La historia de Hervé Falciani está siendo, cuando menos, turbulenta. Después de casi seis meses recluido en una prisión española, el ladrón de datos suizo ha pedido que le dejen en libertad, para lo que cuenta con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Hace tan sólo unos meses temía que si salía de la cárcel su vida correría peligro, teniendo en cuenta que posee el nombre de miles de evasores fiscales de todo el mundo que llevaron su dinero no declarado al banco HSBC, en Ginebra, donde él era un empleado, según señalan fuentes jurídicas.
De un simple empleado de banca pasó a ser uno de los hombres más buscados por todos aquellos poderosos que han engañado al fisco de sus países. En España, hay confirmado un ejemplo: el del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, quien tuvo que devolver 200 millones de euros que había desviado a cuentas suizas sin conocimiento de la Hacienda española. Sólo en nuestro país, hay cientos de políticos y empresarios cuyos nombres podrían aparecer en esos listados, bien custodiados para que no se hagan públicos.
Desde que Falciani fue detenido en junio cuando intentaba entrar en España por barco a través de Barcelona, la Fiscalía ha mostrado su total apoyo para no enviarle de vuelta a Suiza, donde se le reclama por el incumplimiento del secreto bancario, un delito penal en el país helvético que, por el contrario, no está tipificado en nuestro país.
La fiscal Dolores Delgado remitió ayer mismo un informe a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solicitando su inmediata puesta en libertad hasta que se decida sobre su extradición. Según fuentes del Ministerio Público, no existe ninguna necesidad de que se le mantenga retenido hasta que la Justicia tome una decisión sobre su entrega.
Falciani tiene muchos enemigos, pero también muchos apoyos. El propio Gobierno de Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy para que lo deje bajo su paraguas y le conceda el estatus de testigo protegido para, a su vez, llevarlo a tierras norteamericanas, donde podría haber hasta 3.000 evasores que deban dar la cara ante la Justicia gracias a los documentos de Falciani.
Si la Sala escucha a la Fiscalía y le deja en libertad provisional a la espera de resolver la extradición, Falciani podría preparar su huída, siempre y cuando cuente con el apoyo de otro Gobierno que le proteja. Fuentes del Ministerio Público muestran sus dudas sobre el delito por el que se le persigue en Suiza.
Consideran que el hecho de ofrecer datos para perseguir el fraude fiscal no es delito en España, a lo que se añade que la información ofrecida ha servido y servirá para reclamar el dinero extraído ilegalmente de España, convirtiéndose Falciani en un colaborador.
Por estas razones, el Ministerio Público se opone radicalmente a que el reo sea enviado a Suiza, donde le esperan hasta siete años de prisión. Entiende que, en el fondo, es muy discutible el carácter delictivo de la acción. Aún así, queda mucho camino por recorrer, un camino que dejará la pelota en el tejado del Gobierno, cuando a través de su Consejo de Ministros deba ratificar o modificar la extradición de Falciani, en el caso de que la Audiencia Nacional la estimara. Hay que aclarar que fuentes jurídicas explican que el caso no es tan sencillo porque, aunque en España no exista ese delito, Suiza ha colaborado en muchas ocasiones con la Justicia española y se le debe una reciprocidad.
Este exempleado del HSBC pirateó 130.000 ficheros informáticos de supuestos evasores fiscales que habrían defraudado miles de millones de euros a decenas de países, entre los que se encuentra España. La historia se remonta a 2006, cuando Falciani intentó alertar a las autoridades suizas de las irregularidades bancarias. Ahí comenzó su calvario. Consiguió huir hasta Francia, donde entregó parte de los ficheros. Suiza pidió al país vecino que le entregase a Falciani y todos los datos, pero Francia decidió utilizarlos e identificó a más de 8.000 supuestos defraudadores franceses, a quienes invitó a regularizar su situación fiscal, recuperando así unos 1.200 millones de euros.
Las autoridades francesas también entregaron datos al Gobierno español, ayudando a localizar a 659 defraudadores que habrían evadido más de 6.000 millones de euros, entre ellos el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. La decisión del país galo supuso un conflicto diplomático con Suiza. Falciani, de 40 años, huyó a España en el mes de junio, pero fue retenido a su entrada en el país y, desde entonces, está a la espera de ver cómo se resuelve su futuro judicial, aunque, eso sí, jugando sus cartas.
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