El PP no podrá percibir subvenciones en los próximos años al haber cometido un delito según el artículo 307 ter. del Código Penal español



El Partido Popular podría ser privado de subvenciones por un periodo de tres a ocho años si, como aseguró María Dolores de Cospedal [vídeo, al final], simuló el pago de la indemnización de despido de Luis Bárcenas prolongando su contrato laboral. Esta práctica está tipificada como delito en el artículo 307 ter. del Código Penal español, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Dice textualmente: “Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión [...]. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años”.


Pero el ‘caso de Bárcenas’, dado el sueldo presuntamente fraudulento que percibió, 21.000 euros mensuales durante dos años, podría incluso conllevar penas más duras, como señala la disposición segunda del mismo artículo: “Cuando el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros [...], además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años”.


La propia Cospedal, que curiosamente es abogada del Estado, fue quien confesó este lunes que su partido había urdido un engaño con Bárcenas para diferir, camuflándolo como contrato, el pago de la indemnización por despido: ”Como se pactó una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social”, señaló textualmente la secretaria general del partido en el Gobierno en la sede nacional de PP.


Al simular el contrato, se prolonga durante dos años ficticios el periodo de cotización, la vida laboral de Luis Bárcenas, con el consiguiente incremento de su retribución en la pensión que obtenga tras su jubilación. Es decir, las arcas públicas tendrán que pagar más al jubilado Bárcenas por dos años de trabajo ficticios. Eso sí, dado el importe tan elevado de los emolumentos que percibía Bárcenas, este posible fraude no repercutiría en el monto mensual que cobrará como parado. Paradójicamente, Bárcenas, un simple empleado del PP, ganaba bastante más que su jefe, Mariano Rajoy. Pocas empresas españolas pueden presumir de semejante generosidad con sus subalternos.


Los contratos estilo Bárcenas son habituales en España y muy perseguidos por la Policía. En julio del pasado año, la policía detuvo a 150 personas e imputó a otras 277 por su implicación en una trama de 30 empresas que ofrecía falsas altas como trabajador, para que regularizaran su situación en caso de extranjería o percibieran la prestación por desempleo. Salvando las distancias, el caso Bárcenas es idéntico si se simuló con contrato el pago del finiquito.


Si se demuestra que el PP ha cometido delito al mantener el contrato de Bárcenas como simulación de un finiquito, la pérdida de subvenciones podría incluso poner en peligro la pervivencia del partido. De los 135,5 millones que ingresó el PP en el ejercicio 2011, 120 provenían de subvenciones (49,2 de ellos para las elecciones), 12,3 millones de cuotas de afiliados, 2,1 millones de donaciones y el resto llegaron de arrendamientos e ingresos “excepcionales”.


Este martes, Bárcenas demandó al PP por despido improcedente. Curiosamente, la victoria de Bárcenas en los tribunales podría ser más beneficiosa para el partido que la investigación por presunta contratación irregular. Haciendo un cálculo aproximado, según los sueldos que reveló el PP haber pagado al ex tesorero como “simulación” (Cospedal dixit), la formación que preside Mariano Rajoy debería indemnizar con unos 600.000 euros a Bárcenas por despido improcedente. Una minucia comparada con los 70 millones anuales fijos que recibe con las subvenciones ordinarias. El PP se acaba de inventar la espada de Damocles de doble filo.





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