España se niega a asistir a algunas reuniones europeas si no puede hablar en castellano

El Gobierno español se niega a asistir a algunas reuniones técnicas del Consejo Europeo si no hay traducción e interpretación al castellano. Según han admitido fuentes diplomáticas españolas, los funcionarios tienen prohibido participar en encuentros y negociaciones con sus homólogos europeos si no pueden expresarse en lengua castellana y escuchar el resto de intervenciones traducidas al castellano. Y Madrid incluso los ha amenazado, en un correo interno, con no pagarles las dietas y gastos de viaje si desobedecen. Boicoteando algunas reuniones, el Ejecutivo del PP, como hacía también el del PSOE, protesta contra lo que considera una marginación del castellano en los organismos internacionales.

El Gobierno español se aviene a negociar en inglés y francés, pero cuando en estas reuniones técnicas del Consejo se añade un tercer idioma se niega a participar y planta demás gobiernos si no se permite también el castellano. Se trata a menudo del alemán (que es lengua interna de trabajo de la Comisión Europea), pero también de la lengua propia de la presidencia europea de turno, actualmente el chipriota. De hecho, fuentes de la representación española ante la UE han reconocido que este semestre se han negado a hacer algún viaje a Chipre para que no se les ofrecía traducción e interpretación al castellano.

RECHAZO DEL RESTO DE SOCIOS

Este boicot no gusta nada el resto de socios europeos, porque eterniza las negociaciones y obliga a aplazar la toma de decisiones que pueden ser muy importantes para salir de la crisis. El ejemplo más claro es la patente europea, que los Ejecutivos del PP y del PSOE han bloqueado durante años porque limita al inglés, el francés y el alemán las lenguas en las que se pueden registrar inventos en Europa. España incluso ha impugnado su aprobación al Tribunal de Luxemburgo, porque el castellano queda excluido. Sin este nuevo instrumento, registrar un invento en la UE es hasta diez veces más caro que en Estados Unidos, así que es importante también para la competitividad de la economía del Estado.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y sus ministros y secretarios de Estado no participan en esta protesta y sí que viajan siempre a todas las reuniones. El boicot se limita solo a los encuentros de carácter técnico, con representantes de los 27 gobiernos, y sobre todo a las que se celebran fuera de Bruselas y representan el coste económico de tener que pagar el desplazamiento. El Estado tiene derecho a pedir una reserva de estudio, una prórroga que le permite no presentarse a una reunión y aplazar la decisión para poder estudiar con detalle e internamente una política determinada.

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