, resulta crucial.

 

Una empresa no muy atractiva…
De todas sus empresas, de la que más desea desprenderse PRISA, dado el coste que le supone, es de Sogecable (Digital +). Son viejos los rumores que apuntan a que los otros accionistas de Sogecable adquirirían la participación de PRISA, en torno al 54%. Esos otros accionistas son Tele 5, que se convirtió en accionista cuando compró Cuatro, y Telefónica. Negociaciones que, ante la incapacidad de acordar un precio, se estancaron.

Fuentes de Telefónica reconocieron a nuestro periódico hace algo más de un mes la existencia de aquellas conversaciones, pero ya entonces nos aseguraron que “una cosa es una disposición a ayudar, y otra muy diferente comprar… por falta de ganas, y por que la empresa que se vende no resulta muy atractiva”. También entonces nos aseguraron que “no había presiones desde el Gobierno (para concluir la compra), aunque saben de lo que se habla”.

 

… que ‘mejora’ porque los tiempos imponen cambios de estrategia
Pero en estos momentos la situación está cambiando.., igual que lo hace la situación política del Gobierno. Ahora lo que reconocen a ELPLURAL.COM en fuentes de la propia Telefónica es que existe una oferta encima de la mesa, y que el Gobierno no sólo ”ve bien, sino que apoya” la compra. Aunque en la empresa de telecomunicaciones no se atreven a poner fecha al cierre de la operación, sí reconocen que se avanza. En otras fuentes que conocen bien la negociación se nos asegura que Telefónica ha puesto el precio de 800 millones al total de las acciones que tiene en Digital+ la compañía que preside Juan Luis Cebrián. En PRISA lo consideran aún insuficiente, pero tienen poco margen de maniobra. Ese dinero no sólo disminuiría de una manera importante la deuda del grupo, sino que ‘engrasaría’ la financiación y daría liquidez y ‘vida’ a las demás empresas.

¿Qué habría cambiado para desbloquear la venta de Sogecable.., y al aumento de presión por parte de Moncloa para que la operación se concrete? Fuentes políticas apuntan a la creciente soledad y animadversión que Moncloa encuentra en algunos medios de comunicación de la derecha, muy en especial del diario El Mundo, que en la más que posible ‘guerra civil’ que se anuncia en el interior del PP, mucho más tras la irrupción de Aznar en el campo de batalla, se apresta a ser el acorazado con el que atacar y sitiar a Rajoy. Los últimos días desde ELPLURAL.COM les hemos señalado muchos ejemplos de esta situación.

 

El País apoyando a un Presidente ‘popular’
Algo muy diferente se hace en PRISA. Desde el estallido de la crisis interna en el PP por el asunto de ‘los papeles de Bárcenas’ cualquier lector avisado habrá notado un hecho sorprendente. Al menos en apariencia. Rajoy es el gran ausente de los titulares en las informaciones que publica El País, que tuvo acceso a los papeles desde el primer momento, y que recibe continua información filtrada de las investigaciones. El Presidente apenas es citado por su nombre, y se pasan por alto sus responsabilidades orgánicas en el PP durante ‘los tiempos Bárcenas’.

A quien esta situación no se le escapa, desde luego, es a José María Aznar. En ELPLURAL.COM habíamos advertido cómo el expresidente se quejaba de sentirse desprotegido por parte del Gobierno, e incluso insinuaba que Moncloa alentaba los ataques contra él. En su entrevista en Antena 3 Aznar lo dejó claro, y cargó contra PRISA casi tanto como contra Rajoy. Se quejaba el expresidente de ataques que se concretaban en acusaciones que en muchas ocasiones ocupaban la portada de ‘El País’.

 

Aznar en las portadas, a Rajoy ni se le menta
De hecho, coincidiendo con su comparecencia en Antena 3, El Pais ‘desveló’ dos informaciones de mucho calado contra Aznar: por un lado el dinero que había recibido de la Gurtel para ‘el bodorrio de El Escorial’ entre su hija y Alejandro Agag; por otro, la supuesta participación de Correa en la financiación de actos políticos suyos.

¿Qué es lo que la fuente política apuntaba a ELPLURAL.COM? Este hecho paradójico e impensable hace años: El apoyo del Gobierno del PP para que banca y grandes empresas acepten y ayuden a la refinanciación del grupo, mientras se asegura la ‘protección’ que los medios de comunicación de este grupo, muy en especial ‘El País’, pero no solo, dan al Presidente. Y todo esto parece estar sólo empezando.

 

Fuente

 


 

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