La verdad es un concepto voluble que algunos políticos adaptan a lo que quiere escuchar en cada momento su audiencia. Tomemos el ejemplo del presidente regional, Ignacio González (Partido Popular). El pasado 16 de octubre se reunió con Sheldon Adelson para hablar sobre el macrocomplejo de ocio y casinos que el magnate estadounidense quiere construir en Madrid. “Hemos repasado todos los trabajos que se han venido haciendo y hemos ratificado los acuerdos”, explicó a los periodistas después. Eso sí, no reveló qué acuerdos son esos a los que ha llegado en representación de los madrileños. Incluso olvidó mencionar que, horas antes, Adelson se había reunido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (Partido Popular).
Sobre lo que hablaron, nada se sabe. Sin embargo, Ignacio González prometió al día siguiente “toda la transparencia necesaria”. Minutos después revelaba que Adelson contará con “condiciones especiales”, “no para hacerle un favor”, ojo, sino por prometer una inversión de 6.000 millones de euros en tres años y la creación de hasta 72.000 puestos de trabajo directos en el sector servicios, más otros 15.000 en la construcción del complejo. Ante esas magnitudes, González se mostró dispuesto a hacer las “necesarias modificaciones para un proyecto tan singular”, creando “un marco legal” a la medida del empresario.
El magnate reitera que concretará sus planes a inicios del año que viene.
Preguntado sobre a qué modificaciones se refiere, González negó que se trataran de cambios legales, insistiendo en que solo eran facilidades administrativas para hacer más manejable la gestión de licencias.
Tanto la Comunidad de Madrid (hasta septiembre con Esperanza Aguirre al frente, ahora con González) como el Gobierno central se han esforzado en rebatir que Adelson vaya a obtener de ellos cambios legales. Lo hacen porque, tal y como desveló EL PAÍS, hace un año, cuando ambas partes se sentaron en serio a la mesa a negociar, el empresario pidió una larguísima lista de reformas normativas y fiscales que afectaban a toda la estructura del Estado de derecho español.
Con el paso de los meses, las dos Administraciones señalan que ese listado se ha reducido a solo dos puntos fundamentales: que se permita fumar en los casinos (el secretario de Estado para el Comercio, Jaime García-Legaz, ha abogado por ello en público, pese a las reticencias del Ministerio de Sanidad), y que se le exima de pagar impuestos municipales (el Gobierno está tramitando un cambio legal para que los Ayuntamientos puedan hacerlo).
Nada más se conoce sobre las exigencias del magnate, toda vez que este no suelta prenda y a los políticos no les interesa soltarla. O mejor dicho, no soltaba prenda. Porque el pasado 1 de noviembre, en un encuentro con inversores para presentar los resultados de su empresa en el tercer trimestre, recogido por Bloomberg, Adelson aclaró algo más que espera de la Administración española.
Primero quiso dejar claro, en referencia a sus planes en Madrid, que “solo persigue los proyectos que mayor rentabilidad generen a sus accionistas”. A continuación, su número dos, Michael Leven, apostilló: “Las autoridades [españolas] esperan que les presentemos nuestros planes con cierto grado de detalle a principios de enero”. Tal y como ya había adelantado Ignacio González, será entonces cuando se conozca qué ciudad (Alcorcón, la capital o Torrejón de Ardoz y Paracuellos del Jarama) alberga el complejo. Y añadió a continuación Leven: “Será entonces también cuando nosotros tendremos más información sobre qué leyes son las que se van a aprobar a nuestro favor”. Quizá también nos enteremos los ciudadanos.
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