Contra el desahucio, Ley de insolvencia familiar

Hace meses, este Gobierno, llegó a la conclusión de que la mejor manera de resolver el drama social que amenazaba desatarse, no era otro que un pacto “deontológico” suscrito voluntariamente por las entidades financieras.La realidad termina imponiéndose, a veces de manera brutal.

Con más de quinientos desahucios diarios, y en continuo crecimiento, resultaba previsible que algunos afectados, hundidos emocionalmente, pusieran fin a sus vidas.

Consecuencia de este escándalo es el desenfrenado maratón de reuniones entre Gobierno y oposición, para aportar soluciones inmediatas al problema.

La futura reforma me temo que, además de llegar tarde, volverá a ser insuficiente; y es que no basta con evitar que con la perdida de la vivienda no se produzca la liberación de la deuda, algo que “castra” al afectado para el resto de su vida tampoco basta con preservar, en lo posible, a las familias de la pérdida del hogar. Es preciso ayudarlas a alcanzar el equilibrio económico mínimo para evitar la exclusión social de sus miembros.

Esto solo se logra con el desarrollo de una Ley de Insolvencia familiar.

Alguno podría afirmar que ya existen leyes para esto, y es cierto que la actual legislación regula los concursos o quiebras de personas físicas, pero el tratamiento que se da a las soluciones que se plantean no tiene una mirada social sino económica, pues están pensadas para comerciantes, y ni siquiera para los pequeños.

Las circunstancias económicas, personales y familiares deben dar lugar a “un plan de saneamiento económico familiar” que garantice la subsistencia de todas las personas que la integren, evitando cualquier situación de exclusión social e inestabilidad sicológica, en especial de los menores y enfermos, al tiempo que garantice los compromisos de pago a los acreedores.

Dentro de estos términos se debe encontrar un acuerdo transitorio por el que la familia abona “un importe razonable” (alquiler social) por el uso de la vivienda, con expectativa de retomar, en el menor plazo posible, la situación anterior a la de insolvencia.

Pero estas medidas por si solas no son suficientes, se precisa articular toda una estrategia de reducción de costes, así como de ayuda a la obtención de ingresos, que se tiene que reflejar en: Acceso preferente a colegios públicos – si es que anteriormente acudían a colegios privados -, así como a becas de comedor, libros, abonos sociales para el transporte público, prioridad para el acceso a trabajos relacionados – directamente o indirectamente – con el sector público, etc.

Para esto propongo juzgados de conciliación familiar (sin necesidad de presencia de abogados ni procuradores) que den el visto bueno a los acuerdos entre familias y acreedores, o que determine los términos de los mismos, en los supuestos de disentimiento. Y esto en un tiempo mínimo y sin costas.

Entiendo que resultarían claves los funcionarios de Hacienda, dada la información con la que cuentan, imprescindible a los efectos de acercarse lo más posible a la realidad de cada miembro de la familia, mediando en la elaboración del correspondiente “plan de saneamiento”. Lo mismo cabe decir de los profesionales del ámbito de los servicios sociales, de las Comunidades Autónomas.

Todo lo demás son chapuzas que poco o nada arreglan a medio plazo.

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