Lo llamativo de la clasificación de licitadores es que la oferta económica presentada por Ortiz no ha sido la más ventajosa de las tres presentadas, sino la más cara. Y que, además, la ventaja sobre las otras dos propuestas la obtiene en los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor.
Así, la empresa de Ortiz ofrece un precio de 17.890.471 euros con el IVA incluido, por los dos años de prestación (prorrogables por dos más). La segunda clasificada, Eurolimp, reduce el coste a 16.853.000 euros, casi un millón menos. La tercera, Eulen, oferta un precio aún más barato, de 16.598.525 euros.
Por otro lado, la empresa se llevará el contrato en base a su buena valoración en el apartado de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor. En este bloque obtiene 47 de los 50 puntos posibles, mientras que la segunda clasificada, Eurolimp SA, apenas logra 24 y la tercera, Eulen SA, 16.
En los criterios de aplicación automática la cosa cambia. Es Eurolimp SA, la segunda clasificada, la que logra la mejor puntuación, con 58,77 puntos, seguida de Ortiz, con 54,63 puntos y de Eulen, con 53,07 puntos. Es por ello que la empresa Eurolimp, que aventaja a Enrique Ortiz e Hijos en el precio y en el resto de criterios objetivos ha presentado un escrito en el que pide impugnar el informe técnico de los criterios basados en un juicio de valor.
La empresa está disconforme con el reparto de los puntos en los tres criterios de este tipo, que son la organización y planificación, la justificación técnica de los medios empleados y la memoria descriptiva de la prestación del servicio.
Entre otros aspectos, denuncia que la Concejalía de Atención Urbana ha valorado a Enrique Ortiz e Hijos dos veces por los mismos conceptos, tales como la organización de trabajos y planificación de tareas y la distribución del personal.
Además, critica que a Eurolimp se le ha valorado negativamente la distribución de recursos por centros. Considera que «lo que se debe valorar es que el licitador ponga a disposición el número de horas adecuado, que finalmente se distribuirán de común acuerdo con el Ayuntamiento, tal y como aparece en el pliego». De otro modo, añade, «se estaría produciendo una discriminación a favor de la empresa que está actualmente prestando el servicio, Ortiz y que, por tanto, conoce perfectamente las instalaciones». Dado que el número de horas que ofertan ambas es similar, Eurolimp cree que deberían darle más puntos o menos a Ortiz.
No es la primera vez que la adjudicación de este servicio, que es el segundo de mayor cuantía del Ayuntamiento de Alicante, es objeto de polémica. Esta contrata está en manos del empresario Enrique Ortiz desde el año 2003. En aquel año fue la única mercantil que optó al servicio, cuyo presupuesto de licitación entonces era de 14,1 millones de euros (por dos años). Algo más de cuatro años después, en 2008, volvió a hacerse con este jugoso contrato, cuyo presupuesto se disparó hasta los 19,7 millones.
Esta segunda adjudicación del contrato a Ortiz fue bastante polémica, ya que su oferta tampoco fue la más ventajosa. Lo fue la mercantil Clece, del grupo ACS, que, sin embargo, fue eliminada del proceso por defectos en la proposición.
En 2010 se le prorrogó a Ortiz la adjudicación, con un presupuesto bianual de 19,5 millones de euros.
El contrato expiró en febrero de este año y desde entonces se ha prorrogado de forma alegal. Atención Urbana trató de sacarlo a licitación en marzo, pero Intervención lo bloqueó. De hecho, cuando definitivamente se sacó a licitación en junio, el pliego iba acompañado de informes en contra de Intervención y Hacienda, que señalaban que no se había consignado suficiente cantidad en el presupuesto y que el precio de licitación era irreal, dados los sobrecostes generados en los últimos años.
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