Surrealismo en el Congreso: el PSOE vota contra una ley de Zapatero que ya no existe



El Congreso vivió ayer una votación parlamentaria tan insólita que bordea el surrealismo. Los diputados socialistas rechazaron al unísono la reforma laboral impulsada en 2010 por José Luis Rodríguez Zapatero, ya derogada, y que el PSOE respaldó entonces casi sin fisuras. Lo que el Pleno votó este martes fue una iniciativa legislativa popular (ILP) puesta en marcha nada menos que hace dos años, con el respaldo de más de un millón de firmas ciudadanas, en contra de aquella reforma laboral, que el PP tumbó el pasado mes de junio y reemplazó por su propia legislación, mucho más dura que aquella.
Los diputados del PSOE, junto a los de IU, PNV, ERC, UPyD y BNG, votaron anoche a favor de esa ILP, impulsada a principios de 2011 por UGT y CCOO para que el Congreso modificara los aspectos de la reforma que ambos sindicatos consideraban más perjudiciales para los intereses de los trabajadores. CiU se abstuvo, pero los votos del PP, que goza de mayoría absoluta en la Cámara Baja, fueron suficientes para tumbar esa tardía y ya desfasada expresión de democracia directa, cuyo requisito es contar con el aval de la firma de al menos 500.000 ciudadanos.
La diputada socialista Concha Gutiérrez, en un intento de justificar la extravagante pirueta de su partido, aseguró que el PSOE apoyó ayer esa vieja ILP por "coherencia democrática", obviando la abrumadora incoherencia de haber votado a favor de una iniciativa que rechazaron de plano cuando estaban en el Gobierno. Para tratar de justificarse, Gutiérrez argumentó que, aunque la reforma laboral de Zapatero fue repudiada por los sindicatos, "ello no impidió que prosiguiera el diálogo social". En otras palabras: la reforma socialista era mala, pero la de Mariano Rajoy es mucho peor, vino a decir la diputada por Jaén.
La votación de ayer también certificó que las iniciativas legislativas impulsadas por los ciudadanos, el único instrumento de participación política directa, no sirven de nada. La estadística es demoledora: las 66 ILP presentadas en el Congreso en las tres últimas décadas han sido tumbadas, y apenas unas cuantas lograron pasar la criba inicial de la Mesa -el órgano de gobierno de la Cámara-, que ni siquiera las admitió a trámite. El derecho de los ciudadanos a impulsar proposiciones de ley está recogido en el artículo 87.3 de la Constitución, aunque la ley orgánica que regula su ejercicio no fue aprobada hasta 1984, gobernando Felipe González.
"Hipocresía política"
El PP, consciente de la incomodísima posición del PSOE en el debate de ayer, trató de sacar los colores a su rival. Rafael Merino, portavoz popular, reprochó a los socialistas su "hipocresía política" por ir contra una reforma que en su día impusieron ellos mismos, y que sólo un diputado del PSOE, Antonio Gutiérrez, exsecretario general de CCOO, tuvo entonces el coraje de rechazar, precisamente por coherencia. Claro que el PP tampoco anda sobrado de ella: en 2010, su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, echó en cara a Zapatero que aquella era "la reforma laboral del despido". Hoy la cifra de parados roza los seis millones.
¿Por qué la iniciativa popular contra aquella reforma ha llegado ahora al Congreso, cuando esa ley ya está derogada? UGT y CCOO pusieron en marcha la recogida de firmas a principios de 2011, seis meses después de que el Gobierno socialista aprobara el real decreto ley que abarataba el despido. Hasta junio de aquel año no presentaron los avales, y cuando lo hicieron fue para exhibir músculo: más de un millón de firmas, pese a que habría bastado con medio millón. En otoño se convocaron elecciones y se disolvieron las Cortes, por lo que la ILP ya no pudo ser tramitada en la anterior legislatura. Y ahora, como se vio ayer, ya era demasiado tarde.
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