El Gobierno aún no ha consultado a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) las modificaciones que pretende introducir en la legislación española sobre ejecuciones hipotecarias (desahucios) y que será aprobada hoy mediante decreto ley en el Consejo de Ministros.
Bruselas ha advertido de que de acuerdo con las condiciones fijadas en el programa de recapitalización de la banca, "cualquier regulación que afecte al sector financiero debe ser consultada" al equipo técnico de la Comisión y el BCE.
En concreto esta obligación aparece claramente especificada en el segundo párrafo del Memorandum con las condiciones: "Durante la duración de la asistencia financiera, las autoridades españolas deberán consultar ex-ante a la Comisión Europea y el BCE la adopción de políticas que afecten al sector financiero y no estén incluidas en este Memorandum pero puedan tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa", advierte. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también deberá ser consultado.
"Estamos constantemente intercambiando información con las autoridades españolas, pero de este caso concreto no hemos recibido nada", aseguran fuentes europeas. El Gobierno ha decidido fijar un umbral de renta para limitar los desahucios a las familias que ganen menos de 19.000 euros anuales.
Esta medida, según han advertido algunas entidades financieras, podría tener una repercusión en el flujo de crédito que las entidades dan a familias y hogares y en el objetivo de saneamiento de los bancos, cuyas necesidades de capital podrían verse aumentadas.
Fuentes europeas recuerdan que cualquier medida que se apruebe debe respetar las reglas del Memorándum de Entendimiento, que establecen que no debe existir un impacto extra en el contribuyente, no debe afectar al proceso de recapitalización de las entidades y debe cumplir con las reglas comunitarias de competencia.
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