Así, la banca acreedora hace su apuesta por su lado. Los constructores que están en el capital, hacen la suya; el Ministerio de Fomento tiene sus planes para intentar que afecte lo menos posible a los fondos públicos y los grupos concesionales que han participado también ofrecen sus propias ideas al respecto.
Algunas de las soluciones pasan por crear una especie de banco malo para las autopistas. Otras por mantener las empresas concesionarias en estado comatoso, como autopistas de pago zombis por las que casi no pasen vehículos.
En todo caso, el debate no es el mismo que con las ayudas públicas a los bancos, según coinciden las fuentes empresariales consultadas. Al final, todos los caminos pasan por el recurso al Estado. Por ejemplo, el debate no puede ser que si las radiales de Madrid son deficitarias se las deje caer. Son concesiones estatales. Si van a la liquidación pasan a manos del Estado. Pero es que si se ejecutan los créditos participativos que está dando el Gobierno también se las quedaría el Estado. Y si acaban en manos de los bancos, como Bankia -principal acreedora de las radiales y entidad nacionalizada-, también acabarían en manos del sector público, al menos parcialmente. Sea como sea, el despropósito de las radiales de Madrid lo acabará pagando el contribuyente, es decir, todos los españoles.
La situación de las autopistas de la discordia
La R-2 une Madrid con Guadalajara. No ha suspendido pagos todavía, pero su situación financiera es muy delicada. La sociedad explotadora es Henarsa y está intentando refinanciar una deuda de 421 millones.
Por su parte, la R-3, que conecta Madrid y Arganda ha presentado un concurso de acreedores, igual que la R-4, que une Madrid con Ocaña. Las deudas de esta última ascienden a 575 millones.
La R-5, que va de Madrid a Navalcarnero, es propiedad de la misma concesionaria que la R-3 y entre las dos tienen una deuda acumulada de 2.022 millones.
También se encuentran en concurso de acreedores la AP-41, que une Madrid y Toledo, y tiene una deuda de 380 millones y la AP-36, que conecta Toledo con La Roda (Albacete) y tiene un pasivo de 522 millones.
La deuda total de estas autopistas asciende a 3.920 millones y cada grupo de interés apuesta por una estrategia distinta para resolver este problema.
Ministerio de Fomento
La ministra de Fomento, Ana Pastor, pretende una solución sin estridencias. El plan pasa porque cuando las empresas vayan cayendo incapaces de superar su crisis pasen a un grupo público de autopistas que gestione el activo. Sería la vuelta a la antigua Empresa Nacional de Autopistas (ENA). De hecho, el secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Jorge Ferre, que es el responsable de buscar una salida, fue director general de ENA. Mientras, pretenden que la banca haga algún tipo de quita para retrasar el proceso y que sea lo más gradual posible pero los grupos financieros se oponen.
Los constructores
Los constructores son Ferrovial, propietario de la A-41; ACS, que tiene el 35% de la R-2 y el 20% de la R-3 y R-5; Sacyr, con el 25% de estas mismas vías y el 35% de la R-4 y Acciona, que posee el 25% de la R-2.
Estos grupos son partidarios de que el Gobierno siga manteniendo las radiales como autopistas zombis a base de créditos participativos y cuentas de compensación. Sólo las cuentas de compensación suponen 100 millones de ayudas anuales. Y los créditos participativos hasta ahora han sumado 900 millones de euros.
Los gestores de infraestructuras.
Entre los gestores se encuentra Cintra, que tiene el 55% de la R-4 y Abertis con el 35% de la R-3 y la R-5. Su apuesta es incrementar el tráfico para que estas autopistas sean viables. Esto supondría, por ejemplo, poner un carril VAO en la A2 y otras vías gratuitas alternativas para saturarlas de tráfico.
También abogan por implantar peajes en la M-50 y la M-40, de manera que esos ingresos sirvieran para llevar vehículos a estas vías, ahora infrautilizadas y en parte para compensar las pérdidas de las radiales. Esta alternativa no la quiere Fomento, que teme las consecuencias políticas.
La banca
El principal acreedor es Bankia, pero el resto de los bancos españoles está atrapado en esta situación. Los bancos proponen una fusión de todas las radiales y que el Gobierno ejecute sus créditos participativos. Esto crearía una especia de banco malo de las autopistas participado al 50% por el Gobierno y por los bancos y dejaría fuera a los actuales accionistas.
En esencia es también un regreso a la antigua ENA que puede proponer el Ministerio pero por la vía rápida. Evidentemente, los constructores se oponen.
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